El Ejecutivo decidió observar la autógrafa de “Ley que modifica los artículos 473, 476-A y 481-A del nuevo Código Procesal Penal, a fin de fortalecer el proceso especial por colaboración eficaz”, propuesta por el Congreso de la República.
La finalidad es mejorar el plazo que establece la norma, con miras a evitar la impunidad y combatir la corrupción, explicó el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola Peñaranda.
Argumentó que si bien la medida es muy buena, el periodo de ocho meses establecido en la misma no es razonable, por lo cual se observa los numerales 11 y 12 del artículo 1 del citado instrumento legal.
“Hemos hecho un estudio de toda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la Corte Suprema, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y estamos sugiriendo al Parlamento que este plazo sea de 36 meses, improrrogables”, explicó.
Esto, añadió, permitirá proteger el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva de las personas involucradas.
Precisó que el Congreso ha hecho bien en regularizar estos tiempos, pero que no es suficiente. “Los invocamos a que tengan una segunda reflexión», indicó.
Añadió que otra de las observaciones del Ejecutivo a la norma apunta a evitar duplicidad en cuanto a la tipificación de un ilícito que ya existe en el Código Penal.
Colaboración eficaz: Las bancadas que apoyaron el proyecto
El Proyecto de ley se incluyó en la agenda del Congreso el 28 de febrero de 2023. Fue impulsado por los congresistas Vladimir Cerrón, de Perú Libre, y Hernando Guerra García, de Fuerza Popular.
Con un texto sustitutorio, el Proyecto de Ley recibió 84 votos a favor en su primera votación el jueves 22 de junio, quedando exento de una segunda votación.
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Entre las bancadas que respaldaron el Proyecto de Ley 565 se encuentran Acción Popular, Perú Libre y el Bloque Magisterial. Asimismo, algunas de estas bancadas cuentan con legisladores que actualmente se encuentran bajo investigación debido a declaraciones brindadas por colaboradores eficaces en relación al Caso Los Niños.
Colaboración eficaz: la oposición del Ministerio Público
Hace una semana, el Ministerio Público emitió un pronunciamiento sobre la ley aprobada por el Pleno del Congreso del República, el pasado 22 de junio, que limita los plazos de la colaboración eficaz, un instrumento clave para investigar graves casos de corrupción que suceden en las entidades públicas del Estado.
En esa línea, solicitó a la representación nacional que haga una reevaluación de los alcances de la iniciativa.
“El Ministerio Público, respetando la separación de poderes y en la búsqueda de que las reformas normativas sirvan para fortalecer la persecución estratégica del delito con respeto de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, plantea la necesidad de un mayor análisis y debate del proyecto de ley aprobado por el Congreso de la República denominado “Ley que modifica los artículos 473, 476-A y 481-A del Nuevo Código Procesal penal, a fin de fortalecer el proceso especial por colaboración eficaz””, señala el pronunciamiento.
Luego, el Ministerio Público enumeró la serie de acuerdos a los que llegaron.
En primer lugar, recalcó que el plazo máximo de la fase de corroboración deberá ser de 36 meses, siguiendo el plazo legal regulado en el artículo 342 del Código Procesal Penal. Excepcionalmente en casos de gran complejidad, se podría ampliar el plazo, previa autorización judicial. En el proyecto de Legislativo proponían que el tiempo se reduzca a 8 meses.
En segundo lugar, mencionaron que la declaración del colaborador eficaz ante el fiscal a cargo de la carpeta fiscal no debe requerir registro en medios audiovisuales.
En tercer lugar, agregaron que debe mantenerse el término de “colaborador” utilizado en el Código Procesal Penal para dotar de eficacia al proceso especial por colaboración eficaz, por lo que, no debería introducirse el término “aspirante”.
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El pronunciamiento se emitió luego de un encuentro en el que participaron la fiscal de la Nación, Patricia Benavides; el fiscal Rafael Vela Barba, coordinador de las Fiscalías Especializadas en Lavado de Activos, perdida de dominio y del caso Lava Jato; Marita Barreto, fiscal superior y coordinadora del Equipo Especial contra la corrupción del Poder, Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de la Fiscalías contra el Crimen Organizado, entre otros.
