Contraloría: Nelson Shack hizo anuncio ante Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso
La Contraloría General de la República inició un servicio de recopilación y evaluación de la información consignada en las Declaraciones Juradas de Ingresos, de Bienes y Rentas presentados por la Presidente de la República en el periodo comprendido entre febrero de 2022 y febrero de 2024.
“Esta evaluación se inició luego de conocerse diversas denuncias públicas que evidenciarían la posesión de relojes de alta gama y ya se procedió a notificar a los distintos actores involucrados, entre ellos figura la misma Presidente de la República para que brinde información respecto a qué es lo que ha pasado con la información contenida en sus declaraciones juradas”, explicó el contralor general, Nelson Shack, durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría.
Exhortó a todos los notificados de la investigación de la Contraloría, ya sean funcionarios públicos como representantes del sector privado, para que contesten los requerimientos de información de manera célere, con la finalidad de cerrar la investigación y culminarla lo más pronto posible.
El contralor señaló que las declaraciones juradas del período 2021, que presentó la actual Presidente de la República, ya fueron fiscalizadas por parte de la Contraloría General cuando ocupaba el cargo de Ministra de Desarrollo e Inclusión Social.
Sin embargo, añadió que en el Informe de Fiscalización Específica N° 005 -2022-CG/FIS-FEDJ sí se determinó el impedimento para contratar con el Estado por parte de dos de sus familiares (hermano y cuñado), lo cual fue comunicado al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), entre otros aspectos.
Obras paralizadas
Otro tema abordando en la Comisión de Fiscalización y Contraloría fue la situación de las obras públicas paralizadas, donde Shack Yalta indicó que este tema representa una “enorme preocupación” para la Contraloría General, ya que suman un total de 2205 al 31 de enero del presente año y su costo actualizado asciende a S/ 26 262 millones, de los cuales existe un saldo de inversión pendiente de ejecutar por S/ 13 393 millones.
“Casi el 75% de las obras paralizadas tienen un valor igual o menor a S/ 5 millones. Muchas de estas obras tienen hasta más de diez años de estar paralizadas y por eso es necesario priorizar técnicamente a aquellas que se van a reactivar”, manifestó.
En ese sentido, manifestó que la Contraloría General está impulsando mesas técnicas de trabajo con autoridades de seis regiones (Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huánuco y Ucayali) que están interesadas en destrabar las obras públicas paralizadas ubicadas en sus respectivas jurisdicciones.
“Si hacemos bien el trabajo todos los actores del Estado, yo estimo que por lo menos el 30% de las obras paralizadas deberían reactivarse y terminarse, porque la idea no es trabajar para reactivar una obra y que el próximo año vuelvan a paralizarse”, añadió. En ese sentido, proyectó que durante el segundo semestre se verá la reactivación de algunas obras paralizadas, y a las cuales se aplicará el control concurrente de la Contraloría para asegurar que se culminen bien.
Gasto en consultorías
En la agenda de la Comisión de Fiscalización también se abordó el tema de las consultorías contratadas en el Estado, y al respecto, el titular de la Contraloría señaló que se ha visto un “abuso” en el gasto público realizado en este rubro durante los últimos tres años.
“En realidad, en consultorías se gastan más de S/ 16 mil millones en un año pero hay consultorías que son buenas pero también hay de las otras. Frente a esta problemática, el Congreso aprobó la Ley N° 31559 que crea el Registro para el control de contratos de consultorías en el Estado”, indicó.
