Dina Boluarte responde a la CIDH: “No somos colonia de nadie”

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Elí Joacim del Aguila Tuanama
Elí Joacim del Aguila Tuanamahttp://www.agendapais.com
Periodista, con experiencia en el manejo de medios de comunicación masivos, respaldados por 31 años consecutivos de ejercicio periodístico en Radioprogramas del Perú, RPP (donde ejerció cargos jefaturales desde 1995 hasta el 2013) y siete años como director del periódico digital Agenda País.

Dina Boluarte: la CIDH había pedido al Estado peruano suspender el trámite del proyecto que otorgaría amnistía a militares y policías

Dina Boluarte respondió este jueves 31 a la resolución urgente la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el pasado 29 ordenó al Estado peruano suspender de inmediato el trámite del proyecto de ley que otorgaría amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y comités de autodefensa involucrados en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000.

“El Perú es libre e independiente con autonomía soberana y eso debe quedar bien claro. No somos colonia de nadie”, expresó  la presidente Dina Boluarte durante la ceremonia de graduación de 670 suboficiales de la Policía Nacional del Perú, que “pasan a servicio activo para fortalecer la lucha contra el crimen y la delincuencia”.

En su discurso Dina Boluarte sostuvo: “No permitiremos la intervención de la Corte Interamericana que pretende suspender un proyecto de ley que busca justicia para miembros de nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional y los comités de autodefensa que lucharon arriesgando su vida contra la insania del terrorismo, contra aquellos que solo querían derramar la sangre de nuestros compatriotas. No lo vamos a permitir.”

“Somos, agregó,  defensores de los derechos humanos de los ciudadanos. Y esta posición del Gobierno es soberana, autónoma, libre y justa para un país que anhela paz, unidad, estabilidad, confianza, fraternidad”, señaló  la jefe de Estado durante el acto realizado en la Escuela de Suboficiales de la Policía Nacional del Perú ubicada en el distrito de  Puente Piedra.

Dina Boluarte en Puente Piedra (Captura: TV PERÚ).
Dina Boluarte en Puente Piedra (Captura: TV PERÚ).

Sostuvo que “Nuestro objetivo es alcanzar el desarrollo integral, el futuro de los niños, de los jóvenes y adolescentes y ese desarrollo va de la mano de la justicia y de nuestra Policía, de nuestras Fuerzas Armadas y de nuestros comités de autodefensa que merecen justicia y por supuesto, merecen respeto”.

La resolución de la Corte IDH

El pasado 29 la Corte Interamericana de Derechos Humanos requirió al Estado del Perú que, para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, suspenda inmediatamente el trámite del Proyecto de Ley N° 7549/2023-CR “Ley que concede amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú y de los Comités de Autodefensa que participaron en la  lucha  contra  el  terrorismo entre  los años  1980 y  2000”. Vea la Resolución de la CIDH:

En  caso, agregó,  de  que éste  no se suspenda, las autoridades competentes se abstengan de aplicar esta ley, a fin de que no surta efectos jurídicos hasta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuente con todos los elementos necesarios y se pronuncie sobre el fondo de la referida solicitud de ampliación de medidas provisionales y su impacto en los casos Barrios Altos y La Cantuta resueltos por la Corte.

La resolución de la Corte además convoca al Estado del Perú, a las representantes de las víctimas de los casos Barrios Altos y La  Cantuta  y  a  la  Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos  a una audiencia pública  sobre  las  medidas  provisionales  y  la  solicitud  de  ampliación  efectuada  por  las representantes, que  se celebrará  de manera  presencial  el jueves  21 de agosto de 2025, de las 17:15  horas  a las 19:00 horas, en  la  sede  de la Corte  Interamericana,  ubicada  en San José, Costa Rica.

Esta audiencia se realizará  durante el 179° Período Ordinario de Sesiones del Tribunal y a ella asistirán, previa notificación de la Secretaría  de la  Corte, el Estado del Perú, los representantes de las víctimas de ambos casos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Dicha sesión tiene por objeto el debate de la ampliación de las medidas provisionales vigentes y el posible impacto jurídico de la ley sobre las sentencias emitidas por el tribunal en los casos Barrios Altos (2001) y La Cantuta (2006).

Dina Boluarte fija posición en torno a pedido de la CIDH (Foto: Presidencia de la República).
Dina Boluarte fija posición en torno a pedido de la CIDH (Foto: Presidencia de la República).

Posición de los familiares

Los familiares de las víctimas consideraron que la Ley de Amnistia representa un grave retroceso en materia de derechos humanos. “Los familiares tenemos derecho a la justicia y es un derecho que está consagrado también como parte de la Constitución; sin embargo, esta ley lo que hace es arrebatarnos ese derecho”, señaló Gisela Ortiz, hermana de Luis Ortiz Perea, uno de los estudiantes desaparecidos por el Grupo Colina.

Sostuvo que la norma permitiría que personas mayores de 75 años no cumplan sus condenas y que incluso casos sin sentencia puedan ser archivados.

Ministerio de Justicia

En un comunicado, el Ministerio de Justicia y DD.HH.  señaló que la  Corte IDH “excedió sus competencias” y que su decisión “contraviene el derecho internacional”. No obstante, el Perú forma parte del sistema interamericano de justicia, cuyas resoluciones son vinculantes por los tratados que ha firmado.

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“Entonces, ¿cómo la Corte IDH nos va a decir ‘no hagan esto’? No es una ley ni ha sido sometida a la jurisdicción interna por personas afectadas”, sostuvo el ministro de Justicia, Juan Alcántara Medrano.

Janet Tello

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, señala que la ley de amnistía no respeta la Constitución ni los tratados internacionales de derechos humanos. Además, asegura que el Perú no debe retirarse de la Corte IDH porque es renunciar a la justicia supranacional a la que muchos peruanos han accedido para que se respeten sus derechos en el país.

 

 

 

 

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