Acompañado de dirigentes de JP convocó a nuevas jornadas de protestas a nivel nacional para este sábado 27
Roberto Sánchez. En una conferencia de prensa que marca un punto de inflexión en la post-jornada electoral, el candidato presidencial por Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, anunció que su agrupación no reconocerá un eventual gobierno de Keiko Fujimori, líderesa de Fuerza Popular.
El aspirante presidencial basó su negativa en lo que calificó como un «fraude en desarrollo» durante la segunda vuelta electoral.
El pronunciamiento y sus puntos clave
- Denuncia de irregularidades: Sánchez Palomino sostiene que el proceso electoral ha sido viciado, enfocando sus críticas en el traslado y manejo de las actas de votación provenientes del exterior. Según su equipo legal, estos cambios administrativos afectaron la cadena de custodia y favorecieron indebidamente a la candidatura de Fuerza Popular.
- Acciones de resistencia: El candidato ha convocado a una «Jornada Nacional de Lucha Democrática y Patriótica» para este sábado 27 de junio. La movilización tiene como objetivo central presionar a las autoridades electorales (ONPE y JNE) para una revisión exhaustiva de los votos cuestionados.
- Internacionalización del conflicto: Sánchez adelantó que llevará su denuncia ante instancias supranacionales, argumentando la vulneración de derechos políticos y humanos dentro del sistema democrático peruano.
- Deslegitimación: Con este anuncio, Juntos por el Perú busca establecer una narrativa de «ilegitimidad de origen» frente a los resultados que otorgan una estrecha ventaja a Fujimori, preparando el terreno para una oposición que trasciende el ámbito parlamentario y se instala en la calle.
A la par con el pronunciamiento, Roberto Sánchez hizo público el contenido de un documento sobre las elecciones en el extranjero.
Según el documento, la Resolución Jefatural N° 000090-2026-JN/ONPE, es ilegal al eliminar la obligatoriedad de escanear y digitalizar las actas electorales de las oficinas consulares, vulnerando la seguridad jurídica del voto en el extranjero.
Puntos clave:
- Solicitud de Nulidad: Se exige al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declarar la nulidad de la votación del 7 de junio en el extranjero, argumentando que la falta de digitalización y el traslado sin valija diplomática facilitaron una posible alteración de los resultados.
- Denuncia de Fraude: Se califica el conteo de estos votos por parte de la ONPE como un «beneficio fraudulento» a favor de Fuerza Popular.
- Advertencia de Resistencia: El grupo advierte que, si el JNE convalida dicho proceso, no reconocerán el gobierno resultante y se declararán en «lucha política y social de resistencia popular y patriótica», bajo el marco legal nacional e internacional.
Ejercicio hipotético: Reacción de la autoridad electoral y de la candidatura de Fuerza Popular
- La reacción de la autoridad electoral (JNE y ONPE)
Ante un pedido de nulidad basado en el argumento de «ilegalidad normativa» por la eliminación del escaneo y digitalización de actas, la autoridad electoral probablemente actuaría de la siguiente manera:
- Aplicación estricta de la legalidad: El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se centraría en el principio de preclusión (las etapas electorales se cierran y no se pueden retrotraer). Si el cambio normativo (Resolución Jefatural N° 000090-2026) se publicó antes de la votación, el JNE argumentará que las organizaciones políticas tuvieron el plazo legal para impugnar dicha resolución en su momento.
- Valoración de pruebas: El JNE solicitaría al recurrente evidencia fáctica y no solo presunciones. Argumentará que la falta de digitalización no constituye, per se, una causal de nulidad de toda la elección, a menos que se demuestre con actas físicas que hubo una alteración masiva o una imposibilidad real de verificar los resultados.
- Respuesta a la ONPE: La ONPE defendería su resolución argumentando razones operativas, de seguridad logística o de eficiencia técnica en el extranjero, sosteniendo que el traslado físico de las actas garantiza la cadena de custodia, independientemente de la digitalización.
- Audiencias Públicas: El JNE citaría a audiencias para escuchar los descargos. Es muy probable que desestime el pedido de nulidad alegando que el sistema electoral peruano tiene mecanismos de transparencia (personeros, observadores, fiscalizadores) que ya validaron el proceso en las mesas de sufragio.
- La reacción de Fuerza Popular (o la candidatura aludida)
Es previsible que la organización política cuya victoria está siendo cuestionada adopte una postura de defensa de la institucionalidad y legitimidad del proceso:
- Defensa del «Voto Ciudadano»: Argumentarían que el resultado es el reflejo de la voluntad popular expresada en las urnas y que los intentos de anular votos son una «maniobra desesperada» para desconocer la derrota.
- Desestimación de la «Narrativa del Fraude»: Calificarán la denuncia como una estrategia política para desestabilizar el país, acusando a la parte contraria de no aceptar las reglas del juego democrático ni los resultados oficiales.
- Exigencia de respeto a la autoridad: Instarían al JNE a resolver con celeridad para evitar que el país caiga en un vacío de poder. Podrían señalar que sus personeros estuvieron presentes en el extranjero y que las actas fueron firmadas de conformidad, haciendo imposible alegar fraude después de haber participado activamente en el proceso.
- Contraste de legitimidad: Apelarían a los observadores internacionales (como la OEA o la Unión Europea) para que avalen que, a pesar de los cambios técnicos, la elección cumplió con los estándares democráticos mínimos, buscando aislar políticamente la amenaza de «resistencia» del sector contrario.
Nota: Este análisis se mantiene dentro de los márgenes institucionales del sistema electoral peruano, donde las resoluciones del Pleno del JNE tienen carácter definitivo e inapelable en materia electoral, cerrando la vía administrativa para proceder a la proclamación de resultados.
