Hacinamiento penitenciario: además ordenó al INPE informar avances en la reducción de población penal
Hacinamiento penitenciario. El Tribunal Constitucional amplió en cinco años el plazo otorgado al Ejecutivo para dar solución al problema del hacinamiento penitenciario, situación que calificó como un “estado de cosas inconstitucional” en un pronunciamiento emitido el 2020 y que fijó hasta el 2025 el plazo para resolver esta situación.
Ordenó además al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informar cada año los avances para reducir la sobrepoblación en los penales.
“Disponer que la ejecución de los puntos resolutivos 3, 4, 7 y 8 de la sentencia, relacionados directamente con el objetivo central de superar el estado de cosas inconstitucional respecto del permanente y crítico hacinamiento de los establecimientos penitenciarios, continúe abierta hasta el año 2030, por las razones detalladas supra y sobre la base de los avances de la ejecución.”, señala la sentencia del Tribunal Constitucional.
En el segundo punto ordena que el INPE y el MINJUSDH informen documentalmente al Tribunal Constitucional, en el mes de enero de cada año desde la publicación del presente auto, sobre los avances concretos y el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Política Nacional Penitenciaria al 2030, para alcanzar el deshacinamiento carcelario en los establecimientos penitenciarios de nuestro país.
En el mismo punto agrega: “Sobre la base de esos avances, el Tribunal adoptará las medidas que considere pertinentes para la ejecución efectiva de la sentencia”.
Fundamentación
En su sentencia, el TC refiere que mediante Decreto Supremo 003-2024-JUS, publicado el 22 de febrero de 2024, se aprobó el Plan Estratégico Multisectorial de la Política Nacional Penitenciaria al 2030, de obligatorio cumplimiento para diversas entidades, con el fin de implementar y alcanzar las metas establecidas en dicha política nacional penitenciaria.
Ese instrumento de gestión se orienta a resolver el problema de las inadecuadas condiciones de vida de las personas privadas de libertad, a fin de favorecer su reinserción en la sociedad, y ha proyectado un periodo de diez años para lograr esos objetivos (2020-2030); lapso de tiempo que se ha visto ratificado con la aprobación del correspondiente Plan Estratégico Multisectorial.
A mayor abundamiento, conforme a lo expresado supra, el procurador público del MINJUSDH, mediante escrito del 9 de mayo de 2025, y el documento complementario de esa misma fecha, informó al Tribunal sobre las acciones implementadas con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia del 26 de mayo del 2020 (Expediente 05436-2014-HC/TC).
Asimismo, solicitó a este Tribunal que se conceda un plazo ampliatorio para la culminación de la ejecución de lo dispuesto en la referida sentencia constitucional, en concordancia con el Plan Estratégico Multisectorial de la Política Nacional Penitenciaria al 2030.
“En consecuencia, estando a lo expuesto en los considerados que anteceden, este Tribunal estima que, a fin de garantizar el efectivo cumplimiento de los objetivos propuestos en la aludida Política Nacional Penitenciaria, y no contravenir sus lineamientos y metas elaboradas en función al periodo de tiempo determinado.
En consonancia con el requerimiento formulado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que solicita se le conceda un plazo ampliatorio para cumplir con lo dispuesto en la referida sentencia de fecha 26 de mayo del 2020 -teniendo en consideración los alcances del Plan Estratégico Multisectorial de la Política Nacional Penitenciaria al 2030-; resulta conveniente que el plazo señalado en la aludida sentencia para cumplir con la reducción significativa del hacinamiento carcelario, se amplíe hasta el año 2030. EXP. N. ° 05436-2014-PHC/TC TACNA C.C.B. Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú.
PCM saluda decisión
La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) saludó la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de ampliar hasta el 2030 el plazo para revertir el hacinamiento en los penales.
La decisión, señala la PCM en sus redes sociales, responde al compromiso y evidencia de trabajo desplegado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, labor que respalda esta entidad.
Señaló que hace semanas presentó, junto al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Proinversion, una cartera de proyectos para ser financiados y ejecutados mediante el mecanismo obras por impuestos, con una inversión superior a 2,646 millones de soles, contribuyendo al fortalecimiento del sistema penitenciario y la reinserción social.
“Este Gobierno ha establecido una política pública seria y sostenida en materia penitenciaria, y ha dispuesto una cifra récord para la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios”, precisa la PCM.
Minjus
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Enrique Alcántara, saludó también esta decisión e indicó que lo toman «con mucho entusiasmo, pero también con mucha serenidad”.
“Es resultado de una serie de acciones que se ha venido ejecutando y que continuaremos con ahínco y énfasis para que en el 2030 – y si fuera antes- se logre el objetivo de deshacinar los penales”, declaró.
Precisó que su Sector no solicitó un plazo específico en el oficio enviado el pasado 24 de abril al TC señalando las circunstancias innegables como la pandemia de la Covid 19 y el ciclón Yaku que afectaron este propósito.
“Fueron fenómenos imprevisibles que obligaron al Estado a priorizar otro tipo de situaciones, no pedimos un plazo específico, pero consideramos que este era un tiempo prudencial para cumplir con la sentencia emitida el 2020”, agregó
