En el último año, la JNJ retiró de sus cargos a Delia Espinoza, José Domingo Pérez y Richard Concepción Carhuancho
Congreso. Quedó listo para ser discutido y sometido a segunda votación el proyecto de ley que propone homologar los ingresos de los miembros titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) con los de los jueces supremos de la Corte Suprema de Justicia de la República, y autoriza además la actualización de la escala remunerativa para los servidores de la JNJ sujetos al Decreto Legislativo 728.
De aprobarse la norma en segunda votación, la remuneración mensual de un magistrado de la JNJ, que no es “poca cosa”, pasará de 35,017 soles a 42,717 soles. Vea el cuadro:
[Cuadro remunerativo]
El debate de la propuesta legal —sustentada en los proyectos de ley 13363/2025-JNJ y 13506/2025-CR, que obtuvo 68 votos a favor, 19 en contra y 10 abstenciones— no tuvo nada de particular, salvo que los principales beneficiados son los miembros de la Junta Nacional de Justicia, institución que en el último año retiró de la judicatura, en algunos casos de manera provisional y en otros definitiva, a jueces y fiscales que por su trabajo resultaban incómodos al sistema político.
El argumento esgrimido en el Pleno por la Comisión de Presupuesto para dar luz verde a la nivelación salarial fue técnico, pulcro y ensayado: «corregir la falta de equidad remunerativa» respecto al Poder Judicial y actualizar las planillas de los trabajadores.
Sin embargo, al observar las intervenciones parlamentarias, lo que más estremece no es lo que se dijo, sino el silencio ensordecedor sobre el trasfondo de esta medida. Ni un solo congresista —incluyendo a los principales defensores de la norma— hizo mención a la realidad indubitable de que este beneficio económico llega después de que la JNJ ejecutara una sistemática labor de limpieza en el sistema de justicia.
El guion parlamentario: La coartada de la «equidad»
En el debate, el presidente de la Comisión de Presupuesto y otros ponentes se limitaron a esgrimir la necesidad administrativa. Se habló de dignificar la función del consejero y de cerrar la brecha salarial, como si la JNJ fuera una institución que opera en un vacío político.
La coreografía es precisa: nadie cuestionó, nadie recordó y nadie vinculó el incremento con los procesos disciplinarios que desmantelaron a la judicatura incómoda. Se presentó el proyecto como una mejora de gestión, ocultando bajo el lenguaje burocrático lo que, en la práctica, agendapais percibe como una factura pagada por servicios prestados al poder político.
La memoria que el Congreso quiere borrar
El país no olvida. Esta nivelación salarial ocurre al cierre de una gestión parlamentaria marcada por el uso del aparato estatal para someter a quienes osaron investigar las estructuras del poder. La JNJ, bajo una justificación técnica, fue el brazo ejecutor para la separación de magistrados que incomodaban a los intereses del régimen, tales como:
- Delia Espinoza (Fiscal Suprema): Fue destituida por la JNJ el 23 de enero de 2026. Esta acción, seguida de su inhabilitación por parte del Congreso, fue interpretada como un golpe directo a la cúpula de la Fiscalía que investigaba casos de alta sensibilidad política.
- Richard Concepción Carhuancho (Juez): Recibió una suspensión preventiva de seis meses por parte de la JNJ en junio de 2026. El argumento oficial fue una supuesta afectación a la imagen del Poder Judicial por su participación en eventos, pero el timing —justo antes de este dictamen presupuestal— resulta altamente sospechoso.
- José Domingo Pérez (Fiscal): Ha enfrentado un hostigamiento disciplinario sostenido por parte de la JNJ. Aunque sus procesos han sido diversos, el patrón de actuación de la Junta ha sido constante, calificándose estas acciones por parte del propio magistrado como intentos de condicionar y cercar su labor investigativa contra estructuras de poder.
«Esta no es una percepción aislada; es una secuencia de hechos. La destitución de Delia Espinoza en enero de 2026, seguida de la suspensión preventiva de Richard Concepción Carhuancho en junio de este mismo año y el constante cerco disciplinario contra José Domingo Pérez, marcan una hoja de ruta clara. La JNJ no ha actuado en el vacío: ha despejado el tablero judicial justo antes de que el Congreso procediera a cerrar el círculo con este ‘beneficio’ presupuestal. Es la ejecución de una política de remoción que ahora, finalmente, ha sido recompensada.»
| Magistrado | Acción de la JNJ | Fecha |
| Delia Espinoza | Destitución | 23 enero 2026 |
| R. Concepción Carhuancho | Suspensión Preventiva | junio 2026 |
| José Domingo Pérez | Procesos Disciplinarios | (Sostenido) |
Conclusión: La justicia con precio
¿Cómo llamar a este movimiento si no es un «premio a la destitución»? La omisión en el discurso parlamentario parecería confirmar la transacción: el Congreso asegura el bienestar económico de los miembros de la JNJ, mientras la JNJ garantiza la salida de los jueces y fiscales que representan un peligro para los inquilinos del poder.
Hoy, la JNJ ha ganado la primera batalla de un aumento, pero ha perdido su última reserva de moralidad. Flavio Cruz, Alex Paredes, Germán Tacuri, entre otros integrantes de las comisiones, no mencionaron durante el debate los nombres de los magistrados purgados, porque hacerlo habría sido admitir que no estaban votando una reforma administrativa, sino liquidando el precio de una oculta alianza que, en reiteradas ocasiones, el candidato presidencial Roberto Sánchez llamó el “pacto parlamentario”.
El Congreso ha pagado la cuenta. Ahora, el país deberá preguntarse cuánto nos costará, en términos de libertades y Estado de Derecho, el haber institucionalizado esta complicidad.
