El canciller Carlos Espá llegó a decir que uno de los tres expulsados es autor de “cosas horribles”
Expulsión de venezolanos. La presentación pública de cuatro ministros de Estado este domingo 2 de agosto, desde la losa del Grupo Aéreo N.° 8 en el Callao, con motivo de la expulsión de tres ciudadanos de nacionalidad venezolana acusados de pertenecer a la organización criminal «Tren de Aragua», dejó al descubierto serias deficiencias y limitaciones en el manejo conceptual y técnico de la información institucional.
Imprecisión en el lenguaje institucional
El punto más crítico de la jornada se evidenció durante la intervención del Canciller de la República, Espá y Garcés-Alvear, quien al intentar argumentar la gravedad de los antecedentes de uno de los expulsados optó por la frase «autor de cosas horribles».
“Estamos trabajando como ya lo ha dicho la presidenta Fujimori desde el primer día. Y en este caso se está produciendo la expulsión de tres criminales venezolanos de alta peligrosidad pertenecientes al Tren de Aragua. Uno particularmente autor de cosas horribles”, se escuchó decir al canciller Spá.
En el ámbito del derecho penal y de las relaciones exteriores, el uso de calificativos genéricos o subjetivos debilita el rigor de la vocería oficial. La ciudadanía y la prensa requieren precisión sobre tipificaciones delictivas concretas —tales como extorsión, sicariato, homicidio calificado o tráfico ilícito de drogas—, datos que sustentan jurídicamente una medida sancionatoria como la deportación o expulsión judicial.

Falta de coherencia sobre la situación legal
A la imprecisión del lenguaje se sumó una ambigüedad normativa sobre la condición legal de los procesados. En la conferencia se afirmó simultáneamente que los sujetos habían cumplido su condena y habían sido excarcelados, pero que a la vez existía una orden de expulsión dictada por un juez para evitar su permanencia en el país.
El vacío analítico: No se precisó de forma transparente si el procedimiento respondió a un mecanismo de expulsión administrativa acelerada por infracción a la Ley de Migraciones o a un requerimiento de extradición activa/pasiva articulado con las autoridades del país de destino.
“Seguiremos y tenemos para deportar a más de estos indeseables del país. Eso obviamente obedece a un trámite migratorio que estará listo en las próximas horas para continuar este tan esperado proceso de expulsión de criminales de nuestro país”, señaló por su parte el ministro del Interior. No quedó claro si las expulsiones posteriores se darán por mandato judicial o por infracción a la ley migratoria o en su defecto por la aplicación de las dos variables.

Respuestas evasivas ante la agenda nacional
El formato de preguntas de la prensa expuso una marcada distancia entre las inquietudes de los medios y la preparación del Gabinete:
- Sustentabilidad del control fronterizo: Ante el cuestionamiento de cómo evitar el reingreso de delincuentes expulsados, las respuestas se limitaron a ratificar órdenes generales de custodia fronteriza sin detallar refuerzos tecnológicos o inteligencia migratoria.
- Coyuntura y contingencias: Al ser consultados sobre otros temas de interés nacional (como accidentes aéreos recientes o peruanos en el exterior), los voceros recurrieron a frases protocolares y de «seguimiento», evidenciando la falta de un protocolo unificado para abordar crisis paralelas durante una transmisión en vivo.
La falta de precisión técnica sobre los delitos cometidos —calificados imprecisamente en vocería oficial como «cosas horribles»— y las respuestas evasivas ante la prensa evidenciaron un despliegue descoordinado.
Más allá del cuestionamiento coyuntural, cabe preguntarse: ¿Cómo debió gestionarse operativamente un acto de esta trascendencia para garantizar rigor, solvencia y respeto a la ciudadanía?
Desde una perspectiva de gestión pública y estrategia de comunicación de crisis, desde Agenda País planteamos tres decisiones que debieron implementarse:
- Designación de un vocero único y especializado
Convocar a cuatro ministros de Estado (Defensa, Cancillería, Interior y Desarrollo Agrario) para un acto de expulsión no garantiza mayor peso político; por el contrario, diluye la responsabilidad discursiva y propicia contradicciones.
- Lo correcto: El Ejecutivo debió designar a un solo ministro como vocero principal (idealmente el titular del Interior, por tratarse de un tema de seguridad y migración). Un solo vocero centraliza la narrativa, domina la ficha técnica del operativo y evita la superposición de discursos o el traslado innecesario de la palabra entre autoridades.
- Presencia del liderazgo técnico y policial en la mesa
Los ministros cumplen un rol político y estratégico, pero los detalles finos de un operativo policial o judicial son del dominio técnico.
- Lo correcto: La mesa de conferencista debió contar con la participación del jefe policial a cargo de la captura/custodia o del director nacional de Migraciones. Incluir al funcionario que lideró el seguimiento del caso garantiza que la prensa reciba datos exactos: tipificación penal del delito, antecedentes en el país de origen, expediente de expulsión y detalle del prontuario criminal, evitando eufemismos informales que restan seriedad al Estado.
- Alternativa técnica: Cobertura de apoyo (Pool) y Dossier de Prensa
Si las autoridades no contaban en ese momento con la información detallada para responder a un cuestionario abierto de la prensa —o si la prioridad era el despegue oportuno de la aeronave—, la estrategia de prensa debió adaptarse a la logística.
- Lo correcto: La medida más salomónica y profesional consistía en invitar a los medios exclusivamente para la toma de imágenes del embarque y custodia de los detenidos, entregando en el lugar un dossier informativo por escrito a cada periodista. De forma paralela, dicho comunicado detallado debió ser distribuido por los canales oficiales del Estado. Con esto se logra el impacto visual deseado sin exponer a los ministros a imprecisiones en vivo.

¿Falta de tiempo o falta de cuadros técnicos?
Aunque desde el entorno oficial se argumente que las autoridades «recién asumen sus funciones» o se encuentran en etapa de asentamiento institucional, la comunicación de crisis no admite períodos de gracia. La preparación de un operativo de seguridad de esta magnitud requiere un trabajo coordinado con los equipos técnicos de carrera del ministerio, encargados de suministrar datos precisos a la alta dirección.
Este episodio reaviva el debate sobre la solvencia de los cuadros técnicos del oficialismo. La prisa política mostrada por Keiko Fujimori en los días previos a la toma de mando para proyectar una imagen de control total choca frontalmente con la improvisación mostrada este domingo en la tarde. Cuando el afán de figuración política prima sobre la preparación técnica, el resultado es una vocería improvisada que deja al descubierto la falta de solidez del nuevo gobierno.
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Cinco conclusiones que nos deja el accionar de los ministros de Estado en el Grupo Aéreo N.° 8
- El uso político del despliegue público prima sobre la solvencia técnica: La presencia de cuatro ministros en la losa de despegue evidencia una prioridad orientada al impacto simbólico y a la captura de la «foto de gestión» antes que a la entrega de información rigurosa. Cuando el afán de figuración política prima sobre la preparación técnica, la vocería se percibe como un acto de escenografía institucional más que como un reporte serio de seguridad nacional.
- La falta de preparación evidencia flancos en los cuadros del oficialismo: El argumento de que las autoridades «recién asumen funciones» no justifica el desconocimiento de los expedientes penales o el uso de eufemismos informales en plena transmisión en vivo. Este episodio pone en tela de juicio la solidez de los equipos técnicos del oficialismo y contradice la narrativa previa a la toma de mando, la cual buscaba proyectar una total preparación para asumir el control del Estado.
- La ausencia de una estrategia de comunicación de crisis diluye la autoridad: Convocar a múltiples portavoces sin roles definidos genera desorden discursivo y superposición de funciones. En lugar de transmitir fortaleza y control, la dispersión de respuestas ante la prensa expone descoordinación entre los ministerios (Interior, Defensa y Cancillería) y fragmenta el mensaje del Ejecutivo hacia la ciudadanía.
- La comunicación de seguridad requiere liderazgo técnico y datos precisos: Las intervenciones ministeriales demostraron que los aspectos jurídicos y operativos de una expulsión o extradición deben ser sustentados por los mandos policiales o migratorios que hicieron el seguimiento del caso. Prescindir del detalle técnico-penal y de las fichas de antecedentes reduce un procedimiento judicial complejo a una declaración imprecisa.
- Priorizar la conferencia sobre la logística expone al Gabinete a un desgaste innecesario: Someter a las autoridades a una ronda de preguntas de agenda abierta en medio de la losa de un grupo aéreo —mientras se atiende una operación con tiempos aéreos ajustados— fue un error de diseño logístico. La alternativa profesional exigía un pool de prensa para captar imágenes, acompañado de la entrega formal de un dossier detallado, protegiendo así la imagen institucional del Gabinete de improvisaciones ante las cámaras.



