Desde el fujimorismo hasta la izquierda cerronista y la derecha conservadora celebran la caída
El sistema judicial peruano enfrenta un punto de inflexión determinante. La Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidió este jueves 19 por unanimidad de sus 7 miembros retirar del Ministerio Público al fiscal provincial José Domingo Pérez Gómez, acción que provocó una inusual satisfacción de diversos sectores políticos del país desde el fujimorismo hasta la izquierda radical del cerronismo y la derecha conservadora.
El panorama, sumado a los fallos vinculantes del Tribunal Constitucional (TC), ha configurado un escenario de «impunidad técnica» que favorece directamente a la candidata presidencial Keiko Fujimori y a la cúpula de Fuerza Popular al bloquearse la memoria técnica de una de las investigaciones más complejas de la última década: el “Caso Cócteles”.
La exclusión de José Domingo Pérez del Ministerio Público, dícese la interpretación de la nota oficial de la JNJ, por no ejercer su cargo con mesura, respeto al marco normativo y plena dedicación al servicio de justicia, no representa un simple relevo administrativo; es el fin de una etapa de hostilidad judicial directa en la que los partidos políticos, en general, eran los directamente “afectados”.
“Caso Cócteles”
El «Caso Cócteles», que cuenta con un expediente de miles de folios, entra ahora en una fase de incertidumbre. Cualquier sucesor designado por el Ministerio Público enfrentará una curva de aprendizaje que las defensas técnicas sabrán capitalizar para solicitar dilaciones justificadas, amparadas en el derecho a una defensa eficaz ante un nuevo interlocutor fiscal.
El debilitamiento de la Tesis Fiscal por el TC
A la crisis de recursos humanos en la fiscalía se suma el impacto de las resoluciones del TC emitidas entre 2025 y 2026. Al establecer que los aportes de campaña previos a 2016 no tipifican como lavado de activos, el máximo intérprete de la Constitución ha operado un «debilitamiento de contenido» en la columna vertebral de la acusación.
Esta reclasificación obliga a la fiscalía a reformular sus cargos hacia delitos menores, como falsedad genérica o falsa declaración, cuyas penas son menores y, lo más crítico, poseen plazos de prescripción que están próximos a vencer durante el presente año.
Horizonte Electoral y Judicial
Con el proceso retrocedido a la etapa de control de acusación tras la anulación del juicio oral en enero pasado, las probabilidades de una sentencia de fondo antes de los comicios del 12 de abril de 2026 son inexistentes. La estrategia de las defensas parece haber logrado transmutar una responsabilidad penal grave en una contingencia administrativa que se diluye con el paso del tiempo
Este inédito escenario plantea una interrogante fundamental sobre la capacidad del Estado para sostener investigaciones de alto perfil frente a los cambios en el equilibrio de poderes y las reformas normativas de última instancia.
El Análisis
Pérdida de Impulso: La salida obligatoria del estratega principal debilita la oralidad en el juicio.
Prescripción Inminente: Los delitos menores remanentes corren el riesgo de caducar este 2026.
Inviabilidad de sentencia: El calendario electoral se impone sobre el calendario judicial.
Sectores que capitalizan la salida del exfiscal provincial
El Eje Fujimorista (Fuerza Popular)
Es el sector que celebra con mayor énfasis. Para la bancada naranja y sus simpatizantes (incluyendo colectivos como La Resistencia), la caída de Pérez Gómez es la validación de su narrativa de «persecución política».
El argumento: Sostienen que el fiscal instrumentalizó la justicia para proscribir a su líder, Keiko Fujimori.
La victoria estratégica: Al quedar el caso en manos de fiscales con menor perfil o conocimiento del expediente, Fuerza Popular logra llegar a las elecciones de abril de 2026 con un respiro judicial inédito, proyectando una imagen de «víctimas del sistema» que finalmente han sido «reivindicadas».
Partidos bajo investigación (Renovación Popular y Perú Libre)
Aunque ideológicamente opuestos, coinciden en el rechazo a la figura de los «fiscales estrella».
Renovación Popular: Líderes como Rafael López Aliaga han mantenido enfrentamientos directos con Pérez Gómez. Este sector celebra lo que llaman la «desideologización» del Ministerio Público.
Perú Libre y el Cerronismo: Celebran la salida de Pérez Gómez como un precedente que debilita al equipo especial que también ha cercado a sus dirigentes por lavado de activos. Ven en esta coyuntura una oportunidad para cuestionar sus propios procesos bajo la premisa de que «el modelo de justicia mediática ha colapsado».
El Bloque Parlamentario Anti-Equipos Especiales
Sectores en el Congreso que impulsaron leyes para limitar la colaboración eficaz y la responsabilidad penal de los partidos políticos (como la ley que excluye a los partidos de ser considerados organizaciones criminales en delitos electorales). Para estos congresistas, el retiro del exfiscal José Domingo Pérez es la pieza final que desarma la «amenaza» de ser disueltos como personas jurídicas. Celebran el retorno a una justicia que ellos consideran «previsible» y menos invasiva con la actividad política.
Sectores Críticos de la JNJ y la ANC
La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público, dirigida por Juan Fernández Jerí, es vista por los críticos como el brazo ejecutor de esta caída. Los sectores políticos que respaldan la actual gestión de la ANC y critican a la antigua Junta Nacional de Justicia celebran que se haya impuesto el «orden administrativo» sobre lo que calificaban como «excesos funcionales» del fiscal.
Síntesis
La caída de José Domingo Pérez Gómez ha generado una inusual alineación de intereses. Desde el fujimorismo, que ve el fin de una ‘cacería de brujas’, hasta sectores de la izquierda radical cerronista y la derecha conservadora que, por distintos motivos, compartían un objetivo común: desmantelar el modelo de justicia que personificaba el Equipo Especial Lava Jato.
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