Minería ilegal: experto ve difícil que el Ejecutivo diga que no habrá prórroga de la ley REINFO
Minería ilegal. La verdad del proceso de formalización de los pequeños mineros y mineros artesanales que concluye, de acuerdo a ley, el 31 de diciembre de 2024, es lo que busca revelar en entrevista concedida a agendapais.com Manuel Zapata, abogado especialista en delitos ambientales.
Según Zapata, “a la fecha hay gente que hace actividad minera que no ha avanzado en un solo paso en el proceso de formalización. En 1, en 1, en 1. Estamos desde el año 2012 y no ha avanzado ni un solo paso en el proceso de formalización, entonces, ¿qué hacemos no?”.
El profesional no cree que haya intención del Ejecutivo, en este caso, de la presidente Dina Boluarte, de decir en estos momentos que no habrá ninguna prórroga después del 31 de diciembre de 2024 del proceso de formalización de los pequeños mineros y mineros artesanales con inscripción vigente en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO)
“Es un tema político, la presidente de la República, en su mensaje al Congreso el pasado 28 de julio, no va a salir a decir, se acaba el proceso de formalización minera y punto porque se para medio Perú. Yo comprendo que no lo haya dicho. Yo no estoy de acuerdo con su discurso, enfocó solo en señalar cuántas acciones de interdicción se hicieron”, argumentó.
Zapata aseguró también en agendapais.com que “ya no hay ninguna diferencia entre lo formal y lo ilegal, porque los mecanismos para formalizarte son a su vez, escudos de impunidad. Ahora la minería ilegal es una actividad que se ha sumado a ser parte de un esquema criminal, el cual, el Estado no tiene como contrarrestarlo actualmente”.
Zapata puso también en evidencia el mal papel que juega el Estado en todo este proceso. “El Estado, opinó, no está conversando en su interior. Los ministerios o los actores que tienen competencia para poder atender ese problema no conversan entre sí, no hay un eje que coordine las acciones del Estado en materia de minería ilegal, no existe, no hay un rumbo claro en ese sentido”.
Precisó igualmente qué si no hay una buena dotación de recursos hacia las entidades que tienen la función de investigar y sancionar a la minería ilegal como un delito ambiental, no se va a poder llevar adelante una buena función. Si no dotamos de recursos a la Fiscalía, a la Policía, que son los que realizan las acciones de interdicción, no se va a poder realizar un buen control.
“Si no dotamos, consideró, de recursos a los ministerios para que incorporen proyectos preventivos asociados a desarrollo de economía local, entonces tampoco vamos a tener una alternativa contra la minera ilegal”. En seguida agregó: “Si tú le dices a la gente ya no te dediques a la minería sin decir nada, los ciudadanos insistirán en continuar en la actividad al margen de la ley, porque es más rentable. Además, la propia debilidad de las institucionales estatales facilitan que siga continuando esta situación.
Veamos en detalle la siguiente entrevista concedida al periodista Elí del Aguila de agendapais.com que parte de la definición de minería ilegal como “una actividad que opera al margen de la ley, que no está circunscrita bajo ningún control administrativo, policial, fiscal o del Gobierno Regional y que quién la asume puede, literalmente, hacer lo que le da la gana. Esta actividad, al no ser controlada, puede impactar con el medio ambiente, contra los derechos fundamentales de las personas, la economía local y nacional y nadie absolutamente nadie dirá nada porque no está bajo ningún control”.
En los últimos años la minería ilegal ya no opera de manera aislada, opera en consorcio con otros actores que se dedican a actividades que encuentran una relación con la minería ilegal, por ejemplo, el cultivo ilícito de hoja de coca, el narcotráfico, el lavado de activos, la corrupción y la trata de personas. La minería ilegal ahora es una actividad que se ha sumado a ser parte de un esquema criminal; el Estado no tiene como contrarrestarlo actualmente.
Agendapais: Si el Estado se ha visto sobrepasado de su accionar para hacer frente a la minería ilegal, ¿puede la sociedad civil intervenir? ¿Y, de qué manera?
Manuel Zapata: Lo primero que hay que saber es cuáles son las debilidades o las brechas para que a partir de ese diagnóstico saber en qué podemos apoyar. Parte de alguna de estas debilidades y que por esa razón no se puede lograr una respuesta efectiva, tiene que ver con que hay una mala articulación en el propio Estado. El Estado lamentablemente tiene instituciones públicas que están enfermas y sabemos que cuando un cuerpo está enfermo no opera a 100% de capacidad. Tu no puedes empeñarte en el trabajo cuando estás con aflicción. Lo mismo pasa con el Estado que no puede operar de manera correcta porque hay problemas estructurales que le impide. Decía al inicio que por una mala articulación, el Estado no está conversando en su interior. Los ministerios o los actores que tienen competencia para poder atender ese problema no conversan entre sí, no hay un eje que coordine las acciones del Estado en materia de minería ilegal, no existe, no hay un rumbo claro en ese sentido. Otro factor estructural además de la mala articulación que existe entre las instituciones públicas, tiene que ver con la dotación de recursos.
Los gobiernos regionales son los responsables de la formalización y de la fiscalización de la pequeña minería y minería artesanal, Es que la minería ilegal se desarrolla en esos espacios de pequeña minería y minería ilegal porque está asociado al proceso de formalización. Si no dotamos de recursos suficientes para que los gobiernos regionales realicen una buena labor de fiscalización, que es el primer control que existe para poder verificar que la actividad en la pequeña minería y la minería ilegal se está llevándose de manera correcta, va a ser bien complicado que ellos puedan cumplir su función. Por un lado. Por otro lado, si no hay una buena dotación de recursos va a ser muy complicado que puedan cumplir su función.
Igualmente, si no hay una buena dotación de recursos hacia las entidades que tienen la función de investigar y sancionar a la minería ilegal (Policía Nacional y Fiscalía) como un delito ambiental, no se va a poder llevar adelante una buena función,
Si no dotamos de recursos suficientes para acciones de remediación en las zonas impactadas por minería ilegal, los espacios recuperados van a volver a ser cubiertos por la minería ilegal con la consiguiente degradación del ecosistema.
Igualmente, si no dotamos de recursos a los ministerios para que incorporen proyectos preventivos asociados al desarrollo de la economía local, tampoco vamos a tener una alternativa contra la minera ilegal. Si tú le dices a la gente ya no te dediques a la minería y no le ofreces nada, entonces insistirá en continuar en la actividad al margen de la ley, porque es más rentable y porque encuentran facilidades en la propia debilidad de las instituciones.
Hay varias causas estructurales que permiten de que no haya una respuesta contundente. Entonces, habiendo hecho un análisis podría decir de que hay una mala o nula producción de la información para poder comprender la dinámica del problema. Si tú no conoces o no tienes información real, información basada en evidencia entonces también es una debilidad.
¿Qué puede hacer la sociedad civil a luz de estas causas estructurales que permiten que la actividad continúe? Primero hay algo que yo destaco de la sociedad civil, que es la capacidad de las organizaciones de comprarse el problema. Son las instituciones que tienen mayor presencia en espacios geográficos conflictivos asociados a la minería. Hacen trabajo de campo recogiendo muestras para medir el impacto que ocasiona el mercurio por la utilización de la minería ilegal, coordinan para hacer sobrevuelo y mirar el paisaje y ver cuáles son los puntos críticos donde se desarrolla minería ilegal, hay un trabajo muy fuerte para generar imágenes satelitales y poder conocer también los puntos críticos, que es información estratégica y robusta que la sociedad civil ya empezó a construir y que la pone a disposición del Estado.
Agendapais: El aporte de la sociedad civil parecería que justificaría una inoperancia del Estado en la lucha contra la minería ilegal. ¿Ud. lo ve así?
Manuel Zapata: Lo que lo que pasa es que las debilidades institucionales no pueden ser argumentos para seguir permitiendo que existan y que continúen actividades ilegales. Ya no hay ninguna diferencia entre lo formal y lo ilegal, porque los mecanismos para formalizarte son a su vez, escudos de impunidad.
El proceso de formalización que debió servir para adecuar a los ciudadanos, en un proceso temporal, a la luz de los controles estatales, a la fecha termina siendo un proceso de formalización que lo que está haciendo es protegiendo a mineros que no tienen ninguna intención de formalizarse.
Minería ilegal: El plazo de vigencia del proceso de formalización minera integral de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal culmina el 31 de diciembre de 2024
(Foto: Mininter).
Agendapais: El plazo de vigencia del proceso de formalización minera integral de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal culmina el 31 de diciembre de 2024 y parece que a nadie le importa, y estamos apenas a menos de 5 meses para dar por concluido una etapa que ha tenido hasta cuatro postergaciones.
Manuel Zapata: Es la misma preocupación que tengo y pareciera que somos los únicos, porque el Ministerio de Energía y Minas y los Gobiernos Regionales parece que no le preocupa.
Lo cierto es que concluyendo el proceso de formulación vamos a ver finalmente cuántas personas se han podido formalizar y cuántas no, el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), aguanta más de 85, 000 personas inscritas, de las cuales ni el 10% se han formalizado. Hay requisitos que no se van a poder cumplir, como por ejemplo el contar con un contrato y/o negociación entre el titular del predio o el titular de una concesión con quien opera. O sea, si el titular del terreno superficial no quiere negociar contigo, entonces va a ser imposible que te puedas formalizar. Ese tipo de cuestiones hay que clarificarla y empezar a purificar el registro de formalización minera. A la fecha hay gente realizando actividad minera que no ha avanzado en un solo paso en el proceso de feminización. En 1, en 1, en 1. Estamos desde el año 2012 y no ha avanzado ni un solo paso en el proceso de formalización, ¡Entonces, que hacemos no!.
Agendapais: El Congreso podría salvar el honor, hay varias iniciativas a favor de la pequeña y mediana minería que maneja al igual que el Ejecutivo…
Manuel Zapata: Hay ahora iniciativas legislativas para modernizar y hacer una nueva ley de la pequeña y mediana minería que estaba en proyectos y que tienen que pasar por revisión en el Congreso, pero antes hay iniciativas que vienen del Ejecutivo y que tienen que pasar por una revisión del propio Consejo de Ministros, entiendo apuntando a la conclusión del proceso de formulación. Habrá que esperar y ver cuál es el resultado de esos esfuerzos para poder y seguramente en esa oportunidad volvernos a encontrar para evaluar cuales han sido las iniciativas y si éstas responden un poco a solucionar o mitigar el problema.
Agendapais: En su discurso al Congreso el pasado 28 la presiente no hizo ninguna mención sobre el vencimiento del plazo de terminación del proceso de formalización que tiene como fecha de señalamiento el 31 de diciembre de 2024.
Manuel Zapata: No lo va a hacer, no te olvides que esto es un tema más que técnico, político. La formalización minera nace a raíz de una huelga minera que se gestó en los años 2010, 2011, 2012. En el 2012 también se modifica en el Código Penal el principio de oportunidad que permite que aquel que reconoce su falta antes de ser investigado, no se le puede procesar, a pesar que el principio de oportunidad está circunscrito a hechos que no afecten el bien común, que no es el caso de la minería ilegal.
Es un tema político, la presidente de la República, en su mensaje al Congreso el 28 de julio, no iba a decir sobre la fecha de la conclusión del proceso de formalización minera, porque se para la ciudad o medio Perú. Yo comprendo que no lo haya dicho. Yo no estoy de acuerdo (esa parte) de su discurso aunque sólo se enfocó en señalar el número de interdicción.
Pero el problema está va más allá de eso, la minería es un ancla de un gran barco que se ha depositado en nuestro país, sobre todo en la Amazonía. Mover ese gran barco con esa gran ancla va a estar bien complicado, necesitamos una hoja de ruta, un norte, alguien que oriente desde el Poder Ejecutivo este problema para poder encontrar soluciones integrales.
Agendapais: Percibo decepción en sus palabras. ¿Es así?. ¿Está usted frustrado?
Manuel Zapata: Sí, es eso, es frustración, desazón. Uno escucha el discurso y observa las decisiones y pareciera que no están orientadas a ser contundentes con este flagelo. La minería igual es, es el delito que más ganancias ilícitas generan en el Perú. La capacidad de exportación de oro ilegal nos ha sobrepasado, exportamos más oro de lo que extraemos formalmente. ¿Cómo explicas que la extracción de oro, el aprovechamiento de oro es 10 y la exportación es 30? ¿Qué pasó con los otros 20?
No hay un norte claro. Insistimos en alertar aquellas situaciones que pretenden debilitar el marco normativo, pero además no solamente nos quedamos en alerta, sino también hacemos propuestas para contribuir a que el Estado pueda tomar buenas decisiones
Nosotros como sociedad civil somos un tendedor de puentes, una bisagra que ayuda a que el Estado pueda lograr conversar con aquellos grupos vulnerables, sobre todo con la población indígena cuyos integrantes en muchos casos no reconocen el Estado porque el Estado no se hace cargo de ellos en las cuestiones básicas elementales.
Vea la entrevista completa:
