Lesa humanidad: Adrianzén admite que discrepancias evitaron la promulgación por parte del Ejecutivo
Lesa humanidad. La Junta de Fiscales Supremos, en sesión extraordinaria, acordó interponer una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 32107 promulgada el pasado viernes por el Congreso, que prescribe los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos antes del 1 de julio de 2022
Por su lado, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén admitió que discrepancias en el Gabinete Ministerial originaron la no promulgación de ley por parte del Ejecutivo. “No se logró alcanzar una posición única, por lo que se optó que el Congreso la promulgue”, señaló.
Posición de la Fiscalía
La Junta de Fiscales Supremos, en sesión extraordinaria, acordó interponer una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 32107, que precisa la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana.
En un comunicado, la Fiscalía de la Nación expresó su rechazo a la Ley 32107 d porque “vulnera la autonomía e independencia funcional de los magistrados, pues impide que el Ministerio Público ejerza su función de defensor de la legalidad y persecutor del delito en las investigaciones que a la fecha se encuentran a su cargo por hechos de especial gravedad”.
El MP señala que esta ley «frustra las investigaciones y procesos en los que intervienen las fiscalías del subsistema especializado, y perjudica el trabajo que se venía desempeñando ante las instancias judiciales especializadas en las que se encuentran los procesos de esta materia, y genera una grave situación de impunidad frente a las víctimas y sus parientes»
Además, la Fiscalía respalda lo expresado por la Corte Interamericana sobre esta norma. «(La Ley 32107 ) atenta contra la defensa de los derechos humanos debido a que se contrapone a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, reconocidos por el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, y otros tratados de carácter regional y universal que el Perú ha ratificado», aseguró.
Lesa Humanidad: Gustavo Adrianzén, presidente del Consejo de Ministros (Foto: PCM).
Adrianzén y la ley
El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, sostuvo que el Tribunal Constitucional (TC) será el llamado a pronunciarse sobre las discrepancias en torno a la ley que precisa lo alcances de lesa humanidad.
“Esto va a ser un tema polémico seguro hoy y mañana. No quiero recurrir a esta forma simplista, pero si hay tantas discrepancias, el Tribunal Constitucional siempre será el llamado a aclararlo”, afirmó.
Indicó que el TC es un espacio en el que se puede discutir incluso la propia constitucionalidad de dicha normativa (ley que precisa los alcances de la lesa humanidad, promulgada recientemente por el Congreso).
Precisó que dentro del Ejecutivo la aprobación de dicha ley motivó una “ardua discusión” y no se logró alcanzar una posición única, por lo que se optó que el Congreso la promulgue.
Refirió que su posición sobre esta norma es que se debe aplicar desde el momento en que Perú se unió al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el 1 de julio de 2002, dado que antes de ese año esos delitos no estaban tipificados en nuestro ordenamiento jurídico.
Consideró que deben ser procesados como otros delitos, tales como homicidios calificados o agravados, sin que ello implique impunidad. “No hay impunidad y tanto que no hay impunidad que esos crímenes ya han sido juzgados. Esos crímenes no estaban calificados como crímenes de lesa humanidad, no lo estaban. Fueron investigados y ahora Pativilca se está investigando bajo esos patrones de la ley vigente en ese momento, que es lo que corresponde a la ley penal, como homicidios calificados, como homicidio agravado”, señaló.
NN.UU. y la ley que prescribe los crímenes de guerra
El pasado sábado el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos lamentó profundamente la entrada en vigor de la ley y afirmó su mandato contraviene las obligaciones del país en virtud del derecho internacional.
Según la nueva legislación, ningún hecho ocurrido antes de la feca marcada puede ser tipificado como crimen de lesa humanidad o de guerra.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk; lamentó profundamente la entrada en vigor de la ley, afirmando que contraviene las obligaciones del país en virtud del derecho internacional.
Consideró que el hecho es especialmente preocupante en un contexto más amplio de retrocesos en materia de derechos humanos y el estado de derecho en Perú.
“Los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra figuran entre las violaciones más graves del derecho internacional y no deben ser objeto de amnistías ni prescripción”, subrayó Türk.
Suspensión de procesos y anulación de condenas
Con la promulgación de la ley quedan suspendidos el proceso judicial en curso al expresidente Alberto Fujimori, y las investigaciones de atropellos de los derechos humanos perpetrados en las décadas de 1980 y 1990, entre ellos las esterilizaciones forzadas de indígenas que afectaron a unas 350.000 mujeres y 25.000 hombres.
Además, la legislación anulará las sentencias ya dictadas a los casos sucedidos durante el gobierno de Alberto Fujimori, quien salió de prisión por razones humanitarias el año pasado.
El Alto Comisionado insistió en que los responsables de crímenes atroces deben rendir cuentas, de acuerdo con el derecho internacional. “La falta de rendición de cuentas por estos crímenes, cuando quiera que se hayan cometido, pone en peligro los derechos a la verdad, justicia, reparación y las garantías de no repetición de miles de víctimas de graves violaciones en Perú”, recalcó Türk.
Advertencia previa
En junio pasado, un grupo de expertos independientes se había pronunciado ya contra la adopción de la ley cuando se discutía su borrador en el Congreso.
“La imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad es una norma de jus cogens y de derecho internacional consuetudinario, de la cual no se admite derogación alguna y a la cual Perú debe adherirse”, recalcaron los expertos en esa ocasión.
También deploraron que en un momento en que la mayoría de los Estados han reformado su legislación interna para cumplir con este principio fundamental, el proyecto de ley 6951/2023-CR chocara con los valores básicos de la comunidad internacional, fomentara la impunidad y contradijera el estado de derecho.
