Confirmó además que participará presencialmente en la manifestación convocada para este viernes a favor del voto justo
Roberto Sánchez. La tensión postelectoral tras la segunda vuelta sumó un nuevo capítulo de confrontación política. Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, anunció formalmente que su bancada parlamentaria inició la recolección de firmas con el objetivo de interpelar al ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja Ríos.
La agrupación política lo acusa de haber orquestado una gestión deficiente que vulneró la seguridad jurídica y rompió la cadena de custodia de las actas electorales en los consulados peruanos en el extranjero.
El eje de la denuncia de Juntos por el Perú se centra en una modificación procedimental de última hora que, según afirman, afectó la intangibilidad de las normas electorales. De acuerdo con los argumentos de la organización, la Cancillería solicitó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) la emisión de una resolución jefatural —firmada a fines de mayo— para flexibilizar las condiciones de traslado de los votos en el exterior, sustituyendo el envío seguro mediante valijas diplomáticas por «otros medios».
Cuestionamientos a la cadena de custodia
Durante una conferencia de prensa, Sánchez enfatizó que el traslado y la logística de los sufragios en el exterior se planifican con un año de anticipación a través de planes operativos específicos, por lo que las demoras en la llegada de las actas no tienen justificación técnica aceptable. En sus declaraciones, el candidato presidencial arremetió contra las explicaciones cruzadas emitidas por los organismos públicos:
«Canciller dijo, esa resolución jefatural lo ha hecho ONPE, así dijo Cancillería, y ONPE hace unos días se lavó las manos, porque ha dicho, lo hicimos a solicitud de la Cancillería. Entonces, ¿a quién le creemos? […] ¿Por qué lo de Oceanía llega más rápido? Voy a pensar entonces que alguna autoridad ha estado paseando con las actas para aquí y para allá».
Para Juntos por el Perú, este cambio normativo en plena segunda vuelta representa una vulneración al estándar básico establecido por la ley y el reglamento electoral, así como a las disposiciones internacionales de la Convención de Viena que regulan las comunicaciones oficiales y diplomáticas. Argumentan que, al prescindir del estándar estricto de la valija diplomática, se restó «seguridad y convicción» al escrutinio del voto de los peruanos en el extranjero.
El factor Fuerza Popular en la narrativa del partido
La argumentación de Juntos por el Perú no se limita al plano técnico-administrativo de la Cancillería, sino que vincula directamente el accionar del Ministerio de Relaciones Exteriores con el actual Poder Legislativo. Según la perspectiva de la agrupación, existe una alineación política que vincula las decisiones de Torre Tagle con los intereses de la bancada de Fuerza Popular en el Parlamento.
Sánchez sostuvo que el Congreso ha sentado un precedente de vulneración de la «intangibilidad electoral» mediante reformas de última hora y asoció esa conducta con la flexibilización de los procedimientos en las oficinas consulares:
«¿Saben quién vulnera eso? Este congreso, este congreso liderado por el fujimorismo lo acaba de vulnerar el quince de este mes hace tres cuatro días modificando las normas para efecto de la valla electoral en el caso de las regionales y municipales ¿Quién vulnera la intangibilidad electoral? Este congreso liderado por el fujimorismo y al cual responde cancillería. Quien tiene que dar respuestas sobre su accionar es cancillería, porque no ha cumplido con la convención de Viena, no ha cumplido con el cuidado de la cadena de custodia, no ha cumplido con el respeto a la intangibilidad electoral».
El partido utiliza esta correlación para fundamentar la necesidad del control político y la interpelación, sugiriendo que la Cancillería actuó bajo una lógica de favorecimiento político en un contexto de estrechez de resultados electorales.
No obstante, gremios de prensa y observadores internacionales han señalado reiteradamente que la segunda vuelta se desarrolló dentro de los cauces de la normalidad legal, una postura que Juntos por el Perú rechaza al insistir en que el proceso no culminará formalmente hasta que el sistema de justicia resuelva cada uno de los recursos e impugnaciones presentados.
El frente legal: Impugnaciones masivas en Lima y el exterior
En la misma conferencia de prensa, el equipo de defensa de Juntos por el Perú detalló que las irregularidades detectadas han llevado a la presentación de recursos de nulidad de gran alcance.
El abogado Roy Mendoza precisó el impacto numérico de las acciones legales: su organización ha decidido impugnar 1,751 mesas en Lima, además de 647 mesas en los Estados Unidos y 294 mesas en Buenos Aires (Argentina), sumando más de 2,690 mesas bajo cuestionamiento.
Según explicó Mendoza, el núcleo de la observación radica en el tratamiento anómalo del material fuera del país, acusando a las oficinas consulares de «no digitalizando, no escaneando y no enviando las actas» conforme a los estándares regulares.
Convocatoria a marcha y defensa política de Pedro Castillo
Más allá de los recursos técnico-legales, Roberto Sánchez anunció que su agrupación mantendrá una postura activa de resistencia civil y convocó a una movilización pacífica para este viernes 18, plegándose a una jornada de protesta de diversos sectores sociales para exigir «justicia electoral».
«Exigimos respeto al voto popular, exigimos cero controversias y que el proceso sea ejemplar. Creemos que se está afectando la seguridad jurídica y la transparencia del voto. Hacemos un llamado a la movilización pacífica, ordenada y democrática. No permitiremos actos de violencia ni infiltraciones», remarcó el candidato al comprometer su presencia física en la movilización.“No vamos a bajar la guardia, nos movilizamos mañana, yo mismo iré al frente, respetuoso, democrático, pidiendo y exigiendo justicia electoral”, agregó.
El pronunciamiento también adquirió un fuerte cariz político de fondo cuando Sánchez reiteró el respaldo de su organización al expresidente Pedro Castillo, vinculando la coyuntura electoral con la situación legal del exmandatario:
«Así como nuestro pueblo aspira a que se respete su voto, también aspiramos a la libertad del presidente Pedro Castillo y a una reparación frente a lo que consideramos una afectación de la justicia».
Tras la conferencia de prensa, Juntos por el Perú, en un comunicado, dio detalles de la maniifestacion convocada para las 4 de la tarde del viernes.
Resumen punto por punto de lo dicho por Roberto Sánchez
- Interpelación al Canciller: Confirmó el inicio de la recolección de firmas parlamentarias para interpelar al ministro Carlos Pareja Ríos por presuntas deficiencias graves en la gestión del voto exterior.
- Quiebre de cadena de custodia: Denunció que el cambio de reglas para usar «otros medios» de transporte en lugar de la valija diplomática tradicional vulnera la Convención de Viena y resta certeza al escrutinio.
- Impugnación de 2,692 mesas: El equipo legal (Mendoza y Zeballos) detalló los pedidos de nulidad sobre 1,751 mesas en Lima, 647 en EE. UU. y 294 en Buenos Aires, acusando falta de escaneo y digitalización oportuna.
- Contradicciones institucionales: Apuntó a las versiones encontradas entre ONPE y Cancillería respecto a quién solicitó y aprobó la resolución jefatural que modificó el envío de actas.
- Vinculación con Fuerza Popular: Sostuvo que la Cancillería se ha alineado a las directrices de un Congreso controlado por el fujimorismo que altera normas electorales a conveniencia.
- Financiamiento transparente de tasas: Aseguró que las tasas de impugnación se pagan mediante aportes hormiga y cotidianos de la militancia (de 1 a 25 soles), descartando maletas de dinero o bolsas empresariales.
- Marcha nacional este viernes: Convocó a una movilización pacífica y democrática para este viernes en defensa del voto popular, rechazando cualquier acto de violencia.
- Vindicación de Pedro Castillo: Reafirmó de forma explícita la posición de Juntos por el Perú de exigir la libertad y reparación del expresidente Pedro Castillo.
Conclusión
En suma, la estrategia de Juntos por el Perú es agotar la vía legal a través de impugnaciones masivas mientras traslada la presión política tanto a las calles como al Parlamento. Al apuntar hacia una interpelación al Canciller y cuestionar la neutralidad de Torre Tagle, la agrupación busca prolongar la legitimidad de su reclamo en un escenario electoral de extrema estrechez, condicionando el cierre del proceso a la resolución exhaustiva de sus observaciones sobre el voto en el exterior.
