AU controlada por la rectora extiende el mandato de 36 asambleístas estudiantiles para asegurar la votación que definirá el rectorado transitorio
UNMSM. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos ingresó formalmente a un escenario de alta tensión e incertidumbre jurídica. En una sesión extraordinaria de la Asamblea Universitaria que rozó el escándalo, la rectora Jerí Gloria Ramón Ruffner de Vega impuso su hegemonía política: con 61 votos a favor, logró la aprobación de la continuidad del mandato de 36 asambleístas estudiantiles ante los tres órganos de gobierno (Asamblea, Consejo Universitario y Consejos de Facultad), blindándolos en sus cargos a partir del 18 de junio y hasta que se elijan a sus sucesores.
La jornada, sin embargo, dejó una profunda herida institucional en la Alta Dirección de la cuatricentenaria. El propio vicerrector de Investigación y Posgrado, José Segundo Niño Montero, procedió a retirarse de la asamblea antes del inicio de la votación. “Quiero dejar constancia, señora rectora, que en este momento, siendo las 10 y 40 a.m., me estoy retirando por considerar que esta asamblea está viciada”, lanzó antes de abandonar el Pleno, respaldando la postura de la oposición que consideraba caduco el periodo de los alumnos.
El botín de los 36 votos y la carambola sucesoria
Lejos de tratarse de una desinteresada defensa del cogobierno o de la democracia estudiantil, la retención de estos 36 representantes —cuyo mandato expiraba legalmente el 17 de junio— representa el aseguramiento del rodillo electoral que el oficialismo necesita para los días determinantes que se avecinan.
Con este bloque fiel a su línea, Jerí Ramón garantiza la mayoría calificada en las próximas sesiones donde se definirá quién tomará transitoriamente la gestión de San Marcos a partir del próximo 26 de julio, fecha en la que termina el periodo de las máximas autoridades universitarias.
Entendidos en la política sanmarquina consultados por agendapais.com señalan que el objetivo de fondo no es la permanencia directa de la actual rectora, sino la “entronización” por seis meses de su aliado incondicional: el Dr. Adrián Alejandro Flores Konja, actual decano de la Facultad de Ciencias Contables.
El camino hacia ese interinato, no obstante, arrastra un severo cuestionamiento ético y legal. De acuerdo con la Ley 32418, ante el fin de un mandato sin elecciones previas, la posta le corresponde de forma interina y en estricto orden meritocrático a los decanos con mayor antigüedad en la categoría de docente principal. En esa línea legal e inobjetable se encuentran, en primer y segundo lugar, la Dra. Lupe Célica García Ampudia (Psicología) y la Dra. Antonia Florencia Castro Rodríguez (Odontología). Flores Konja aparece recién en la tercera ubicación.
El «artificio» de la Tercera Disposición Complementaria y el debate de la antigüedad
¿Cómo pretende el oficialismo saltarse los dos primeros casilleros del derecho sucesorio sin incurrir en un flagrante desacato?. La respuesta se encuentra en la propia Ley aprobada por el Congreso cuando el apepista Eduardo Salhuana Cavides y Dina Boluarte Zegarra ejercían la presidencia del Legislativo y del Ejecutivo, respectivamente.
En la Tercera Disposición Complementaria Final, se lee: “En situaciones no previstas en la presente ley o en los estatutos universitarios, la Asamblea Universitaria en su calidad de máximo órgano de gobierno adopta las medidas necesarias para garantizar la continuidad de la gestión universitaria en irrestricto respecto de los principios de meritocracia y transparencia”.
Como el objetivo del oficialismo no sería el atrincheramiento directo de Jerí Ramón (que configuraría usurpación de funciones), se caminaría por la Tercera Disposición Complementaria de la Ley 32418 para, mediante argucias legales o resoluciones de la Asamblea, sacar de carrera a las decanas con derecho legítimo por prelación: la Dra. Lupe Célica García Ampudia (Psicología) y la Dra. Antonia Florencia Castro Rodríguez (Odontología).
A esto se sumaría una jugada jurídica bajo la mesa: abrir un debate tramposo sobre el concepto de “mayor antigüedad en la categoría de docente principal”. El oficialismo buscará discutir si dicha antigüedad se computa desde la fecha de nombramiento original como profesor principal en la universidad o desde su elección formal como decano de facultad.
Si la Asamblea, controlada por el rodillo rectoral, impone esta segunda interpretación, el orden de prelación actual variaría drásticamente, despejando el camino de forma «legal» para sus intereses. Con las dos primeras decanas fuera del tablero, el camino quedará libre para que Flores Konja asuma las riendas del rectorado por la vía formal de la Asamblea.
La AU del miércoles
Lo que en la jornada de este último miércoles se mostró como una dilatada discusión reglamentaria de cerca de dos horas fue en realidad el choque frontal de dos estrategias fríamente calculadas para controlar el futuro de la Decana de América tras el inminente 26 de julio.
El origen del quiebre: La divergencia material
El nudo difícil de desatar que paralizó el plenario radica en una aparente contradicción de fechas en los documentos oficiales.
- La postura técnica: La oposición, expresada por el decano de Derecho, Dr. José Palomino Manchego, ingresó el escrito FO 2020-2026 exigiendo la nulidad de la citación de los 36 representantes estudiantiles. Su argumento se basaba en la Resolución Rectoral N° 7471-2025, que siguiendo la tradición institucional estipulaba que el mandato de un año cronológico se cumplía estrictamente hasta el 16 de junio. Por ende, el día 17 los alumnos ya no tenían facultades.
- La postura oficialista: La defensa de la gestión se amparó en la literalidad de la Resolución N° 068-2025 del Comité Electoral Universitario (CEU), la cual textualmente señalaba que los representantes asumían funciones desde el 17 de junio de 2025 y concluían su representación el 17 de junio de 2026. Para el oficialismo, esto los facultaba a votar ese mismo día.
El debate doctrinal: ¿Un error administrativo genera derecho?
El debate alcanzó su punto más alto cuando la oposición desarmó la defensa oficialista despojándola de cualquier barniz técnico. El Dr. José Alberto Retamozo Linares expuso un aporte brillante y didáctico ante la Asamblea Universitaria para explicar los alcances del principio de legalidad:
«Imagínense que una persona va a un banco a depositar dos millones de soles. El cajero digita el número y se equivoca en el último dígito; el dinero va a la cuenta de otra persona. Pregunto: ¿ese error del cajero hizo propietario de los dos millones a quien los recibió por equivocación? No. Los errores materiales no generan derecho. La arbitrariedad tampoco genera derecho.»
A esta postura se sumó la Dra. Carlota Alicia Casalino Sen, decana de la Facultad de Ciencias Sociales, recordando que el artículo 18 de la Constitución somete la autonomía universitaria al marco de las leyes de la República y que un vicio de origen arrastraría la nulidad de todos los actos posteriores de la Asamblea.
La defensa de la gestión y el dictamen de Asesoría Legal
Para revertir la interpretación legalista, el bloque oficialista, por intermedio de los docentes Díaz y Benítez, apeló a la «soberanía de la Asamblea» y a la «defensa de la democracia», tildando la tacha de la oposición como una «táctica sacada bajo la mesa a última hora» para desestabilizar la universidad y gobernar sin el tercio estudiantil.
El blindaje final llegó a través de la Oficina de Asesoría Legal de la Universidad, representada por su jefe, José Luis Rojas Alcocer. En lugar de dirimir con base en la jerarquía de las normas o el cómputo de plazos de la Ley Universitaria, Rojas Alcocer optó por dar lectura estricta al documento del Comité Electoral (CEU) como órgano autónomo inapelable, validando que el mandato fenecía el mismo 17 de junio por la noche. Con este piso administrativo, la rectora Jerí Ramón cerró el debate y procedió al voto nominal, imponiendo su mayoría de 61 votos a favor.
El Factor asambleísta Castillo: Censura e hipótesis de fondo
El momento de mayor fricción política se produjo cuando el estudiante asambleísta José Castillo (actual presidente de la Federación Universitaria de San Marcos, FUMS) tomó el micrófono para fustigar la legalidad de la prórroga, calificando a sus compañeros de asamblea como «serviles» y «oportunistas».
“Ninguno de los que están aquí (estudiantes y docentes) representan verdaderamente los intereses de su sector. Por lo tanto, señores, lo que se tiene que hacer es cumplir con la legalidad. Estos estudiantes no representan a nadie y si se van a prorrogar en su mandato sería solamente para continuar con la misma actitud servil y sumisa que han tenido frente a la autoridad. Tiene que haber verdadera representatividad que responda a los intereses de los estudiantes. Y a estos señores debería darles vergüenza […]”
La rectora Jerí Ramón intervino de inmediato de forma enérgica para acallar al estudiante, llamándolo severamente al orden y mandando a leer el reglamento interno para exigirle que retire las frases ofensivas. Castillo accedió a retractarse de los adjetivos, pero no dio marcha atrás en su denuncia política.
Utilizando su tribuna, lanzó la acusación que el oficialismo intentaba ocultar tras el debate de fechas: que toda esta maniobra reglamentaria de extender el mandato del tercio estudiantil es una trama indirecta para mantener el control de los votos y asegurar una extensión no escrita del mandato de la actual gestión por seis meses más allá de la fecha límite del 26 de julio.
“Yo no tengo ningún problema en retirar las frases que he mencionado, no, pero sí se tiene que dejar constancia de lo que ha pasado aquí, que lo que se quiere aquí es instrumentalizar la asamblea universitaria para que usted se pueda quedar en el cargo en una prórroga por 6 meses más”, arengó dirigiéndose a la rectora, quien optó por el silencio.
Interpretación del Plenario: 8 Conclusiones Estructurales
El desarrollo de esta accidentada Sesión Extraordinaria de la Asamblea Universitaria permite extraer las siguientes conclusiones analíticas sobre el futuro inmediato de San Marcos:
- Instrumentalización del Tercio Estudiantil: La urgencia del oficialismo por validar la permanencia de los 36 asambleístas estudiantiles responde a una necesidad puramente matemática y de supervivencia política, asegurando un bloque de votos cautivo y alineado para las sesiones decisivas de sucesión.
- Fractura Expuesta en la Alta Dirección: La abierta discrepancia en pleno debate del vicerrector de Investigación, José Segundo Niño Montero, denunciando que la asamblea estaba «viciada», evidencia que la crisis ya no es solo entre autoridades y oposición, sino un permanente resquebrajamiento interno en la cúpula que dirige la universidad.
- La Ruta del Artificio Legal (La Tercera Disposición): El objetivo del oficialismo no sería el atrincheramiento directo de Jerí Ramón (que configuraría usurpación de funciones), sino utilizar la Tercera Disposición Complementaria de la Ley 32418 para, mediante argucias legales o tachas de la Asamblea, sacar de carrera a las decanas con derecho legítimo por antigüedad: la Dra. Lupe Célica García Ampudia (Psicología) y la Dra. Antonia Florencia Castro Rodríguez (Odontología).
- El Factor Flores Konja: Al despejar los dos primeros casilleros de la línea de sucesión, la maquinaria de votos de la rectora busca «entronizar» legalmente al Dr. Adrián Alejandro Flores Konja (Ciencias Contables), aliado incondicional de la actual gestión, garantizando el control del poder por interpósita persona.
- Prevalencia del Número sobre el Derecho: La sesión demostró que en San Marcos los argumentos de las facultades jurídicas e institucionalistas (como Derecho y Medicina) son arrollados por la política del conteo de votos. La mayoría calificada se impone por encima de la doctrina legal expuesta por los especialistas.
- Inminente Judicialización y Riesgo Penal: Al haber forzado la votación con una representación estudiantil cuestionada y con la advertencia explícita del vicerrector, todos los acuerdos que emanen de esta Asamblea a partir de la fecha quedan expuestos a demandas de amparo, impugnaciones judiciales y acusaciones penales por abuso de autoridad que podrían arrastrar a San Marcos a una inédita acefalía institucional.
- Desnaturalización del Rol Estudiantil y Abandono de la Agenda Académica: El debate desnudó el profundo divorcio entre los intereses de la dirigencia estudiantil —enfocada en prebendas y cuotas de poder político— y las urgentes necesidades académicas de los alumnos. El reclamo en el Pleno de la asambleísta de las sedes externas, Astrid Gavidia, expuso la precariedad de la representación: mientras los sindicatos y la Federación Universitaria de San Marcos (FUMS) paralizan la institución por consignas políticas y asisten a cenas o negociaciones con autoridades, las sedes de las periferias sufren el congelamiento de presupuestos de investigación, el retraso de patentes por más de una década y un alarmante abandono infraestructural. San Marcos asiste así a la consolidación de una dirigencia estudiantil que no necesariamente acude a las aulas para adquirir conocimientos.
- Fragmentación por Ambiciones Individuales: Detrás de las líneas aparentemente marcadas entre oficialistas y opositores, el Pleno expuso que ninguno de los dos bloques es monolítico. La convergencia actual es puramente coyuntural y temporal; la realidad interna de la Asamblea está fragmentada por las legítimas, pero enconadas, ambiciones personales de varios decanos y asambleístas de ambos bandos. Al sentirse cada uno con el derecho y las credenciales para postular a los máximos cargos de la cuatricentenaria, la cohesión mostrada en esta sesión se diluirá inevitablemente cuando se abra la pugna real por el sillón rectoral, transformando la actual guerra de dos frentes en una batalla de todos contra todos.
