El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) presentó la primera demanda civil de responsabilidad objetiva por intereses difusos en el Perú contra la petrolera Repsol, a causa del derrame de petróleo en Ventanilla por 4,500 millones de dólares americanos.
La demanda civil de indemnización por daños y perjuicios se presentó ante el 27° Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima contra seis demandados solidariamente: Repsol S.A (España), Mapfre Global Risks (España), Mapfre Perú Compañías de Seguro y Reaseguros (Perú), Refinería La Pampilla (Perú), Transtotal Agencia Marítima (Perú) y Fratelli d´amico Armatori (Italia).
Daños irreparablse dejó la contaminación ambiental en Ventanilla (Foto: Facebook)-
De acuerdo a la explicación del Indecopi, la demanda permite una valoración abstracta: 3,000 millones de dólares americanos por los daños causados y 1,500 millones de dólares americanos por el daño moral a los consumidores, usuarios y terceros afectados, aunque esta cifra será finalmente precisada por el juzgado en su sentencia.
El derrame de crudo de la empresa Repsol afectó aproximadamente a más de 700 mil pobladores, además del cierre de múltiples playas y comercios de las zonas. Varias asociaciones de pescadores de todas las caletas entre Ventanilla y Barranca (claramente identificados en los informes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA), también fueron afectados.
El presidente ejecutivo del Indecopi, Julián Fernando Palacín Gutiérrez, declaró que “estas acciones podrían generar jurisprudencia en temas de derrames de petróleo que producen perjuicios y daño moral colectivo por contaminación al medio ambiente en zonas ribereñas, playas, actividades de pesca artesanal, turismo y actividades comerciales de los más de veinte balnearios afectados”.
«Este es el primer caso en el Perú en el que se demanda la responsabilidad civil de una petrolera internacional en defensa de los intereses de la nación, lo que podría generar un precedente jurisprudencial único en nuestro país», sentenció Palacín Gutiérrez.
