lunes, abril 15, 2024
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Iquitos: Exhortan a actuar con rapidez en caso de agresión sexual contra joven LGTBQ+

La oficina de la Defensoría del Pueblo de Loreto exhortó a la Fiscalía y a la Policía Nacional del Perú, a que agilicen los procesos para sancionar a los responsables del delito de agresión sexual contra personas vinculadas a la comunidad LGTBQ+.

El reclamó se dio a raíz de una aparente demora en la investigación de un abuso sexual  perpetrado contra  un joven miembro de la comunidad LGBTI, ocurrido el último 16 de noviembre, en Jenaro Herrera. provincia de Requena.

El documento fue enviado por el jefe de la Oficina Defensorial de Loreto, Abel Chiroque, al director de la IV Macro Región Policial, Santiago Sotil y al jefe de la Junta de Fiscales Superiores, Alberto Niño de Guzmán.

La persona agraviada todavía no puede brindar declaraciones por su estado, pese a haber pasado 10 días del hecho. Por eso la entidad  defensorial espera que se les otorgue una sanción ejemplar a los responsables.

El representante de la Defensoría del Pueblo, solicitó ante la Junta de Fiscales Superiores y de la Policía Nacional, que el caso sea llevado bajo los enfoques de derechos humanos y de género.

Asimismo, que se aplique los estándares internacionales sobre investigación en casos de violencia por orientación sexual, medidas que fueron decretadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso de Azul Rojas.

También requirió que se aplique el Manual de Derechos Humanos, que fue aprobado por el Ministerio del Interior para las investigaciones policiales de los casos que atentan contra la comunidad LGTBQ+..

“Esto implica analizar la forma en que la víctima fue percibida por los agresores, a partir de su orientación sexual, lo que conlleva a que el caso sea investigado desde una perspectiva de género y no como un delito común, al existir motivos por prejuicio y discriminación”.

Complementó que en el 2021 y  2022, se cometieron dos casos de violencia por orientación sexual, y que en ambos no se tomaron en cuenta las medidas dictadas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

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