SUNEDU: decisión pone en dilema la exigencia de la calidad educativa versus la protección del estudiante
SUNEDU decidió que las universidades y escuelas de posgrado con licencia institucional denegada que se encuentren prestando el servicio educativo en el marco del proceso de cese de actividades, puedan optar por una ampliación excepcional de hasta doce (12) meses adicionales al plazo de cese previsto.
Esta decisión, acordada por el Consejo Directivo en la Sesión N° 053-2025, con el voto unánime de Espinoza Santillán, Paredes Díaz, Pereyra López, Castillo Venegas y Hernández García y publicada mediante la Resolución N° 0035-2025-SUNEDU-CD) este 1 de enero de 2026, refleja la tensión actual entre la exigencia de calidad educativa y la protección del estudiante.
¿Es un retroceso en la supervisión de la calidad?
Existen hasta dos argumentos en conflicto:
Perspectiva Crítica (posible retroceso): Se puede interpretar como una debilidad en la firmeza del sistema. Al permitir que universidades que ya fallaron en demostrar condiciones básicas de calidad sigan operando (aunque sea en proceso de cese), se prolonga la existencia de instituciones que el propio Estado calificó como no aptas. Los críticos argumentan que estas prórrogas sucesivas (esta es la quinta desde 2020) generan una sensación de «impunidad» o permanencia de lo que debería haber cerrado.
Perspectiva Institucional (Protección al Estudiante): La SUNEDU argumenta que no es un retroceso, sino una medida de realismo social. Según los considerandos de la resolución, el 60% de los estudiantes matriculados en estas universidades aún necesitan uno o más ciclos para terminar. Cortar el servicio abruptamente dejaría a miles de jóvenes con estudios truncos y sin un título, lo cual sería un daño social mayor.
“De acuerdo con el Informe N° 01948-2025-SUNEDU-DS-DIRESESU, la UVE (Unidad de Verificación del Servicio Educativo Superior Universitario) identificó que, a la fecha, existen universidades con licencia institucional denegada que continúan brindando el servicio educativo y cuentan con estudiantes matriculados, advirtiéndose el riesgo de que una parte significativa de dichos estudiantes no puedan culminar su formación profesional dentro del plazo de cese vigente. En particular, el referido informe evidencia que aproximadamente el sesenta por ciento (60 %) de los estudiantes matriculados requieren uno o más ciclos académicos adicionales para culminar sus estudios, así como la existencia de un universo relevante de estudiantes respecto de los cuales no se cuenta con información actualizada sobre su continuidad académica”.
“La propuesta de ampliación se sustenta en criterios de razonabilidad, proporcionalidad y temporalidad, al permitir cubrir los ciclos académicos requeridos por la mayoría de los estudiantes afectados sin desnaturalizar el proceso de cese ni rehabilitar la licencia institucional denegada”, señaló por su lado la Dirtensu.
Plan de operaciones
Actualización del «Plan de Operaciones»: No es una prórroga automática. Las universidades deben actualizar sus planes y declarar formalmente la nueva fecha de cese, comunicándolo en un plazo de 45 días hábiles.
Uso Exclusivo (Art. 3): La norma ordena que esta ampliación se use exclusivamente para que los alumnos culminen sus estudios. Esto prohíbe, implícitamente, que la universidad pretenda captar nuevos alumnos o iniciar procesos distintos a la graduación de los actuales.
«No implica la rehabilitación de la licencia institucional denegada», señala la norma al incidir que la universidad sigue «sentenciada» al cierre; solo se le da más tiempo para que los alumnos actuales no paguen las consecuencia de la mala gestión.
Universidades beneficiadas
El beneficio está dirigido a un grupo específico: universidades con licencia denegada. Históricamente, el proceso de reforma dejó a 43 universidades y 2 escuelas de posgrado con licencia denegada.
Instituciones beneficiadas (en cese vigente): La norma beneficia únicamente a aquellas que aún se encuentran prestando el servicio educativo y no han ejecutado su cierre definitivo. Se estima que hay entre 5 y 8 universidades que tenían fechas de cierre programadas para finales de 2025 o inicios de 2026 y que ahora podrán extenderse un año más.
Basándonos en los cronogramas de cierre previos, estas son las instituciones más relevantes que se encuentran en el «tramo final» y podrían solicitar la ampliación de 12 meses:
- Andina Néstor Cáceres Velásquez (UANCV).
- Inca Garcilaso de la Vega (UIGV).
- San Pedro (USP)
- Privada de Pucallpa (UPP)
- Peruana de Ciencias e Informática (UPCI)
- Católica Los Ángeles de Chimbote (ULADECH)
Para que el beneficio se haga efectivo, cada una de estas universidades debe solicitarlo formalmente ante la SUNEDU en un plazo de 45 días hábiles, actualizando su «Plan de Operaciones». No es una prórroga automática para todas.
¿Por qué se da este número? La razón por la que no beneficia a las 45 instituciones denegadas originales es que muchas de ellas ya cerraron definitivamente o trasladaron a todos sus alumnos.
La norma se enfoca en el 60% de estudiantes que, según el informe técnico de la SUNEDU, aún permanecen en estas pocas instituciones y no habrían logrado graduarse a tiempo.
