Delia Espinoza y la segunda inhabilitación en su contra: ¿acto de justicia o abuso de poder?
Ella había denunciado a 11 congresistas por promover ley que permite cobrar simultáneamente una pensión militar y el sueldo parlamentario.
Delia Espinoza. La política peruana, específicamente la que ejercen los llamados “padres de la patria” vuelve a verse sacudida por un episodio que pone en entredicho la separación de poderes y la ética en el ejercicio legislativo a sólo 30 días del fin de sus mandatos de 5 años.
En la sesión plenaria de este jueves, Delia Espinoza recibió una nueva inhabilitación para ejercer función pública por 10 años por parte de la mayoría de un Congreso que ya se encuentra en la etapa final de su mandato.
La representación nacional emitió 70 votos a favor, 18 en contra y 2 abstenciones. Con ese resultado, el Congreso llegó a la cifra que resultó suficiente para alcanzar los dos tercios requeridos para aplicar una sanción de este tipo a un fiscal supremo.
Este hecho no ha pasado desapercibido y ha encendido un intenso debate nacional: ¿estamos ante un acto de justicia o ante un flagrante abuso de poder?
El antecedente clave
Para entender la magnitud de esta decisión, es imperativo retroceder a la acción que puso a Espinoza en la mira de la mayoría parlamentaria. La exfiscal de la Nación había denunciado previamente a 11 congresistas por promover una ley que permite a los legisladores cobrar simultáneamente una pensión militar y su sueldo como parlamentarios.
Este beneficio, que permite que altos oficiales en retiro que hoy ocupan una curul reciban dos remuneraciones del Estado, ha sido blanco de críticas por diversos sectores de la sociedad civil, que lo consideran un privilegio desmedido en un país con brechas sociales profundas.
La denuncia de Espinoza no solo señalaba una falta ética, sino que sugería una presunta infracción constitucional al legislar en beneficio propio.
Puntos de debate: Entre la ética y la política
- ¿Venganza política?
El cuestionamiento más urgente que surge tras la votación del jueves es si la inhabilitación es, en realidad, una respuesta directa y punitiva a la denuncia interpuesta por Espinoza.
Los sancionadores justificaron su decisión en que la exfiscal habría vulnerado la inviolabilidad parlamentaria prevista en el artículo 93 de la Carta Magna. Esa disposición establece que los congresistas no responden ante ninguna autoridad ni órgano jurisdiccional por los votos u opiniones que emitan en el ejercicio de sus funciones.
Sin embargo, en los pasillos del Legislativo y en las redes sociales, se habla de una «vendetta parlamentaria». Los críticos señalan que el tiempo transcurrido entre la denuncia de los 11 congresistas y la celeridad de este nuevo proceso de inhabilitación sugiere que el Congreso está utilizando sus facultades sancionadoras como un arma política para neutralizar a quienes fiscalizan sus acciones.
- La crisis de la ética parlamentaria
La ley que permite el doble cobro (pensión y sueldo) es el núcleo del conflicto. Este escenario pone en duda la prioridad de los intereses legislativos. ¿Están los congresistas trabajando para el bienestar del país o para asegurar beneficios personales antes de dejar el cargo? Cuando un cuerpo legislativo aprueba normas que favorecen directamente el bolsillo de sus integrantes y luego inhabilita a quien denuncia dicha práctica, la percepción de conflicto de intereses se vuelve absoluta.
- La legitimidad de un Congreso «de salida»
Un factor determinante en este análisis es el momento cronológico. Nos encontramos ante un Congreso que está por terminar su mandato. Históricamente, las decisiones de gran trascendencia tomadas por legislaturas «de salida» suelen ser vistas con un profundo escepticismo por la opinión pública. Existe el riesgo de que se estén cerrando cuentas pendientes o blindando intereses antes de la transición de poder, lo que debilita la confianza en las instituciones democráticas.
el resumen
La inhabilitación de Delia Espinoza no es un hecho aislado, sino un síntoma de la tensión constante entre la fiscalización y el poder político en el Perú. Mientras que los defensores de la medida argumentan que se basa en procedimientos legales internos del Congreso, para gran parte de la ciudadanía y los analistas jurídicos, el trasfondo parece ser la protección de privilegios económicos y la sanción a la disidencia.
En última instancia, el caso de Delia Espinoza obliga a reflexionar sobre los límites del poder legislativo. Si el Congreso puede inhabilitar a quienes denuncian sus presuntas irregularidades, el sistema de pesos y contrapesos entra en una fase crítica. La justicia no solo debe ser aplicada, sino que debe parecer justa; en este caso, la sombra del abuso de poder parece ser más larga que la luz de la justicia.
