La presidente Dina Boluarte no tuvo problemas para responder cada una de 22 preguntas de la Fiscalía de la Nación, instancia que tiene abierta una investigación en su contra por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado y genocidio en torno a las muertes ocurridas durante las protestas contra el Gobierno en diciembre y enero pasado.
Sin embargo, guardó silencio ante las preguntas de la Procuraduría General del Estado (PGE) y las defensas de las víctimas que participaron en la diligencia, en razón, según la defensa de Boluarte, Joseph Campos, no corresponde la participación de ninguna de estas instancias. A fin de obtener mayor “objetividad” en la investigación fiscal.
Campos alegó que se tenga en cuenta que la Corte Suprema aún no resuelve la apelación del fiscal supremo adjunto Marco Huamán, el mismo que en marzo pasado se opuso a la decisión que tomó el juez supremo Juan Carlos Checkley de autorizar a los abogados de las víctimas de las masacres de Ayacucho y Puno a interrogar a la presidenta de la República.
Los abogados persistieron en sus preguntas, lo que dio lugar a que la presidente Boluarte apelara a su derecho de guardar silencio. Y no habló más durante el resto de la audiencia.
Por el Ministerio Público estuvieron presentes la fiscal de la Nación Patricia Benavides y el fiscal adjunto supremo provisional Marco Huamán.
Por el mismo caso, Dina Boluarte y el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, son investigados por los presuntos delitos de genocidio calificado y lesiones graves por las cerca de cincuenta muertes en el marco de las protestas contra el gobierno, entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.
Esta es la segunda vez que la presidente Boluarte se presenta ante la Fiscalía por el caso de las 49 muertes. En la primera ocasión, no logró declarar debido a que no se cursó a tiempo la notificación de la diligencia tanto a la Procuraduría General como a la defensa de las víctimas en Ayacucho y Puno.
