Dina Boluarte: carpetas fiscales volverán a ser vistas a partir del 29 de julio del 2026
Dina Boluarte no volverá, en lo que resta de su mandato, a ser requerida por el Ministerio Público por los casos abiertos en su contra por mandato del Tribunal Constitucional, que resolvió suspender las investigaciones iniciadas contra la presidente de la república al declarar fundada la demanda competencial interpuesta por el Poder Ejecutivo contra el Ministerio Público y el Poder Judicial.
“Las investigaciones suspendidas, precisa la resolución del Tribunal Constitucional, continuarán con su trámite al concluir el ejercicio del cargo presidencial” es decir desde el día 29 de julio de 2026.
La misma sentencia señala que la presente resolución surtirá efectos desde el día de su notificación al Ministerio Público y al Poder Judicial. “A partir de esta sentencia, las investigaciones que se realicen al titular de la Presidencia de la República, deberán de tomar en cuenta las pautas de competencia institucional establecidas en el fundamento 136”, señala ek TC
Los casos
Por efectos de la resolución quedan suspendidas las investigaciones siguientes.
Caso EFICCOP
Presunta comisión de los delitos de encubrimiento personal y abuso de autoridad por la desactivación del EFICCOP (Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder) a fin de neutralizar las investigaciones contra su hermano y su abogado y sustraerlos de la persecución penal.
Para el TC, “la investigación contenida en la Carpeta Fiscal 1532024, iniciada en contra el titular de la Presidencia de la República, excede las facultades de investigación del Ministerio Público respecto del titular de la Presidencia de la República, al carecer de marco jurídico preexistente que la habilitara. Siendo ello así, este Tribunal considera que dicho acto del Ministerio Público se encuentra viciado de incompetencia, razón por la cual corresponde estimar la demanda en el presente extremo”.
Dina Boluarte: TC resolvió a favor de la no investigación de la presidencia por delitos no considerados en la Constitución (Foto: Tribunal Constitucional).
Caso genocidio por las muertes por las protestas sociales ocurridas en diciembre de 2022 y enero de 2023
La Fiscalía había ordenado a través de la Carpeta Fiscal 277-2022, el inicio de diligencias preliminares contra la Presidencia de la República y contra otras personas, por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y otros (lesiones).
En la investigación se atribuye a la titular de la Presidencia de la República que, en su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la PNP, habría omitido dolosamente «evitar que las fuerzas del orden cumplan con preservar la vida e integridad física de los ciudadanos que participaron en las manifestaciones». 147”.
“Tal como se aprecia, el inicio de dichas diligencias se efectuó por la presunta comisión de delitos que no se vinculan con la interpretación que realiza este Tribunal en la presente sentencia. Este Alto Tribunal considera que tal disposición del Ministerio Público resulta viciada incompetencia, debiendo estimarse la demanda en este extremo”.
Caso Rolex
La Carpeta Fiscal 68-2024 dispuso el inicio de diligencias preliminares contra la titular de la Presidencia de la República en ejercicio, por el presunto incremento ilícito de su patrimonio por incorporar en él relojes de la marca “Rolex” valorizados en $ 32000, lo que constituiría, presuntamente “el delito de enriquecimiento ilícito”. Además, se imputa a la titular de la Presidencia en ejercicio la omisión de declarar tales relojes, lo que habría configurado el «delito de omisión de consignar declaraciones en documentos».
En esta carpeta se dispuso «programar la declaración indagatoria de: Dina Boluarte Zegarra […] bajo apercibimiento de conducción compulsiva». 149. En la precitada Carpeta Fiscal 68-2024, el Ministerio Público dispuso que se reciba la declaración indagatoria de la titular de la Presidencia de la República, de acuerdo a la agenda fiscal. 1
“Como puede advertirse, del contenido de dicha disposición fiscal se ha establecido el inicio de diligencias preliminares por delitos en el ejercicio de funciones sin un marco jurídico previo que las habilitara. En la línea de lo indicado supra, este Tribunal estima que esta disposición del Ministerio Público también resulta viciada de incompetencia, debiendo estimarse la demanda en este extremo”, señala el TC.
