Con esta declaración, el Ejecutivo busca blindar el proceso de compra frente a las críticas
Luis Arroyo Sánchez. En un momento de máxima tensión política y social, el presidente del Consejo de Ministros, emitió este miércoles 22 de abril un pronunciamiento destinado a despejar las dudas sobre el proceso de modernización de la flota de la Fuerza Aérea del Perú (FAP).
A través de un pronunciamiento, Arroyo Sánchez ratificó que la adquisición de los aviones de combate F-16 no es solo un compromiso económico, sino una prioridad de seguridad nacional que el actual Gobierno de transición está decidido a cumplir.
El comunicado surge en un contexto complejo, marcado por el desarrollo de las Elecciones Generales y una creciente fragmentación de opiniones respecto a la oportunidad de realizar una inversión de tal magnitud. Sin embargo, para Arroyo Sánchez, la decisión es de «naturaleza estratégica» y responde a acuerdos emitidos por el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (Cosedena), el órgano rector en la materia.
Defensa de la investidura y cumplimiento de palabra
Uno de los pilares del mensaje del jefe del Gabinete fue la defensa de la figura presidencial. Arroyo Sánchez, quien se autodefinió como un «soldado de la patria», enfatizó que su gestión está alineada con los ejes políticos trazados por el presidente José María Balcázar.
En ese sentido, hizo un llamado al respeto por la autoridad del Jefe de Estado, quien además ostenta el cargo de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas.
“Como peruano, militar y presidente del Consejo de Ministros, tengo la inmensa responsabilidad de cumplir mi palabra empeñada al Congreso de la República”, reza el texto, al tiempo de incidir que este compromiso fue parte del plan expuesto durante la solicitud del voto de confianza.
Con esta declaración, el Ejecutivo busca blindar el proceso de compra frente a las críticas de la oposición política, sectores empresariales y organizaciones castrenses tras la sugerencia de postergar la firma hasta que se instale el nuevo gobierno el próximo 28 de julio.
El factor económico: evitar penalidades
Un punto crítico que aborda el pronunciamiento es el cumplimiento del cronograma de pagos y entregas. Según la PCM, el Gobierno viene cumpliendo estrictamente con lo planteado en el contrato de compraventa. El argumento principal para mantener este ritmo es estrictamente financiero: el incumplimiento de las cláusulas contractuales derivaría en penalidades onerosas que perjudicarían no solo el tesoro público, sino también la imagen internacional del Perú como un socio comercial serio.
Aunque en días anteriores el propio presidente Balcázar había deslizado la posibilidad de que la firma definitiva y la renegociación de ciertos términos quedaran en manos del ganador de la segunda vuelta (prevista para el 7 de junio), el tono de Arroyo parece inclinar la balanza hacia la continuidad administrativa.
El documento sugiere que retrasar los pagos o alterar el cronograma actual bajo el argumento de la «transición» podría ser contraproducente para los intereses del país.
Equilibrio entre seguridad y brechas sociales
Consciente de las críticas que señalan que los fondos destinados a defensa deberían priorizar la atención social, el jefe del Gabinete dedicó un apartado de su mensaje a las necesidades de la población.
Aseguró que el Ejecutivo no descuida las acciones para cerrar las brechas de desigualdad que afectan a millones de peruanos, mencionando específicamente el acceso a salud, agua y luz.
No obstante, el mensaje es claro: la seguridad nacional y el equipamiento de las Fuerzas Armadas no son excluyentes del desarrollo social. Para el Gobierno, contar con equipamiento nuevo es fundamental para la soberanía nacional, independientemente de los asuntos económicos y legales que suelen polarizar el debate público.
Hacia el 26 de abril y la segunda vuelta
El pronunciamiento cierra reafirmando el compromiso con la Constitución y la estabilidad democrática. Este mensaje llega días antes de una fecha clave: el 26 de abril, día en que los ministros de las carteras involucradas han sido citados por las comisiones de Constitución y Fiscalización del Congreso para dar detalles técnicos de la operación.
Mientras candidatos como Keiko Fujimori ya han expresado su respaldo a la firma del contrato, otros actores políticos como Roberto Sánchez y Jorge Nieto mantienen una postura de cautela.
Lo cierto es que, con este pronunciamiento, Arroyo Sánchez deja marcada la cancha: para el actual gabinete, los F-16 son una realidad que el Estado peruano debe honrar para garantizar su defensa y su prestigio ante la comunidad internacional.
El pronunciamiento
- Ratificación de la Compra de los F-16
El documento confirma que el proceso de adquisición sigue adelante, fundamentándose en:
- Compromisos preestablecidos: La compra obedece a acuerdos previos vinculados a la defensa nacional.
- Decisión estratégica: Fue una determinación del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (Cosedena) para fortalecer a la Fuerza Aérea del Perú.
- Cumplimiento de cronograma: Se afirma que se están respetando los plazos del contrato de compraventa para evitar penalidades económicas y proteger la imagen del país.
- Postura de la PCM y del Ejecutivo
- Lealtad Institucional: Arroyo Sánchez enfatiza su compromiso con el presidente José María Balcázar y su rol como «soldado de la patria» para garantizar una transición responsable.
- Respeto a la Investidura: Subraya que la figura presidencial, como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, debe ser respetada en este proceso.
- Responsabilidad ante el Congreso: Menciona su deber de cumplir la palabra empeñada ante el Legislativo tras haber recibido el voto de confianza.
- Contexto Social y Político
- Polarización y Elecciones: Reconoce que el país atraviesa un momento de confrontación y crisis en medio del desarrollo de las Elecciones Generales.
- Prioridades Sociales: El texto incluye un compromiso para cerrar brechas de desigualdad social, mencionando específicamente el acceso a servicios básicos como salud, agua y luz.
- Marco Legal
El comunicado concluye reiterando el compromiso con la Constitución, la estabilidad democrática y la seguridad nacional.
