“A la fecha no hay en trámite, ningún pedido o solicitud de indulto”, recalcó el titular del MINJUSDH
Pedro Castillo. El panorama para un eventual indulto del expresidente Pedro Castillo Terrones bajo el actual Gobierno de Transición se perfila no solo político, sino técnicamente inviable en el corto y mediano plazo. Así quedó demostrado durante la sesión de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, en la que comparecieron el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Enrique Jiménez Borja, y el presidente de la Comisión de Gracias y el presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales, Magno García Chávarri.
A partir de las exposiciones de los funcionarios del sector Justicia, se desprenden tres realidades jurídicas y administrativas que bloquean, por el momento, cualquier beneficio penitenciario para el exmandatario que cumple prisión de 11 años por el delito de conspiración para la rebelión (a raíz del autogolpe de Estado del 7 de diciembre de 2022).
El Contexto: Una expectativa nacida en campaña y promesas de retorno
Para entender el debate actual en el Congreso, es imperativo revisar cómo se originó la expectativa pública en torno a la liberación de Pedro Castillo. Esta narrativa ha sido impulsada por dos motores políticos claramente definidos:
- La promesa electoral de Roberto Sánchez: Durante la reciente campaña, el líder de Juntos por el Perú (JPP), Roberto Sánchez —quien fuera uno de los ministros más cercanos a Castillo durante su gestión, adoptó el sombrero chotano y la defensa del exmandatario como ejes de su discurso. Sánchez alimentó la expectativa popular al asegurar que Castillo se encuentra «secuestrado por una mafia» y prometer abiertamente su indulto en un eventual gobierno suyo, lo que reavivó el ideario del encarcelado expresidente en el electorado.
- La presión sobre el presidente Balcázar: El segundo detonante ocurrió tras la asunción de José María Balcázar al frente de este Gobierno de Transición. Basándose en declaraciones pasadas de Balcázar (cuando era congresista y se mostraba favorable a la causa de Castillo), la defensa legal del exmandatario, liderada por Walter Ayala, apresuró la presentación de una solicitud formal de indulto el pasado 19 de febrero.
- Bajo la consigna de «Balcázar, cumple tu palabra», intentaron forzar una decisión política amparada en la facultad presidencial del artículo 118 de la Constitución, generando un eco en la prensa nacional que el actual Minjusdh ha salido a frenar de raíz.
- El Factor Técnico: Cero Solicitudes Vigentes
El argumento central del Ministerio de Justicia (Minjusdh) es la inexistencia de un trámite válido. El ministro Jiménez Borja fue enfático ante las interrogantes de los parlamentarios respecto a las versiones periodísticas que daban por hecho un proceso en curso:
- Inadmisibilidad en bloque: Todas las solicitudes previas presentadas a favor de Pedro Castillo, ya sea por su defensa o por terceros, fueron declaradas inadmisibles por no cumplir con los requisitos de forma.
- Último expediente en vilo: Existe un pedido reciente que también fue calificado como inadmisible, el cual se encuentra actualmente dentro del plazo legal para que la defensa del expresidente subsane las observaciones. Si no se subsana, quedará archivado de forma definitiva.
- Sin pedidos oficiales: «No tenemos pendiente ninguna solicitud de gracia del expresidente Castillo», sentenció el titular del sector, aclarando el panorama frente a la opinión pública.
- “A la fecha no hay en trámite, ningún pedido o solicitud de indulto. Estamos al resultado de una inadmisibilidad que puede ser subsanada o no, y a cualquier otra solicitud que pueda ingresar. De momento la Comisión de Gracias Presidenciales no tiene bajo su revisión ningún expediente vinculado al indulto”, señaló por su lado el presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales, Magno García Chávarri.
- El Candado Legal del Indulto Común
El marco normativo expuesto por el presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales, Magno García Chávarri, sepulta cualquier plano de inmediatez. Según los artículos 3 (literal B), 37, 41 y 42 del reglamento interno de dicho órgano, la viabilidad de un indulto común exige condiciones estrictas e insalvables para la situación procesal actual del exmandatario.
Requisitos Esenciales (Cumplimiento Conjunto)
Para que la Comisión pueda recomendar un indulto común, el solicitante debe cumplir simultáneamente con cuatro criterios:
- Sentencia firme: Contar con una sentencia de primera instancia (conspiración para la rebelión) que actualmente se encuentra apelada, lo que colisiona con el requisito de tener una sentencia firmemente consentida o ejecutoriada.
- Actividad penitenciaria: Participar activamente en el tratamiento intramuros (dentro del penal) o extramuros.
- Limpio historial procesal: No registrar más de una condena efectiva ni tener procesos penales pendientes con mandatos de detención o requisitorias vigentes. Cabe recordar que Castillo arrastra mandatos de prisión preventiva por presunta organización criminal.
- Régimen de confianza: Encontrarse clasificado en la etapa de mínima seguridad del régimen cerrado ordinario.
Impedimentos Legales Absolutos
El artículo 41 del reglamento prohíbe de forma taxativa la recomendación de este beneficio para condenados por delitos graves como:
Violación sexual, extorsión, secuestro, robo agravado, sicariato, tráfico ilícito de drogas, prevaricato y explotación sexual.
- Cambios Institucionales bajo la Lupa del Congreso
La sesión parlamentaria también sirvió para fiscalizar la reciente recomposición de los equipos técnicos en el sector Justicia y el sistema penitenciario, puntos que han generado suspicacias en el Legislativo.
- Una comisión incompleta: Actualmente, la Comisión de Gracias Presidenciales opera con 4 de sus 5 miembros. Aunque legalmente pueden sesionar, el ministro Jiménez Borja precisó que es indispensable incorporar al quinto integrante para emitir las recomendaciones finales de procedencia o improcedencia.
- Relevo en la jefatura del INPE: Ante las interrogantes sobre el cambio en la dirección penitenciaria, el Minjusdh aclaró que el presidente saliente presentó su renuncia voluntaria.
- Respaldo al nuevo titular: El cargo ha sido asumido por Raúl Timoteo Inga Garay. Pese a las dudas iniciales de algunos congresistas sobre su perfil, el ministro defendió la designación destacando que Inga Garay cuenta con una trayectoria de varias décadas ocupando direcciones estratégicas dentro del INPE, lo que garantiza el conocimiento técnico necesario para afrontar la crisis carcelaria del país.
