Minería ilegal: Adrianzén garantiza continuidad de operativos
Minería ilegal. En el marco de la lucha contra la minería ilegal, se logró la interdicción de bienes e insumos por más de 99.2 millones de soles, gracias al trabajo articulado de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, estimó el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén.
La cifra es producto de los 31 operativos que realizaron la Policía Nacional del Perú, a través de la Dirección de Medio Ambiente (DIRMEAMB); así como el Ejército del Perú y la Marina de Guerra, por medio de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi), de la mano de la Fiscalía Especializada en Delitos de Medioambiente, en las regiones de Amazonas, Huánuco, La Libertad, Loreto y Madre de Dios.
“Nuestros efectivos de la PNP y las FF. AA. han asestado golpes millonarios a estas organizaciones delincuenciales que se dedican a depredar nuestros recursos minerales. A ellos el mensaje es claro: las interdicciones en todo el territorio nacional continuarán”, aseveró el jefe del Gabinete.
El Ejército y la Dicapi ejecutaron en Madre de Dios 19 interdicciones a objetos usados para la minería ilegal valorizados en casi S/57 millones.
En la región La Libertad, la PNP encabezó 4 operativos en Pataz y Trujillo, con dos intervenciones en cada provincia. Dichas acciones permitieron la interdicción de artículos cuyo valor supera los S/ 30.9 millones en total. De igual modo, en Amazonas se impulsaron cuatro acciones en las que se hallaron objetos valorizados en más de S/3.5 millones.
En la región de Huánuco, la Policía y la Marina desplegaron dos intervenciones que permitieron destruir e incautar bienes valorizados en más de S/6.8 millones. Además, en Loreto, la Dicapi realizó dos interdicciones de bienes que superan el millón de soles.

Las fuerzas del orden ejecutaron un operativo contra la minería ilegal en Pataz (Foto: Mindef).
Comisión multisectorial
A nivel de la PCM la comisión multisectorial para la lucha contra la minería ilegal a cargo del comisionado Rodolfo García Esquerre, trabaja en la actualización de la estrategia para la erradicación de dicha actividad ilícita, que se estima concluirá a fines de mes.
La comisión multisectorial de naturaleza permanente se creó en diciembre del 2023 con el objeto de realizar el seguimiento a la formalización minera y a las acciones destinadas a la erradicación de la minería ilegal y recuperación del ambiente, y se reúne de manera periódica.
“No hay que dejar de destruir dragas y cerrar bocaminas. Tenemos que seguir trabajando en eso, pero hay que buscar otras alternativas para centrar la acción del Estado con el objetivo de erradicar la minería ilegal y recuperar el medioambiente”, resalta el alto comisionado.
García indicó que el porcentaje de mineros que han logrado formalizarse a través del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) es bastante bajo. “El Ministerio de Energía y Minas (Minem) ha presentado el proyecto de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, que elimina el Reinfo y da responsabilidades y plazos a las instituciones públicas involucradas en la formalización. Estamos convencidos que a través de la formalización de la minería vamos a lograr reducir la minería ilegal”, aseguró.
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El alto comisionado también resaltó que se busca impulsar economías alternativas. “La misma minería legal es una alternativa, la cual debemos promover. Pero hay regiones -subrayó García- en las que podemos encontrar actividades económicas en el comercio, la agricultura, etc., con las que miles de familias que están directa o indirectamente vinculadas a la minería ilegal, contribuyan al Estado y obtengan tranquilidad”.
Otro de los conceptos clave para la actualización de la estrategia es la trazabilidad de los insumos químicos, explosivos, combustible y los diversos materiales usados por la minería ilegal. “A través del Ministerio de Relaciones Exteriores se está coordinando la cooperación internacional para tener acceso a tecnología de punta que nos permita conseguir esa trazabilidad”, refirió García.

La comisión multisectorial también considera la bancarización (cero uso de efectivo) y el fortalecimiento de las direcciones o gerencias regionales de Energía y Minas, y de las fiscalías Especializada en Medioambiente, Especializada en Lavado de Activos, Contra el Crimen Organizado y de Extinción de Dominio, con personal, equipamiento, tecnología y recursos económicos.
El alto comisionado adelantó que de la actualización de la estrategia nacional contra la minería ilegal se derivarán planes específicos a cargo de las diferentes entidades involucradas en las diferentes aristas de esta lucha. Esos planes específicos tienen que aterrizar también en la asignación de los recursos necesarios para que cada organismo del Estado haga su trabajo, aclaró.
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Se intensifican operativos
El alto comisionado resaltó que en este año las operaciones de interdicción de la minería ilegal, realizadas por la Policía Nacional del Perú, la Dirección de Capitanías y Guardacostas, y el Ejército del Perú, de la mano del Ministerio Público, se han incrementado de manera significativa, centrándose fundamentalmente en Loreto, Amazonas, La Libertad, San Martín, Ucayali y Madre de Dios, que son las regiones más afectadas por la minería ilegal.
“Lo que estamos haciendo es identificar bien qué parte de la cadena de valor de la minería ilegal es la más importante, la que tiene un efecto multiplicador, para que la acción de la interdicción se focalice en esa parte”, detalló García.
En su mensaje del 28 de julio último, la presidente Dina Boluarte informó que se ejecutaron 729 operativos a nivel nacional contra la minería ilegal y en los primeros siete meses de este año, 481. Producto de estas acciones, entre enero y julio, se han incautado o destruido materiales de este ilícito negocio valorizados en más de 1800 millones de soles en total.
“Seguiremos combatiendo este flagelo de manera sostenida, pero con un enfoque integral, más si tomamos en cuenta que la minería legal es fuente de muchos delitos conexos, siendo la trata de personas uno de los principales”, acotó el alto comisionado.