Minería ilegal: el Talón de Aquiles de la lucha contra este flagelo en Perú está en los gobiernos regionales
Minería ilegal. Parecería que Perú pierde cada vez espacio en la lucha contra la minería ilegal, es lo que puede interpretarse de unas recientes declaraciones hechas por el excomandante general del Ejército, exministro de Defensa y hoy congresista de la República, Roberto Chiabra León.
En la sesión plenaria del 12 de junio de 2024 el exjefe militar afirmó, sin ser hasta hoy desmentido por autoridad alguna, que mineros ilegales ecuatorianos penetraron 1 kilómetro en el territorio peruano, zona de frontera con Ecuador, en el distrito de El Cenepa, jurisdicción del departamento de Amazonas, como consecuencia del abandono permanente del Gobierno peruano a ésta zona fronteriza.
¿Es que, realmente el Estado en general no hace nada para enfrentar a este flagelo como señala Chiabra León? En parte, coincido con estas declaraciones, sostiene Danilo Espinoza Caro, Procurador Público Adjunto del Ministerio de Energía y Minas, (MINEM), ente rector de la actividad minera en el país a través de la Dirección General de Formalización Minera, que es el órgano que propone y evalúa la política sobre formalización minera, monitorea las acciones de formalización minera, propone la normatividad relacionada con la formalización minera y brinda asistencia técnica a los Gobiernos Regionales en el marco de sus competencias.
“Es que el Estado, desde el 2002, año en que se detecta esta actividad ilícita, inicia todo una vorágine de decretos y paquete legislativo en pro de la formalización y de la promoción de la pequeña minería y la minería artesanal para tratar de contener justamente estos espacios ilícitos. Estamos 2024, han pasado 22 años y como dice Manuel Zapata, abogado especialista en delitos ambientales, nos estamos acercando a la “Bodas de Plata” de esta famosa formalización que nunca terminó y no termina”, argumenta el funcionario.
El representante de la Procuraduría Pública Adjunta del Ministerio de Energía y Minas (MEM) añade que resulta sistemático que cada 10 días o 15 días aparezca un nuevo proyecto, presentado por bancadas o congresistas pretendiendo una vez ampliar los plazos de formalización e incluso abrir el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) pese a que se encuentra cerrado hasta fin de año.
El Reinfo es el espacio en el que están comprendidas las personas naturales y jurídicas que se dedican a la explotación o beneficio en el segmento de pequeña minería y minería artesanal. Este registro exime de responsabilidad penal por el delito de minería ilegal, condicionado al compromiso de culminar el proceso de formalización minera integral a quienes están comprendidos en este registro.
Formalización minera, un proceso de nunca acabar
Es plausible que desde el Gobierno Nacional se desarrolle una estrategia para acompañar al pequeño minero en el camino a la formalización. Él sabe que no tiene otra opción que recibir el amparo de un título minero, no sólo para tener mejor calidad de vida, generar desarrollo y prosperidad, sino para fortalecer a la parte asociativa y empresarial, en otras palabras estar preparado para asociarse como gremios (de barqueros o de paleros) realizar el proceso de formalización a nivel empresarial.
Pero un proceso, como es en este caso, de formalización minera, no puede convertirse en indeterminado. La última prórroga de la vigencia del proceso de formalización minera integral, dispuesta en una ley del Congreso (Ley N° 31388) culmina el 31 de diciembre de 2024. Desde el 2004 se han contabilizado hasta cuatro ampliaciones del plazo para la formalización minera.
“En esta última fecha, 31 de diciembre 2024 debería cerrarse definitivamente la ampliación dada en el último día del año 2021. Esto no deja bien parado a un política estatal respecto al tema de formalización de cara al trabajo que se pretendió hacer, penalizando, sancionando punitivamente esta actividad ilícita, porque la inclusión de la aparición del delito de minería legal en el año 2012 en el Código Penal, respondió a una política estatal que entendía que era importante tener que atender estos espacios delictivos, cubriendo no solamente con un delito de minería ilegal, sino que incluso hasta con 8 tipos penales entre ellos favorecimientos ilícitos, tráfico y uso de maquinaria destinadas a este tipo de actividades”, refiere el abogado especialista en lucha contra los delitos ambientales.
Minería ilegal tiene su talón de Aquiles en los gobiernos regionales, asevera procuirador del MINEM, Danilo Espinoza (Imagen: ANGR).
“Se cumplió, agrega, con implementar y adecuar la normativa penal, sin embargo, han pasado 22 años y se ha avanzado, no lo suficiente y como todo modelo delictivo, las organizaciones criminales van mutando, van cambiando, adecuándose finalmente en sus procedimientos para tratar de evitar justamente la acción estatal”.
El funcionario pone como ejemplo que sucede en Madre de Dios, departamento donde la minería ilegal, según el informe del Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP por sus siglas en inglés), generó la pérdida de 23 881 hectáreas de bosques, que equivale a la extensión del distrito de Lurigancho-Chosica, el cuarto más grande de Lima Metropolitana.
«Lo que tenemos, dadas las interdicciones y los operativos realizados para acabar con esta actividad, es el movimiento y migración de estas organizaciones criminales. En el corredor minero de Madre de Dios, por ejemplo, identificamos a una organización antes de desplazar a toda la maquinaria del Estado. Entiendo que el congresista Chiabra León (al referirse a la incursión de mineros ilegales en la frontera con Ecuador) lo ha reseñado de esa manera». precisa.
El Procurador Público Adjunto del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) en la conversación con agendapaís no oculta su frustración por lo poco que se avanza en la lucha contra la minería ilegal a pesar de las medidas hasta hoy dadas para hacer frente a esta ilícita actividad que se vincula estrechamente con el narcotráfico, trabajo forzoso, trabajo infantil, trata de personas, sicariato, extorsión, homicidio, robo de tierras y evasión tributaria.
En una calificación del 1 al 10, ¿cuánto de nota pondría al Estado peruano en su lucha conta este flagelo? ¿Y cuanto contribuyen los gobiernos regionales en este esfuerzo nacional?
“En una calificación del 1 al 10 tendríamos que jalarnos con una nota 05. Sí, se ha avanzado. En cuanto a protección normativa, tenemos todo, sin embargo, no se han logrado los puntos correctos en los gobiernos regionales. Es en estos lugares donde ubicamos el punto más flaco de toda esta organización, no se ha logrado completar finalmente la labor estatal de articular correctamente más allá de las gestiones. Ese es el problema.
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Para Danilo Espinoza, los gobiernos regionales no tienen los elementos necesarios para realizar pericias sobre sus propios informes, lo que pone difícil determinar el daño ambiental y por lo tanto, poco efectivo el trabajo de las autoridades del Ministerio Público.
En varios pasajes del diálogo con agendapais, Espinoza Caro insistió en no prorrogar el plazo de la vigencia del proceso de formalización minera integral y consideró que si no tenemos un Estado fuerte que cierre esta plaza difícilmente se podrá algún día pasar de la informalidad a la legalidad a la totalidad de los pequeños mineros y mineros artesanales y por lo tanto acabar con la actividad de la minería ilegal que lo único que ha traído no solo afectación a la naturaleza sino muerte y destrucción del ser humano.
El funcionario igualmente vio con buenos ojos la organización de foros dirigidos a periodistas por parte de agencias como la estadounidenses USAGM, sobre delitos ambientales en el propósito de involucrar a los profesionales de las comunicaciones en la problemática que representa la lucha contra la minería ilegal y recomendó que estos encuentros sean llevados a Madre de Dios. Vea en video parte de la entrevista:
