El nuevo defensor buscará erosionar la validez de las sentencias dictadas contra el expresidente
La decisión de José Domingo Pérez de asumir este lunes 6 la defensa técnica de Pedro Castillo y, simultáneamente, integrarse a su proyecto político, no es un simple cambio de folio; es un quiebre estructural en la narrativa judicial peruana. Este movimiento debe entenderse bajo tres pilares fundamentales:
- El Colapso de la «Imparcialidad Objetiva»
Durante casi una década, Pérez fue el estandarte de la lucha anticorrupción, basando su legitimidad en la aplicación técnica de la prisión preventiva contra líderes políticos. Su salto a la defensa de Castillo —sentenciado por quebrar el orden constitucional— genera un vicio de coherencia retroactivo.
- Fundamento: Al sumarse a la militancia de su defendido, José Domingo Pérez le da la razón a quienes cuestionaron su objetividad en el pasado, sugiriendo que sus acusaciones no nacían de la ley, sino de una agenda política ahora explícita.
- La Instrumentalización del «Lawfare»
Al adoptar la tesis del «preso político», Pérez está ejecutando un giro dialéctico radical.
- El Giro: El mismo jurista que utilizó las instituciones para perseguir el delito de organización criminal, ahora denuncia a esas mismas instituciones como «mafias capturadas».
- Impacto: Esto no es solo una estrategia de defensa; es una deslegitimación del sistema de justicia desde sus propias entrañas. Al ser un ex-insignia del Ministerio Público, su validación de la narrativa de Castillo busca erosionar la validez de las sentencias dictadas por la Corte Suprema.
- La Conversión del Capital Judicial en Capital Electoral
La sumisión al proyecto político de Castillo revela que Pérez ha decidido “monetizar” su popularidad mediática en el mercado del voto antisistema.
- En lugar de buscar una reivindicación administrativa tras su no ratificación por la JNJ, ha optado por el martirologio judicial.
- Se posiciona como el «fiscal del pueblo» que, tras ser expulsado por las élites, se une al «presidente del pueblo» para confrontar un sistema que ambos consideran caduco.
En otras palabras, Lo que observamos es la politización absoluta del derecho. Pérez ha pasado de ser un actor del proceso penal a ser un agitador del proceso político, utilizando el expediente de Castillo como plataforma de lanzamiento para una eventual candidatura de izquierda radical en el corto plazo.
Por estas razones este movimiento marca la muerte definitiva del José Domingo Pérez en el Ministerio Público y el nacimiento de un operador político-legal que busca aglutinar el sentimiento anti-sistema, vinculando su destino jurídico al de Pedro Castillo.
Implicancias éticas de la transición de José Domingo Pérez desde la óptica del Código de Ética del Abogado (específicamente el del Colegio de Abogados de Lima, que rige su colegiatura) eleva la discusión de la anécdota política al rigor deontológico. Aquí, la controversia no es solo de opinión, sino de posibles infracciones a los principios que rigen la profesión.
Las implicancias éticas se dividen en tres ejes críticos:
- El Conflicto de Intereses y la «Puerta Giratoria»
El paso de ser un alto funcionario del Ministerio Público a ser defensor de alguien que encarna la antítesis de la legalidad que él juró proteger plantea un dilema sobre el aprovechamiento de información privilegiada.
- Fundamento Ético: El artículo 40° del Código de Ética prohíbe al abogado intervenir en asuntos donde su independencia pueda verse afectada. Aunque Pérez no fue el fiscal directo del caso Castillo (lo fue la Fiscalía de la Nación), él formó parte de la cúpula que validó las tesis de organización criminal contra el entorno del expresidente.
- La Implicancia: Al asumir la defensa, Pérez podría estar utilizando conocimientos internos sobre las estrategias de la fiscalía para desmantelar procesos en los que él mismo creía. Esto se percibe como una traición a la lealtad institucional debida al Estado.
Pedro Castillo: Audiencia del caso del expresiente (Captura: Justicia TV).
- El Deber de Probidad y la Deslegitimación del Sistema
El abogado tiene el deber de preservar el prestigio de la justicia. Pérez, al sumarse al proyecto político de Castillo bajo la premisa de que el sistema judicial es una «mafia», entra en colisión directa con el Principio de Probidad (Art. 4°).
- La Contradicción: Un abogado no puede, éticamente, atacar la esencia del Poder Judicial para ganar un caso. Al llamar «secuestrado» a un sentenciado por un proceso ratificado por la Corte Suprema, Pérez está erosionando la confianza pública en la justicia, algo que su código de ética le prohíbe explícitamente.
- La Fusión de la Defensa Técnica con la Militancia Política
El Código de Ética exige que el abogado mantenga su independencia intelectual y moral (Art. 7°).
- El Riesgo de la Instrumentalización: Al declarar que se suma al «proyecto político», la defensa de Castillo deja de ser jurídica para volverse una herramienta de agitación.
- Implicancia Ética: Si el objetivo de Pérez no es la absolución mediante pruebas, sino la captura del poder político junto a su cliente, la defensa técnica se vuelve una fachada. El abogado pierde su rol de «servidor de la justicia» para convertirse en un «operador político», lo cual es una desnaturalización del título profesional.
¿Cuánto sumará el exfiscal a la defensa de Pedro Castillo?
La incorporación de José Domingo Pérez a la defensa de Pedro Castillo, , no debe leerse como un refuerzo jurídico convencional. En realidad, lo que Pérez «suma» es un cambio de paradigma en la estrategia del expresidente, moviéndola de la resistencia técnica a la ofensiva política.
En lo jurídico estricto, Pérez suma poco para revertir una sentencia de la Corte Suprema que ya tiene carácter de cosa juzgada por rebelión y conspiración. Sin embargo, en lo político-estratégico, suma legitimidad ante el votante antisistema.
En conclusión: Pérez no llega para ganar un juicio técnico que ya parece perdido; llega para transformar a Pedro Castillo de un «expresidente condenado» en un «mártir de un sistema corrupto», preparando el terreno para un proyecto político compartido donde ambos se presentan como las víctimas definitivas del Estado.
