Perú: sucedió durante encuentro sostenido con la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)
Perú. En una reunión con la misión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el Gobierno peruano, a través del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, reafirmó el respeto irrestricto a la libertad de prensa, especialmente en regiones y zonas afectadas por el crimen organizado.
“Desde el Ejecutivo, creemos en la libertad de prensa. A lo largo de mi carrera, nunca he ejercido mi derecho de rectificación ni he querellado a un periodista”, afirmó el jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén en el marco de la reunión en la que la SIP estuvo representada por su vicepresidente segundo y titular de su Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet; y el director ejecutivo Carlos Lauría.
A decir del presidente del Consejo de Ministros (PCM), el Gobierno nacional mantiene un diálogo abierto con los medios de comunicación y que periódicamente se brinda información sin restricciones a los periodistas.
“Cada semana, al finalizar el Consejo de Ministros, tenemos una reunión con la prensa y, además de la exposición de los acuerdos aprobados, los reporteros pueden preguntar libremente sobre cualquier tema. Jamás hemos impedido el ingreso de periodista alguno ni hemos puesto limitaciones a sus consultas”, argumentó.
Carlos Jornet, vicepresidente segundo de la SIP, saludó el gesto del Ejecutivo de reunirse con su delegación y brindó recomendaciones para mejorar la relación del Ejecutivo con la prensa.
«Si hay un clima de tensión, seguramente hay responsabilidades compartidas, pero está la responsabilidad institucional del Poder Ejecutivo de dar el primer ejemplo y la primera señal para apaciguar los ánimos», manifestó Jornet, al señalar que al término de su visita al Perú, la SIP emitirá un pronunciamiento institucional sobre la situación de la prensa en Perú.
El informe de 2024
El informe de la SIP de octubre pasado sobre la situación de la libertad de prensa en Perú señala: «Los principales mecanismos para agredir a la prensa en este período han sido las iniciativas legislativas, demandas y querellas por difamación, allanamientos, impedimento de coberturas de interés público y ataques verbales contra periodistas».
El Índice Chapultepec, una medición anual de la SIP que evalúa el marco legal, las acciones gubernamentales respecto de la prensa, expresión de la opinión pública, violencia contra periodistas, acceso a la información, restricciones a medios y ejercicio ético del periodismo, registró en 2024 «un grave retroceso en las libertades de expresión y de prensa en el Perú», que bajó del puesto 12 al 16 de 22 países e ingresó en la calificación de «alta restricción» a las libertades de expresión y de prensa.
El informe asevera que cada vez más funcionarios de alto nivel –como el expresidente del Congreso, Alejandro Soto, y el ministro del Interior, Juan José Santiváñez– toman actitudes agresivas y sistemáticas contra la prensa, mediante amenazas, insultos y denuncias.
Si bien este último semestre la presidenta Dina Boluarte se caracterizó por su silencio frente a la prensa, su ministro del Interior, Santiváñez, se destacó como principal autor de ataques y amenazas contra periodistas. En varias ocasiones, funcionarios del Poder Ejecutivo, incluyendo a la presidenta, intentaron negar hechos reportados por la prensa, calificándola como activista o tendenciosa.
En abril, la presidenta Boluarte criticó a los medios por destapar e informar sobre el uso de relojes Rolex y joyería de alto valor que no consignó en sus declaraciones juradas y por mentir respecto de los orígenes de los artículos. Sugirió que la cobertura mediática podría deberse a sexismo o discriminación. Acusó al diario El Comercio de dar información «tendenciosa y falsa» luego de que este informara sobre depósitos por unos US$300.000 que la presidenta ignoró informar sobre el origen del dinero.
Entre mayo y junio, la presidenta Boluarte no dio declaraciones a la prensa. En al menos tres eventos públicos, periodistas de diversos medios se vieron impedidos de hacerle preguntas y fueron retenidos en un estrado.
En julio, el ministro del Interior Santiváñez amenazó con iniciar acciones legales en contra de los periodistas César Hildebrandt y Ricardo Velazco, por informar sobre irregularidades cometidas antes de asumir su cargo.
En septiembre, Santiváñez amenazó con denunciar penalmente por organización criminal a periodistas que difundieran audios que lo involucrarían con facilitar la movilización de Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre (con el que Pedro Castillo llegó a la presidencia y que conforma una bancada en el Congreso) y prófugo de la Justicia desde hace cerca de un año. También amenazó con acciones legales a la periodista Karla Ramírez, de Panamericana Televisión, luego de que esta expusiera un documento en el que se le negaba una reunión de carácter personal con el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso.
También en septiembre, el despacho presidencial rechazó entregar información sobre uno de los vehículos oficiales que habría sido utilizado para transportar al prófugo Vladimir Cerrón. Además, ocho medios de comunicación fueron impedidos de cubrir un evento de la presidenta Boluarte en la región San Martín, con relación a incendios forestales.
En octubre, durante una presentación pública, Boluarte utilizó el término «terrorismo de imagen» para referirse a información sobre ella publicada por la prensa. Poco después, el parlamentario Waldemar Cerrón, cuyo hermano prófugo Vladimir Cerrón es objeto de investigaciones periodísticas que han revelado graves casos de corrupción, aseguró que existe «terrorismo de prensa», mientras que el jefe de Gabinete, Gustavo Adrianzén, afirmó que «no podemos negar que se difunden noticias falsas [que] no solo ofenden, sino que tiene [sic] un propósito: […] generar el caos y la desestabilización».
