Congreso de la República: ¿Cómo entender el intento de Rospigliosi de acortar “por oficio” el mandato de José María Balcázar?

Entendidos en estrategia política señalaron que el fondo de la decisión es evitar que en las últimas horas previas al 28, Balcázar excarcele a Pedro Castillo

Congreso de la República. A pocas días del aniversario patrio y del tradicional cambio de mando del año 2026, estalló un nuevo enfrentamiento político e institucional, tras la difusión del Oficio 193-2025-2026-ADP/PCR, remitido el 22 de julio de 2026 por el presidente encargado del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi Capurro, al jefe de Estado, José María Balcázar Zelada.

En dicho documento, el titular del Parlamento le notificó formalmente al mandatario que su periodo constitucional concluye el 26 de julio y lo citó para el 27 de julio a las 9:00 a. m., con el propósito de proceder a la entrega de la banda presidencial.

Esta disposición unilateral del Legislativo choca de manera directa con la postura manifestada previamente desde Palacio de Gobierno. Mediante el OFICIO N° 216-2026-PR, enviado el 21 de julio, el presidente Balcázar había solicitado formalmente a Rospigliosi que se otorgaran las facilidades y disposiciones correspondientes para garantizar la continuidad de la función presidencial y desarrollar el acto formal de investidura el 28 de julio de 2026, fecha fijada históricamente por el ordenamiento constitucional peruano.

1. Los cuestionamientos constitucionales y el supuesto «vacío legal»

La pretensión de recortar por vía administrativa el ejercicio del jefe de Estado ha generado una ola de cuestionamientos por parte de juristas y exautoridades, quienes advierten serias inconsistencias legales:

• Inexistencia de sustento y vacío de poder: El constitucionalista y exministro de Justicia, Francisco Eguiguren, advirtió que la postura del Parlamento genera un evidente «vacío legal». Al pretender que el mandato de Balcázar culmine el 26 de julio junto con el periodo parlamentario saliente, el Congreso deja sin respuesta una interrogante fundamental: ¿quién asumirá y ejercerá las funciones de la Jefatura del Estado durante las horas previas a la asunción de la mandataria electa? Eguiguren enfatizó que el Legislativo no ha ofrecido una base constitucional firme para sostener su decisión.
• Vulneración del mandato constitucional y legalidad: La abogada Ana Lucía Puente sostuvo que el requerimiento impulsado por Fernando Rospigliosi vulnera directamente el artículo 116 de la Constitución, el cual establece con claridad que el presidente electo asume el cargo ante el Congreso el 28 de julio. Puente remarcó que las instituciones públicas deben sujetarse estrictamente al principio de legalidad, señalando que la Ley Orgánica y el Reglamento del Congreso no otorgan facultades a su presidente para fijar o recortar discrecionalmente el periodo presidencial.
• Sucesión constitucional plena: Frente a la discusión de si un mandatario interino debe salir junto con el Parlamento, el expresidente Francisco Sagasti recordó lo estipulado en el artículo 115 de la Carta Magna. Explicó que la sucesión constitucional implica asumir la jefatura de Estado con plena autoridad y por la totalidad del tiempo que corresponde al cargo supremo del país, es decir, hasta el 28 de julio. Sagasti tildó la actuación de Rospigliosi de «impertinencia, majadería y desplante indigno», recordando que en su propia gestión en 2021 entregó la banda el 28 de julio, ajustándose al marco legal y marcando un precedente de respeto entre poderes del Estado.

2. El trasfondo político: La maniobra para bloquear un hipotético indulto a Pedro Castillo

Más allá del debate estrictamente constitucional y protocolar, diversos analistas políticos, figuras parlamentarias y líderes de opinión señalan que la premura del Congreso responde a una jugada de contención preventiva: evitar un indulto de último minuto a favor del expresidente Pedro Castillo.

• Advertencia legal sobre el indulto: Fernando Rospigliosi sostuvo públicamente que un eventual indulto o gracia presidencial otorgada por Balcázar a favor de Castillo sería «absolutamente ilegal» y carecería de sustento procedimental. Advirtió que la medida no ha pasado por los trámites ni comisiones requeridas y que cualquier autoridad o funcionario que estampe su firma en un decreto de tal naturaleza incurriría en graves responsabilidades penales y constitucionales.
• Análisis mediático y neutralización de maniobras: Espacios de análisis y líderes de opinión respaldaron el accionar legislativo sosteniendo que Balcázar, al ser un político cercano a sectores del espacio castillista, buscaría dejar el cargo concediendo la libertad a Castillo. Bajo este diagnóstico, forzar la entrega de la banda el 27 de julio actúa como un mecanismo de presión política e institucional destinado a recortar el margen de maniobra de Palacio de Gobierno, despojando al mandatario interino del control formal de la alta magistratura antes del cierre del quinquenio.

3. Claves para interpretar la estrategia del Congreso

Para comprender la totalidad de esta decisión en el contexto de Fiestas Patrias, es preciso analizar los factores políticos e institucionales que impulsan la medida del Parlamento:

Estrategia política e institucional de la Mesa Directiva

Al citar al presidente Balcázar para el 27 de julio a las 9:00 a. m., la intención del titular del Congreso busca alterar la dinámica habitual del traspaso del símbolo patrio. El objetivo de fondo apunta a que sea la nueva Mesa Directiva del Congreso —elegida ordinariamente el 26 de julio— la que tome posesión de la banda presidencial de manera anticipada. De este modo, se neutraliza la capacidad resolutiva del gobernante saliente. Aunque la carta apela formalmente a «preservar la continuidad del orden constitucional», fundamenta su postura en el vencimiento del periodo de los congresistas y no en una norma aplicable a la Presidencia de la República.

Privación del Mensaje a la Nación y rendición de cuentas

El exoficial mayor del Congreso, César Delgado-Guembes, destacó que el mandato por sucesión exige que la autoridad se mantenga en sus funciones para cumplir con dos obligaciones fundamentales: rendir cuentas a la ciudadanía sobre su gestión mediante el mensaje final y entregar personalmente la banda a su sucesor. Adelantar la entrega al 27 de julio priva al país de un acto político e institucional de máxima relevancia republicana, modificando arbitrariamente los precedentes históricos del Perú para imponer un procedimiento carente de respaldo normativo.

4. Conclusiones sobre un hecho funesto para la institucionalidad

Para sintetizar la gravedad de este episodio en la historia política reciente, se pueden extraer siete conclusiones clave sobre el intento de recortar «por oficio» el mandato presidencial de José María Balcázar:

1. Una «majadería y desplante indigno» a la institución presidencial: Como calificó con dureza el expresidente Francisco Sagasti, la notificación del Congreso no representa un ajuste técnico, sino una «impertinencia, majadería y desplante indigno» contra quien encarna la Jefatura del Estado y personifica a la Nación (Art. 110 de la Constitución). Impulsado por Fernando Rospigliosi —quien accedió originalmente a la curul tras el lamentable fallecimiento del congresista Hernando Guerra García en Arequipa y escaló hasta la mesa directiva—, este acto evidencia una instrumentalización del cargo parlamentario para imponer un trato desobligante al Poder Ejecutivo.
2. La sombra del indulto como detonante del adelanto: La causa real que acelera la arremetida parlamentaria es la desconfianza política. La sospecha de un eventual indulto a Pedro Castillo en el epílogo de la gestión de Balcázar motivó al Congreso a acelerar la entrega de la banda para el 27 de julio, utilizando la presión administrativa para neutralizar cualquier decreto firmado a última hora.
3. Creación de un peligroso «vacío de poder»: La decisión formalizada en el oficio parlamentario deja un limbo institucional el día 27 de julio. Si el mandato de Balcázar concluyera efectivamente el 26 de julio, el Perú quedaría desprovisto de un Jefe de Estado en funciones durante varias horas, una desatención grave que ignora la necesidad de garantizar la continuidad ininterrumpida de la función pública y la seguridad nacional.
4. Infracción abierta al principio de legalidad: Ningún artículo de la Constitución ni del Reglamento del Congreso otorga facultades al titular del Parlamento para disponer, alterar o dar por concluido el mandato del Presidente de la República a través de una simple carta administrativa. Se pretende hacer prevalecer un oficio de Mesa Directiva por encima de la Carta Magna.
5. Vulneración del derecho a la rendición de cuentas: Al forzar la entrega anticipada de la banda presidencial el 27 de julio a las 9:00 a. m., se cancela la posibilidad de que el presidente saliente acuda al Hemiciclo el 28 de julio a rendir cuentas mediante el tradicional Mensaje a la Nación, privando a la ciudadanía de evaluar los balances de la gestión saliente.
6. Quiebre de la tradición republicana y los precedentes históricos: La medida desconoce las transiciones desarrolladas bajo el cauce de la sucesión constitucional plena, tales como las de Valentín Paniagua (2001) y Francisco Sagasti (2021). En ambos antecedentes, los presidentes interinos ejercieron la alta magistratura hasta el 28 de julio, entregando el mando el día fijado para la asunción del nuevo gobierno electo.
7. Afectación a la imagen internacional del país en Fiestas Patrias: Enmendar de forma improvisada las fechas del traspaso de poder a través de un conflicto epistolar entre Palacio de Gobierno y el Congreso proyecta una imagen de inestabilidad y fragilidad republicana ante las delegaciones diplomáticas y la comunidad internacional en las vísperas del aniversario patrio.