Para la oposición, la interpelación del pasado 17 de septiembre no aclaró el aumento de asesinatos ni los resultados de la estrategia de seguridad
César Astudillo. El control político en la Cámara de Diputados sumó un nuevo hito crítico con la presentación de la Moción de Orden del Día N° 00445-2026-2031-CD. Promovida por la bancada de Juntos por el Perú, la iniciativa busca concretar la censura del ministro del Interior, César Augusto Astudillo Salcedo, atribuyéndole una manifiesta incapacidad de liderazgo para frenar la ola de violencia e inseguridad que atraviesa el Perú.
La medida contra el titular del sector Interior —nombrado el 28 de julio de 2026, justo el día en que Keiko Fujimori asumió el poder— surge tras su comparecencia ante el Pleno el 17 de septiembre. En dicho acto, Astudillo respondió a un pliego de 27 preguntas. Sin embargo, de acuerdo con los congresistas firmantes de la moción, el ministro no logró esclarecer el fracaso de sus planes estratégicos ni la falta de contención frente al avance constante de los delitos de sangre.
Las cifras de la violencia desbordada y la percepción de inseguridad
Uno de los pilares centrales de la moción se sostiene en la contundencia de las estadísticas oficiales. Los datos elaborados a partir del Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF) registran que, hasta agosto de 2026, el país contabilizó 1499 homicidios, cifra preliminar que ya supera los totales anuales de periodos enteros como el quinquenio 2017-2023. Además, el promedio de muertes violentas alcanzó los 6.16 casos diarios.
A este sombrío panorama cuantitativo se suma el incremento sostenido en la sensación de desprotección ciudadana. Según informes del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 83.3 % de la población urbana percibe que podría ser víctima de un delito en los próximos doce meses, un pico crítico que alcanza el 87.0 % en Lima Metropolitana y el Callao. Más grave aún, la desconfianza en las instituciones encargadas de velar por el orden ha llevado a que un 45.1 % de las víctimas no denuncie por considerarlo «una pérdida de tiempo» y un 15 % por desconfianza directa en la Policía Nacional.
Ola de violencia letal: los sanguinarios episodios de las últimas semanas
El documento parlamentario enfatiza que las cifras agregadas no reflejan en su totalidad el drama cotidiano de la violencia criminal desencadenada en diversas regiones del país, la cual se ha mantenido imparable pese a los estados de emergencia vigentes:
- 248 homicidios en solo 46 días de gobierno: Entre el 28 de julio y el 11 de septiembre de 2026 se registraron 248 muertes violentas a nivel nacional, de las cuales el 73 % (181 casos) fueron perpetradas con armas de fuego.
- Emergencia desbordada en Piura: Entre el 2 y el 8 de septiembre se reportaron 12 asesinatos en tan solo una semana, superando en siete días la suma acumulada de los meses de junio, julio y agosto. En la provincia de Sullana, los homicidios aumentaron un 65.5 % respecto al año anterior, con casi 8 de cada 10 casos cometidos por proyectiles de arma de fuego.
- Ataques impunes a plena luz del día: La moción rescata trágicos sucesos reportados por la prensa nacional, como el doble asesinato a balazos de un hombre y una mujer durante unas olimpiadas escolares en Bocanegra (Callao), la ejecución por extorsión de un comerciante de licorería en Villa El Salvador tras negarse a pagar cupos de S/ 5000 mensuales, el ataque con 18 disparos contra la camioneta del cantante salsero Engerberth Tapia y su hijo, y el sicariato contra un parqueador en las inmediaciones del Mercado Mayorista de Frutas en La Victoria, donde se hallaron 14 casquillos de bala.
El caso Aponte Polo: inacción e impunidad en plena campaña
El argumento de mayor gravedad política expuesto en la moción responde al asesinato de Susy Ysabel Aponte Polo, conocida periodísticamente como «La China Polo», quien postulaba al Gobierno Regional de Áncash por el movimiento Socios por Áncash.
Aponte fue acribillada el 19 de septiembre de 2026 mientras daba declaraciones a la prensa durante sus actividades proselitistas en Caraz. Apenas nueve días antes de su deceso, la periodista había alertado públicamente sobre amenazas de muerte provenientes de penales, involucrando de manera directa al entonces director de Investigación Criminal de la PNP, general Víctor Revoredo Farfán.
Pese a la gravedad de la acusación pública y a la condición vulnerable de la víctima, la moción resalta que el Ministerio del Interior no dispuso medidas de prevención o protección a su favor. El mismo día del crimen, la cartera aprobó la Resolución Suprema 234-2026-IN, que reasignó al general Revoredo bajo la figura de «necesidad del servicio» a la Dirección de Asuntos Internacionales, sin abrir un procedimiento disciplinario formal ni brindar explicaciones públicas sobre las advertencias ignoradas.
Los firmantes de la moción y el sustento de control político
Para los suscriptores del pedido de censura, la continuidad de César Astudillo resulta insostenible, pues la dirección y gestión de los servicios de seguridad ciudadana y orden interno recaen de forma indivisible en la figura del ministro. La moción cuenta con la firma digital de diversos parlamentarios del Grupo Parlamentario Juntos por el Perú, entre los que figuran:
- Ernesto Alonzo Zunini Yerren
- Svieta Valia Fernández González
- Analí Márquez Huanca
- Yenifer Noelia Paredes Navarro
- Luis Ángel Jibaja Ramos
- Giannina Iris Avendaño Vilca
- Gabriel Robertino Gonzales Delgado
- Amalia Emilia Palomino Pacheco
- César Hugo Tito Rojas
- Graciela Chipana Condori
- Alejandro José Manay Pillaca
- Jacqueline Viviana Tapullima Insapillo
- Luz Mérida Soto Ferrari
- Catherin Norma Palomino Casamulca
- Jesús Pérez Alccahuaman
- James Arturo Holguín Aguirre
- Olver Peña Córdova
- Jessica Sadith Pérez Quispe
- Marco Antonio Flores Valdizán
- Víctor Piñán Mamani
- Azucena Isla Rojas
- Haydee Celinda Poma Huamaní
- Daniel Jefferson Varas Seguin
- Juan Amílcar Villanueva Calderón
- Oswar Bbis Cahuaza Mitivire
- Segundo Juan Castrejón Fernández
- Raúl Jesús Camargo Porta
- Carmen Georgina Duarte Patiño de Pezet
- Rossana Herminia Alayza Maccera
- Pilar Sulca Castillo
- Luis Aurelio Masco Cáceres
- Edwin Espinoza Huillca
- Yuli Liliana Ambrosio Domínguez
- Héctor Guillén Valencia
A 10 días de la jornada electoral convocada para el 4 de octubre de 2026, los legisladores concluyen que la censura es imperativa e ineludible para exigir una conducción del sector que adopte medidas de resguardo e idoneidad de forma inmediata.
