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Salud mental: 37% de los estudiantes de secundaria en Lima Metropolitana presenta riesgo clínico de ansiedad y depresión

Estudio realizado en colegios de Lima Metropolitana  supera en sus resultaos en 4.4 puntos porcentuales a la media nacional

La Salud mental en las aulas escolares de Lima Metropolitana atraviesa un punto de quiebre. Un informe presentado por el Observatorio Emocional Adolescente, elaborado en alianza entre la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) y la Escuela de Carácter y Ciudadanía, revela que el 36.7% de los estudiantes de 4to y 5to de secundaria evaluados padece riesgos de salud mental que requieren atención clínica o psicoeducativa.

La muestra, realizada sobre 5,592 alumnos de 45 instituciones educativas públicas en las 7 UGEL de Lima, expone una realidad preocupante: la prevalencia de vulnerabilidad emocional en la capital supera en 4.4 puntos porcentuales la media nacional (32.3%) reportada por el Instituto Nacional de Salud Mental (INSM) Honorio Delgado – Hideyo Noguchi y el INEI.

Situación de salud mental en colegios                

Muestra evaluada      : 5,592 estudiantes (45 colegios / 7 UGEL).

Tasa global de riesgo : 36.7% (2,052 alumnos con síntomas clínicos).

Promedio de ref. nac. : 32.3% (INSM / ENDES)

Predominio de síntomas

Ansiedad Moderada/Severa : 23.3% (1,304 alumnos)

Depresión Moderada/Severa: 13.4% (748 alumnos)

Comorbilidad (Ambas)     : 10.1% (567 alumnos)

La ansiedad duplica a la depresión y la comorbilidad eleva la complejidad

El hallazgo central del monitoreo ubica a la ansiedad moderada a severa (23.3%) como el cuadro emocional dominante en las aulas de las Instituciones educativas,  superando ampliamente a la depresión moderada a severa (13.4%). Este patrón se repite sin excepción en las siete jurisdicciones educativas de la metrópoli.

Un nivel de complejidad mayor lo registra el 10.1% de la muestra (567 estudiantes) que sufre de comorbilidad —es decir, padecen ambos trastornos en paralelo—. Para los especialistas del Observatorio, este subgrupo representa el perfil de mayor urgencia médica, puesto que reduce la eficacia de las intervenciones grupales estándar y exige derivación psicológica especializada.

En el extremo crítico de la medición se ubican 201 adolescentes con depresión severa y 337 con ansiedad severa, a los que se suman 245 escolares (4.4%) sometidos a situaciones de acoso y victimización escolar (bullying) en niveles graves.

Radiografía territorial: la desigualdad del riesgo por UGEL

El informe del Observatorio demuestra que la vulnerabilidad psicoemocional no golpea con la misma intensidad a todos los distritos. Los resultados reflejan dos realidades marcadas: los sectores expuestos a la violencia urbana y aquellos presionados por la exigencia social.

UGEL Distritos de Referencia % Riesgo (Dep. + Ans.) Alumnos en Riesgo Lectura del Fenómeno Territorial
UGEL 05 San Juan de Lurigancho / El Agustino 40.0% 226 / 564 Mayor criticidad global: Registra la tasa más alta de riesgo y de violencia crítica (1.8%). Coincide con alta densidad poblacional y vulnerabilidad socioeconómica.
UGEL 07 San Borja, Surco, Miraflores, etc. 39.0% 224 / 570 Ansiedad no ligada a violencia: Presenta la tasa de ansiedad más alta (25.6%) pero baja violencia escolar (2.8%). Sugiere estresores académicos o presión social.
UGEL 01 San Juan de Miraflores, VMT, VES, etc. 38.0% 735 / 1,924 Mayor volumen absoluto: Concentra la mayor cantidad de casos por volumen muestral (16 colegios) y 94 alumnos en victimización escolar.
UGEL 04 Comas, Carabayllo, Puente Piedra 37.0% 127 / 340 Alineado al promedio del observatorio.
UGEL 02 Rímac, San Martín de Porres, Los Olivos 36.0% 312 / 859 Alineado al promedio del observatorio.
UGEL 03 Lima Centro, Breña, La Victoria, etc. 35.0% 292 / 841 Alineado al promedio del observatorio.
UGEL 06 Ate, Chosica, Chaclacayo, Santa Anita 28.0% 136 / 494 Tasa más baja: Única UGEL clasificada en nivel «Bajo» relativo dentro de la muestra (12.6 puntos por debajo de UGEL 05).

 

Estructura familiar: el factor de vulnerabilidad invisible

Más allá de las aulas, el entorno doméstico aparece como un determinante transversal. El 47.6% de los alumnos evaluados no vive con ambos padres juntos:

33% padres separados.

12% vive solo con la madre.

2% vive solo con el padre.

1% carece de figuras parentales directas.

El análisis cruza esta realidad con la evidencia clínica del INSM, la cual advierte que la crianza en entornos monoparentales o desestructurados puede incrementar hasta 1.8 veces el riesgo de desarrollar trastornos depresivos durante la adolescencia. La inestabilidad del hogar actúa como un catalizador que amplifica el impacto del bullying o el estrés académico.

Hoja de ruta: de la medición a la acción en las aulas

Frente a los hallazgos, el informe propone una estrategia articulada en dos niveles obligatorios de respuesta:

Contención universal (Prevención a escala): Desplegar el programa socioemocional «Yo Lidero» en las horas de tutoría para reforzar la autoestima, resiliencia y resolución pacífica de conflictos, priorizando los planteles de las UGEL 05, 07 y 01.

Protocolo clínico de derivación: Activar evaluaciones individualizadas con consentimiento informado de las familias para canalizar prioritariamente a los 201 casos de depresión severa, 337 de ansiedad severa y 40 de violencia crítica hacia los Centros de Salud Mental Comunitaria (CSMC) del Ministerio de Salud.

La Escuela

La Escuela de Carácter y Ciudadanía es una asociación creada sin fines de lucro que nace como una respuesta urgente a una realidad que golpea a miles de adolescentes en el Perú: la pérdida de sentido, la desconexión emocional y el aumento de la depresión en las escuelas públicas. Es dirigida por el administrador y sociólogos, Jorge Márquez Chahú

Terremoto en Colombia: evento telúrico de magnitud  7,4 dejó más de 130 muertos y miles de damnificados

Se trata de una de las tragedias naturales más graves de los últimos años en Colombia

Terremoto en Colombia. Un sismo intraplaca profundo con epicentro en el municipio de San José del Palmar (Chocó) desató una de las tragedias naturales más graves de los últimos años en Colombia. El presidente Abelardo de la Espriella declaró el estado de desastre de carácter nacional para desplegar la atención prioritaria.

Más de 130 muertos, centenares de heridos y miles de viviendas e infraestructuras damnificadas es el reporte preliminar que deja el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes 10 de agosto a gran parte del territorio nacional. La tragedia, calificada por las autoridades como una de las catástrofes naturales más graves de los últimos años en Colombia, mantiene en alerta máxima a los organismos de socorro.

El movimiento telúrico se registró a las 7:34 a. m. con epicentro en el municipio de San José del Palmar, una población de poco más de 5.000 habitantes en el oriente chocoano, en los límites con Valle del Cauca y Risaralda.

Más de 130 muertos, centenares de heridos y miles de viviendas e infraestructuras damnificadas es el reporte preliminar que deja el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes 10 de agosto a gran parte del territorio nacional (Foto: alcaldía de Cali).
Más de 130 muertos, centenares de heridos y miles de viviendas e infraestructuras damnificadas es el reporte preliminar que deja el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes 10 de agosto a gran parte del territorio nacional (Foto: alcaldía de Cali).

Un fenómeno «intraplaca profundo»

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), la energía acumulada año a año por la fricción entre las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana se liberó a una profundidad de 103 kilómetros.

A diferencia de los eventos superficiales (que ocurren a menos de 60 km), expertos como Rodrigo Alejandro León, doctor en Geología de Terremotos y docente de la Universidad de los Andes, explicaron que se trató de un sismo intraplaca profundo. Esta particularidad permitió que las ondas sísmicas viajaran grandes distancias con menor pérdida de energía, razón por la cual se sintió con fuerza en prácticamente todo el país y causó estragos en zonas alejadas del epicentro.

Por su parte, el SGC aclaró que el sismo no guarda ninguna relación con la actividad del volcán Puracé, el cual se mantiene bajo su monitoreo habitual.

No hay ninguna descripción de la foto disponible.

El saldo de las regiones más afectadas

Hasta el cierre del balance preliminar, el presidente Abelardo de la Espriella confirmó más de 110 personas fallecidas en los reportes del Gobierno central, mientras que la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) elevó la cifra a 132 víctimas mortales y más de 570 heridos en las principales ciudades afectadas.

  • Risaralda y Valle del Cauca: Se consolidan como las zonas con mayor impacto hasta el momento, registrando más de 60 y 15 muertos, respectivamente.
  • Chocó: En la zona del epicentro se reportan al menos 13 víctimas fatales y más de 130 heridos.
  • Caldas y Antioquia: Registraron graves daños en infraestructuras y al menos cinco muertes asociadas al temblor y a las réplicas posteriores.
  • Personería Municipal de Cali (Foto).
    Personería Municipal de Cali (Foto).

Asimismo, la Evaluación Rápida de Terremotos Globales para la Respuesta (PAGER), del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), emitió una alerta naranja. La entidad proyecta que las pérdidas humanas totales podrían situarse entre las 100 y 1.000 personas, con impactos económicos estimados entre los USD 100 y USD 1.000 millones.

Declaratoria de emergencia y respuesta oficial

Foto: Cuerpo deBomberos Vol8unarios de Cali
Foto: Cuerpo deBomberos Vol8unarios de Cali

Poco antes de las 11:00 a. m., el presidente Abelardo de la Espriella encabezó la reunión extraordinaria en la sede de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en Bogotá, acompañado por el ministro de Defensa, Jorge Mora, y el alto consejero Joaquín Gutiérrez.

Foto: Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali.
Foto: Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali.

Tras una evaluación de menos de 40 minutos con los comités territoriales, el Comité Nacional de Emergencias aprobó por unanimidad la declaratoria de desastre de carácter nacional. Esta medida permitirá agilizar el traslado extraordinario de recursos, activar mecanismos de respuesta inmediata y concentrar la operatividad de la Fuerza Pública y los equipos de socorro en la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros.

Pedro Castillo: “No está en agenda” del Gobierno el indulto al expresidente, declaró Luis Galarreta

Aseguró que la decisión en el caso Betssy Chávez estuvo orientada a preservar las relaciones  con México, así como los beneficios en la Alianza del Pacífico

Pedro Castillo. El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, descartó cualquier posibilidad de conceder un indulto o gracia presidencial al expresidente de la República, recluido en el penal de Barbadillo, tras la salida del país con destino a México de Betssy Chávez. En una entrevista concedida en televisión, el jefe del Gabinete detalló las prioridades del Gobierno en materia de seguridad ciudadana, reformas normativas y combate a la criminalidad.

La liberación del expresidente Pedro Castillo mediante un indulto humanitario o gracia presidencial no forma parte de la agenda del gobierno de la presidenta Keiko Fujimori, declaró el domingo por la noche el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, saliendo al paso de especulaciones y pedidos tras la concesión del salvoconducto a la ex premier Betssy Chávez.

Galarreta descartó que el otorgamiento del salvoconducto a la exministra de Castillo —quien permaneció 9 meses bajo protección diplomática mexicana en el Perú— responda a presiones o chantajes políticos, asegurando que se trató de una decisión de alto nivel orientada a preservar las relaciones diplomáticas y comerciales con México, así como los beneficios en la Alianza del Pacífico.

“Nuestro gobierno ha tomado una decisión política de alto nivel pensando en las relaciones y los beneficios para el país. Nunca ha habido un chantaje ni ninguna presión, y tampoco nos vamos a dejar presionar por nadie. El caso del señor Castillo no está en la agenda, no lo hemos conversado. Este es un caso  (el de Betssy Chávez) netamente de la relación diplomática entre Perú y México”, aseveró el jefe del Gabinete.

Por el lado del Gobierno no hay posibilidad de una salida ene el corto plazo de Pedro Castillo (Foto: Captura Justicia TV).
Por el lado del Gobierno no hay posibilidad de una salida ene el corto plazo de Pedro Castillo (Foto: Captura Justicia TV).

El pedido de la defensa y los documentos presentados ante el Ejecutivo

La postura oficial del jefe del Gabinete responde de manera directa a los pedidos de liberación formulados por la defensa legal e hijas de Pedro Castillo. Su abogado interpuso formalmente ante el Poder Ejecutivo un petitorio de gracia presidencial e indulto humanitario, alegando un deterioro severo en la salud del exmandatario recluido en Barbadillo y cuestionando la prolongación de su prisión preventiva.

Asimismo, durante la gestión del gobierno transitorio de José María Balcázar, la defensa técnica del expresidente y su entorno cercano hicieron llegar al despacho presidencial una serie de documentos de sustento:

  • Informes Médicos Especializados: Certificados presentados ante el Ejecutivo con los que se argumentaba el deterioro progresivo de la salud física de Castillo en el centro penitenciario, requisito clave para el trámite de un indulto por razones humanitarias.
  • Cuestionamientos a la Prisión Preventiva: Informes legales que argumentaban presuntas irregularidades procedimentales, solicitando la intervención del Ejecutivo como un mecanismo de «descompresión y despolarización política» en el país.
  • Documentación ante Instancias Internacionales: Copias de los recursos de apelación y medidas cautelares elevadas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y otros organismos internacionales, solicitando la revisión de su prisión cautelar.

A pesar de que estos expedientes fueron ingresados durante la administración anterior, Galarreta fue enfático al recalcar que el Ejecutivo actual no los tiene en consideración ni forman parte del plan de trabajo del Gabinete.

La prioridad central de la gestión es la seguridad ciudadana y la recuperación del orden público, señaló Luis Galarrera (Foto; Mininter).
La prioridad central de la gestión es la seguridad ciudadana y la recuperación del orden público, señaló Luis Galarrera (Foto; Mininter).

Seguridad ciudadana y lucha contra el crimen organizado

Durante la entrevista, Galarreta enfatizó que la prioridad central de la gestión es la seguridad ciudadana y la recuperación del orden público frente al estado «calamitoso» en el que se encontró la administración pública.

Entre las medidas inmediatas y reformas legales anunciadas destacan:

  • Despliegue operativo de las Fuerzas Armadas y PNP: Se ha dispuesto la presencia de efectivos policiales en buses de transporte público y el patrullaje de unidades de las Fuerzas Armadas en las rutas clave. Galarreta subrayó que se busca que el personal militar esté «operativamente activo» y no sea solo un elemento pasivo del paisaje urbano.
  • Tipificación de «bandas criminales»: Ante las limitaciones legales actuales para sancionar a delincuentes que no encajan estrictamente en el tipo penal de «organización criminal», el Gobierno propondrá modificar el marco legal (vía delegación de facultades o decretos de urgencia) e incorporar formalmente el subgrupo de bandas criminales en el sistema penal.
  • Declaración de «grupos hostiles»: Se busca ajustar la normativa para calificar a megabandas y mafias de crimen organizado (como el Tren de Aragua) como «grupos hostiles», equiparándolas en el tratamiento legal y operativo al terrorismo, lo que permitirá un accionar más severo de las Fuerzas Armadas.
  • Reforma e institucionalidad en la PNP: El Gobierno, en coordinación con el ministro de Defensa/Interior (Astudillo) y la propia Policía Nacional, impulsará una reforma policial orientada a erradicar focos de corrupción y hacer más efectiva la labor institucional.

Keiko Fujimori ofrece «escudo total» a la Policía Nacional en la lucha contra la delincuencia

La decisión gubernamental abre el debate sobre el compromiso con el deber policial frente a la rigurosidad del marco constitucional

Keiko Fujimori. Hoy, domingo 9, en un acto oficial, la presidenta Keiko Fujimori anunció la defensa irrestricta a la Policía Nacional del Perú en la lucha contra la delincuencia. “Cada golpe que den a estos delincuentes tendrá toda la protección del Estado”, expresó la jefa de Estado ante una formación de miembros de las fuerzas del orden en el Cercado de Lima.

“Quiero enviarles un mensaje a todos ustedes, a cada policía: cada acción contra la delincuencia será reconocida. Cada operación contra las bandas criminales será respaldada. Cada golpe que den a estos delincuentes tendrá toda la protección del Estado. A los criminales les caerá todo el peso de la ley y a nuestros policías los vamos a proteger con todas las armas que nos otorga la ley y la Constitución. No habrá un policía más en abandono”, señaló.

“El crimen no quedará impune con un trabajo en equipo, con el sistema de administración de justicia que ya hemos empezado a coordinar con los poderes del Estado y la ciudadanía organizada, pero sobre todo con la protección real a nuestros policías. Vamos a recuperar el orden, vamos a recuperar la paz. Vamos a derrotar la delincuencia”, sostuvo Fujimori durante su intervención.

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 Análisis del respaldo ejecutivo a las fuerzas del orden y los límites del Estado de derecho

La alocución presidencial aborda tres ejes aspectos en el ejercicio de la función pública y la seguridad nacional:

  1. Reivindicación de la moral y la autoridad policial

El anuncio del Ejecutivo responde a una demanda histórica dentro de las fuerzas del orden respecto a la falta de contención legal e institucional al momento de enfrentar intervenciones de alto riesgo. Al señalar que «no habrá un policía más en abandono», el discurso presidencial busca inyectar confianza en los efectivos operacionales para actuar con firmeza frente al delito, bajo la premisa de que el Estado brindará la defensa legal e institucional correspondiente a las intervenciones realizadas en acto de servicio.

  1. El encuadre constitucional del uso de la fuerza

El núcleo técnico del discurso radica en la afirmación de que el Estado protegerá a los efectivos «con todas las armas que otorga la ley y la Constitución». Para mantener el equilibrio institucional, el ejercicio de este respaldo exige una clara delimitación:

  • Legalidad y proporcionalidad: Las normas vigentes y la Carta Magna establecen estrictos protocolos para el uso del armamento de reglamento y la fuerza letal. El respaldo político ampara las intervenciones legítimas en defensa de la ciudadanía y la propia vida del efectivo, mas no reemplaza la evaluación jurídica de cada procedimiento.
  • Debido proceso: El compromiso del Estado de brindar protección legal a sus agentes debe entenderse como la provisión de defensa técnica adecuada y garantías procedimentales, asegurando que el actuar policial no quede expuesto al desamparo administrativo o judicial de manera arbitraria.
  1. El equilibrio entre firmeza e institucionalidad

El desafío para la administración estatal estriba en traducir la firmeza del discurso político en una política pública de seguridad sólida que no debilite el Estado de derecho. La protección efectiva a la policía requiere dotar a los efectivos de capacidades operativas, equipamiento y capacitación constante en procedimientos operativos y derechos fundamentales.

Un respaldo institucional genuino garantiza que la actuación policial sea tan implacable contra la criminalidad como respetuosa del marco constitucional, reafirmando que la efectividad en la lucha contra la delincuencia se logra fortaleciendo las instituciones y garantizando el cumplimiento del deber bajo el imperio de la ley.

La ceremonia

La presidenta Fujimori participó en la sede del Escuadrón Verde (Terna), en el Cercado de Lima, en una ceremonia de reconocimiento a siete efectivos de la Policía Nacional por su destacada actuación frente a la delincuencia.

El reconocimiento alcanzó a:

  • Suboficial Eduardo Cotrina
  • Suboficial Anderson Santacruz
  • Suboficial de tercera Piero Terrones
  • Suboficial de segunda Luis Fernando Copara
  • Suboficial de segunda Fernando Pérez
  • Suboficial de segunda Richard Sihue
  • Suboficial de tercera Jefferson Ávila

De igual modo, la mandataria expresó sus condolencias a la familia de Jorge Sócrates Llanos, cambista de 39 años que fue asesinado por delincuentes en el Cercado de Lima. Precisamente, tres de los policías que participaron en la captura del responsable de este delito estuvieron entre los galardonados durante la jornada.

 

Keiko Fujimori nombra a su primera presidente de EsSalud, aunque en calidad de encargada: es Hilda Sandoval Cornejo

El anterior, Marco Antonio Castañeda Vinces, tuvo que ser retirado por la causal de pérdida de la confianza

Keiko Fujimori. El gobierno de  Keiko Fujimori designó a su primera presidente, aunque en calidad de encargada. Se trata de la contadora pública colegiada, Hilda Sandoval Cornejo, Ella ocupará el cargo en adición a sus funciones como Representante del Estado ante el Consejo Directivo Seguro Social de Salud – Essalud, en tanto se designe al  Titular. Vea la Resolución:

Sandoval Cornejo reemplaza en el cargo a  Marco Antonio Castañeda Vinces, a quien el Gobierno le tuvo que retirar del cargo por la causal de pérdida de la confianza. Hilda Sandoval Cornejo es una contadora pública colegiada.  Fue ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento durante el gobierno de Manuel Merino y viceministra de Vivienda en el gobierno de Ollanta Humala.

“Dar por concluida, por la causal de pérdida de la confianza de la autoridad proponente, la designación del señor Marco Antonio Castañeda Vinces como representante del Estado ante el Consejo Directivo del Seguro Social de Salud – ESSALUD efectuada mediante Resolución Suprema N° 024-2026-TR2, reza la Resolución Suprema con la firma de la presidente Keiko Fujimori y el refrendo del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Manuel Kosme Sheput Moore

La pérdida de la confianza es una causal legal amparada en el artículo 12 del Reglamento de la Ley N° 27056 (Ley de Creación del Seguro Social de Salud). La norma estipula textualmente:

Con la remoción de Castañeda Vinces del Consejo Directivo, la máxima posición dentro de la estructura directiva de la seguridad social peruana quedó vacante.

Imagen del perfil

Designación y encargatura de Hilda Sandoval Cornejo

Ante este escenario de vacancia, la misma norma dispuso en su segundo artículo la designación de Hilda Sandoval Cornejo como la nueva representante del Estado en el Consejo Directivo de EsSalud.

Inmediatamente después, el Ejecutivo publicó la Resolución Suprema N° 037-2026-TR, documento mediante el cual se le encomiendan responsabilidades ejecutivas de máxima prioridad.

De acuerdo con el mandato oficial, Sandoval Cornejo asumirá la Presidencia Ejecutiva de EsSalud de manera interina y en adición a sus funciones como representante estatal. La encargatura se mantendrá en vigencia de forma temporal «en tanto se designe al titular» definitivo de la institución sanitaria.

La decisión se fundamenta en la necesidad de garantizar la continuidad operativa de los servicios de salud pública y administrar los recursos del Seguro Social sin interferencias ni desabastecimientos.

Un perfil técnico

Hilda Sandoval Cornejo no es una figura ajena a la administración del Estado. Es contadora pública colegiada por la Universidad de Lima y cuenta con una maestría en Administración Estratégica de Empresas (MBA). Acumula más de tres décadas de experiencia profesional desempeñando cargos de alta responsabilidad directiva en múltiples sectores gubernamentales.

Durante la gestión presidencial de Ollanta Humala, Sandoval ocupó la posición de viceministra de Construcción y Saneamiento dentro del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Años más tarde, en noviembre del año 2020, asumió la titularidad del mismo sector como ministra de Vivienda durante el breve periodo transitorio de Manuel Merino.

A lo largo de su carrera pública también ha ejercido como gerenta general de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), gerenta general del Banco de Materiales (Banmat) y directora ejecutiva del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe), además de desempeñarse como docente universitaria en finanzas públicas y auditoría financiera.

 

Con este bagaje, el Poder Ejecutivo confía en que Sandoval lidere la transición presupuestaria y asistencial que requiere EsSalud.

 

 

España: Pedro Sánchez lanza un ultimátum a Italia por la crisis migratoria en Ceuta

A la vez pide a los Diputados que reciban a los ministros involucrados en la solución de la problemática

España La situación geopolítica y migratoria en el sur de Europa atraviesa momentos de máxima tensión institucional y diplomática tras la reciente llegada masiva de migrantes procedentes de Marruecos a la Ciudad Autónoma de Ceuta. Este acontecimiento extraordinario ha vuelto a poner de manifiesto la enorme vulnerabilidad de la frontera sur del continente europeo y la urgencia de articular soluciones de carácter humanitario, securitario y diplomático que garanticen la estabilidad regional y los derechos fundamentales de las personas implicadas.

Frente a la escalada de la crisis en la frontera hispano-marroquí, las repercusiones no se han hecho esperar dentro de la Unión Europea. La respuesta inmediata de algunos países vecinos ha provocado una insólita fricción política, cuyo punto más crítico se ha escenificado en la drástica decisión del Ejecutivo italiano, presidido por Giorgia Meloni, de reintroducir de manera unilateral los controles de fronteras para los ciudadanos procedentes de España.

Esta decisión ha desencadenado una firme respuesta diplomática por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, abriendo un frente de tensión de graves consecuencias para el espacio de libre circulación europeo.

Pedro Sánchez lanza un ultimátum a Italia por la crisis migratoria en Ceuta (Foto: La Moncloa).
Pedro Sánchez lanza un ultimátum a Italia por la crisis migratoria en Ceuta (Foto: La Moncloa).

El ultimátum

Ante la decisión adoptada por Roma, el Gobierno de España emitió este sábado un comunicado oficial desde la Presidencia del Gobierno fijando una posición tajante y dando un ultimátum al Ejecutivo italiano. España advirtió formalmente de que adoptará “medidas proporcionales” en defensa de los intereses y la dignidad de la población española si el Gobierno italiano no pone fin de inmediato a las restricciones migratorias impuestas a los viajeros españoles.

En un comunicado, el Palacio de la Moncloa subrayó que las restricciones ordenadas unilateralmente por Giorgia Meloni desde el pasado 1 de agosto vulneran los principios rectores de la movilidad europea. Las autoridades españolas señalan que el bloqueo fronterizo está afectando gravemente a la movilidad de miles de pasajeros y generando una acusada inseguridad jurídica en pleno periodo estival, momento de máximo tránsito turístico y comercial entre ambos países.

El ultimátum fija una fecha límite clara: el domingo 9 de agosto de 2026. Si antes de que concluya dicha jornada Italia no rectifica su postura, restableciendo el régimen ordinario de libre circulación Schengen, Madrid aplicará reciprocidad y medidas defensivas proporcionales.

Análisis del Comunicado Oficial de la Presidencia del Gobierno

El texto íntegro del comunicado oficial difundido por el Gobierno de España el 7 de agosto de 2026 expone detalladamente los argumentos jurídicos, políticos y estadísticos que sustentan la protesta española:

• Infracción del Código Schengen: España califica la reintroducción de controles en la frontera como una medida sin precedentes en la historia reciente, adoptada sin previo aviso ni consulta previa, y basada en argumentos espurios que carecen de fundamento real.

• Régimen especial de Ceuta: El Gobierno español recuerda que ninguno de los migrantes que entraron de forma irregular a la Ciudad Autónoma de Ceuta la semana pasada pudo ni puede acceder libremente al espacio Schengen. Esto se debe a que Ceuta cuenta con un régimen especial de frontera y controles específicos que impiden el paso automático al resto del territorio europeo.

• Retorno a Marruecos: La práctica totalidad de las personas que ingresaron irregularmente en el territorio ceutí ya han sido retornadas a Marruecos en cumplimiento de los marcos de cooperación bilaterales y los protocolos de repatriación.

• Datos de Frontex y el Reglamento de Dublín: España destaca que, según los datos de la agencia europea Frontex, Italia ha sido históricamente el Estado miembro con mayor número de cruces irregulares en sus fronteras en los últimos años, duplicando en diversas ocasiones las cifras registradas por España. Asimismo, denuncia que desde 2022 Italia ha incumplido de manera reiterada el Reglamento de Dublín, derivando una carga migratoria adicional hacia otros socios comunitarios.

• Solidaridad histórica de España: A pesar de dichos desequilibrios, España resalta que jamás ha impuesto controles fronterizos a Italia. Por el contrario, ha demostrado una solidaridad constante acogiendo a migrantes llegados a Lampedusa en 2023 y autorizando de forma recurrente la apertura de sus puertos a barcos de rescate en la ruta del Mediterráneo central.

El comunicado concluye haciendo un llamamiento a la responsabilidad europeísta, al sentido común y a la buena fe, instando a evitar conflictos estériles motivados por intereses políticos e electorales de carácter interno.

Medidas de coordinación gubernamental

Mientras se gestiona la crisis diplomática en el plano internacional, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha encabezado esta mañana de sábado una reunión de coordinación de alto nivel por videoconferencia para evaluar de manera directa la evolución de los acontecimientos en Ceuta.

En dicha reunión de trabajo han participado los máximos responsables de las carteras estratégicas del Gabinete: Margarita Robles (Defensa), Fernando Grande-Marlaska (Interior), Ángel Víctor Torres (Política Territorial y Memoria Democrática), Elma Saiz (Inclusión, Seguridad Social y Migraciones), Sira Rego (Juventud e Infancia) y Diego Martínez (secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales).

Durante la sesión, los miembros del Gabinete examinaron el despliegue de las fuerzas y cuerpos de seguridad, evaluaron las necesidades de asistencia humanitaria para los migrantes aún presentes en la ciudad y coordinaron nuevas intervenciones destinadas a reforzar las garantías de seguridad, convivencia y bienestar de la población ceutí.

Un menor que había accedido al paso fronterizo para regresar a Marruecos ha vuelto a entrar a nado en Ceuta después de que, presuntamente, las autoridades marroquíes no le permitieran acceder a su territorio (Foto: Ceutaldía).
Un menor que había accedido al paso fronterizo para regresar a Marruecos ha vuelto a entrar a nado en Ceuta después de que, presuntamente, las autoridades marroquíes no le permitieran acceder a su territorio (Foto: Ceutaldía).

Congreso de los Diputados

En un ejercicio de transparencia y responsabilidad institucional, el Gobierno ha solicitado la comparecencia a petición propia y en periodo extraordinario de varios ministros en el Congreso de los Diputados.

Los ministros darán cuenta de la gestión operativa, diplomática y de defensa desarrollada durante la crisis de Ceuta, explicando detalladamente las decisiones adoptadas, el estado actual de las relaciones con Italia y el despliegue de recursos estatales para la protección de las fronteras europeas.

Principales correcciones realizadas:

  • Titular y subtítulo: Eliminación de la redundancia «en el Ceuta» por «en Ceuta» y ajuste del subtítulo («pide a los Diputados»).

  • Tildes y erratas: Corrección de «péro» (pero), «modificvar» (modificar), «ortografoa» (ortografía) e «e electorales» por «o electorales» (evitando la cacofonía).

  • Concordancia y sintaxis: Corrección de la frase «e impuestas a los viajeros» a «impuestas a los viajeros», y ajuste en el verbo «ha encabezado» (en lugar de «encabezado»).

  • Puntuación y formato: Se añadió el punto final faltante en la lista de los miembros del Gabinete y espacios adecuados tras los signos de puntuación.

JNE se lava las manos: adelanta que admitirá postulaciones de alcaldes y gobernadores que buscan “reelecciones encubiertas”

Con esta decisión, la autoridad prefirió escudarse en el positivismo burocrático antes que defender la sustancia de la Constitución

JNE: “Lo que digo es que está prohibida la reelección, no está prohibido que algún candidato que estuvo en la condición de alcalde pueda postular como regidor o como consejero regional. Eso no está prohibido. Que eso genere que finalmente puedan estas personas acceder a alguno de esos cargos es propio también del marco normativo que el legislador nos ha dado”, declaración en Piura del presidente del JNE, Rómulo Burneo  al ser preguntado sobre los casos de reelecciones encubiertas, tanto de alcaldes como de gobernadores.

¿Qué significa esta postura del máximo representante del tribunal de justicia electoral?. Sin duda, marca un precedente peligroso para la institucionalidad democrática del país. Al admitir que la norma no prohíbe que un alcalde saliente postule como primer regidor para luego asumir el sillón municipal mediante «renuncias estratégicas» de sus compañeros de lista, la máxima autoridad electoral ha preferido escudarse en el positivismo burocrático antes que defender la sustancia de la Constitución.

  1. El triunfo de la forma sobre la sustancia

El argumento central del JNE apela al principio de legalidad: “Nosotros no legislamos”, señalan. Sin embargo, reducir el rol del máximo tribunal electoral a una mera «mesa de partes» contable debilita el concepto mismo de justicia electoral.

En un Estado de Derecho, la aplicación estricta del Artículo 51 de la Constitución (Supremacía Constitucional) exige que ningún reglamento ni vacío legal sirva como manto de impunidad para perpetrar un fraude a la ley. Permitir que se utilice la regla de sucesión como un atajo procedimental para burlar la prohibición expresa de la reelección inmediata (Art. 194) desnaturaliza el espíritu con el que se aprobó la reforma: evitar el personalismo y la perpetuación en el poder local.

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  1. La trampa de la «delegación» al ciudadano

Quizás el punto más crítico del pronunciamiento es la transferencia de responsabilidad al electorado. Sostener que «el ciudadano tiene la última palabra en la urna» constituye una abdicación funcional.

El control de constitucionalidad y la verificación de la idoneidad legal de una candidatura son competencias inalienables del organismo electoral, no una tarea que deba resolverse por la vía del voto. Pretender que el ciudadano sea quien detecte y sancione en las urnas los artificios normativos que el propio tribunal se declara incapaz de frenar en mesa es trasladarle al elector una carga fiscalizadora que le corresponde por mandato al Estado.

  1. El juego de sombras: La necesidad de exponer al candidato de “fachada”

Esta omisión del JNE consolida una práctica nociva: la aparición de candidatos titulares «de fachada» que inscriben la lista para luego dar paso al verdadero operador político ubicado estratégicamente como primer regidor.

Frente a un tribunal que declara tener «las manos atadas», el deber del periodismo y de la sociedad civil organizada deja de ser puramente informativo para volverse denunciante: se debe poner nombre y apellido a la manipulación de las listas antes de la jornada electoral, visibilizando ante la opinión pública a los «candidatos búmeran» que pretenden retornar por la puerta falsa de la sucesión.

Veamos las declaraciones completas del presidente del JNE:

“Está prohibida la reelección de alcaldes, autoridades locales y gobernadores regionales. Nosotros (en el JNE) cumplimos con esa regla en el sentido de que está prohibida esa reelección, pero el legislador que hizo dicha reforma dejó algunas puertas o ventanas, como queramos llamarlas. En función de ello, no estableció prohibiciones para que, a través de otros mecanismos, puedan participar los alcaldes que dejaban el ejercicio de sus funciones. En este caso, si alguien es alcalde distrital, salta a la alcaldía provincial y luego al gobierno regional.

La función del JNE no es poder establecer reglas que el legislador no haya querido, no haya permitido o haya omitido legislar, a efectos de darnos herramientas para tomar decisiones que limiten o no la participación ciudadana. En función de ello es que nosotros estamos admitiendo o no las candidaturas.

Recordemos que mucho antes de esto, el constituyente que creó la Constitución del 93 no prohibía la reelección de autoridades locales. Eso tenía su lógica en el sentido de que la autoridad local o el ‘buen vecino’ —a quien le damos el espaldarazo para que nos gobierne— es normalmente una persona muy cercana a la población, y cuatro años de gestión pueden ser muy cortos.

Muchas veces el legislador está de espaldas a la realidad. Si vemos en muchas localidades, ahora tenemos solo una lista en ciertos distritos, o a lo mucho dos listas. ¿Por qué? Porque es complicado que alguien se anime a postular por diferentes razones, entre ellas porque se somete al escrutinio de toda la ciudad. Entonces, son temas que se tienen que debatir seriamente, no desde la lógica de Lima —que a veces está de espaldas a lo que sucede en cada una de las realidades a nivel nacional—, sino desde la lógica de todo el Perú”.

Rafael López Aliaga seria beneficiado con la interpretación del JNE sobre las postulaciones encubiertas de alcaldes (Foto: JNE).
Rafael López Aliaga seria beneficiado con la interpretación del JNE sobre las postulaciones encubiertas de alcaldes (Foto: JNE).

Conclusiones

El diagnóstico ofrecido por la autoridad electoral deja al descubierto urgencias impostergables que van más allá del debate procedimental:

  1. Al Congreso de la República (Reforma explícita): Cerrar de inmediato las «ventanas» legales mediante una reforma a la Ley Orgánica de Elecciones y la Ley de Elecciones Municipales que tipifique explícitamente la prohibición cruzada para autoridades salientes.
  2. Al Ciudadano (Voto integral): Entender que en las próximas elecciones el voto no es solo por la cabeza de la lista, sino por la integridad de la fórmula completa.
  3. Sobre la abdicación del JNE al control de constitucionalidad: Al limitar su rol a un mero filtro administrativo y positivista, el tribunal electoral abdica de su función jurisdiccional sustantiva. Dejar sin sanción el «fraude a la ley» en mesa sienta un precedente donde la forma procedimental prima sobre el espíritu del Artículo 51 de la Constitución (Supremacía Constitucional).
  4. La falacia del «salto de nivel» como alternancia real: Las declaraciones de la autoridad justifican que un alcalde «salte» a la provincia o región como un ejercicio válido de movilidad política. Sin embargo, cuando este salto se combina con la postulación como regidor para forzar una sucesión interna, no hay alternancia ni renovación de cuadros, sino una estrategia para perpetuar redes de poder local bajo una fachada de legalidad
  5. El cuestionamiento implícito a la no reelección: Al evocar al «buen vecino» de la Constitución del 93 y argumentar que cuatro años resultan insuficientes, la presidencia del JNE abre el debate sobre si la prohibición absoluta de reelección subnacional fue un error técnico. No obstante, mientras la norma constitucional siga vigente, el deber de las autoridades es hacerla respetar, no justificar los mecanismos ideados para eludirla.
  6. El déficit de representatividad en las regiones: El fenómeno de distritos donde solo se inscribe una o dos listas no justifica flexibilizar las reglas constitucionales para permitir candidatos «búmeran». Al contrario, revela una crisis profunda en el sistema de partidos y en la democratización interna, donde la falta de incentivos para nuevos liderazgos mantiene el control político en manos de los mismos grupos locales.
  7. La urgencia del periodismo de fiscalización, como Agenda País: Ante un organismo electoral que se declara con «las manos atadas», los medios de comunicación y la sociedad civil están llamados a asumir un rol activo de auditoría. Es necesario mapear y visibilizar a los «candidatos asolapados” antes de las elecciones para evitar que el electorado sea engañado mediante artificios en la conformación de listas.
  8. La trampa procesal de la «presunción de buena fe»: Sostener que no se puede sancionar la maniobra antes de que se concrete la renuncia del titular deja al sistema indefenso. Permitir la inscripción conociendo el patrón de la «renuncia estratégica» convierte al proceso electoral en un escenario donde el fraude formal se consume sin herramientas administrativas eficaces para contenerlo a tiempo.

Cuando las instituciones eligen mirar hacia otro lado aduciendo vacíos en el papel, el análisis riguroso y el voto informado quedan como la última trinchera para evitar que la norma constitucional sea convertida en letra muerta.

 

 

Keiko Fujimori: Gobierno ‘maquilla’ promesas laborales: Sueldo mínimo fragmentado y feriados reacomodados

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La RMV se incrementará primero 100 soles y luego 70 y los feriados en lugar de ser anulados pasarán a celebrarse los viernes

El discurso de campaña y las grandes promesas del Ejecutivo vuelven a chocar contra la pared del pragmatismo económico. En su primera  aparición tras asumir el gabinete, el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, ensayó una serie de contorsiones técnicas para poner paños fríos a las expectativas laborales y de consumo que el propio gobierno de Keiko Fujimori alimentó durante su mensaje del 28 de julio.

La promocionada elevación de la Remuneración Mínima Vital (RMV) a S/ 1,300 —que hoy se ubica en S/ 1,130— no llegará de golpe. Lejos del impacto inmediato que esperaba la masa trabajadora, Cuba precisó que el incremento se aplicará en dos partes: un primer tramo de S/ 100 y una segunda cuota de S/ 70.

Para amortiguar el impacto en el sector empresarial, el anuncio viene atado a un bono compensatorio por única vez para las micro y pequeñas empresas (Mypes); una medida que intenta mitigar la sobrecarga de costos laborales en un sector golpeado por la informalidad, pero que abre dudas sobre la sostenibilidad del beneficio y la capacidad real del Estado para fiscalizar su impacto positivo.

La coordinación final dependerá de la mesa del Consejo Nacional de Trabajo, donde el ministro de Trabajo, Juan Sheput, tendrá que lidiar con las presiones gremiales y sindicales.

La RMV se incrementará primero 100 soles y luego 70 (Foto: MEF).
La RMV se incrementará primero 100 soles y luego 70 (Foto: MEF).

Feriados ‘a la carta’: El turismo como pretexto y el cálculo laboral

El otro gran ‘conejo’ que sacó el titular del MEF de la banqueta económica es la reorganización de los días feriados en el Perú. Bajo el argumento de optimizar la productividad y dar oxígeno al golpeado turismo interno, el Gobierno proyecta trasladar casi la totalidad de los días festivos a los días viernes, creando un régimen rígido de fines de semana largos.

Las únicas excepciones a este ‘reacomodo’ serán las fechas emblemáticas: Fiestas Patrias (28 y 29 de julio), Navidad y Año Nuevo. Según la lógica oficial, los feriados que caen a mitad de semana (martes o jueves) destruyen la eficiencia en las jornadas laborales.

Sin embargo, el anunciado «alivio turístico» no será inmediato ni mucho menos automático. Cuba admitió que la medida recién se proyecta para aplicarse a lo largo del año 2027, postergando cualquier impacto real en la economía familiar hasta dentro de un año y medio.

Asimismo, surgen matices dentro del propio Gabinete. Mientras el MEF vende la reestructuración de feriados como una meta fija, desde el Ministerio de Trabajo, Juan Sheput ha puesto paños fríos advirtiendo que «primero se evaluará el impacto» y que no se trata de una medida cerrada.

Los feriados en lugar de ser anulados pasarán a celebrarse los viernes, exceptoFiestas Patrias, Navidad y año Nuevo (Foto: MEF).
Los feriados en lugar de ser anulados pasarán a celebrarse los viernes, excepto Fiestas Patrias, Navidad y año Nuevo (Foto: MEF).

Petroperú y el fondo de la crisis

Entre promesas a plazo fijo y ajustes de calendario, Elmer Cuba también dejó ver la sombra de Petroperú, anunciando un «cambio de rumbo» para la petrolera estatal ahogada en deudas. Una agenda cargada de anuncios golpe de efecto, pero que en el fondo evidencia que la política económica del actual régimen avanza entre el cálculo gradualista y los parches de coyuntura.

Petroperú: Giro de timón y reciclaje de cuadros directivos

En medio de este escenario de paños calientes en la economía formal, la crisis de la petrolera estatal Petroperú exigía definiciones inmediatas. Tras el anuncio del MEF sobre un «cambio de rumbo» para enfrentar el sofocante endeudamiento de la empresa, la Junta General de Accionistas oficializó la reestructuración total de su máximo órgano de gobierno corporativo.

A partir del 7 de agosto de 2026, Oliver Thomas Alexander Stark Preuss retorna a la presidencia del Directorio de Petroperú. El economista por la Universidad del Pacífico —con recorrido en los sectores minero, industrial y financiero— asume nuevamente las riendas de una compañía que navega en números rojos, bajo la promesa de aplicar una cirugía de estrategia empresarial y rigor financiero.

El nuevo equipo de directores que lo acompañará refleja una combinación de perfiles financieros, energéticos y regulatorios:

  • César Burga Rivera: Economista y MBA por The George Washington University, con más de 30 años en banca y finanzas corporativas, quien ya ocupó un sillón en el directorio de la petrolera.
  • Daniel Cabrera Ortega: Especialista en planificación y control de gestión con trayectoria gerencial en la privada Refinería La Pampilla.
  • Víctor Andrés Belaúnde Gutiérrez: Abogado especialista en regulación, asuntos socioambientales y gestión pública.
  • Carlos Adrián Linares Peñaloza: Quien logra mantenerse como integrante del Directorio dentro de la cuota de continuidad del régimen.
  • Néstor Herrera Guerrero: Quien permanece como el histórico representante de los trabajadores.
  • Puede ser una imagen de texto que dice "#PETROINFORMA Oliver Stark es designado presidente del Directorio de Petroperú. Petroperú"

Con estos nombres, el Gobierno busca proyectar una imagen de solvencia técnica ante los acreedores e instituciones financieras. Sin embargo, la gran interrogante que deja este nuevo gabinetazo económico es si la designación de experimentados consultores y directores será suficiente para rescatar a un gigante estatal endeudado, o si solo estamos presenciando un nuevo capítulo de sillas musicales mientras el costo de vida se sigue ajustando en cuotas.

 

Keiko Fujimori es la que buscó al Gobierno de México para el restablecimiento de relaciones, reveló  Claudia Sheinbaum

Señaló que la presidente peruana, desde que ganó la presidencia se mostró dispuesta a conceder salvoconducto a Betssy Chávez

Keiko Fujimori es la que dio la iniciativa para el restablecimiento de las relaciones peruano-mexicano y desde el inicio se mostró dispuesta a otorgar el salvoconducto a Betssy Chávez que el régimen de Dina Boluarte lo había negado rotundamente y que sin negarlo, el gobierno transitorio de José María Balcázar había dejado en suspenso.

Esta es la conclusión que dejan las palabras de la presidente de México, Claudia Sheinbaum Pardo al ser consultada este viernes en “Las mañaneras” por la periodista Gloria Carpe del  Diario Imagen del distrito Federal de México sobre la importancia de resolver las diferencias mediante la diplomacia, el respeto al derecho internacional y la cooperación entre pueblos hermano a propósito del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y Perú.

“[…] Y ahora que gana la presidente Fujimori, es iniciativa de ella llamar a México. Llama al canciller de manera personal y le dice que quiere resolver el tema de Betssy Chávez y que está dispuesta a dar el salvoconducto en el momento que llegue a ser presidente. Y a partir de ahí se da un proceso de comunicación con ellos. Hasta que el día de hoy entiendo que ya aterrizó. A las 7:43 a.m. aterriza. Ya está en México, está acompañada de dos personas de la Secretaría de Relaciones Exteriores”.

Keyco Fujimori sobre la normalización de relaciones con México: "Nosotros vamos a tener un gobierno muy institucional y de absoluto respeto al estado de derecho".
Keyco Fujimori sobre la normalización de relaciones con México: «Nosotros vamos a tener un gobierno muy institucional y de absoluto respeto al estado de derecho».

Gesto político y acuerdo bilateral

Durante la rueda de prensa, Sheinbaum recordó las tensiones previas originadas durante el gobierno de Dina Boluarte, señalando que fue la administración peruana anterior la que decidió romper los vínculos debido al asilo concedido a Chávez y la posición mexicana sobre el expresidente Pedro Castillo.

Sheinbaum explicó que el encargado de llevar las conversaciones fue el subsecretario para América Latina y el Caribe, Roberto Velasco, quien le aclaró a Fujimori que México mantenía su postura respecto a la situación judicial de Pedro Castillo. Sin embargo, la mandataria peruana priorizó el restablecimiento de los nexos bilatelares.

«Roberto Velasco le planteó que nosotros teníamos una posición sobre el presidente Castillo y ella dijo que lo entendía, que él estaba en un proceso judicial en Perú, pero que era su deseo restablecer las relaciones con México. Y por esta razón, pues evidentemente además, nosotros nunca rompimos relaciones con Perú. Se restablecen las relaciones (…)», puntualizó.

Finalmente, la presidenta Sheinbaum destacó que el otorgamiento del salvoconducto y la normalización de la agenda diplomática enviarán una señal positiva para la región, reafirmando que las relaciones entre pueblos hermanos deben prevalecer por encima de las diferencias ideológicas:

«Entonces es importante que más allá de la orientación política de los gobiernos (…) es importante que México tenga relaciones diplomáticas con el mundo», concluyó.

Al inicio de la conferencia de prensa, la presidente mexicana  dio formalmente la bienvenida a tierras mexicanas a la expresidente del Consejo de Ministros, Betssy Chávez Chino.

La exfuncionaria peruana llegó a la capital azteca tras abordar una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana en la sede del Grupo Aéreo N.º 8, contigua al aeropuerto internacional Jorge Chávez del Callao, en un operativo nocturno concretado luego de que el Gobierno peruano formalizara el otorgamiento del respectivo salvoconducto diplomático.

Claudia Sheinbaum Pardo, predsidente de México (Foto: Presidencia. de México)
Claudia Sheinbaum Pardo, predsidente de México (Foto: Presidencia. de México)

Keiko Fujimori satisfecha

Desde el distrito de Chongos Bajo, en Junín. zona afectadas por sismos y réplicas, la presidente Keiko Fujimori,  sin poder ocultar su satisfacción por la reanudación de relaciones con México declaró: “Cuando uno actúa de manera institucional no ve los colores políticos, uno actúa de acuerdo a ley. Falta esperar que en los próximos días se pueda concretar el nombramiento del embajador del Perú en México, y viceversa.

«Estamos muy contentos que el Perú y México hayan recuperado sus relaciones diplomáticas; somos países hermanos, amigos, con historia de muchísimos años de amistad. Y como lo señalé, antes de asumir el mando, para nosotros era uno de nuestros objetivos, y así se lo explicamos al canciller Espá», expresó.

«Como lo he señalado ya en varias oportunidades, agregó, nosotros vamos a tener un gobierno muy institucional y de absoluto respeto al estado de derecho. Entonces, con este principio de respeto al estado de derecho, y de acuerdo al derecho internacional, correspondía, y por eso hemos actuado de esta manera, que el gobierno otorgue el salvoconducto a la señora Betssy Chávez».

Keiko Fujimori Higuchi ofreció declaraciones en la localidad de Pumpuya, distrito de Chongos Bajo, provincia de Chupaca, a donde viajó para supervisar la respuesta del Estado frente al sismo de magnitud 5.4 (Foto: Presidencia de la República).
Keiko Fujimori Higuchi ofreció declaraciones en la localidad de Pumpuya, distrito de Chongos Bajo, provincia de Chupaca, a donde viajó para supervisar la respuesta del Estado frente al sismo de magnitud 5.4 (Foto: Presidencia de la República).

Nuevo hito

El arribo de la exjefe del Gabinete Ministerial marca un hito determinante en la historia reciente de la política exterior de ambas naciones, al propiciar la reanudación formal de las relaciones diplomáticas entre México y el Perú. Este vínculo bilateral se encontraba sumamente debilitado tras una serie de graves fricciones diplomáticas derivadas de los sucesos del 7 de diciembre de 2022, fecha en la que el entonces presidente Pedro Castillo Terrones intentó perpetrar un quiebre del orden constitucional al anunciar el cierre del Congreso de la República.

Durante su alocución ante los medios de comunicación, la mandataria mexicana no solo confirmó el aterrizaje de la ex ministra de Estado en territorio azteca, sino que enmarcó la decisión del Ejecutivo peruano como un paso constructivo fruto de las conversaciones bilaterales entabladas semanas atrás. Según explicó Sheinbaum, la medida es el resultado de un canal de diálogo abierto entre las cancillerías en estricto apego a los compromisos internacionales sobre derecho de asilo, de conformidad con las disposiciones de la Convención de Caracas de 1954.

«Bienvenida, Bettsy Chávez», manifestó al final de su intervención ante los periodistas congregados en el Salón Tesorería. La gobernante azteca calificó la expedición de las garantías de salida como una acción de buena voluntad por parte de la presidente Keiko Fujimori, lo cual permitirá reactivar los mecanismos institucionales, comerciales y consulares que permanecían suspendidos desde la ruptura de relaciones ordenada a finales de 2025.

Sin embargo, a pesar de este descongelamiento de la agenda bilateral y del restablecimiento de las legaciones oficiales, Sheinbaum dejó firmemente ratificada la postura política e ideológica de su administración respecto al expediente judicial del expresidente Pedro Castillo, quien actualmente cumple condena y prisión en el penal de Barbadillo, ubicado en el distrito de Ate.

«Nosotros, como siempre, como lo hemos hecho, vamos a seguir en la defensa del presidente Castillo por las razones que hemos expuesto ampliamente; ellos lo saben, el gobierno del Perú lo sabe, pero esto constituye un paso significativo», remarcó la mandataria mexicana, precisando que el acercamiento diplomático no condiciona ni altera la posición principista de su gobierno frente al juzgamiento de la crisis política peruana.

Claudia Sheinbaum: «Bienvenida, Bettsy Chávez», expresó al anunciar la reanudación de las relaciones diplomáticas con el Perú

Consideró “una acción de buena voluntad” de Keiko Fujimori la concesión del salvoconducto a la exministra y ratificó su apoyo a Pedro Castillo

Claudia Sheinbaum. En su habitual conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional “La Mañanera”, la presidente de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio formalmente la bienvenida a tierras mexicanas a la expresidente del Consejo de Ministros, Betssy Chávez Chino.

La exfuncionaria peruana llegó a la capital azteca tras abordar una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana en la sede del Grupo Aéreo N.º 8, contigua al aeropuerto internacional Jorge Chávez del Callao, en un operativo nocturno concretado luego de que el Gobierno peruano formalizara el otorgamiento del respectivo salvoconducto diplomático.

Nuevo hito

El arribo de la exjefe del Gabinete Ministerial marca un hito determinante en la historia reciente de la política exterior de ambas naciones, al propiciar la reanudación formal de las relaciones diplomáticas entre México y el Perú. Este vínculo bilateral se encontraba sumamente debilitado tras una serie de graves fricciones diplomáticas derivadas de los sucesos del 7 de diciembre de 2022, fecha en la que el entonces presidente Pedro Castillo Terrones intentó perpetrar un quiebre del orden constitucional al anunciar el cierre del Congreso de la República.

Durante su alocución ante los medios de comunicación, la mandataria mexicana no solo confirmó el aterrizaje de la ex ministra de Estado en territorio azteca, sino que enmarcó la decisión del Ejecutivo peruano como un paso constructivo fruto de las conversaciones bilaterales entabladas semanas atrás. Según explicó Sheinbaum, la medida es el resultado de un canal de diálogo abierto entre las cancillerías en estricto apego a los compromisos internacionales sobre derecho de asilo, de conformidad con las disposiciones de la Convención de Caracas de 1954.

«Bienvenida, Bettsy Chávez», manifestó al final de su intervención ante los periodistas congregados en el Salón Tesorería. La gobernante azteca calificó la expedición de las garantías de salida como una acción de buena voluntad por parte de la presidente Keiko Fujimori, lo cual permitirá reactivar los mecanismos institucionales, comerciales y consulares que permanecían suspendidos desde la ruptura de relaciones ordenada a finales de 2025.

Sin embargo, a pesar de este descongelamiento de la agenda bilateral y del restablecimiento de las legaciones oficiales, Sheinbaum dejó firmemente ratificada la postura política e ideológica de su administración respecto al expediente judicial del expresidente Pedro Castillo, quien actualmente cumple condena y prisión en el penal de Barbadillo, ubicado en el distrito de Ate.

«Nosotros, como siempre, como lo hemos hecho, vamos a seguir en la defensa del presidente Castillo por las razones que hemos expuesto ampliamente; ellos lo saben, el gobierno del Perú lo sabe, pero esto constituye un paso significativo», remarcó la mandataria mexicana, precisando que el acercamiento diplomático no condiciona ni altera la posición principista de su gobierno frente al juzgamiento de la crisis política peruana.

Cancillería peruana

Por su parte, desde Lima, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú confirmó el trasbordo de la ex premier mediante un comunicado oficial. La Cancillería peruana puntualizó que la medida obedeció al estricto respeto del derecho internacional y al interés superior del Estado de reencauzar la estabilidad consular en beneficio de miles de connacionales residentes en ambos países. El procedimiento contó con la estrecha colaboración del Gobierno de Brasil, que custodiaba los bienes de la embajada mexicana, así como con el despliegue de las fuerzas de seguridad del Perú para asegurar un traslado sin contratiempos.

Con esta decisión concluyen meses de incertidumbre para Chávez Chino, quien había solicitado el salvoconducto alegando complicaciones de salud mientras permanecía bajo la tutela diplomática mexicana. El acontecimiento abre así un nuevo capítulo en la diplomacia hispanoamericana, equilibrando el pragmatismo de la cooperación bilateral con el mantenimiento de firmes posturas políticas.

Para profundizar en los antecedentes y en las posturas fijadas por el Ejecutivo mexicano sobre las relaciones bilaterales, puede ver en agendapais la declaración de la presidente mexicana:

xmxm

Perú y México restablecen relaciones tras decisión peruana de acceder al pedido mexicano de conceder salvoconducto a Bettsy Chávez

El Estado peruano, precisa la Cancillería,  se reserva el derecho de solicitar una eventual extradición de Chávez Chino, quien partió a México en la medianoche

Perú y México decidieron este viernes restablecer relaciones diplomáticas luego que el gobierno de la presidente Keiko Fujimori accediera al pedido formulado por el gobierno mexicano a favor de conceder  las garantías y el salvoconducto de la presidente del Consejo de Ministros, Betssy Betzabet Chávez Chino, quien partió a tierras mexicanas en la última medianoche.

Bettsy Chávez se encuentra desde hoy en México (Foto: Facebook).
Bettsy Chávez se encuentra desde hoy en México (Foto: Facebook).

Este es el texto del comunicado emitido en forma conjunta por la cancillería de ambos países:  

En alcance al Comunicado Conjunto referido al restablecimiento de relaciones diplomáticas entre el Perú y México y, con relación a la solicitud de salvoconducto formulada por el gobierno mexicano a favor de la señora Betssy Betzabet Chávez Chino, el Ministerio de Relaciones Exteriores informa a la opinión pública lo siguiente:

  1. El Estado peruano, en su calidad de Estado democrático y respetuoso del derecho internacional, reafirma su pleno compromiso con las obligaciones derivadas de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954, de la que el Perú y México son partes.
  2. El Gobierno del Perú reitera, de manera enfática, que no existe persecución política y que en el país impera el Estado de derecho, la separación de poderes y el respeto a las garantías de la administración de justicia, incluyendo el debido proceso. En el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el gobierno peruano continúa impulsando el proceso de consultas con otros países miembros de dicha Organización, a fin de promover una reflexión orientada a evitar que se distorsione la aplicación de la institución del asilo, preservando su naturaleza y finalidad.
  3. Sin perjuicio de ello, en la fecha, el Gobierno del Perú ha procedido a otorgar las garantías y el salvoconducto a favor de la nacional peruana Betssy Betzabet Chávez Chino, conforme a los artículos V y XII de dicha Convención.
  4. El Gobierno mexicano ha sido informado por esta Cancillería que la señora Chávez Chino ha sido sentenciada como coautora del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, en la modalidad de conspiración para una rebelión en agravio del Estado, prevista en el artículo 349 del Código Penal del Perú, y está siendo investigada por el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación.
  5. El Gobierno del Perú recalca que la entrega del referido salvoconducto se realiza con reserva del derecho que asiste al Estado peruano de solicitar la eventual extradición de la señora Chávez Chino, de conformidad con los tratados aplicables a ambos Estados, en caso de que las autoridades judiciales peruanas así lo requieran.
  6. Finalmente, considerando los históricos lazos de amistad, hermandad y respeto reciproco que unen al Perú y a México, la Cancillería reitera su compromiso con la diplomacia y el diálogo como herramientas esenciales para avanzar hacia un futuro de prosperidad basado en una integración profunda que privilegie la libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales, principios compartidos entre ambas naciones, y que inspiraron la Alianza del Pacífico.
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Inicialmente las cancillerías de los dos países emitieron un comunicado con un adelanto de la decisión:

“Los gobiernos de la República del Perú y de los Estados Unidos Mexicanos, considerando los históricos lazos de hermandad, amistad y cooperación que unen al Perú y a México, acordaron, en la fecha, la reanudación de las relaciones diplomáticas entre ambos Estados”.

“Los gobiernos de la República del Perú y de los Estados Unidos Mexicanos reafirman su respeto al derecho internacional y a los principios de la Carta de las Naciones Unidas”.

Contexto y antecedentes de la crisis diplomática

El restablecimiento formal de las relaciones entre Perú y México marca el cierre de un periodo de alta tensión política entre dos países que han mantenido lazos históricos y comerciales por más de 200 años.

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  1. El origen del conflicto (Diciembre de 2022)

El detonante de la crisis fue el fallido intento de autogolpe de Estado del expresidente peruano Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022, seguido de su destitución y detención.

  • Postura de México: El entonces presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), calificó de ilegítimo al gobierno de transición encabezado por Dina Boluarte y ofreció asilo político a Castillo y su entorno.
  • Asilo a la familia Castillo: La embajada de México en Lima otorgó asilo político a la ex primera dama Lilia Paredes y a los hijos de Pedro Castillo, facilitando su traslado a Ciudad de México.
  1. Retiro de embajadores e injerencia (2022–2023)
  • Expulsión del embajador mexicano (Diciembre de 2022): El Gobierno del Perú declaró persona non grata al embajador de México en Lima, Pablo Monroy, al considerar que las declaraciones del Ejecutivo mexicano constituían una injerencia directa en los asuntos internos peruanos.
  • Reducción del nivel diplomático (Febrero de 2023): Dina Boluarte ordenó el retiro definitivo del embajador peruano en México, rebajando el nivel de las relaciones diplomáticas al de encargados de negocios (nivel técnico/consular).
  • Parálisis en la Alianza del Pacífico: La tensión política bloqueó temporalmente la entrega de la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico de México hacia el Perú, afectando los espacios de cooperación multilateral.
  1. Asilo a Betssy Chávez y ruptura formal

La tensión se intensificó notablemente cuando México otorgó asilo político a Betssy Chávez, ex presidente del consejo de Ministros durante el gobierno de Pedro Castillo e investigada en Perú por su presunta participación en el autogolpe. Ante este hecho, el Gobierno peruano calificó la acción como un «acto hostil», procediendo a la ruptura formal de las relaciones diplomáticas.

  1. Importancia del comunicado y del restablecimiento

El acuerdo conjunto firmado por ambas cancillerías restablece los canales directos de diálogo y resulta clave en tres ámbitos:

  • Económico y Comercial: Permite reactivar al 100% el trabajo dentro de la Alianza del Pacífico y agilizar el comercio multilateral.
  • Consular y Migratorio: Restablece la atención plena para miles de ciudadanos peruanos y mexicanos que residen, estudian o viajan entre ambos países.
  • Institucional: Reafirma el apego al Derecho Internacional y a la Carta de las Naciones Unidas como marco para resolver diferencias políticas.

 

 

 

 

JNE y los casos de renuncias de candidatos a alcaldes similares a los de López Aliaga: La Constitución está por encima del reglamento

En un Estado de Derecho resulta imposible que el JNE delegue al elector el control de la inconstitucionalidad

JNE. Frente a las renuncias estratégicas de candidatos a alcaldes que buscan dar paso a tenientes alcaldes o primeros regidores (como el caso de Luis Rubio y Rafael López Aliaga, entre otros), el sistema electoral enfrenta un dilema ético y jurídico fundamental: la aplicación estricta de la supremacía constitucional frente a los vacíos de la ley.

Esta controversia surge a propósito de las declaraciones del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Burneo en el sentido de que:

«El Jurado Nacional de Elecciones no legisla. Nosotros tomamos decisiones en forma independiente, objetiva, sobre la base constitucional y legal y los reglamentos que hemos aprobado. Hay muchas ventanas que establece este marco normativo y en función de ello tomamos decisiones».

Asimismo, señaló que la decisión final radica en el electorado durante la jornada de votación: «Lo más importante de cualquier jornada electoral es que el elector tiene la última palabra. Es el ciudadano, todos nosotros incluidos, el que toma las decisiones finales en torno a ello».

Puede ser una imagen de una o varias personas y texto que dice "JNE S が JNE"

Analicemos detenidamente esta posición:

  1. El mandato constitucional y el principio de jerarquía (Artículos 51 y 194)

El debate sobre la denominada «reelección encubierta» o reelección indirecta no es un tema de interpretación reglamentaria de mero trámite, sino de estricto cumplimiento de la Carta Magna:

  • La prohibición expresa (Art. 194): La Constitución Política del Perú establece con claridad que los alcaldes y regidores no pueden ser reelegidos de manera inmediata para el periodo subsiguiente. El espíritu de esta reforma fue garantizar la alternancia en el poder y evitar el uso de recursos públicos en campañas de continuidad.
  • Supremacía constitucional (Art. 51): La Constitución prevalece sobre toda norma legal, llámese ley, resolución o reglamento administrativo (como las normas de inscripción de listas o del TUPA del JNE). Un acto administrativo formalmente válido no puede validar un resultado materialmente inconstitucional.
  1. La doctrina del «fraude a la ley» en la justicia electoral

En el derecho constitucional, el fraude a la ley ocurre cuando se utiliza una norma de cobertura (en este caso, el derecho a renunciar a una candidatura y las reglas de sucesión interna de una lista) para bordear una prohibición imperativa constitucional.

  • La maniobra: Un candidato «titular» se inscribe y, al cierre del plazo de admisiones, renuncia para que el número uno de la lista de regidores (un teniente alcalde ) asuma la candidatura efectiva a la alcaldía.
  • El rol del tribunal: La justicia electoral no es una mesa de partes puramente administrativa. Como máximo órgano jurisdiccional en materia electoral, el JNE tiene la competencia para realizar una interpretación sustancial e impedir que mediante artificios procedimentales se burle la norma constitucional —lo cual no constituye legislar, sino administrar justicia en estricto apego a la Carta Magna—.

Al admitir la existencia de esas «ventanas» normativas, la máxima autoridad electoral reconoce implícitamente la presencia de vacíos en la reglamentación.

El mandato constitucional y el principio de jerarquía (Artículos 51 y 194)El debate sobre la denominada "reelección encubierta" o reelección indirecta no es un tema de interpretación reglamentaria de mero trámite, sino de estricto cumplimiento de la Carta Magna (Foto: JNE).
El mandato constitucional y el principio de jerarquía (Artículos 51 y 194) El debate sobre la denominada «reelección encubierta» o reelección indirecta no es un tema de interpretación reglamentaria de mero trámite, sino de estricto cumplimiento de la Carta Magna
  1. El control de legalidad no se traslada al elector

Sostener que la ciudadanía «tiene la última palabra en las urnas», como afirmó el titular del JNE, es un principio democrático válido para la elección política, pero inaceptable para la calificación de idoneidad legal de las candidaturas:

  • Insumo para el voto: El ciudadano acude a las urnas a elegir entre opciones que han superado previamente el filtro de constitucionalidad y legalidad. Resulta inadmisible colocar en la cédula de sufragio el nombre de un candidato que vulnera la Constitución; de permitirse, se desmantelaría el propio Estado de derecho.
  • Responsabilidad institucional: Trasladar la responsabilidad de filtrar una eventual inconstitucionalidad al electorado implica debilitar el rol tutor de las instituciones electorales frente al cumplimiento de las leyes.
  1. Vías institucionales de corrección y llamado al Congreso

Para que el sistema democrático mantenga su solvencia, se identifican dos frentes de acción claros:

  1. Vía jurisdiccional (JNE y JEE): Resolver las tachas e impugnaciones ciudadanas aplicando el principio de primacía constitucional y evaluando el fondo de las recomposiciones de listas cuando se configure un evidente fraude a la norma.
  2. Vía legislativa (Congreso de la República): Legislar de forma explícita para cerrar las «ventanas reglamentarias» mediante la tipificación clara de las incompatibilidades por sucesión en casos de autoridades en ejercicio.

Cierre de análisis

La paradoja de la «vía libre» y la neutralidad del JNE

Al reexaminar el núcleo de las palabras del presidente del tribunal electoral:

«El Jurado Nacional de Elecciones no legisla. Nosotros tomamos decisiones en forma independiente, objetiva, sobre la base constitucional y legal y los reglamentos que hemos aprobado. Hay muchas ventanas que establece este marco normativo y en función de ello tomamos decisiones».

Al admitir la existencia de esas «ventanas» normativas, la máxima autoridad electoral reconoce implícitamente la presencia de vacíos en la reglamentación. Sin embargo, al ampararse en que el tribunal no tiene atribuciones legislativas, adelanta una postura de no cerrar administrativamente los caminos que la ley escrita no haya prohibido de forma explícita. Para la crítica constitucional, este enfoque equivale a validar la forma sobre el fondo, permitiendo que las astucias del diseño de listas rodeen la prohibición de la reelección inmediata.

La segunda declaración remata la posición del organismo:

«Lo más importante de cualquier jornada electoral es que el elector tiene la última palabra. Es el ciudadano, todos nosotros incluidos, el que toma las decisiones finales en torno a ello».

Esta afirmación encierra la paradoja central del proceso. Mientras que para el JNE la apelación al voto es el ejercicio supremo de la soberanía popular, para los defensores de la Carta Magna representa una delegación indebida de la función tutelar del Estado. El control de la constitucionalidad (Artículos 51 y 194) debe ser un filtro previo e innegociable a cargo de los jueces electorales; trasladar esa carga al ciudadano en la cédula de votación significa someter la eficacia de la Constitución al arbitrio de la contienda política.

 

En el derecho constitucional, el fraude a la ley ocurre cuando se utiliza una norma de cobertura (en este caso, el derecho a renunciar a una candidatura y las reglas de sucesión interna de una lista) para bordear una prohibición imperativa constitucional (Foto: Facebook).
En el derecho constitucional, el fraude a la ley ocurre cuando se utiliza una norma de cobertura (en este caso, el derecho a renunciar a una candidatura y las reglas de sucesión interna de una lista) para bordear una prohibición imperativa constitucional (Foto: Facebook).

7 Conclusiones finales: Un llamado a la justicia electoral

  1. La Constitución está por encima del reglamento: De acuerdo con el Artículo 51 de la Carta Magna, el principio de jerarquía normativa exige que ninguna regla de inscripción, tasa o trámite procedimental prevalezca sobre la prohibición expresa del Artículo 194, que prohíbe de forma categórica la reelección inmediata de autoridades locales.
  2. El «fraude a la ley» invalida el trámite formal: Utilizar la renuncia de un candidato a alcalde como una «ventana» o ardid para permitir que un teniente alcalde o regidor en funciones asuma la postulación efectiva constituye un claro fraude a la norma constitucional. La justicia electoral no puede actuar como una mera mesa de partes que valide la forma por encima del fondo.
  3. El control constitucional no se delega al elector: Afirmar que «el ciudadano tiene la última palabra en las urnas» desnaturaliza la función tutelar del Estado. La ciudadanía acude a votar para elegir entre candidaturas legalmente aptas; trasladarle la carga de «sancionar» una inconstitucionalidad en las urnas es abdicar de la responsabilidad de administrar justicia electoral.
  4. El JNE sí tiene facultades interpretativas y jurisdiccionales: Aunque es verdad que el JNE no legisla, la Ley Orgánica del JNE y la Constitución lo facultan como el máximo tribunal en materia electoral para aplicar el control de legalidad y garantizar el cumplimiento de la Carta Magna, inaplicando maniobras que busquen burlar sus mandatos.
  5. Exhortación directa a los Jurados Electorales Especiales (JEE): Al ser la primera instancia encargada de evaluar las renuncias y tachas, los 91 JEE del país tienen la oportunidad histórica de sentar jurisprudencia, aplicando el principio de primacía constitucional frente a las solicitudes de recomposición de listas que pretendan consolidar una reelección encubierta.
  6. Un mensaje de urgencia al Congreso de la República: La existencia de «ventanas normativas» expone la inacción del Poder Legislativo al no tipificar ni cerrar explícitamente los vacíos en la Ley de Elecciones Municipales. El Congreso debe asumir su rol reformador para evitar que las normas antireelección sean permanentemente eludidas.
  7. Sostenibilidad del sistema democrático: Garantizar la alternancia en el poder y el respeto a las reglas de juego fortalece la confianza ciudadana en las instituciones. Permitir que prosperen artimañas procedimentales mina la legitimidad del proceso electoral y debilita el Estado de derecho.

 

Rafael López Aliaga recibe sin rubor la renuncia de Luis Rubio a la candidatura a la alcaldía de Lima

 “Voy a seguir la posta hasta el final”, expresó el líder de RP, en una actitud que evidencia la brecha entre la ética electoral y su actuar político

Rafael López Aliaga.  El escenario político limeño suma un nuevo episodio que pone a prueba la solidez y los principios que deberían regir las contiendas democráticas. Tras confirmarse la renuncia de Luis Rubio a la candidatura por la alcaldía de Lima, la respuesta de la dirigencia de Renovación Popular no tardó en llegar, aunque no precisamente en la forma de una reflexión institucional o un deslinde ético, sino mediante una asimilación inmediata del beneficio táctico.

Rafael López Aliaga, lejos de ofrecer explicaciones profundas sobre las razones de fondo que llevaron a la declinación de su candidato, optó por asumir el control de la narrativa con pragmatismo absoluto. La frase resumida “Voy a seguir la posta hasta el final”, pronunciada tras concretarse la salida de Rubio, grafica de manera transparente cómo se percibe la competencia electoral desde la cúpula del partido: un espacio donde las candidaturas no representan proyectos colectivos consolidados, sino fichas intercambiables según la conveniencia del momento.

“Voy a seguir la posta hasta el final”, expresó el líder de RP, en una actitud que evidencia la brecha entre la ética electoral y su actuar político (Foto: Facebook).
“Voy a seguir la posta hasta el final”, expresó el líder de RP, en una actitud que evidencia la brecha entre la ética electoral y su actuar político (Foto: Facebook).

“Lucho, muchísimas gracias, hermano, muchas gracias. Yo voy a seguir la posta, yo voy a ir hasta el final;  yo llego en la mano más refuerzos tipo Carlos Álvarez (el cómico y excandidato presidencial). Entonces voy a llegar hasta el final como teniente alcalde, voy a llegar y voy a poner tu nombre muy en alto. Eso si te espero, mi querido Lucho. para seguir con hospitales solidarios”, expresó López Aliaga en Chaclacayo en un acto proselitista al hacer pública la renuncia de Luis Rubio a la candidatura a la alcaldía de Lima, situación que lo coloca  como numero 2 en la primera fila para asumir un cargo por el cual está vetado en caso ganara las elecciones el 4 de octubre próximo.

Esta postura revela una marcada desconexión entre el deber ser que exige el marco electoral y el actuar cotidiano del dirigente. Las reglas de la democracia representativa están diseñadas para que los ciudadanos elijan sobre la base de propuestas sustentadas en personas idóneas y procesos transparentes. Cuando un líder de partido recibe una dimisión sin el menor rubor y se apresura a capitalizarla para sostener su presencia mediática y electoral, se debilita el sentido normativo de la contienda.

El mensaje que se envía a la ciudadanía es problemático. En lugar de priorizar el respeto a la voluntad popular y al diseño original de la oferta electoral, se impone la lógica de la maniobra de última hora. La ligereza con la que se toma la posta ante la caída de una postulación oficial evidencia una brecha preocupante entre los estándares éticos mínimos que requiere la función pública y la conducta de una dirigencia que parece reaccionar únicamente bajo el cálculo del costo-beneficio político.

Rafael López Aiaga coge la mano de Carlos Álvarez en una concentración proselitista (Foto: Facebook).
Rafael López Aiaga coge la mano de Carlos Álvarez en una concentración proselitista (Foto: Facebook).

La coyuntura

La renuncia de Luis Rubio a la candidatura a la alcaldía de Lima por Renovación Popular por razones personales abrió una discusión que va más lejos de la mera estrategia de campaña: expone una fisura ética y jurídica en el sistema electoral peruano, que pasamos a reforzarlo en seis conclusiones.

  1. Primacía del espíritu de la norma: Las leyes no son cláusulas aisladas ni mecanismos ciegos; deben interpretarse como un todo coordinado. La intención clara de la norma es prohibir la reelección inmediata, por lo que cualquier mecanismo que busque eludir dicho mandato configura un fraude a la ley.
  2. Legalidad no equivale a legitimidad: Aunque la renuncia de un candidato sea un procedimiento permitido en la forma, instrumentalizarla para forzar la continuidad de un alcalde saliente constituye un acto formalmente legal pero éticamente indigno, que debilita la confianza de la ciudadanía en las reglas de juego.
  3. El antecedente jurisprudencial del JNE: La decisión del JNE de extender la jornada electoral al día siguiente durante la primera vuelta demostró que el tribunal tiene la potestad y el deber de poner la justicia constitucional y la realidad por encima de la literalidad rígida de los reglamentos.
  4. Respeto al voto con sanción a la argucia: La solución técnicamente correcta en caso de un triunfo del partido no es anular la elección ni invalidar la voluntad popular expresada en las urnas, sino apartar a la autoridad en funciones por incurrir en prohibición de reelección.
  5. Asunción del Sillón Municipal por el N.° 2 de la lista: La consecuencia lógica y justa de esta interpretación es que la alcaldía sea asumida por el primer regidor que no tenga impedimento constitucional (el número 2 de la lista electoral), garantizando así que la ley exprese justicia y no premie la especulación normativa.
  6. Reforma legislativa y sanción penal: Es indispensable abrir un espacio de debate jurídico y legislativo para reformar la normativa electoral e incorporar esta conducta en el Código Penal como un delito electoral. La tipificación debe alcanzar tanto al candidato renunciante como al regidor beneficiario por la comisión de fraude a la ley y distorsión de la voluntad popular, e incluir entre las causales de cancelación de la inscripción del partido político en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) el uso deliberado de estas estratagemas.

 

León XIV visitará Peru del 11 al 17 de noviembre de 2026  

El pontífice estará en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa

León XIV. El viaje apostólico del papa a Sudamérica en noviembre comprende Uruguay, Argentina y Perú, informó este jueves la Santa Sede. cOnocida la noticia, la presidente Keiko Fujimori escribió en su cuenta de X:“León XIV, vendrá al Perú del 11 al 17 de noviembre, una noticia que llena de ilusión a millones de peruanos. Su llegada será un momento de encuentro para nuestra fe y un mensaje de esperanza para nuestro país. Santo Padre, lo esperamos con los corazones abiertos para darle la bienvenida de regreso a su casa, el Perú”.

El Papa León XIV realizará su primer viaje apostólico a América del Sur del 6 al 17 de noviembre, con a la visita a tres naciones del cono sur: Uruguay, Argentina y Perú.

El director de la Sala de Prensa de Santa Sede, Matteo Bruni, informó este 5 de agosto que “el Santo Padre León XIV realizará un Viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre de 2026, aceptando la invitación de los Jefes de Estado y de las Autoridades eclesiásticas de esos respectivos países.

Su Santidad visitará Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre; Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11 de noviembre; y Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre”.

León XIV estará en Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa (Foto: photo.vaticanmedia.va).
León XIV estará en Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa (Foto: photo.vaticanmedia.va).

El programa del viaje se dará a conocer a su debido tiempo.  

La Agenda Extraoficial  

En la capital, las actividades prevén una recepción protocolar en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez por parte de las autoridades del Ejecutivo y la Conferencia Episcopal Peruana.

La agenda contempla un encuentro en Palacio de Gobierno con el jefe de Estado y representantes de las principales instituciones del país.

Asimismo, se proyecta un diálogo privado con la jerarquía eclesiástica en la Catedral de Lima y un encuentro con órdenes religiosas en el Santuario de las Nazarenas.

El evento central en la capital sería una misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas, el Santiago de Surco, centrada en el llamado a la unidad nacional, la paz social y la renovación de la fe.

En el norte, Chiclayo

Dada la estrecha vinculación histórica y el profundo arraigo pastoral con la diócesis de Chiclayo, esta escala tendrá un matiz eminentemente afectivo y comunitario. Tras el arribo al Aeropuerto Capitán FAP José A. Quiñones, se planifica una misa masiva en una gran explanada regional o estadio local, destinada a recibir a más de un millón de peregrinos de todo el macro norte.

La agenda preliminar contempla visitas a seminarios locales, recorridos por parroquias donde se ejerció labor sacerdotal y un acto simbólico con comunidades campesinas y laicos de la región Lambayeque.

En el Cusco

La escala en Cusco contempla el arribo de la comitiva pontificia al Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete. Se proyecta una bienvenida oficial encabezada por las autoridades locales, arzobispales y representantes de las comunidades campesinas de la región. El itinerario preliminar incluye un breve recorrido en el papamóvil por las avenidas principales rumbo al casco histórico de la ciudad.

León XIV visitará Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre; Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11 de noviembre; y Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre” (Foto: photo.vaticanmedia.va).
León XIV visitará Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre; Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11 de noviembre; y Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre” (Foto: photo.vaticanmedia.va).

Encuentro en la Plaza Mayor y Acto Litúrgico

En el Oriente, Pucallpa

La escala amazónica en Ucayali (selva del Perú) responde a la atención prioritaria hacia la ecología y los derechos de las poblaciones nativas. Tras acuatizar o aterrizar en el Aeropuerto Cap. FAP David Abensur Rengifo, la comitiva se trasladaría a un centro de encuentros en Yarinacocha para un diálogo directo con apus, líderes Shipibo-Konibo y representantes de diversas cuencas fluviales. Se proyecta un acto litúrgico enfocado en el cuidado de la Amazonía, la protección de la biodiversidad y el llamado global contra la deforestación y la contaminación.

Importancia  del viaje del papa al Perú

Desde la perspectiva de la Santa Sede y del diplomacia pontificia, el viaje de un papa al Perú tiene una trascendencia estratégica que trasciende la labor pastoral interna. Para el Vaticano, una visita apostólica al país  representa un punto de convergencia geopolítico, eclesial y doctrinario clave:

  1. El Perú como Plataforma y Bastión de la Iglesia en América Latina
  • Centralidad Histórica y Deocional: El Perú alberga referencias fundamentales de la santidad latinoamericana (Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, Toribio de Mogrovejo). Para la Santa Sede, visitar el país es un gesto de afirmación de las raíces católicas del continente en un contexto de progresiva secularización y avance de otros movimientos religiosos.
  • Proyección Regional: Un viaje papal al Perú permite al Vaticano dirigir un mensaje unificado y estratégico a la región andina y a toda América del Sur, abordando desafíos comunes de los Estados hispanoamericanos.
  1. Agenda Socioambiental y Ecología Integral
  • La Amazonía en la Geopolítica Vaticana: Con regiones como la selva peruana (caso Pucallpa o Puerto Maldonado), la Santa Sede proyecta su doctrina social en defensa del medio ambiente y de las poblaciones indígenas. La Amazonía es un territorio prioritario en el magisterio de la Iglesia moderna por la defensa del ecosistema global frente a la explotación indiscriminada.
  1. Diálogo Institucional, Paz Social y Reconciliación
  • Apoyo a la Institucionalidad Democrática: La presencia del jefe de Estado del Vaticano busca promover el diálogo constructivo y la paz social en momentos de polarización política o fragilidad institucional en el país.
  • Llamado a la Cohesión Social: Para la Santa Sede, el viaje es una herramienta diplomática suave (soft power) para incentivar políticas públicas centradas en el bien común, la reducción de brechas de desigualdad y la lucha contra la corrupción.
  1. Revitalización Pastoral y Sinodalidad
  • Vínculo Fieles-Roma: El Vaticano busca fortalecer el principio de comunión eclesial, acercando la figura del Sucesor de Pedro a las comunidades periféricas que no tienen acceso directo a la sede romana.
  • Impulso al Modelo de Iglesia Cercana: Representa la consolidación de una Iglesia en salida, comprometida con las comunidades locales, el clero regional y los movimientos laicos.

Luis Rubio renunció a la candidatura a la alcaldía de Lima en un acto considerado legal pero indigno

Corresponde al JNE frenar la trampa de la reelección oculta, precisamente lo que la ley prohíbe

Luis Rubio. La renuncia a la candidatura a la alcaldía de Lima por Renovación Popular Por razones personales abrió una discusión que va más lejos de la mera estrategia de campaña: expone una fisura ética y jurídica en el sistema electoral peruano. Al apartarse el candidato titular, la lista deja el camino despejado para que el candidato a teniente alcalde, Rafael López Aliaga, reasuma en la práctica la conducción de la comuna metropolitana en caso de una victoria electoral.

Estamos ante un acto indudablemente legal en la forma, pero indigno e ilegtímo en el fondo. Frente a esta maniobra, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no puede ser un espectador pasivo: tiene las f

Desde una lectura fría y rígida de los reglamentos, la renuncia es imacultades, la obligación moral y los antecedentes jurisprudenciales para interpretar la ley y corregir una evidente distorsión.

El «Fraude a la Ley»: La forma frente a la Constituciónpecable. Todo ciudadano tiene derecho a declinar a una postulación y la Ley Orgánica de Elecciones señala que, ante la baja del titular, el teniente alcalde asume la posta.

Sin embargo, el Derecho sustantivo condena la figura del fraude a la ley (fraus legis): el uso de una norma de cobertura (el derecho a renunciar y la regla de sucesión) para eludir una norma de cumplimiento obligatorio (la prohibición constitucional de la reelección inmediata de autoridades municipales).

La prohibición de reelección busca evitar el uso del aparato público en beneficio propio y frenar la perpetuación en el poder. Utilizar la renuncia de un «candidato fachada» para que la autoridad saliente vuelva al sillón municipal por la puerta falsa del tenientazgo es una estratagema que vulnera el espíritu de la Constitución. La ley debe expresar justicia y predictibilidad, no amparar «emboscadas» ni «pillerías» normativas.

Puede ser una imagen de texto que dice "PORKI PORKIEN EN GUILLA GUIL ALI SAL"

El antecedente del JNE: Los principios por encima del dogmatismo

Existe un argumento definitivo para exigir la intervención del supremo tribunal electoral. Durante la primera vuelta de las Elecciones Generales, el Pleno del JNE actuó con criterio de justicia constitucional al interpretar que la jornada electoral podía extenderse al día siguiente en las mesas donde no llegó el material a tiempo.

En aquel momento, el JNE rompió con el dogma histórico de que «las elecciones se realizan en un solo acto y en un solo día». ¿Por qué lo hizo? Porque entendió que las normas no se interpretan de forma aislada, sino dentro de un todo sistemático donde el fin supremo es la protección del proceso democrático y el derecho de los ciudadanos.

Si el JNE ya sentó el precedente de que puede flexibilizar y adecuar reglas formalistas para salvaguardar la integridad de la elección, con mayor razón posee la legitimidad para actuar ante un fraude a la ley. Si el tribunal actuó de oficio para evitar que una falla logística perjudique al elector, debe actuar con la misma determinación para evitar que un ardid o argucia política burle la Constitución.

Seis conclusiones

  1. Primacía del espíritu de la norma: Las leyes no son cláusulas aisladas ni mecanismos ciegos; deben interpretarse como un todo coordinado. La intención clara de la norma es prohibir la reelección inmediata, por lo que cualquier mecanismo que busque eludir dicho mandato configura un fraude a la ley.
  2. Legalidad no equivale a legitimidad: Aunque la renuncia de un candidato sea un procedimiento permitido en la forma, instrumentalizarla para forzar la continuidad de un alcalde saliente constituye un acto formalmente legal pero éticamente indigno, que debilita la confianza de la ciudadanía en las reglas de juego.
  3. El antecedente jurisprudencial del JNE: La decisión del JNE de extender la jornada electoral al día siguiente durante la primera vuelta demostró que el tribunal tiene la potestad y el deber de poner la justicia constitucional y la realidad por encima de la literalidad rígida de los reglamentos.
  4. Respeto al voto con sanción a la argucia: La solución técnicamente correcta en caso de un triunfo del partido no es anular la elección ni invalidar la voluntad popular expresada en las urnas, sino apartar a la autoridad en funciones por incurrir en prohibición de reelección.
  5. Asunción del Sillón Municipal por el N.° 2 de la lista: La consecuencia lógica y justa de esta interpretación es que la alcaldía sea asumida por el primer regidor que no tenga impedimento constitucional (el número 2 de la lista electoral), garantizando así que la ley exprese justicia y no premie la especulación normativa.
  6. Reforma legislativa y sanción penal: Es indispensable abrir un espacio de debate jurídico y legislativo para reformar la normativa electoral e incorporar esta conducta en el Código Penal como un delito electoral. La tipificación debe alcanzar tanto al candidato renunciante como al regidor beneficiario por la comisión de fraude a la ley y distorsión de la voluntad popular, e incluir entre las causales de cancelación de la inscripción del partido político en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) el uso deliberado de estas estratagemas.

Luis Rubio. La candidatura a la alcaldía de Lima por Renovación Popular Por razones personales abrió una discusión que va más lejos de la mera estrategia de campaña: expone una fisura ética y jurídica en el sistema electoral peruano. Al apartarse el candidato titular, la lista deja el camino despejado para que el candidato a teniente alcalde, Rafael López Aliaga, reasuma en la práctica la conducción de la comuna metropolitana en caso de una victoria electoral.

Estamos ante un acto indudablemente legal en la forma, pero indigno e ilegtímo en el fondo. Frente a esta maniobra, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no puede ser un espectador pasivo: tiene las facultades, la obligación moral y los antecedentes jurisprudenciales para interpretar la ley y corregir una evidente distorsión.

Luis Rubio renunció a la candidatura a la alcaldía de Lima en un acto considerado legal pero indigno (Foto: Facebook).
Luis Rubio renunció a la candidatura a la alcaldía de Lima en un acto considerado legal pero indigno (Foto: Facebook).

El «Fraude a la Ley»: La forma frente a la Constitución

Desde una lectura fría y rígida de los reglamentos, la renuncia es impecable. Todo ciudadano tiene derecho a declinar a una postulación y la Ley Orgánica de Elecciones señala que, ante la baja del titular, el teniente alcalde asume la posta.

Sin embargo, el Derecho sustantivo condena la figura del fraude a la ley (fraus legis): el uso de una norma de cobertura (el derecho a renunciar y la regla de sucesión) para eludir una norma de cumplimiento obligatorio (la prohibición constitucional de la reelección inmediata de autoridades municipales).

La prohibición de reelección busca evitar el uso del aparato público en beneficio propio y frenar la perpetuación en el poder. Utilizar la renuncia de un «candidato fachada» para que la autoridad saliente vuelva al sillón municipal por la puerta falsa del tenientazgo es una estratagema que vulnera el espíritu de la Constitución. La ley debe expresar justicia y predictibilidad, no amparar «emboscadas» ni «pillerías» normativas.

El antecedente del JNE: Los principios por encima del dogmatismo

Existe un argumento definitivo para exigir la intervención del supremo tribunal electoral. Durante la primera vuelta de las Elecciones Generales, el Pleno del JNE actuó con criterio de justicia constitucional al interpretar que la jornada electoral podía extenderse al día siguiente en las mesas donde no llegó el material a tiempo.

En aquel momento, el JNE rompió con el dogma histórico de que «las elecciones se realizan en un solo acto y en un solo día». ¿Por qué lo hizo? Porque entendió que las normas no se interpretan de forma aislada, sino dentro de un todo sistemático donde el fin supremo es la protección del proceso democrático y el derecho de los ciudadanos.

Si el JNE ya sentó el precedente de que puede flexibilizar y adecuar reglas formalistas para salvaguardar la integridad de la elección, con mayor razón posee la legitimidad para actuar ante un fraude a la ley. Si el tribunal actuó de oficio para evitar que una falla logística perjudique al elector, debe actuar con la misma determinación para evitar que un ardid o argucia política burle la Constitución.

Conclusiones

  1. Primacía del espíritu de la norma: Las leyes no son cláusulas aisladas ni mecanismos ciegos; deben interpretarse como un todo coordinado. La intención clara de la norma es prohibir la reelección inmediata, por lo que cualquier mecanismo que busque eludir dicho mandato configura un fraude a la ley.
  2. Legalidad no equivale a legitimidad: Aunque la renuncia de un candidato sea un procedimiento permitido en la forma, instrumentalizarla para forzar la continuidad de un alcalde saliente constituye un acto formalmente legal pero éticamente indigno, que debilita la confianza de la ciudadanía en las reglas de juego.
  3. El antecedente jurisprudencial del JNE: La decisión del JNE de extender la jornada electoral al día siguiente durante la primera vuelta demostró que el tribunal tiene la potestad y el deber de poner la justicia constitucional y la realidad por encima de la literalidad rígida de los reglamentos.
  4. Respeto al voto con sanción a la argucia: La solución técnicamente correcta en caso de un triunfo del partido no es anular la elección ni invalidar la voluntad popular expresada en las urnas, sino apartar a la autoridad en funciones por incurrir en prohibición de reelección.
  5. Asunción del Sillón Municipal por el N.° 2 de la lista: La consecuencia lógica y justa de esta interpretación es que la alcaldía sea asumida por el primer regidor que no tenga impedimento constitucional (el número 2 de la lista electoral), garantizando así que la ley exprese justicia y no premie la especulación normativa.
  6. Reforma legislativa y sanción penal: Es indispensable abrir un espacio de debate jurídico y legislativo para reformar la normativa electoral e incorporar esta conducta en el Código Penal como un delito electoral. La tipificación debe alcanzar tanto al candidato renunciante como al regidor beneficiario por la comisión de fraude a la ley y distorsión de la voluntad popular, e incluir entre las causales de cancelación de la inscripción del partido político en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) el uso deliberado de estas estratagemas.