¿El acto de los involucrados en la confesión podría considerarse delito de sedición o conspiración?
Miki Torres. la confesión del candidato a la segunda vicepresidencia en la fórmula que encabeza Keiko Fujimori, al señalar que la salida del expresidente Pedro Castillo fue una «suma de esfuerzos» coordinada entre el Congreso, la prensa y el Ministerio Público, abre un debate jurídico de proporciones mayores.
Esta es la declaración: “Lo que hemos tenido en los últimos 5 años ha sido terrible. Y ha sido terrible porque se ha tenido que hacer toda una gesta de contención. Sacar al señor Castillo no fue sencillo. Claro, van a decir: “No, se sacó solo”. No fue así. Los periodistas lo hicieron, el Congreso también lo hizo, el Ministerio Público también lo hizo. O sea, fue verdaderamente una suma de esfuerzos para que ese señor se vaya y claro, por supuesto, no hay que quitarle mérito. Él también puso su granito de arena”.
Lejos de la narrativa oficial que defendía la vacancia como un proceso constitucional automático y aislado tras el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, el vocero fujimorista utiliza la palabra «gesta» y admite que «sacar al señor Castillo no fue sencillo», negando explícitamente que este se haya «sacado solo».
Desde una perspectiva estrictamente legal, surge la interrogante de si este reconocimiento de una acción conjunta predeterminada encaja en el tipo penal de sedición. Según el Código Penal peruano, el delito de sedición se configura cuando personas se alzan en armas o mediante violencia/amenaza para impedir el objeto de la ley, deponer a la autoridad legítima o modificar el régimen constitucional.
El argumento de la Sedición y la Conspiración
Para quienes sostienen la tesis de la sedición, las palabras de Torres son una confesión de parte. Si existió una estrategia planificada y coordinada entre poderes del Estado (Congreso), organismos autónomos (Fiscalía) y actores fácticos (medios de comunicación) con el objetivo predeterminado de deponer a un mandatario legítimamente electo —mucho antes de que este cometiera el flagrante quiebre constitucional de su mensaje a la Nación—, se podría argumentar la existencia de una conspiración para la sedición o un atentado contra el orden democrático.
Clave Jurídica: La defensa de esta postura señalaría que las denuncias constitucionales, las suspensiones express y la presión mediática no fueron herramientas de fiscalización ordinaria, sino armas políticas instrumentalizadas dentro de un plan coordinado para la remoción forzada del Ejecutivo. Bajo esta premisa, el Ministerio Público tendría la obligación de abrir una investigación de oficio para determinar si esta «suma de esfuerzos» vulneró la separación de poderes y la legalidad democrática.
La contraparte: El control político legítimo
Por otro lado, los defensores de la legalidad del proceso argumentarán que las palabras de Torres reflejan una cooperación institucional y civil dentro de los marcos democráticos. Desde este punto de vista, la fiscalización de los medios, las investigaciones de la Fiscalía por presunta corrupción y los mecanismos de vacancia del Congreso son facultades constitucionales legítimas. Por ende, la «gesta de contención» no sería un complot delictivo, sino el funcionamiento de los pesos y contrapesos democráticos frente a un gobierno percibido como una amenaza.
¿Qué pretende el fujimorismo a una semana de las elecciones?
El momento elegido para lanzar esta declaración —a solo siete días de una elección presidencial crucial— no puede ser casual. En la política de alto nivel, cada palabra es un cálculo. Al romper la narrativa tradicional de que Castillo cayó exclusivamente por su propio golpe de Estado, el fujimorismo busca capitalizar políticamente un hito que polariza profundamente al electorado peruano.
ESTRATEGIA POLÍTICA DE LA CONFESIÓN
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Voto de Derecha/Anticomunista Narrativa de Eficiencia
Reclamar el liderazgo de la caída Presentarse como la fuerza política
de Castillo frente a otros rivales. capaz de «salvar» al país del caos.
- Reclamar la Paternidad de la «Salvación Nacional»
En el tramo final de la campaña, la derecha y los sectores conservadores compiten ferozmente por el voto anticomunista y antifujimorista moderado. Al asumir abiertamente que el fujimorismo y sus aliados en el Congreso lideraron activamente la caída de Castillo, Torres busca enviar un mensaje de fuerza y eficacia a su base electoral. El mensaje implícito es: «Nosotros no solo somos oposición de palabra; nosotros fuimos el motor que articuló la salida de la amenaza radical». Esto busca restarle mérito a otros candidatos rivales de derecha que intentan presentarse como los verdaderos salvadores de la democracia.
- Consolidar el Voto Duro y Polarizar el Escenario
A una semana de los comicios, la estrategia del fujimorismo suele centrarse en la polarización extrema. Al recordar el fantasma del gobierno de Castillo y enorgullecerse de haberlo sacado, Miki Torres reactiva el miedo al comunismo y cohesiona el voto duro de Keiko Fujimori. Es una apelación directa al electorado que prioriza la «estabilidad de mercado» y el «orden» por encima de las formas institucionales.
- La normalización del Lawfare y el desgaste democrático
Finalmente, esta confesión revela una preocupante audacia política: la normalización de la instrumentalización del sistema de justicia y los medios con fines políticos. Al admitir con naturalidad que la Fiscalía y los periodistas jugaron en el mismo equipo que el Congreso para deponer a un presidente, el fujimorismo ya no oculta las dinámicas de poder fáctico. Pretende acostumbrar a la ciudadanía a que la democracia no se rige por el respeto estricto a los periodos presidenciales, sino por la capacidad de los bloques de poder para remover a quienes consideren una amenaza.
4.El Deber de Precisión, en salvaguardando del periodismo independiente y ético
Resulta imperativo que Miguel Torres no generalice ni enlode el trabajo de toda la prensa peruana. Al señalar textualmente que «los periodistas lo hicieron», el vocero fujimorista incurre en una generalización peligrosa que deslegitima el oficio periodístico en su totalidad. Por ello, en salvaguarda del periodismo independiente que trabaja con rectitud, rigor y estricta ética profesional, como es el caso de sarembi.com/, Torres está en la obligación política y moral de ampliar su confesión. Debe decir abiertamente quiénes son los periodistas que participaron en este complot y qué medios de comunicación específicos se prestaron como plataformas para ejecutar dicha estrategia.
El verdadero periodismo no conspira ni forma parte de consorcios políticos para deponer gobiernos; su función es investigar al poder, sea este del color político que sea. Confundir la investigación periodística legítima y la revelación de actos de corrupción —las cuales son vitales para la democracia— con una participación coordinada en un plan de derrocamiento, es un agravio para aquellos reporteros y medios que actúan con independencia.
Si el fujimorismo afirma que hubo operadores mediáticos en su "gesta", la ciudadanía tiene derecho a saber los nombres y apellidos de quienes colgaron el código de ética para actuar como brazos políticos de una facción. De lo contrario, el silencio de Torres solo sirve para sembrar mantos de duda sobre la prensa honesta, aquella que no recibe consignas de ningún partido.
Conclusión de la nota
La declaración de Miki Torres es un bumerán de doble filo. Mientras que en el plano político busca asegurar el voto de la derecha más radicalizada mediante una demostración de poder y efectividad, en el plano legal entrega insumos argumentativos sumamente peligrosos para el propio fujimorismo. Al confesar que la salida de un presidente legítimo no fue un hecho fortuito provocado por los errores del mandatario, sino el resultado de un diseño articulado de antemano entre el Congreso, la prensa y la Fiscalía, se debilita la legitimidad institucional del proceso de vacancia y se alimenta, de manera irreversible, la tesis de un golpe blando o sedición que las instancias judiciales locales e internacionales podrían terminar evaluando.
