Esta vez es por la libertad inmediata de Pedro Castillo y justicia para los deudos de los fallecidos en manifestaciones en el sur del pais
Roberto Sánchez. Justo el día que Keiko Fujimori recibe sus credenciales como presidente de la República para el periodo 2026-2031, acompañado de sus partidarios de Juntos por el Perú, estará en las calles de Lima esta vez para exigir la libertad inmediata del expresidente Pedro Castillo y reclamar justicia para los deudos de los fallecidos en los enfrentamientos de manifestantes con las Fuerzas del Orden en el sur del Peru
En conferencia de prensa realizada este lunes, el líder de Juntos por el Perú hizo la convocatoria
La narrativa de la «detención arbitraria»
El núcleo argumentativo de Sánchez se sostiene sobre la reciente recepción de informes de organismos internacionales. El exministro hizo hincapié en que el sistema de justicia peruano no puede seguir ignorando las observaciones que provienen de los estamentos de derechos humanos del sistema de Naciones Unidas.
Según lo expuesto por el líder de Juntos por el Perú, la detención de Pedro Castillo ha superado los límites de la proporcionalidad y, bajo su óptica, se ha convertido en una detención arbitraria que erosiona la institucionalidad democrática que el Estado dice proteger.
«No se trata solo de la libertad de una persona, se trata de la vigencia del debido proceso y del respeto a los estándares internacionales que el Perú ha suscrito», señaló Sánchez durante su intervención, marcando una línea divisoria clara frente a las instituciones del sistema judicial actual, a las cuales acusa de responder a una agenda política de persecución.
Justicia para el Sur: El clamor pendiente
Más allá del factor Castillo, el mensaje de Roberto Sánchez busca conectar con el dolor latente en las regiones del sur del Perú. Para el dirigente, el Estado peruano mantiene una deuda histórica y legal con los familiares de quienes perdieron la vida en el contexto de la represión estatal.
«Justicia para los caídos en el sur» no es, para Sánchez, una consigna retórica, sino una exigencia de resultados concretos en las investigaciones fiscales que, a su entender, han mostrado una lentitud preocupante y, en muchos casos, una falta de voluntad política para identificar a los responsables de las ejecuciones extrajudiciales o el uso desproporcionado de la fuerza.
La movilización, según lo delineado por el congresista, pretende visibilizar que, a pesar del paso del tiempo, el sentimiento de agravio y la sensación de impunidad siguen siendo factores que alimentan la inestabilidad social en el interior del país. Sánchez insta a que esta jornada sea un espacio de convergencia entre los sectores sociales olvidados y la clase política que reclama una reconfiguración del sistema de justicia.
Un llamado a la resistencia democrática
La estrategia de Sánchez parece enfocarse en la reactivación de las bases sociales, un sector que ha permanecido expectante ante la inacción de los mecanismos parlamentarios tradicionales. El congresista ha sido enfático en su llamado a que estas marchas se mantengan dentro del marco del ejercicio del derecho constitucional a la protesta. No obstante, es consciente de que el clima de polarización en el que se encuentra el país podría propiciar escenarios de confrontación.
Ante ello, instó a los colectivos sociales a mantener una disciplina férrea para evitar infiltraciones que, como ha ocurrido en anteriores oportunidades, sirven de pretexto para la deslegitimación de las demandas sociales mediante la violencia.
«Debemos ser una muralla de democracia. Nuestra fuerza radica en la razón, en la palabra y en la presencia pacífica en las calles. La criminalización de la protesta es la última trinchera de un régimen que ha perdido el contacto con la realidad de su pueblo», enfatizó.
¿Hacia dónde se dirige la política nacional?
El anuncio de esta movilización coloca al gobierno y a las fuerzas opositoras en una posición compleja. Mientras el Ejecutivo intenta proyectar una imagen de normalidad y recuperación económica, las voces que, como la de Roberto Sánchez, insisten en la crisis de legitimidad, obligan a una constante revisión de la agenda política.
La incertidumbre jurídica que rodea al caso del exmandatario Castillo, sumada a la presión constante por la justicia en el sur, garantiza que las próximas semanas estarán marcadas por la tensión en las calles.
La convocatoria no es un hecho aislado. Se inscribe en un escenario donde diversas fuerzas de izquierda y movimientos sociales buscan reorganizarse. Si la marcha logra convocar a los sectores que Sánchez espera movilizar, el impacto en la opinión pública nacional será innegable.
Queda por ver si esta nueva etapa de «resistencia democrática» logrará, finalmente, que la agenda de los sectores sociales llegue con éxito a los pasillos del Poder Judicial y del Congreso de la República, o si, por el contrario, nos enfrentamos a un nuevo capítulo de estancamiento político.
