Alberto Borea, en su intervención citó casos exitosos a los que patrocinó ante la Corte: Ivcher Bronstein y Gustavo Cesti
Alberto Borea. En su condición de candidato a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el período 2025-2030”, el jurista Alberto Borea Odría en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebrada este miércoles 29 de mayo afirmó que “quiero ser un juez que cuide América y a los americanos con prudencia, serenidad, equilibrio, madurez y firmeza”.
“El juez debe de ser sólido en sus conocimientos y firme, pero no debe de ser ni temerario ni aventurero en sus decisiones, debe ser siempre prudente. Las reglas hay que tenerlas en claro, se encuentran definidas en el cuerpo legis de la Región y los jueces tendrán que aplicarlo en los países de la región, señaló Borea Odría tras resaltar la necesidad de contribuir con el fortalecimiento de la labor de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, Para ello sostuvo “prometo dar lo mejor de mí”.
En su exposición realizada en el salón Simón Bolívar en la sede de la OEA en Washington, el candidato peruano habló de la defensa de los Derechos Humanos desde la perspectiva del abogado defensor. “A lo largo de mi ejercicio profesional he estado muy presente en la defensa de los Derechos Humanos tanto a nivel interno, en el Perú como en el Sistema Americano”, remarcó.
En ese sentido, Borea Odría citó dos casos exitosos que le tocó patrocinar, ambos en los años 90, en plena dictadura de Alberto Fujimori: el caso Ivcher Bronstein y el caso Gustavo Cesti Hurtado, donde, aseguró, se protegieron los derechos a la libertad, al juez natural, al debido proceso, a la nacionalidad y a la propiedad entre otros.

En el caso Ivcher, el Estado privó arbitrariamente del título de nacionalidad a Ivcher Bronstein, ciudadano peruano por naturalización, accionista mayoritario, Director y Presidente del
Directorio del entonces Canal 2 con el objeto de desplazarlo del control editorial de la televisora y de coartar su libertad de expresión, la cual se manifestaba a través de denuncias de graves violaciones a derechos humanos y de actos de corrupción.
En el Caso Gustavo Cesti Hurtado (Marzo 1997), el Gobierno de Alberto Fujimori incluyó al capitán EP retirado Gustavo Cesti Hurtado en un proceso ante el fuero militar, en cuyo marco fue arrestado, privado de libertad y sentenciado en el Cuartel Simón Bolívar de Pueblo Libre, a pesar de la existencia de una resolución definitiva emitida en un proceso de hábeas corpus, en la cual se ordenó que se apartara a la víctima del proceso ante el fuero militar y que no se atentara contra su libertad personal.