¿Es jurídicamente viable que el expresidente reciba la gracia presidencial en su situación actual?
Pedro Castillo: ¿Acaso, el expresidente no puede ser beneficiado con un indulto presidencial?. ¿Es jurídicamente viable un beneficio de esta naturaleza en su situación actual? Estas interrogantes han abandonado los fueros académicos para instalarse en el centro del debate nacional tras las promesas electorales de diversas agrupaciones.
Aunque la figura del indulto es una facultad discrecional del Ejecutivo según la Constitución, la situación del expresidente —marcada por procesos en curso y la ausencia de una sentencia firme— plantea un escenario complejo que desafía las interpretaciones convencionales de la ley y pone a prueba la resistencia de las costuras democráticas del Perú.
La promesa en las urnas: El factor Roberto Sánchez
Este debate se ha convertido en una pieza clave del tablero electoral. Con el avance de los resultados oficiales que sitúan a Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, en la segunda vuelta, el indulto a Castillo se ha consolidado como una de las propuestas con mayor carga política de la campaña.
Para agrupaciones como Juntos por el Perú, Ahora Nación y Obras, las tres con representación asegurada en el próximo Congreso, la libertad del exmandatario no es solo una posibilidad legal, sino un compromiso ético con su base electoral.
Sánchez ha sido consistente en señalar supuestas irregularidades en el proceso contra el exmandatario, sugiriendo que el uso de las facultades presidenciales sería un paso hacia la «normalización democrática».
Sin embargo, este camino plantea una interrogante crítica: ¿es la promesa de campaña un objetivo ejecutable bajo los marcos de la Constitución actual o un estandarte retórico frente a los límites de la separación de poderes?
El nudo técnico: ¿Indulto o Amnistía?
Pese al entusiasmo de las promesas electorales, el camino hacia la libertad de Pedro Castillo enfrenta un muro procesal infranqueable en el corto plazo. El indulto, por definición constitucional y normativa, se otorga a quien ya tiene una condena firme.
Actualmente, al encontrarse en etapa de acusación y bajo prisión preventiva por los delitos de rebelión y conspiración, el exmandatario no posee una «pena» que el Ejecutivo pueda perdonar.
Bajo este escenario, constitucionalistas advierten que la figura adecuada no sería el indulto, sino la amnistía. A diferencia de la gracia presidencial, la amnistía es una potestad del Congreso que extingue la acción penal, «olvidando» el delito incluso sin que exista sentencia.
Con las bancadas de Juntos por el Perú, Ahora Nación y Obras presentes en el hemiciclo, el debate se trasladará inevitablemente de Palacio de Gobierno a las curules legislativas, donde la correlación de fuerzas determinará el futuro procesal de Castillo.
La «Sentencia Consentida»: El movimiento de ajedrez del Ejecutivo
Existe, sin embargo, una vía técnica poco explorada que podría habilitar el indulto desde el Ejecutivo.
Si tras una eventual condena en primera instancia, la defensa de Castillo decidiera retirar todas las apelaciones pendientes, la sentencia quedaría legalmente «consentida».
Bajo este escenario forzado, el obstáculo de la prisión preventiva se desvanecería, dejando al exmandatario con una condena firme y, por ende, expedito para que el Presidente de la República ejerza su facultad de gracia.
Esta maniobra jurídica transformaría un revés judicial en una oportunidad política, permitiendo que el indulto se tramite de manera inmediata.
El contraataque legislativo y el efecto «Búmeran»
Este camino no está exento de riesgos políticos terminales. Desde el Parlamento, fuerzas como Fuerza Popular y Renovación Popular ya perfilan una respuesta institucional ante lo que considerarían un uso abusivo del poder.
El argumento de la oposición es contundente: el uso del indulto para delitos de alta gravedad —como la rebelión o conspiración que subvirtieron el orden constitucional— podría ser calificado como un acto de «permanente incapacidad moral» por parte del Presidente que lo otorgue.
Se configuraría así un escenario de espejo histórico: el mismo artículo 113, numeral 2, que se utilizó para vacar a Castillo el 7 de diciembre de 2022, se activaría contra su sucesor por «limpiar» las consecuencias de dicho acto. El indulto, lejos de ser un cierre, se convertiría en el detonante de una nueva moción de vacancia, sumergiendo al país en un ciclo de inestabilidad permanente.
El filtro de la Comisión y la mirada internacional
Finalmente, cualquier intento de forzar un indulto debe pasar por la Comisión de Gracias Presidenciales. Una reconfiguración política de este órgano para flexibilizar criterios médicos o legales abriría un flanco de vulnerabilidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
El tribunal internacional ya ha establecido que las gracias presidenciales no pueden ser mecanismos de impunidad para delitos que afecten el orden democrático o los derechos fundamentales. En conclusión, el país se asoma a un escenario de «vacancia contra vacancia», donde la legalidad del indulto será la última frontera antes de una nueva crisis de poderes.
