INPE: a agosto de 2024 hay una sobrepoblación penal de 136%.
INPE. A través de un Decreto Supremo, el Gobierno declaró este martes en emergencia el Sistema Nacional Penitenciario y el Instituto Nacional Penitenciario con el objeto de elaborar la Estrategia Sectorial de Emergencia Penitenciaria que garantice la implementación de la Política Nacional Penitenciaria al 2030, en favor de la resocialización de las personas privadas de libertad. Vea el DS:
El Estado de Emergencia permitirá poner en marcha el Acuerdo del Consejo de Estado que en su última sesipón del pasado 5 de noviembre decidió :“Disponer recursos para la infraestructura penitenciaria, logrando la ampliación de penales existentes y la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios; y, la reorganización del Instituto Nacional Penitenciario”.
La decisión está vinculada a “razones de déficit de capacidad de albergue”, señala la norma, que en sus considerandos revela que a agosto de 2024 el Sistema Penitenciario Nacional, alberga a 98,127 personas privadas de libertad, en los 69 establecimientos penitenciarios existentes, a pesar de tener una capacidad para solo 41,556 personas, lo que genera una sobrepoblación del 136%.
En ese contexto, mediante el Informe Nº 56-2024-JUS/DGAC-DPC, la Dirección de Política Criminológica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos reporta en el seguimiento de la Política Nacional Penitenciaria al 2030 que, para el periodo 2023, la población penitenciaria de procesados llegó a un 36.97%, no alcanzando el 28.00% planteado como logro esperado para el mismo período.
”Esto indica, agrega el informe, que los avances no han sido los esperados pese a los esfuerzos realizados y que un número considerable de personas procesadas se encuentran en los establecimientos penitenciarios, contribuyendo significativamente a los niveles de hacinamiento actuales. La situación crítica se agrava aún más, debido a la insuficiente capacidad de los establecimientos penitenciarios existentes”.
“Al 2023, solo el 50.2% de la población privada de libertad se encontraba en establecimientos con condiciones adecuadas de infraestructura y servicios”, concluye el mismo documento.
Corresponde ahora al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en un plazo no mayor a 45 días, aprobar mediante Resolución Ministerial una Estrategia Sectorial de Emergencia Penitenciaria, precisa el Decreto Supremo firmado por la presidente Dina Boluarte y refrendado por el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Melchor Arana Ysa.
Fundamentos legales de la decisión
Que el numeral 22 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú establece que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad.
Que, el Sistema Nacional Penitenciario atraviesa una aguda crisis, en las últimas décadas, debido principalmente a la sobrepoblación de internos en los establecimientos penitenciarios, los mismos que han sido rebasados en su capacidad de albergue, así como por la falta de los medios necesarios, como recursos humanos, logísticos, presupuesto y servicios penitenciarios para el tratamiento, salud y seguridad penitenciaria.
Que, el Tribunal Constitucional, mediante la sentencia recaída en el Expediente Nº 05436-2014-PHC/TC, declara un estado de cosas inconstitucional respecto del permanente y crítico hacinamiento de los establecimientos penitenciarios y las severas deficiencias en su capacidad de albergue, calidad de infraestructura e instalaciones sanitarias, de salud, de seguridad, entre otros servicios básicos a nivel nacional; exhortando al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a evaluar la necesidad de ampliar, modificar o replantear sustancialmente las medidas que resulten necesarias e indispensables para superar la situación.
Que, la Política Nacional Penitenciaria al 2030, aprobada por Decreto Supremo N° 011-2020-JUS, establece como objetivos prioritarios: “Reducir significativamente el hacinamiento en el sistema penitenciario”; “Mejorar las condiciones de vida digna para las personas privadas de libertad”; y, “Asegurar condiciones de seguridad y convivencia de la población penitenciaria”.
Que, con fecha 04 de octubre de 2023, el Grupo de Trabajo sectorial creado para la elaboración de propuestas que coadyuven a la reestructuración y fortalecimiento del Instituto Nacional Penitenciario – INPE, presentó su informe final, recomendando “facilitar normativa y procedimentalmente la ejecución de estrategias de gestión a cargo del Instituto Nacional Penitenciario.
Se trata agrega el informe del Grupo de Trabajo, de “un escenario que podría lograrse con la declaratoria en emergencia (vía Decreto Supremo) del Instituto Nacional Penitenciario – INPE, a fin de revertir [la situación] que atraviesan los establecimientos penitenciarios a nivel nacional, considerando que la misma demande necesariamente la asignación de los recursos presupuestales para el cumplimiento de dicha declaración”.
Que, en ese marco, en la II Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), desarrollado el 18 de junio de 2024, los miembros del CONASEC acordaron, entre otros: Declarar en emergencia el Sistema Nacional Penitenciario y en su sesión del 05 de noviembre de 2024, el Consejo de Estado, entre otros aspectos, acordó: “Disponer recursos para la infraestructura penitenciaria, logrando la ampliación de penales existentes y la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios; y, la reorganización del Instituto Nacional Penitenciario”.
