Jueces y fiscales; i
Hoy, jueves 21 ingresó a la Mesa de Partes del Congreso de la República una iniciativa del Grupo Parlamentario Juntas por el Perú que propone sancionar con inhabilitación a jueces y fiscales que por negligencia en el ejercicio de sus funciones liberan a delincuentes e integrantes de bandas criminales.
“El Juez o Fiscal que, omite, rehusa o retarda algún acto de su cargo favoreciendo la liberación de delincuentes o integrantes de bandas criminales, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años, con treinta a sesenta días de multa y con inhabilitación por 10 años en el ejercicio de toda función pública”, señala el proyecto que modifica el Artículo 418 – A del Código Penal, acápite “Omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.
Sala de Audiencias (Foto: Poder Judicial).
Exposición de Motivos
Según narra los fundamentos de la Exposición de Motivos, en los últimos años, el país ha enfrentado desafíos significativos en materia de delincuencia y seguridad ciudadana. Una muestra de ello, se evidencia concretamente en los índices de criminalidad que reportan los diversos indicadores que miden este fenómeno social, que además toman como punto de referencia la creciente preocupación de la sociedad y las autoridades con injerencia en la resolución de este problema.
De acuerdo a dates del Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI durante el año 2020 se registraron 320 819 denuncias por comisión de delitos a través del sistema de denuncias policiales. En el año 2021 se registraron 403
071, en el año 2022 hubo 497 581 registros y a septiembre de 2023 ya se había superado los registros del año anterior.
Los principales delitos que preocupan a la sociedad, son los contra el patrimonio, contra la seguridad pública, contra la vida, el cuerpo y la salud; contra la libertad y contra la tranquilidad pública. Estos tienen mayor incidencia en áreas urbanas
de mayor densidad en el país como Lima, Trujillo, Arequipa, lca, Piura y otras ciudades importantes, donde el robo agravado, secuestro, trata de personas, narcotráfico y tenencia ilegal de armas se han convertido en delitos comunes y de alta incidencia en el día a día.
A todo lo anterior, debe agregarse la delincuencia organizada y narcotráfico con alcance internacional que se ha presentado como un reto no solo para las autoridades peruanas, sino también para todo Latinoamérica.
En el contexto de lo anterior, la cereza del pastel es que según informes de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, somos uno de los principales productores de estupefacientes del mundo, terrible galardón que ha contribuido al crecimiento de bandas criminales y organizaciones delictivas que operan a lo largo de todo el país.
Es importante destacar, que si bien el gobierno a través de sus autoridades ha implementado diversas medidas para enfrentar esta problemática, como fortalecer a la Policía Nacional, desarrollo de programas de prevención y cooperación internacional, se ha evidenciado notoriamente que entidades como el Ministerio Público y Poder Judicial no han estado a la altura de la gravedad que este problema social demanda
La liberación de peligrosos delincuentes capturados por la policía, son pan de cada día en noticias periodísticas e informes televisivos de diversos medios de comunicación, mayormente por situaciones en las que fiscales omiten renovar o no cumplen con sustentar debidamente los requerimientos de prisión preventiva, y por una sospechosa benevolencia de los jueces encargados de dictar medidas de coerción que aseguren que un delincuente capturado no escape de la ley y siga delinquiendo ante la renuencia de nuestras autoridades de justicia que poco o nada hacen para remediar dicha situación.
