Poder Judicial, en el último día año, filtró la decisión que permite la continuidad del fujimorismo como partido político
Poder Judicial. La Fiscalía de la Nación no logró su objetivo de excluir del padrón de Organizaciones Políticas al partido Fuerza Popular por “conducta antidemocrática”, como buscaba la fiscal de la nación suspendida, Delia Espinoza.
@agendapais Fiscalia no pudo PoderJudicial desestimó el pedido de la Fiscalía para declarar ilegal a FuerzaPopular KeikoFujimori bTikTokFuerzaPopular https://agendapais.com/politica/poder-judicial-desestimo-el/
Hoy, 31, en el último día del año, el Poder Judicial filtró en la prensa la resolución de la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema que declara infundado el pedido fiscal para declarar la ilegalidad del partido Fuerza Popular. (Hasta la hora de redactar esta nota, la resolución no figuraba en la página web del órgano judicial).
“Por las razones expuestas en los considerandos precedentes, (los jueces) declararon Infundada la solicitud formulada por la Fiscalía de la Nación, del dieciocho de setiembre de dos mil veinticinco, sobre declaración de ilegalidad de la organización política, en los seguidos por la Fiscalía de la Nación contra la organización política Fuerza Popular”, señala la sentencia en su parte resolutiva.
«La declaración de ilegalidad de un partido político no constituye una medida proporcional ni razonable, en tanto implicaría una afectación grave a los derechos fundamentales de participación política y de elección, protegidos por el orden constitucional», sostiene la resolución.
En otra parte señala: «No resulta jurídicamente viable sancionar a un partido político por expresar o difundir ideas o interpretaciones respecto a hechos que considera relevantes para el proceso electoral».
En otra parte, la resolución firmada por la Sala, presidido por el juez Ulises Yaya señala que no se ha identificado «la existencia de violencia en el discurso ni su carácter sistemático» y que la opinión generada es propia del debate político.
«No se ha acreditado que la violencia atribuida a grupos como La Resistencia y sus facciones Los Combatientes, La Insurgencia y Los Patriotas sea directamente imputable a la organización política (Fuerza Popular) como tal, ni que el supuesto respaldo brindado por congresistas haya tenido carácter sistemático», agrega.
«La declaración de ilegalidad de un partido político no constituye una medida proporcional ni razonable, en tanto implicaría una afectación grave a los derechos fundamentales de participación política y de elección, protegidos por el orden constitucional», agrega.
El pedido de Delia Espinoza
El 18 de setiembre de 2025, la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, formalizó ante el Poder Judicial (específicamente ante la Corte Suprema) una solicitud para declarar la ilegalidad de Fuerza Popular. Considera 4 razones para formular el pedido, a decir:
Promover atentados contra la integridad de magistrados, funcionarios públicos, opositores políticos, periodistas y medios de prensa independientes, sociedad civil organizada, y la persecución de estas personas por razón de su función pública, posición política, profesión y/u opinión. En resumen, un acoso sistemático contra personas que les parezcan incómodas.
Promover la exclusión de congresistas (militantes e invitados) de su bancada por razón de disidencia política/libertad de conciencia.
Exculpar atentados contra la vida e integridad de las víctimas del conflicto armado interno (1990-2000).
Legitimar violencia como método de para la consecución de objetivos políticos.
Historial de pedidos de ilegalidad
El historial de intentos por declarar la ilegalidad de Fuerza Popular es extenso y ha estado marcado por momentos de alta tensión política y judicial. Estos pedidos se basan principalmente en el Artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas, que permite disolver un partido por «conductas antidemocráticas».
Además del pedido de Delia Espinoza, mencionamos los siguientes:
Intento del Fiscal José Domingo Pérez (2020)
Durante las investigaciones del Caso Cócteles (presuntos aportes ilícitos de Odebrecht), el fiscal del equipo especial Lava Jato solicitó la suspensión de actividades de Fuerza Popular por un periodo de dos años.
El grupo fiscal sostenía que el partido operaba como una «organización criminal» que utilizaba su estatus legal para lavar dinero. En su momento, el juez Víctor Zúñiga Urday rechazó el pedido de suspensión, permitiendo que el partido participara en las elecciones generales de 2021. El argumento judicial fue que una medida de ese tipo afectaría el derecho de participación política de miles de militantes antes de una sentencia firme.
El caso «Mamanivideos» (2018)
Tras la difusión de videos que mostraban una presunta compra de votos para evitar la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, surgieron diversas iniciativas (principalmente de congresistas de izquierda y colectivos civiles) para que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) o el Ministerio Público iniciaran procesos de cancelación de la inscripción.
En esa oportunidad se argumentó que el partido utilizaba métodos corruptos para quebrar la voluntad popular en el Congreso. No se formalizó un pedido de ilegalidad de gran escala en el Poder Judicial, pero sí derivó en el desafuero de Kenji Fujimori y otros congresistas.
Denuncias por «Fraude Electoral» (2021)
Tras la derrota de Keiko Fujimori ante Pedro Castillo, Fuerza Popular denunció un «fraude sistemático». Esto generó contradenuncias de diversos sectores civiles pidiendo que se investigue al partido por atentar contra la institucionalidad democrática. El Argumento: se acusó al partido de intentar deslegitimar los resultados electorales sin pruebas, lo cual encajaría en una conducta «contraria a los principios democráticos». Estas denuncias sirvieron como sustento acumulativo para el pedido que finalmente formalizó la fiscalía en 2025.
