El factor cronológico: ¿Fiscalización oportuna o cálculo de última hora, José Fernando Reyes Llanos
Roberto Sánchez. La decisión del Pleno del Congreso de fijar la interpelación al ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Fernando Reyes Llanos, para el próximo jueves 4 de junio a las 10:00 horas levanta suspicacias que van más allá del debate técnico. La fecha elegida sitúa este evento político apenas tres días antes del domingo 7 de junio, día clave para las elecciones de segunda vuelta.
Esta coincidencia en el calendario obliga a formular una pregunta inevitable: ¿Era indispensable someter a un ministro a este procedimiento en la víspera de los comicios o el Legislativo busca encender pasiones electorales? Si el objetivo principal fuera exclusivamente la revisión técnica del tratado con Brasil, la sesión bien pudo programarse para la semana posterior al proceso electoral, evitando así interferir en la coyuntura política y el ánimo del electorado.
El Blanco de Fondo: El Factor Roberto Sánchez
Aunque formalmente el interpelado es el actual ministro Reyes, el verdadero blanco de la ofensiva parlamentaria parece apuntar hacia el pasado. La cartera hoy cuestionada estuvo bajo la conducción de Roberto Sánchez Palomino del 29 de julio de 2021 hasta el 7 de diciembre de 2022, durante la gestión del gobierno de Pedro Castillo. Al ser Sánchez el actual candidato presidencial de Juntos por el Perú, el escenario del Pleno se perfila como una plataforma ideal para reactivar un frente de desgaste político en su contra.
En el ajedrez político del Parlamento, la interpelación cumple un doble propósito: por un lado, se cuestiona técnicamente la inacción del Ejecutivo respecto al Acuerdo de Profundización Económica Comercial con Brasil; por el otro, se instala en la opinión pública una sospecha sobre la idoneidad y transparencia de la gestión anterior de Sánchez, golpeando directamente su línea de flotación en el tramo final de la campaña.
Los Hechos Detrás de la Moción 22132
La medida se concretó mediante la aprobación de la Moción de Orden del Día 22132, impulsada por un bloque mayoritario compuesto por Somos Perú (SP), y Alianza para el Progreso (APP), logrando 63 votos a favor, 15 en contra y 15 abstenciones. La fecha definitiva del pliego fue propuesta por el presidente en funciones del Legislativo, Fernando Rospigliosi Capurro, y respaldada por idéntica mayoría de 63 votos.
El cuestioquenario de 20 preguntas que deberá absolver el titular de MINCETUR gira en torno a tres ejes fundamentales:
- Los beneficios económicos reales: El impacto potencial del acuerdo en las exportaciones regionales e integración bilateral.
- Los informes de paralización: Los sustentos técnicos o jurídicos que ha utilizado el Ejecutivo para mantener congelado el tratado.
- El análisis de riesgos: Si la puesta en marcha del acuerdo expone al Estado a contingencias en arbitrajes internacionales o contratación pública.
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Si el objetivo principal fuera exclusivamente la revisión técnica del tratado con Brasil, la sesión bien pudo programarse para la semana posterior al proceso electoral, evitando así interferir en la coyuntura política y el ánimo del electorado. (Foto: Congreso de la República). (Foto: Congreso de la República).
El Debate de Fondo: Entre el Impulso Bioceánico y el Espectro de Lava Jato
La controversia sobre este tratado comercial arrastra una compleja historia que data desde su negociación entre los años 2014 y 2016. Si bien Brasil culminó su procedimiento constitucional de ratificación en 2017 y remitió los expedientes a Lima, los sucesivos gobiernos peruanos han evitado enviarlo al Legislativo para su debate.
Esta parálisis responde a un entrampamiento histórico bien definido: los informes técnicos y advertencias de diversos ministerios a lo largo de la última década sugerían extrema cautela. El temor principal del Ejecutivo radicaba en que el texto original, diseñado en 2016, carecía de la rigurosidad y de las cláusulas anticorrupción necesarias, lo que amenazaba con blindar o dar ventajas en licitaciones públicas a las grandes constructoras brasileñas (como Odebrecht u OAS) fuertemente implicadas en el mega caso de corrupción Lava Jato.
- La postura del Congreso (El bloque impulsor): Durante la sustentación de la moción, el congresista Eduardo Salhuana Cavides (APP) desestimó tajantemente estos temores. Aseguró que el tratado ya contiene salvaguardas estrictas en materia de lavado de activos y restricciones para firmas con procesos judiciales. Salhuana centró su argumentación en el potencial geopolítico: «Nosotros vamos a ser el centro logístico de Sudamérica y Brasil es la octava economía del mundo. Este acuerdo podría dinamizar las economías regionales», afirmó aludiendo a proyectos estratégicos como el Tren Bioceánico.
- La postura de cautela (Acción Popular): En contraste, el legislador Edwin Martínez Talavera marcó una línea de advertencia que coincide con las preocupaciones históricas del Ejecutivo. Aunque respaldó la necesidad de atraer capitales extranjeros, remarcó que las fronteras comerciales no pueden abrirse sin filtros severos: «Estamos de acuerdo con la inversión, pero tiene que venir limpiamente. No podemos abrirle las puertas a empresas vinculadas a corrupción», sentenció.
Conclusión Periodística
El debate que se vivirá en el Congreso trasciende la fría lectura de un pliego interpelatorio sobre comercio exterior. Al colocar bajo el reflector los presuntos descuidos u omisiones de la gestión ministerial de hace cuatro años, justo en la antesala del cierre de urnas, la mayoría parlamentaria ha construido un escenario idóneo para que los argumentos técnicos sirvan de insumo en una evidente confrontación política contra la candidatura de Roberto Sánchez
