SERVIR: «Esta ley va en contra del espíritu de protección y promoción de los derechos de los trabajadores”.
SERVIR. Katy Ugarte Mamani, exministra de la Mujer en el Gobierno de Pedro Castillo, presentó este lunes un proyecto de ley que tiene por objeto derogar la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. La iniciativa recibió el respaldo de Alfredo Pariona Sinche, Alex Flores Ramírez, Silvana Robles Araujo y Luis Kamiche Morante.
La finalidad de la ley, según el texto del proyecto, “es promover la protección de los derechos laborales de los trabajadores estatales”.
“Mantener vigente una ley que propicie despidos masivos y vulnere los derechos laborales reconocidos constitucionalmente y en tratados internacionales, va en contra del espíritu de protección y promoción de los derechos de los trabajadores”, señala la iniciativa.
“En este sentido, agrega, derogar la Ley N° 30057 se presenta como una medida necesaria para garantizar el respeto a los derechos laborales y la dignidad de los trabajadores en el país”.
Argumentos de la propuesta
Después de la promulgación de la Ley 30057 en 2013, que representó un cambio significativo en la reforma del servicio civil en Perú, surgieron desafíos en su implementación. El objetivo era ejecutar la transición de las entidades al nuevo régimen y conducir a los servidores civiles a través de concursos para reestructurar el servicio civil y enfatizar el mérito como criterio central.
A pesar de las expectativas positivas expresadas en un informe del BID en 2015, la implementación de la ley enfrentó dificultades desde el principio, lo que resultó en un estancamiento rápido del proceso de transición. Varios factores contribuyeron a estos problemas, como la dificultad de las entidades para seguir la ruta de transición y cumplir con los requisitos técnicos, lo que generó resistencia por parte de autoridades, sindicatos y servidores públicos.
Además, la pérdida del superávit fiscal en 2015 y el cambio de gobierno en 2016 relegaron la reforma en la agenda política. A pesar de los esfuerzos realizados por SERVIR entre 2016 y 2022 para avanzar con la reforma y fortalecer algunos aspectos del servicio civil, como la capacitación de los servidores, la evaluación del desempeño y el fortalecimiento de la idoneidad en los puestos directivos, persistieron problemas importantes.
Estos incluyen la rigidez en las dotaciones de personal, la falta de fortalecimiento del mérito en el acceso al servicio civil y las distorsiones salariales, así como la falta de mecanismos previsibles para la carrera profesional de la mayoría de los servidores
La reforma del servicio civil en Perú, que comenzó en 2008, ha enfrentado retrocesos importantes en áreas previamente consideradas como fortalezas. El Consejo de Gobierno del Perú (CGP), antes fundamental en la profesionalización de la gestión en todos los niveles gubernamentales, ha perdido importancia debido a diversos factores. Además, SERVIR, la entidad líder de la reforma, ha visto disminuir su capital político y su jerarquía institucional, lo que ha dificultado aún más el progreso de la reforma.
En abril de 2022, se creó la Comisión Multisectorial con el propósito de evaluar y proponer medidas para acelerar la
implementación de la reforma y fortalecer el papel de SERVIR como líder del sistema. Después de 60 días de trabajo, la comisión emitió un informe que resaltó la debilidad en el liderazgo de SERVIR, el lento avance en la transición,
problemas en los procesos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos (SAGRH) y deficiencias en la organización y gestión de los gerentes públicos.’
El problema
El artículo 2, numeral 2, de la Constitución Política del Perú establece de manera clara el derecho fundamental a la igualdad ante la ley, prohibiendo cualquier forma de discriminación por motivos de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica u otros.
De igual manera, el artículo 26, numeral 1, de la misma constitución garantiza la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral, sin discriminación alguna. Estas disposiciones constitucionales han sido respaldadas en múltiples ocasiones tanto por el Tribunal Constitucional como por la Corte Suprema de Justicia de la República, consolidando así su importancia y trascendencia en el ordenamiento jurídico del país. En este contexto, cualquier normativa que contradiga estos principios fundamentales de igualdad y no discriminación estaría en conflicto con la Constitución y, por ende sería inconstitucional.
Así tenemos, que, desde la perspectiva del derecho laboral, la continuidad de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, plantea serias preocupaciones en cuanto a su cumplimiento con los principios fundamentales establecidos en la Constitución Política del Estado Peruano.
La aplicación de esta ley parece desviarse de su objetivo original, ya que se han observado intentos de ejecutar despidos masivos bajo el disfraz del término «desvinculación del servidor público».
Esto contradice directamente los preceptos constitucionales que garantizan la protección de los derechos laborales de los trabajadores. La Constitución establece claramente que el Estado tiene la responsabilidad de promover condiciones para el progreso social y económico, incluyendo políticas que fomenten el empleo productivo y respeten la dignidad del trabajador.
Asimismo, se debe tener en cuenta que la relación laboral está regida por principios fundamentales, como la igualdad de oportunidades sin discriminación, el carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley, así como la interpretación favorable al trabajador en caso de duda sobre el sentido de una norma.
Además, la ley otorga al trabajador protección contra el despido arbitrario. Por lo tanto, mantener vigente una ley que propicie despidos masivos y vulnere los derechos laborales reconocidos constitucionalmente y en tratados internacionales, va en contra del espíritu de protección y promoción de los derechos de los trabajadores.
En este sentido, derogar la Ley N° 30057 se presenta como una medida necesaria para garantizar el respeto a los derechos laborales y la dignidad de los trabajadores en el país.