El Ministerio Pùblico abrió hoy una ventana para iniciar una investigación penal contra el máximo dirigente del futbol peruano, Agustín Lozano, por hechos en los que habría incurrido cuando ejercía un cargo por elección popular-
La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, dispuso formalizar investigación contra Agustín Lozano Saavedra, por la presunta comisión del delito contra la administración pública – enriquecimiento ilícito en agravio del Estado, en su condición de exalcalde de la Municipalidad Distrital de Chongoyape, de la provincia de Chiclayo, región Lambayeque.
Según la investigación fiscal, durante los dos periodos que ejerció el cargo de alcalde de Chongoyape (2011 – 2014 y 2015 – 2018), Lozano Saavedra habría abusado de su posición al incrementar ilícitamente su patrimonio, con la adquisición de muebles, inmuebles, capital social, empresas y otros, apreciándose un desbalance patrimonial de más de S/ 2.8 millones, según la conclusión del informe pericial contable financiero practicado.
La tesis fiscal señala que, para encubrir estos movimientos, habría utilizado como testaferros a seis trabajadores y dos familiares.
En dicho documento se presentó el análisis del movimiento económico y la valoración patrimonial del investigado, indicando que, por ejemplo, habría obtenido la propiedad de una ferretería que estaría registrada a nombre de un árbitro de fútbol, quien sería su testaferro. Al poco tiempo, habría adquirido un predio de material de abobe, el cual convirtió en un hotel. Junto a estas compras, habría adquirido también un vehículo cuyo costo asciende a US$ 24 mil.
De las pesquisas se conoce que el actual presidente de la Federación Peruana de Fútbol también habría costeado la construcción de la vivienda de su padre, mientras compró un terreno de 40 hectáreas donde construyó una casa tipo hacienda.
Un año después, habría reedificado la casa de sus suegros, para después adquirir dos instituciones educativas de Chiclayo, dos estaciones radiales y un equipo de fútbol.
De acuerdo al artículo 41° de la Constitución Política del Estado, corresponde a la Fiscal de la Nación formular cargos ante el Poder Judicial contra los funcionarios o servidores públicos cuando sean presuntos responsables del delito de enriquecimiento ilícito.