La promotora de negocios Karelim López Arredondo se acogió al procedimiento de colaboración eficaz en una nueva investigación que inició en su contra la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos, a cargo de Luz Taquire Reynoso.
Según la declaración, la aspirante a colaborador eficaz habría revelado la existencia de una presunta organización criminal encabezada por el presidente Pedro Castillo, que se habría infiltrado en Palacio de Gobierno, en diversos ministerios y el Congreso de la República.
El objetivo de dicha organización, asegura, sería obtener dinero con las licitaciones de obras públicas, con los nombramientos en las Direcciones de Salud a nivel nacional, los ascensos en los institutos armados y los reclamos tributarios ante la Sunat.
El dinero recaudado, según la colaboradora, sería utilizado para pagar las deudas que el presidente Castillo habría contraído en la campaña electoral. “Tengo que pagar a los empresarios que han financiado mi campaña”, habría dicho el presidente, de acuerdo al relato que cita el diario La República.
Agrega que la organización habría logrado obtener el apoyo legal y la protección del fiscal superior Omar Tello Rosales, coordinador de las fiscalias anticorrupción, y de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera. De esta manera, habría asegurado que la Fiscalía no investigaría sus actividades y se les protegería ante cualquier denuncia.
La organización estaría integrada, según la versión de la colaboradora eficaz, por el dueño de la casa del jirón Sarratea, Segundo Alejandro Sánchez Sánchez; los sobrino del presidente, Fray Vásquez Castillo, Rousbelt Oblitas Paredes y Gian Castillo Gómez; el ex secretario general de la Presidencia Bruno Pacheco Castillo; el titular del MTC, Juan Francisco Silva Villegas; el empresario y especialista de seguridad, Zamir Villaverde García y por lo menos cinco congresistas de Acción Popular, quienes son llamados por el apelativo de ‘Los Niños’.
La colaboradora habría señalado que en este grupo se encuentran Raúl Felipe Doroteo Carbajo, parlamentario por Ica, y el médico Juan Carlos Mori Celis, representante por la región Loreto. La fiscalía dice que los cinco congresistas de Acción Popular obedecen todo lo que les dice el presidente y a cambio se beneficiarían de millonarios contratos con el MTC, a través de la empresa INIP Ingeniería Integración de Proyectos SAC y otras relacionadas con inversionistas chinos.
La declaración también compromete al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y al exministro de Defensa Walter Ayala, aunque no es claro si también están vinculados como integrantes de la presunta organización ilícita.
La organización, relata, habría empezado a actuar en la casa ubicada en el jirón Sarratea 179, en el distrito de Breña, y luego se habría trasladado a Palacio de Gobierno. Así, asegura que fue testigo presencial de reuniones, acuerdos ilícitos y discusiones que ocurrieron y siguen ocurriendo en la casa del jirón Sarratea y Palacio de Gobierno desde julio del 2021 hasta el momento actual.
Precisa que participó en dos reuniones en la casa de Sarratea y que, en aquellas, Castillo ordenó y acordó con Segundo Sánchez y Bruno Pacheco “negociar” las licitaciones de obras públicas y arreglar las deudas tributarias con el distribuidor mayorista de equipos informáticos Grupo Deltrón.
En esas reuniones, el presidente Castillo les habría dicho que debía cumplir con las deudas que había contraído con diversos empresarios que financiaron su campaña electoral.
Sobre la campaña, en otra parte de la declaración, la colaboradora dice que Bruno Pacheco le contó que el presidente había reconocido que Los Dinámicos del Centro aportaron dinero a su campaña. La lista de empresarios beneficiados es bastante amplia e incluye a traficantes de terrenos y de insumos químicos, que frecuentemente se desvían a la mineria ilegal
Sobre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, refiere que el ministro Juan Silva ha estructurado una red para arreglar las licitaciones de obras públicas en Provías Nacional, siguiendo con el modelo del Club de la Construcción, es decir, recibir un porcentaje del costo de las obras licitadas.
Con respecto al Minsa, señala que existe una red que cobra hasta 150.000 soles para nombrar a los directores regionales de Salud.
