Expulsión, es la propuesta del Ejecutivo para los extranjeros que delincan en territorio nacional y que sean capturados en flagrancia. La misma sanción alcanza, de acuerdo a la propuesta anunciada por Dina Boluarte en su Mensaje al Congreso, parta los extranjeros condenados a una pena suspendida o condicional.
“Ahora bien, a efectos de frenar la acción delictiva cometida por extranjeros en nuestro país, anuncio que incorporaremos, en el Código Penal, como pena restrictiva, la figura de la expulsión, en casos de flagrancia. De esta manera, cubriremos un vacío que existía en nuestra legislación”.
“Asimismo, se ha contemplado la modificación del artículo 30° del Código Penal que permitirá aplicar como pena, la figura de la expulsión a los extranjeros que hayan sido condenados a una pena suspendida o condicional”, señaló la presidente Dina Boluarte.

Expulsión y delegación de facultades
Ante la representación nacional, la presidente presentó “un proyecto de delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo, por el plazo de 120 días, a fin de aprobar las medidas que necesita hoy el Perú para enfrentar, con mayor dureza y eficiencia, a la delincuencia y la criminalidad”.
“Este proyecto de delegación de facultades también incluye la contención de las probables consecuencias negativas del Fenómeno El Niño Global; la gestión de moderna infraestructura productiva y de servicios; así como dar prioridad a la meritocracia como base de la institucionalidad del Estado, en el contexto del impulso a la reactivación acelerada de nuestra economía”.
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“Nuestro propósito es, explicó, producir un total de 50 normas, 33 directamente encaminadas a reducir al máximo las amenazas de la delincuencia; 6 normas para enfrentar oportuna y eficientemente las emergencias que se deriven de la anomalía climatológica; 10 decretos legislativos sobre desarrollo de la infraestructura; y 1 sobre meritocracia para reducir el déficit de calidad de los recursos humanos que el Estado incorpora a sus instituciones”.
Expulsión: Este es el texto expuesto por la presidente Boluarte sobre la lucha contra la criminalidad
“Ante el flagelo de la criminalidad, la Policía Nacional del Perú ha intensificado sus operaciones. Hoy tenemos una policía más activa y más presente en las calles y en las zonas de alto riesgo. Como he mencionado, en lo que va de mi Gobierno hemos desbaratado más de 6,600 bandas y 82 organizaciones criminales, logrando detener a más de 144 mil presuntos autores de diversos crímenes.
Contra el Tráfico Ilícito de Drogas ha erradicado cerca de 10 mil hectáreas de cultivo ilegal de coca, habiendo decomisado 49 toneladas de droga en su mayor parte pasta básica de cocaína y cocaína pura; también se ha destruido 501 laboratorios de producción de droga, 31 pistas de aterrizaje clandestinas y 8.7 toneladas de insumos químicos para fabricar droga.

Una reflexión sobre el fenómeno del narcotráfico. En el año 2016, el país tenía 40 mil hectáreas de coca; hoy bordeamos las 100 mil. Varios Gobiernos han pasado y el escalofriante incremento de la coca ilegal no ha cesado; inclusive varios de los críticos de hoy estuvieron al frente de MININTER, y fueron incapaces de detener el crecimiento exponencial del espacio cocalero, que ha convertido a nuestro país en uno de los principales exportadores de cocaína en el mundo. Anuncio que la lucha contra el narcotráfico se incorpora desde este momento a la agenda central de mi Despacho y que enfrentaremos el crimen organizado y los delitos conexos generados por el tráfico de drogas. Para ello, produciremos nuevas metas de erradicación e incrementaremos el presupuesto destinado al desarrollo alternativo integral y sostenible.
Delegación de Facultades
Para afrontar el grave desafío de la delincuencia, presentó ante usted, señor Presidente, un proyecto de delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo, por el plazo de 120 días, a fin de aprobar las medidas que necesita hoy el Perú para enfrentar, con mayor dureza y eficiencia, a la delincuencia y la criminalidad.
Este proyecto de delegación de facultades también incluye la contención de las probables consecuencias negativas del Fenómeno El Niño Global; la gestión de moderna infraestructura productiva y de servicios; así como dar prioridad a la meritocracia como base de la institucionalidad del Estado, en el contexto del impulso a la reactivación acelerada de nuestra economía.
Nuestro propósito es producir un total de 50 normas, 33 directamente encaminadas a reducir al máximo las amenazas de la delincuencia; 6 normas para enfrentar oportuna y eficientemente las emergencias que se deriven de la anomalía climatológica; 10 decretos legislativos sobre desarrollo de la infraestructura; y 1 sobre meritocracia para reducir el déficit de calidad de los recursos humanos que el Estado incorpora a sus instituciones.
Dado el alto índice de la delincuencia, en el marco de la solicitud de facultades, pretendemos aprobar una norma orientada a reforzar la lucha contra la extorsión, la estafa, el fraude y otros delitos, con una herramienta que permita el intercambio de información entre la Superintendencia de Banca y Seguros, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional.
Asimismo, se establecerá un marco normativo para la implementación, operación y mantenimiento de la Central Única de Emergencias, a través de un único número que regule su interconexión y funcionamiento, así como medidas para el traslado de su administración y funciones de las entidades involucradas.
Buscamos también modificar el Código Penal respecto a sus alcances en los delitos de robo, hurto y la penalización del uso de celulares robados o ilegales para romper el ciclo pernicioso de una de las modalidades delictivas que generan alto riesgo contra la vida, el cuerpo y la salud de nuestra población.
Ahora bien, a efectos de frenar la acción delictiva cometida por extranjeros en nuestro país, anuncio que incorporaremos, en el Código Penal, como pena restrictiva, la figura de la expulsión, en casos de flagrancia. De esta manera, cubriremos un vacío que existía en nuestra legislación.
Asimismo, se ha contemplado la modificación del artículo 30° del Código Penal que permitirá aplicar como pena, la figura de la expulsión a los extranjeros que hayan sido condenados a una pena suspendida o condicional.
De igual manera, la modificación del artículo 303–A la misma que sancionará a quienes promueven, favorecen, financian o facilitan el tránsito irregular en el país de otra persona, con el fin de obtener directa o indirectamente, cualquier beneficio para sí, o para terceros, en aquellas zonas que no son frontera, conducta que actualmente es impune.
También, nos planteamos modificar el Código Procesal Penal a efectos de contar con normativa que pueda ser aplicable a los extranjeros que delinquen en territorio nacional y que muchas veces no cuentan con arraigo suficiente o con documentos que puedan acreditar fehacientemente su identidad.
Planteamos, de igual manera, modificar el Decreto Legislativo 30299, Ley de Armas de Fuego y Municiones, a fin de establecer precisiones en la regulación vigente sobre la materia, así como de las licencias y prohibiciones.
En el marco de la solicitud de facultades, también vamos a fortalecer el control migratorio a nivel nacional adoptando medidas orientadas a mitigar los riesgos derivados de las acciones contrarias al ordenamiento jurídico, entre ellas, estableciendo un procedimiento administrativo sancionador aplicable a procedimientos migratorios.
De igual manera, aprobaremos la ley de Internet segura. Con este instrumento se establecerá un marco regulatorio que permitirá la adecuación de la regulación vigente, al convenio contra la ciberdelincuencia y a convenciones internacionales relacionadas con la protección de niños, niñas y adolescentes contra los riesgos del mundo digital.

Pretendemos también modificar el Decreto Legislativo N° 29010 a efectos de incluir en las facultades de los Gobiernos regionales y locales la de realizar gastos de inversión en los servicios policiales, operativo básico especializado, de investigación criminal, de formación policial y aportes a la infraestructura y equipamiento policial.
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De otro lado, frente a la alta incidencia de la violencia contras las mujeres e integrantes del grupo familiar, proponemos modificar el Código Procesal Penal con la finalidad de establecer que las requisitorias cursadas a la autoridad policial no caduquen hasta la efectiva detención de los agresores.
Esta propuesta modificará también el Decreto Legislativo N°1428 que desarrolla medidas para la atención de personas desaparecidas en situación de vulnerabilidad”.