Vea en video todo lo que sucedió esta mañana en el penal de Barbadillo
Pedro Castillo. Una inusual situación se produjo hoy en la Sala de Audiencias del Penal de Barbadillo donde el expresidente junto a cinco de sus excolaboradores son juzgados por el delito de rebelión en el que habrían incurrido a raíz de la intentona golpista del 7 de diciembre de 2022.
“Señor presidente, yo no deseo participar más de este juicio con su permiso puedo retirarme”, a lo que el presidente del Tribunal respondió “No señor Castillo. Las personas que están comprendidas en un proceso tienen deberes y derechos”, para enseguida advertirle que si lo hace (cumple su amenaza de retirarse) procederá a impedirlo sin especificar la manera que lo haría, aunque se entiende que sería con la participación de la fuerza pública).
Durante algunos minutos y en medio de la Audiencia del caso, que se encuentra en la etapa de alegados, el procesado y el juzgador, el juez Neyra Flores y en primera instancia con la directora de debates la juez Norma Carbajal, tuvieron un encuentro de palabras por un momento irrespetuoso
Con una tesis de Azángaro (nombre con el que se denomina a la calle donde se falsifican pruebas y documentos) que no pueden justificar un tema…; señor Castillo, perdóneme. Tiene que moderar su vocabulario porque no vamos a permitir que usted haga uso de la palabra; controlamos el tema a través d los micrófonos”.
El caso
El expresidente es procesado en la sala de audiencias de la Corte Suprema del penal Barbadillo, junto a sus coacusados Aníbal Torres, Betssy Chávez Chino y Willy Huerta Olivas.
Tras el inicio de la audiencia la sala pasó a receso de cinco minuto, debido a que uno de los procesados tuvo un problema de salud.
Atendido el inconveniente, la sesión prosiguió con la defensa del exministro del Interior Willy Huerta, que calificó la acusación contra su defendido de «paupérrima» y alegó que no debió superar el control de la etapa intermedia para llegar a juicio.
A su turno, la defensa del general PNP Manuel Lozada rechazó que su defendido haya sido parte del pacto golpista o que haya transmitido una orden para impedir el funcionamiento del Congreso.
Intervino, posteriormente, el abogado defensor de la ex primera ministra Betssy Chávez, quien negó que su patrocinada hubiera participado en el discurso golpista e indicó que no se produjo ningún delito de rebelión, porque no hubo alzamiento en armas.
En ese momento, Pedro Castillo interrumpió e insistió en no necesitar los servicios del abogado de oficio (que fue asignado para su defensa) y que su único delito fue defender al pueblo. «No deseo participar de este juicio, ¿puedo retirarme?», preguntó. «No, señor Castillo», le respondió la sala.
En la sala de audiencias del penal Barbadillo (Justicias TV Facebook).
Simpatizantes
Al igual que el jueces, cuando se inició el juicio oral, simpatizantes de Pedro Castillo se concentraron en las afueras de la sede policial para mostrarle su respaldo.
La acusación fiscal
El Ministerio Público ha solicitado contra Castillo Terrones una pena de 34 años de prisión y el pago de 65 millones 419,038.53 soles como reparación civil en favor del Estado peruano.
Para los otros acusados, la Fiscalía pide 25 y 15 años de cárcel; así como una reparación civil ascendente a 64 millones 419,038 soles que deberá pagarse de forma conjunta entre los que fueran sentenciados.
Se les atribuye la presunta comisión del delito de rebelión, por el intento de quebrantamiento del orden constitucional el 7 de diciembre del 2022, cuando Pedro Castillo leyó un mensaje en televisión nacional que disponía disolver el Congreso y reorganizar el Poder Judicial, Ministerio Público y otras instituciones.
Durante la etapa de investigación fueron admitidas 65 pruebas documentales y las declaraciones de más de 69 testigos; así como pericias forenses, grafotécnicas y otras.
También participarán tres peritos admitidos para la fiscalía y los acusados; así como 16 objetos de convención probatoria y un total de 75 documentos probatorios de todas las partes.
El colegiado está compuesto por el juez supremo José Neyra Flores (presidente) y los magistrados Iván Guerrero López y Norma Carbajal Chávez.
