Sicariato: iniciativa comprende a jóvenes de 16 y 17 años para delitos graves
Sicariato. Con 57 votos a favor, 30 en contra y 9 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó -en primera votación- el dictamen recaído en los proyectos de ley 618/2021 -CR, 6080/2023-CR, 7771/2023-CR y 8166/2023-CR, que propone modificar el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, para incorporar a los adolescentes de 16 y 17 años como imputables dentro del sistema penal por delitos graves.
Previamente, la iniciativa pasó a un cuarto intermedio tras un pedido del congresista José Balcázar (PL), quien alegó que UNICEF ha protestado por la posibilidad de una imposición de penas a menores de edad.
Asimismo, se planteó una cuestión previa++++ para que la propuesta retorne a la Comisión de Justicia, para un mejor análisis, pero no tuvo respaldo.
A favor
Durante el debate, el congresista Alejandro Muñante (RP), uno de los autores de la iniciativa, sostuvo que en el país cuando un menos de 16 o 17 años comete delitos de sicariato, extorsión y homicidio calificado es simplemente sancionado “como un infractor de la ley penal”.
“Es decir se le da el mismo tratamiento de un niño y eso conlleva a que sean internados en centros juveniles como ‘Maranguita’, donde permanecen hasta cumplir los 5 o 6 años, pero no va a un penal al cumplir los 18 años”, señaló el parlamentario.
Asimismo, Héctor Valer (SP) sostuvo que la iniciativa es buena para combatir la delincuencia y el sicariato, ya que es “una clara medida contundente en la lucha contra la criminalidad”.
Para el congresista José Luna (PP), una verdadera norma para luchar contra la delincuencia es la planteada, por lo que consideró que debe aprobarse la modificación del Código Penal para incorporar a los adolescentes de 16 y 17 años como imputables.
Coincidió con ellos el legislador Fernando Rospigliosi, quien consideró indispensable que se apruebe dicha iniciativa, ya que la Policía conoce como las bandas criminales reclutan a jóvenes de 16 y 17 años para que cometan crímenes horrendos.
“Se burlan de la Policía porque saben que serán prontamente liberados. Esto tiene que terminar, esta ley tiene que aprobarse porque es un avance para frenar la ola delincuencial”, expuso.
En contra
La parlamentaria Silvana Robles (BS) sostuvo que es cierto que hay muchos adolescentes que infringen la ley, pero pasar de sanciones a penas no va a tener resultados en la lucha contra la delincuencia.
Su colega Kelly Portalatino (PL) señaló que la necesidad de aprobarse la citada iniciativa es por la falta de presencia del Estado en la educación. “Necesitamos fortalecer los centros comunitarios de salud mental y más profesionales para atender a los adolescentes”, dijo.
Por su parte, Guillermo Bermejo (JPP-.VP) señaló que la propuesta para que los adolescentes sean imputables por delitos graves no ha funcionado en varios países, como Estados Unidos. “Por el contrario, la delincuencia va a aumentar. Estamos tomando medidas populistas. En este país siempre ha funcionado la inteligencia y el seguimiento”, acotó.
La congresista Isabel Cortez (BDP) manifestó que lo mejor sería que se invierta más en educación, que es la base para que los adolescentes no caigan en la delincuencia.
Luego, el legislador Elvis Vergara sostuvo que endurecer las penas contra los adolescentes no cambiará la realidad del Perú, porque el problema para reducir la delincuencia es otro. “Los penales son las escuelas del delito y (allí) no pueden estar menores”, señaló.
Centro de gestión y monitoreo integral de entidades complementarias al servicio de transporte
Igualmente, el Pleno del Congreso aprobó, por mayoría, y en primera votación, el dictamen que propone la Ley que modifica la Ley 27181, Ley general de transporte y tránsito terrestre, para implementar el centro de gestión y monitoreo integral de entidades complementarias al servicio de transporte.
La fórmula legal aprobada se sustenta en el Proyecto de Ley 5092/2022-CR. Obtuvo 72 votos a favor, 8 votos en contra y 16 abstenciones. De acuerdo con el artículo 78 del Reglamento del Congreso, será sometida a segunda votación transcurridos siete días calendario.