La denuncia por el mismo cargo también comprende a vocero de Juntos por el Perú, Hernando Cevallos y otras seis personas
En lo que perfila como un nuevo frente de alta tensión entre las instituciones del Estado y el ejercicio de la libertad de expresión, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos Contra el Orden Público formalizó una denuncia penal contra la periodista Claudia Consuelo Cisneros Méndez y otras siete personas en lo que constituye un intento de criminalización de la libertad de expresión por parte del Estado.
La medida legal alcanza además de la periodista Cisneros Méndez, al exministro y miembro del equipo técnico de Juntos por el Perú, Hernando Cevallos Flores, al líder etnocacerista Antauro Humala Tasso, al dirigente César Hugo Tito Rojas, además de Lucio Ccallata, Pavel Yavar Gonzales, Andrea Lía Valderrama Campos, Elizabeth Flores, y Luz del Carmen Bazalar.
A través del Oficio N° 2333-2026-PGE-PPEDCOP, fechado el 18 de junio de 2026, la Procuraduría notificó oficialmente a la Dirección de Investigación Criminal (DIRINCRI) y a la División de Investigaciones de Alta Complejidad (DIVIAS) de la Policía Nacional del Perú (PNP) sobre el inicio de estas acciones legales.
El cargo central imputado a los investigados es la presunta comisión del delito de grave perturbación de la tranquilidad pública, tipificado en el artículo 315°-A del Código Penal peruano, el cual sanciona aquellos actos o discursos que, a criterio del Estado, alteren de forma grave el orden interno y la institucionalidad del país.
El documento oficial detalla que la denuncia ya ingresó formalmente al sistema del Ministerio Público bajo el registro número DEN-ENT-202602038. El caso ha sido derivado al Cuarto Despacho de la Tercera Fiscalía Corporativa Penal, cuya competencia territorial abarca los distritos de Cercado de Lima, Breña, Rímac y Jesús María.
Será este despacho fiscal el encargado de calificar la denuncia y determinar si existen los elementos de convicción necesarios para abrir una investigación preliminar formal. Según el texto del oficio, la Procuraduría fundamenta su acusación, en parte, en los informes de inteligencia e investigación previos remitidos por la propia DIVIAS mediante los Oficios N.° 187-2026 y 191-2026.
Claudia Cisneros responde: «Es un intento de intimidar y desalentar el disenso»
La respuesta de los sectores implicados no se hizo esperar. La periodista Claudia Cisneros emitió un enérgico comunicado público en el que rechaza en todos sus extremos la denuncia de la Procuraduría, calificándola como un atentado directo contra los derechos fundamentales protegidos por la Constitución Política del Perú.
«Rechazo de manera categórica la denuncia presentada (…) en mi contra por ejercer derechos que la Constitución reconoce y protege. Expresar opiniones políticas, cuestionar a las autoridades, advertir sobre riesgos para la democracia o respaldar movilizaciones ciudadanas pacíficas no son delitos: son actos legítimos de participación política y libertad de expresión», manifestó textualmente Cisneros en el primer punto de su pronunciamiento.
La mujer de prensa expresó su profunda preocupación por el hecho de que un organismo estatal pretenda utilizar el aparato de persecución penal para criminalizar la actividad periodística y el análisis político. Para Cisneros, cuando el Estado investiga penalmente a los ciudadanos por manifestar sus posturas o por convocar a acciones democráticas, se desvirtúa el rol de la Procuraduría: «No estamos ante la defensa del orden público, sino ante un intento de intimidar y desalentar el disenso», sentenció.
El uso de recursos retóricos en el debate público
En su defensa, la periodista explicó que los cuestionamientos que originaron la denuncia penal se dieron dentro de un contexto de alta tensión social y profunda desconfianza ciudadana hacia las instituciones. Argumentó que sus declaraciones públicas corresponden estrictamente a análisis de escenarios políticos posibles y que, como es habitual en el debate democrático, recurrió a herramientas lingüísticas propias de la opinión.
«Utilicé recursos retóricos y expresiones figuradas para describir el clima político y las eventuales reacciones sociales frente a hechos que podrían ser percibidos por amplios sectores de la población como una vulneración de la voluntad popular», detalló Cisneros. En esa línea, argumentó que la Procuraduría realiza una «interpretación forzada» de sus palabras al pretender exhibirlas como instrucciones o llamados explícitos a la violencia, ignorando de forma deliberada el contexto y las garantías internacionales que amparan la libertad de prensa.
Finalmente, el comunicado concluye con una advertencia sobre los riesgos de instrumentalizar la justicia con fines de persecución política para castigar las voces críticas y generar un «efecto de amedrentamiento» colectivo. Cisneros reafirmó que la democracia no se fortalece persiguiendo a quienes piensan distinto, sino garantizando que la ciudadanía pueda expresarse y organizarse libremente sin temor a las represalias del poder de turno. Vea la declaración de la periodista:
Con la denuncia ya instalada en la Tercera Fiscalía Corporativa Penal, corresponderá al Ministerio Público evaluar de manera autónoma si los discursos y posiciones de los denunciados constituyen un delito real contra el orden público o si, por el contrario, la demanda estatal colisiona con el derecho constitucional a la libre expresión y el ejercicio de la crítica política en el país.
Hernando Cevallos , igualmente rechazó las acusaciones de la Procuraduría: «Rechazo estas burdas amenazas, no me van a amedrentar, la libertad de expresión y el derecho a la manifestación del pueblo no son delitos»», sentenció:
Conclusiones sobre la denuncia de la Procuraduría y la respuesta ciudadana
1. Intento de criminalización de la libertad de expresión por parte del Estado La denuncia penal formulada por la Procuraduría Pública Especializada evidencia una preocupante tendencia de parte del Estado peruano por judicializar el disenso. Al calificar como «grave perturbación de la tranquilidad pública» las opiniones y críticas políticas, se pone en riesgo el legítimo derecho universal a la libertad de expresión, pretendiendo convertir el debate de ideas en materia de persecución penal.
2. Instrumentalización del aparato judicial como mecanismo de intimidación Tal como lo expone la defensa de la periodista Claudia Cisneros, la activación de recursos fiscales y policiales (como la DIVIAS) ante análisis políticos críticos funciona como un mecanismo de amedrentamiento. Este tipo de acciones busca generar un efecto de autocensura en la prensa y en los actores políticos, desalentando la libre participación ciudadana en contextos de alta tensión social.
3. Distorsión intencional del lenguaje y del recurso retórico La denuncia se sostiene sobre una interpretación forzada y descontextualizada de las declaraciones de los investigados. El Estado asume de manera literal y punitiva el uso de figuras literarias, metáforas y recursos retóricos —habituales en el debate público y el ejercicio periodístico— para tipificarlos erróneamente como incitaciones explícitas a la violencia o instrucciones de desestabilización.
4. Una estrategia punitiva de amplio espectro político El alcance de la medida legal —que incluye desde periodistas independientes hasta líderes de bancadas de izquierda (Juntos por el Perú) y dirigentes etnocaceristas— demuestra que la estrategia de la Procuraduría no discrimina el perfil ideológico. Se trata de una acción de amplio espectro dirigida a neutralizar las distintas voces críticas que cuestionan la legitimidad o la gestión de las autoridades vigentes.
5. El rol definitorio del Ministerio Público frente a las garantías constitucionales La derivación del caso al Cuarto Despacho de la Tercera Fiscalía Corporativa Penal traslada la responsabilidad al Ministerio Público para actuar como un filtro de legalidad. Corresponderá a la Fiscalía determinar con autonomía si archiva la denuncia por carecer de sustento delictivo o si valida una postura estatal que colisiona directamente con las garantías internacionales de los derechos humanos.
6. Debilitamiento institucional de los cimientos democráticos La persecución de quienes piensan distinto debilita la calidad democrática del país. Una democracia sólida se fortalece garantizando canales libres para la protesta pacífica, el cuestionamiento institucional y la fiscalización periodística; por el contrario, utilizar los delitos contra el orden público para silenciar la fiscalización civil erosiona la confianza ciudadana en el sistema de justicia.
