Los actos de violencia registrados en Bolivia tras la renuncia de la presidencia de Evo Morales, dejaron hasta el momento la muerte confirmada de 21 personas, 14 de éstas en un contexto de intervenciones conjuntas entre Policía Boliviana y Fuerzas Armadas, reveló hoy sábado en conferencia de prensa la Defensora del Pueblo de Bolivia, Nadia Alejandra Cruz Tarifa.
Indicó además que el número de fallecidos podría subir en las próximas horas, hay una persona en estado grave además de otras cinco sometidas a operaciones que no podrían recuperarse,
En su intervención, la funcionaria habló de lo ocurrido el viernes en Huayllani, Cochabamba, donde, señaló, no hubo un enfrentamiento sino una represión policial militar que hoy deja siete personas confirmadas muertas, una persona que está a punto de perder la vida, cinco que están saliendo de cirugías muy delicadas y más de un centenar de personas, en su mayoría por impacto de bala”.
En paralelo, la Defensoría del Pueblo, en un comunicado rodeado del slogan “Bolivia quiere paz, sin racismo ni discriminación”, refiere que “Se ha observado un número importante de arrestos de civiles a partir del 10 de noviembre, que han presentado signos notorios de tratos crueles, motivo por el cual se han remitido comunicaciones escritas de recordatorios, sobre las prohibiciones de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, tanto a la presidenta del Estado, así como a las Fuerzas Armadas y a la Policía Boliviana, solicitando que su accionar se enmarque en las normas nacionales e internacionales de derechos humanos”.
Lea también:
[Evo Morales: “Pronto volveré con más fuerza y energía”]
La Defensoría del Pueblo señala que “Es importante también para la Defensoría del Pueblo que la Policía Boliviana investigue, en el marco de sus competencias, todo los actos de vandalismo que puedan perturbar la seguridad e integridad de la población, pero es necesario señalar que la institución ha recibido denuncias sobre posible implantación de evidencias con el fin de incriminar a personas en actos delictivos. Es importante en esa línea que la Dirección General de Investigaciones Internas (DIGIPI) de la institución de la orden, en una señal de transparencia pueda investigar estos hechos y, en su caso, establece sanciones”.
Ante la continua convocatoria a movilizaciones que se dirigen a la ciudad de La Paz, la Defensoría del Pueblo demanda al Estado y a las fuerzas de seguridad conjuntas que están obligadas a no afectar la vida y la integridad de personas cuyo derecho a la protesta se encuentra protegido por el marco constitucional.
“Se exhorta a los sectores movilizados, a la población, a la ciudadanía que en este momento se encuentra movilizada, a deponer cualquier actitud de violencia contra personas, bienes públicos o privados, así también invoca que si se identifica sectores o grupos de vándalos dentro de sus movilizaciones, los entreguen al sistema de justicia para que no se deslegitime su movilización, para que no se generen a través de estos grupos hechos delictivos. Asimismo, implora a los sectores movilizados a no afectar a la población que está en las ciudades, a que permitan la provisión de alimentos y el suministro de energéticos; en esa línea es fundamental que el Estado baje a hablar con las organizaciones movilizadas”.
Vea el pronunciamiento completo de la Defensoría del Pueblo de Bolivia ante el actual conflicto
https://youtu.be/8DYVsgBSFMY
