Juez reclama a Reggiardo cumplir en 3 días una serie de exigencias, entre ellas que la Presidencia sea parte demandada

Renzo Reggiardo. Para que la demanda de amparo interpuesta por el alcalde de Lima contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) prospere y no sea archivada definitivamente, el titular del Sillón de Nicolás de Rivera “El Viejo” debe cumplir con una serie de exigencias procesales y jurídicas detalladas por el Quinto Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima.

Vea la Resolución Judicial:

Este es el camino legal que debe seguir el burgomaestre para que su recurso sea admitido a trámite:

1. Definir su Identidad Jurídica (Legitimidad para Obrar)

El juez ha detectado una «dualidad incompatible» en el recurso actual. Reggiardo debe aclarar bajo qué condición está demandando:

• Como ciudadano particular: Si busca proteger su derecho individual al sufragio.
• Como Alcalde Metropolitano: Si actúa en representación institucional de la Municipalidad de Lima para defender los intereses de los vecinos. Esta distinción es vital, ya que si actúa como autoridad, debe adjuntar el documento formal que lo autorice legalmente a apersonarse en nombre de la institución.

2. Sustentar el Pedido de Elecciones Complementarias

Uno de los puntos más débiles señalados por el juzgado es que el pedido de convocar a nuevos comicios «no se sostiene en un dispositivo legal expreso». Para que la demanda prospere, el equipo legal del alcalde debe:

• Precisar el ejercicio constitucional: Debe explicar si solicita que el juez inaplique una norma vigente o si debe realizarse un control de convencionalidad (basado en tratados internacionales) frente a la decisión del JNE.
• Justificar la excepcionalidad: Debe argumentar técnicamente por qué la afectación de 3,605 mesas y más de un millón de electores justifica una medida tan drástica como repetir la votación.

3. Ampliar la Demanda al Ejecutivo

El juzgado recordó un principio constitucional básico: quien tiene la facultad de convocar a elecciones es el Presidente de la República (Art. 118, Inc. 5 de la Constitución).

• Para que la demanda sea viable, Reggiardo tendría que incluir a la Presidencia de la República (o al Ejecutivo) como parte demandada o emplazada, ya que el JNE por sí solo no tiene la atribución de realizar la convocatoria que el alcalde solicita.

4. Cumplir el Plazo Perentorio

El alcalde no tiene margen de error en el tiempo. El Poder Judicial le ha otorgado un plazo de tres días hábiles para subsanar estas omisiones.

• El riesgo: Si el documento de subsanación no responde punto por punto a lo requerido por el juez Ramírez Niño de Guzmán, el proceso será enviado al archivo de inmediato bajo el apercibimiento dictado en la resolución.

Análisis de Fondo: Aunque el JNE suele ser inimpugnable en materia electoral según el artículo 142 de la Constitución, el juez ha dejado la puerta abierta al citar que «no existe isla fuera del control constitucional». El éxito de Reggiardo depende ahora de que logre transformar un reclamo político en un argumento jurídico impecable en las próximas 72 horas.

A la luz de lo que se conoce, que posibilidades reales tiene el alcalde de Lima para

Reunir toda la documentación que solicita el juez Ramírez Niño de Guzmán?.No será que el juez pretende darle una lección para que nunca mas nuinguna persona, por mas autoridad que sea, pretenda poner en te,ma de juicio las decisiones en materia electoral del JNE?

¿Qué posibilidades reales tiene Renzo Reggiardo para cumplir la exigencia judicial?

Para analizar las posibilidades reales que tiene el actual ocupante del Sillón de Nicolás de Rivera de salvar su demanda, es necesario separar los requisitos técnicos de la interpretación política del fallo.

La resolución emitida por el Quinto Juzgado Especializado en lo Constitucional no es un rechazo definitivo, sino una declaración de inadmisibilidad, lo que en términos jurídicos significa que el juez ha encontrado «baches» en la redacción y estrategia que deben ser rellenados en un plazo de tres días.

Posibilidades reales de subsanación

El equipo legal de la Municipalidad de Lima enfrenta un reto contra el reloj para reunir lo siguiente:

• Aclarar la legitimidad (El «quién»): Esta es la parte más sencilla de resolver. El alcalde debe decidir si actúa como ciudadano (defendiendo su voto) o como Alcalde (representando a la ciudad). Si elige la segunda opción, solo necesita adjuntar el acta de proclamación o el documento oficial que lo faculta como representante legal de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
• Vincular al Ejecutivo: El juez ha dado una pista procesal clave: el JNE no puede convocar a elecciones por sí solo; esa es facultad del Presidente de la República. Incluir a la Presidencia como parte demandada es un trámite documentario factible, aunque cambia la magnitud política del caso.
• El sustento legal (El «cómo»): Aquí reside la mayor dificultad. El juez señala que el pedido de elecciones complementarias no tiene un «dispositivo legal expreso». El alcalde debe presentar un argumento jurídico de control de convencionalidad, explicando por qué los derechos humanos (sufragio) están por encima de la normativa electoral vigente que el JNE aplicó para negar los comicios.

¿Un muro infranqueable? El mensaje implícito tras la inadmisibilidad

Más allá del rigor de los códigos, la resolución del juez Ramírez Niño de Guzmán puede leerse como una «aduana técnica» diseñada para proteger la estabilidad del sistema electoral. Al declarar inadmisible el recurso del titular del Sillón de Nicolás de Rivera, el Poder Judicial parece enviar un mensaje de largo alcance: las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no se impugnan con retórica política, sino con una precisión jurídica que rinde tributo a la infalibilidad que la Constitución le otorga al órgano electoral.

El peso del desánimo institucional:

• La trampa del tiempo: Otorgar solo tres días para subsanar deficiencias de fondo —como la falta de un dispositivo legal que sustente la convocatoria a nuevas elecciones — sugiere que el juzgado busca cerrar la controversia por la vía del agotamiento procesal.
• La jerarquía de la autoridad: Al observar una «dualidad incompatible» en la identidad del demandante, el juez le recuerda a la autoridad que, frente a la ley, su investidura no lo exime de las formas más estrictas de representación.
• El blindaje del sistema: Aunque el juez reconoce que «no existe isla fuera del control constitucional», la resolución actúa como un recordatorio disuasivo: quien pretenda poner en tela de juicio al JNE deberá enfrentar un calvario técnico que, en la práctica, hace que cualquier demanda sea casi inalcanzable.

En definitiva, la resolución podría ser menos una guía de subsanación y más una lección de realismo jurídico: un aviso para que futuras autoridades entiendan que los fueros del JNE son, por diseño, un territorio hostil, por no decir imposible, para la revisión judicial.

Los otros recursos

Además de la acción de amparo que ha sido declarada inadmisible por el Quinto Juzgado Constitucional, el alcalde Renzo Reggiardo ha desplegado una estrategia legal en varios frentes para cuestionar las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Estas son las otras acciones judiciales y recursos clave que tiene actualmente en curso:

1. Demanda Competencial ante el Tribunal Constitucional (TC)

Esta es, quizás, la acción de mayor peso político e institucional. Fue presentada el pasado 4 de mayo de 2026 tras recibir la autorización del Concejo Metropolitano.

• El objetivo: Reggiardo sostiene que el JNE ha incurrido en un «menoscabo de atribuciones constitucionales» de la Municipalidad de Lima.
• El argumento: Alega que la negativa a realizar elecciones complementarias afecta la gobernabilidad local y la estabilidad de los distritos bajo su jurisdicción. Busca que el TC anule el acuerdo del JNE que declaró inviable el proceso restaurativo de los comicios.

2. Medida Cautelar para Suspender los Efectos del JNE

En paralelo a la acción de amparo (la que fue declarada inadmisible), el equipo legal de la alcaldía presentó una solicitud de medida cautelar.

• El objetivo: Lograr que, mientras se resuelve el fondo del amparo, se suspendan de inmediato los efectos del acuerdo del Pleno del JNE del 23 de abril de 2026.
• Estado actual: Su viabilidad depende directamente de que el alcalde logre subsanar los errores de la demanda principal en el plazo de tres días. Si el amparo se archiva, la cautelar cae automáticamente.

3. Posibles denuncias por infracción a la Neutralidad Electoral

Aunque no son acciones iniciadas por él, el alcalde tiene «en manos» la defensa frente a cuestionamientos de organismos civiles y electorales:

• Existen reportes y verificaciones (como las de Red Ama Llulla e IDL-Reporteros) que señalan que el alcalde podría haber vulnerado el principio de neutralidad estatal al utilizar recursos y plataformas de la Municipalidad de Lima para pronunciarse sobre temas electorales y defender la postura de su predecesor, Rafael López Aliaga.
• Esto podría derivar en procesos administrativos sancionadores ante el propio JNE o investigaciones en la Contraloría.

4. Acciones contra la ONPE (Mencionadas en anuncios públicos)

En sus recientes declaraciones a la prensa, Reggiardo ha mencionado que no descarta ampliar las acciones constitucionales contra la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

• El argumento es que las «irregularidades logísticas» (falta de material, mesas no instaladas) fueron responsabilidad directa de la ONPE, y que el JNE solo «convalidó» esa vulneración al derecho al voto.

El alcalde ha decidido jugar todas sus cartas en el sistema constitucional. Mientras intenta salvar el Amparo en el Poder Judicial, su apuesta principal descansa en el Tribunal Constitucional, buscando un fallo que obligue al sistema electoral a retroceder y convocar a las urnas en los distritos afectados.

Aluden al artículo 31 de la Constitución para fundamentar su petición

Militares en retiro. El escenario político peruano sumó un nuevo y complejo capítulo tras la difusión de un pronunciamiento suscrito por oficiales de alto rango en situación de retiro del Ejército del Perú, Marina de Guerra del Perú y Fuerza Aérea del Perú que en los últimos años desempeñaron funciones como Ministros de Estado, Jefesdel Comando Conjunto y Comandantes Generales de las Instituciones Armadas.

El documento pide, por no decir exige, al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la adopción de “medidas extraordinarias” ante presuntas irregularidades en los comicios del pasado 12 de abril. Este hecho ha encendido las alarmas sobre los límites de la libertad de expresión y la estabilidad del ordenamiento democrático.

 Este es el texto aludido: “demandamos que el JNE evalúe las medidas extraordinarias previstas por el ordenamiento constitucional para garantizar la estabilidad democrática y asegurar el respeto auténtico de la voluntad popular, evitando graves escenarios de conflictividad política y social, que afecten la gobernabilidad, la seguridad interna y la estabilidad económica del país”.

El núcleo del cuestionamiento

Los firmantes sostienen que el proceso electoral carece de la legitimidad necesaria debido a supuestas anomalías administrativas y logísticas. Argumentan que el JNE no ha esclarecido las denuncias de diversos sectores ciudadanos, lo que, a su juicio, vulnera el Artículo 31 de la Constitución Política.

Dicho artículo establece que el voto es personal, libre, igual, secreto y obligatorio hasta los 70 años. […]  Es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos.

Sin embargo, el pronunciamiento va más allá de la crítica ciudadana al «demandar» que no se respete el cronograma electoral, sugiriendo que la proclamación de resultados sin auditorías previas sería un acto punible.

Aquí, cabe una pregunta ¿esta demanda se ajusta a las facultades del JNE?. El sistema electoral peruano se rige por el principio de preclusión, lo que significa que las etapas del proceso son definitivas y no pueden revertirse por presiones externas.

Pedir «medidas extraordinarias» fuera de la ley vigente coloca al organismo electoral en una encrucijada: o cumple con la ley y el calendario, o cede ante un pedido que carece de sustento en el código electoral actual.

¿Libertad de expresión o coacción institucional?

El debate jurídico gira en torno a una pregunta punzante: ¿Estamos ante un ejercicio legítimo de opinión o ante un acto de sedición?

Los oficiales en retiro, al ser civiles, gozan de plenos derechos políticos. No obstante, el peso de sus firmas y el tono del mensaje —que advierte sobre graves escenarios de conflictividad y afectación a la seguridad interna— podrían interpretarse como una forma de coacción hacia un organismo autónomo.

La figura de la sedición implica el alzamiento colectivo o la incitación para impedir el cumplimiento de las leyes o el ejercicio de las funciones de las autoridades. Si bien el comunicado no llama explícitamente a las armas, la insinuación de que los resultados carecerán de legitimidad si no se accede a sus demandas constituye un desafío directo al Estado de Derecho.

La narrativa de «fraude» sin pruebas judiciales firmes alimenta una polarización que pone en riesgo la gobernabilidad y la paz social.

El rol de la Fiscalía y la Defensoría

Frente a este pronunciamiento, el silencio de las instituciones de control no es una opción. Corresponde a la Fiscalía de la Nación evaluar si este documento traspasa la frontera de la libre opinión para convertirse en un delito contra la tranquilidad pública o el orden constitucional.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo tiene la responsabilidad de recordar que la legitimidad democrática no se basa en la percepción de un grupo, sino en el respeto irrestricto a los canales institucionales.

La ética periodística nos obliga a señalar que el uso del Artículo 31 para intentar anular o retrasar las elecciones es una interpretación forzada. La nulidad de un proceso solo es viable bajo causales taxativas previstas en el artículo 184 de la Constitución y Ley Orgánica de Elecciones (Solo cuando los votos nulos o en blanco, sumados o separadamente, superan los dos tercios del número de votos emitidos).

Utilizar el prestigio militar para presionar al JNE en un momento de alta sensibilidad social no contribuye a la transparencia, sino que profundiza la desconfianza en las instituciones que sostienen la república.

En conclusión, la estabilidad económica y la seguridad interna que los firmantes dicen defender dependen, precisamente, de que las reglas de juego se respeten hasta el final.

La democracia peruana no puede permitir que la fuerza de los galones, incluso en el retiro, pretenda suplantar la voluntad ciudadana expresada en las urnas y procesada bajo los términos de la ley.

Es imperativo recordar que quienes portaron con honor el uniforme de la patria son, por definición, los primeros llamados a ser guardianes de la estabilidad que tanto esfuerzo costó alcanzar. La investidura que los acompañó durante décadas conlleva una responsabilidad ética que no termina con el pase al retiro: la de predicar con el ejemplo de la subordinación al poder civil y el respeto a la separación de poderes. En momentos de incertidumbre, la ciudadanía espera de sus antiguos líderes militares serenidad y prudencia, no consignas que alimenten la fractura social o que pongan en duda la arquitectura legal del país.

El verdadero patriotismo en tiempos de crisis no reside en forzar interpretaciones legales, sino en fortalecer la confianza en las instituciones del Estado. Los altos mandos, como referentes de disciplina y civismo, tienen hoy la oportunidad histórica de actuar como puentes de unidad, exhortando al país a esperar los veredictos oficiales dentro de los cauces democráticos.

Mantener la democracia en todos sus términos implica aceptar que el árbitro electoral es la única autoridad legítima para decidir el destino de los votos; cualquier camino alternativo no solo debilita la república, sino que empaña el prestigio de quienes dedicaron su vida a servirla.

A continuación, vea el texto del pronunciamiento: