Por segunda vez la Presidencia del Congreso de la República decidió ampliar la Primera Legislatura Ordinaria del Período Anual de Sesiones 2021-2022 hasta el miércoles 2 de febrero del presente año. Los asuntos materia de la agenda serán especificados en el Decreto de Convocatoria.
La presidente del Congreso de la República, María del Carmen Alva, hizo el anuncio de la ampliación de la legislatura a las 23:21 horas del miércoles, minutos antes de levantar la sesión plenaria en la que se debatió y aprobó una serie de proyectos de ley.
«Señores congresistas se les informa que la presente legislatura será ampliada hasta el miércoles 2 de febrero del presente año, a fin de abordar y debatir los temas incluidos en la agenda fija; en consecuencia se publicará oportunamente el correspondiente Decreto de Presidencia», expresó Alva Prieto.
De acuerdo al artículo 49 del Reglamento del Congreso de la República, el Período Anual de Sesiones comprende dos Legislaturas Ordinarias, la Primera culmina el 15 de diciembre de 2021.
La primera ampliación de la legiuslatura vence el 17 de enero de 2022.
El Ministerio de Economía y Finanzas desmintió mediante su cuenta oficial en redes sociales un Twitt colgado por el exministro de Justicia durante el Gobierno de Ollanta Humala, Gustavo Lino Adrianzén Olaya, en el que afirmó que todos los propietarios de autos pagarán impuestos, sin importar el costo ni el año de fabricación.
El exministro, Abogado por la Universidad de Lima y Licenciado en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares de Madrid y con estudios de post grado en Ginebra – Suiza; Estrasburgo – Francia, San José de Costa Rica y Florencia – Italia, redondeó su afirmación con la siguiente frase: “[A] Pedro Francke le pica el ojo y le hinca el hígado cada vez que ve un peruano en automóvil”.
“Es incorrecto afirmar que el MEF ha modificado el impuesto al patrimonio vehicular o que la tabla de valores para el cobro del Impuesto al Patrimonio Vehicular (IPV) grave a todos los autos usados”, precisó el MEF al tiempo de aclarar que “no se trata de un nuevo impuesto vehicular y que tampoco todos los vehículos pagarán el impuesto como se ha venido afirmando tendenciosamente”.
Luego hizo los siguientes alcances:
“Los valores referenciales para que las municipalidades provinciales determinen el impuesto al patrimonio vehicular se publican todos los años”.
“La Ley del IPV establece que si una persona compra o importa un vehículo debe pagar el IPV por los siguientes 3 años, a partir de primera inscripción que realiza en el Registro de Propiedad Vehicular. El IPV es cobrado por municipalidades provinciales. Esto continúa vigente”.
“La recientemente publicada RM N° 003-2022-EF/15, emitida por el MEF, contiene la tabla de valores referenciales para los vehículos cuyo año de fabricación sea del 2019 al 2021, a fin de que se pueda determinar la base imponible del IPV correspondiente al 2022”.
¿Por qué se publica la Tabla? Esta acción se realiza todos los años, lo que permite determinar la base imponible que es el mayor valor entre el valor de la tabla y el valor de la factura de adquisición del vehículo.
¿Por qué se publica una tabla de años anteriores al 2019? Porque lo que define los 3 años en que un vehículo estará gravado con el IPV no es su año de fabricación, sino su año de primera inscripción en el registro.
Así, por ejemplo, si en el año 2020 se ha efectuado la primera inscripción en el registro de un vehículo con año de fabricación anterior al 2019, se necesitan valores referenciales para esos autos fabricados antes de 2019.
La determinación de la base imponible y del impuesto vehicular lo realizan las municipalidades provinciales y lo distribuyen a los contribuyentes para su pago antes del vencimiento (28 de febrero).
En resumen, la publicación de la Tabla de Valores referenciales para el cobro del impuesto al patrimonio vehicular para las municipalidades provinciales se realiza todos los años, y no se trata de una modificación del IPV ni una ampliación de los años por los que los vehículos vienen gravados por ley.
Vea el Twitt de Gustavo Adrioanzèn:
TODOS LOS PROPIETARIOS DE AUTOS PAGARÁN IMPUESTOS, SIN IMPORTAR EL COSTO NI EL AÑO DE FABRICACIÓN.
Al @MEF_Peru Pedro Francke, “le pica el ojo y le hinca el hígado”cada vez q ve un peruano en automóvil. pic.twitter.com/FzIVZ0uKyG
El cruce de palabras entre los miembros del Congreso que se ubican políticamente en polos opuestos no estuvo ajeno en la última Sesión Plenaria, en momentos que se discutía el proyecto de ley que establece procedimientos para el nombramiento de ministros, viceministros y atribuciones del Consejo de Ministros.
“Esta Constitución perdió valor, esta Constitución merece de una vez por todas ser tirada al tacho, porque no obedece a los intereses del pueblo. Producto de ello la presidenta [de la Comisión de Constitución] viene de manera reiterada modificando esta Constitución”, expresó el parlamentario de Perú Libre por Ancash, Elías Marcial Varas Meléndez.
De inmediato, la presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, Patricia Juárez Gallegos, de la bancada de Fuerza Popular, reaccionó ante los términos expresados por el perulibrista a los que consideró “ofensivos”.
“Le pido, le exijo que retire las palabras ofensivas. Nosotros estamos haciendo un trabajo a favor de la ciudadanía y ese es el único interés que tenemos, Le exijo que retire la palabra y respete nuestro trabajo”, señaló la fujimorista.
Elías Varas insistió en su posición y ante la exigencia de la legisladora Juárez y la presidente de la Mesa Directiva en funciones, se vio obligado a retirar los términos señalados.
Inesperado pedido a EsSalud hizo ante el Pleno del Congreso el biólogo molecular, exjefe del Instituto Nacional de Salud (INS) y hoy integrante de la bancada fujimorista, Ernesto Bustamante Donayre: expulsión de la Villa Panamericana, donde se encuentra internado por estar infectado por la Covid 19, del expresidente Martín Vizcarra Cornejo.
“Yo invoco a EsSalud que expulse a Martín Vizcarra”, expresó el parlamentario minutos antes del inicio del debate del proyecto de ley que propone establecer requisitos mínimos para el acceso a la función y servicio de funcionarios, para luego exponer las razones de su pedido.
“Es una persona que es responsable directa de la muerte de más de 70 mil personas que han fallecido innecesariamente por el mal manejo de la pandemia, por haber usado pruebas rápidas que no detectan nada y por haber comprado vacunas en condiciones no correctas. Que se expulse al señor Vizcarra”, expresó Bustamante Donayre, seguido de un aplauso de un sector del parlamento que sesionaba de manera virtual y presencial.
El año pasado, en pleno desarrollo de la pandemia, Ernesto Bustamante, en su condición de biólogo molecular, se proclamó como un opositor a ultranza de la adquisición por parte del Gobierno, en ese entonces presidido por Martín Vizcarra, de las pruebas rápidas, porque –aseveró- “no sirven para nada, salvo para darnos datos falsos”.
“Esto resulta un riesgo porque evita que lleguemos a conocer la real situación del coronavirus en el país. Es como un iceberg. Normalmente, si uno detecta 100 (contagios), es porque hay 500 o 600 casos. Pero en Perú es probable que detectemos 100 cuando en realidad estamos hablando de 800 o 1,200. No lo sabemos porque no estamos usando la prueba correcta”, sostenía.
Hace 8 meses López Aliaga lanzó un pedido que tendría un parecido
Con la salvedad de las distancias, durante la segunda vuelta electoral, el representante de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien en plazas y presentaciones públicas pedía el voto a favor de Keiko Fujimori, exclamó ante sus seguidores “Muerte al comunismo, muerte a [Vladimir] Cerrón y a [Pedro] Castillo. No puede pasar eso acá”.
Literalmente, López Aliaga, ese día, 8 de mayo de 2021, pidió la muerte de personas como Vladimir Cerrón y Pedro Castillo, hoy ocho meses después, el hombre de ciencia convertido en político, desde la bancada del fujimorismo, invoca a EsSalud la expulsión de sus instalaciones de Martín Vizcarra, lo que significa cortar su tratamiento anticovid y dejarlo para que pueda eventualmente contagiar a otras personas, por su condición de portador.
Vizcarra infectado
El expresidente Martín Vizcarra ingresó a la Villa Panamericana de Essalud, en el distrito de Villa El Salvador, para permanecer aislado hasta superar la infección por COVID-19 que lo aqueja. “He vuelto a la Villa Panamericana, antes vine como presidente participando desde su construcción, ahora vengo como un paciente que busca poner a buen recaudo su salud y cuidar a su familia. Con la buena atención de todo el personal, estoy seguro que pronto superaré al COVID-19″, escribió en sus redes sociales.
Sesión del Congreso de la República correspondiente a la Primera Legislatura Ordinaria 2021-2022.
La jornada comprende la discusión de una serie de proyectos, entre ellos el que propone establecer requisitos mínimos para el acceso a la función y servicio público de funcionarios públicos de libre designación y remoción, y personal de confianza y el que propone restablecer la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas.
El Pleno del Congreso aprobó el dictamen que contempla precisiones a la Ley Nro. 31173, Ley que garantiza el cumplimiento de la Ley 29625, Ley de devolución de dinero del Fonavi a los trabajadores que contribuyeron al mismo, priorizando a la población vulnerable, como consecuencia de la pandemia de la COVID-19. El proyecto recibió 111 votos a favor y 3 en contra-
Inmediatamente después, fue exonerado del trámite de segunda votación con 101 votos a favor, 12 en contra y 1 abstención, con lo que quedó expedito para que la autógrafa sea enviada al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación.
Con ello el Parlamento Nacional busca hacer justicia a 2 millones de aportantes al Fonavi y poner fin a una larga espera de 21 años de lucha por recuperar su dinero.
La sustentación del dictamen estuvo a cargo de la congresista Silvia Monteza Facho (AP), presidenta de la Comisión de Economía Banca Finanzas e Inteligencia Financiera. Dijo que el monto de la deuda con los fonavistas asciende a 3 mil 825 millones de soles, lo que resulta ser un monto impagable ya que ha llegado a ser comparado con un monto equivalente a 50 veces el PBI de China.
“No obstante, cabe precisar que la ley propuesta indica que se aplique el índice de precio al consumidor a los aportantes que deberían devolver, lo que haría que la deuda resultante con los fonavistas sea de 42 mil 008 millones 498 mil 806 soles”, agregó Monteza.
El dictamen
En el texto sustituto aprobado se hace la precisión al artículo 3 de la Ley 31173 en el sentido de que la liquidación de aportaciones y derechos que señala el artículo 1 de la Ley 29625, es para determinar el valor constante de las aportaciones aplicando el índice de precios al consumidor correspondiente al periodo comprendido entre el inicio de cada aportación individual hasta la fecha de su devolución.
También se precisa en el artículo 5 de la Ley 31173, en el sentido de que la Comisión Ad Hoc está conformada por: tres representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, un representante de la Oficina de Normalización Previsional y tres representantes de la Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú.
Señala también que la comisión la preside uno de los representantes de la Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú.
Una única disposición complementaria establece la derogación de los literales b) y c) del artículo 2 de la Ley 31173.
El Consejo Nacional de Salud decidió reducir en Lima Metropolitana y Callao, el tiempo de aislamiento para las personas que han dado positivo para la COVID-19 y no presenten complicaciones clínicas. Es decir, se pasará de 14 a 10 días, y la medida será efectiva a partir de mañana, anunció el ministro de Salud, Hernando Cevallos Flores.
El ministro indicó que esta decisión se aplica luego de estudiar la evolución y evidencia científica de la variante ómicron, y tomando en cuenta que es la variante predominante en Lima Metropolitana y Callao (82 % de los casos). En el resto del país se está evaluando esta reducción de acuerdo a cómo avance la variante, considerando además que todavía existe una presencia significativa de la variante delta.
En las últimas semanas ha habido un incremento exponencial de personas contagiadas con la COVID-19. Es así que, de la semana 51 a la semana 52 del 2021, se incrementó de 13 314 a 26 646 y en la semana 1 del 2022 los casos llegaron a 87 999.
Asimismo, respecto al autotest COVID-19, Cevallos Flores sostuvo que ya se encuentra a la venta en diversas farmacias desde hace un buen tiempo, pero se tiene que tener algunos conocimientos para utilizarlo de manera correcta.
Caso Pedro Francke
Con relación al estado de salud del ministro de Economía, Pedro Francke, quien en las últimas horas dio positivo para COVID-19, el titular de Salud comentó que es estable, trabaja de manera remota, no presenta síntomas, pero sí está aislado para evitar cualquier complicación y si ha estado en contacto con otras personas es necesario que estas se saquen una prueba molecular para descartar el contagio.
A partir del 23 de enero, los mayores de 50 años deberán presentar su carné de vacunación con las tres dosis para poder ingresar a lugares cerrados. El motivo: ampliar la protección de la población contra la nueva variante de la COVID-19, según explicación del Ministerio de Salud (Minsa), Hernando Cevallos.
El titular de Salud pidió la colaboración del sector público y privado para hacer cumplir esta disposición que es parte de las modificaciones del Decreto Supremo 184-2020, que establece la emergencia nacional a consecuencia de la COVID-19.
“En el caso de las personas mayores de 50 años, deben presentar su dosis de refuerzo, porque esta pandemia afecta a los no vacunados y a las personas con comorbilidades. Tenemos que proteger a este sector”, indicó el ministro.
Respecto a la vacunación con dosis de refuerzo, el ministro indicó que hasta la fecha 5 548 136 personas se han colocado la dosis de refuerzo, de las que el 53.3 % son población mayor de 60 años y personas con comorbilidades.
Otra de las principales modificaciones del Decreto Supremo 184-2020, es que 35 provincias del país, además de Lima Metropolitana y Callao, tiene un nivel de riesgo alto: Arequipa, Camaná, Islay, Huánuco, Leoncio Prado, Cajamarca, Jaén, Huamanga, Tacna, Jorge Basadre, Ilo, Mariscal Nieto, Ica, Chincha, Pisco, Palpa, Huancayo, Satipo, Chanchamayo, Barranca, Huaral, Huarochirí, Piura, Talara, Paita, Sullana, Sechura, Morropón, Chiclayo, Lambayeque, Ferreñafe, Santa, Huaraz, Cusco, La Convención, Urubamba.
En estos lugares, el horario de inmovilización obligatoria se mantiene de lunes a domino desde las 23:00 horas hasta las 04:00 del día siguiente. Asimismo, los aforos continuarán siendo los establecidos.
Vacunación incrementa a 88.9 %
Sobre la vacunación contra la COVID-19, el ministro Hernando Cevallos precisó que la cobertura de la población objetivo con primera dosis subió a 88.9 %, y la cobertura con dos dosis incrementó a 83.7 %. En ese sentido, resaltó el incremento de la vacunación en Puno, Loreto y Ucayali, donde la cobertura superó el 55 %.
Asimismo, reiteró que la mayoría de camas de cuidados intensivos están ocupadas por personas que no están vacunadas o no completaron sus dosis.
“Más del 90% de los pacientes que han fallecido son no vacunados o tuvieron vacunación incompleta. El no vacunarse es el sector que está llenando las unidades de cuidados intensivos”, advirtió el titular del Minsa.
La OMS alertó este miércoles que la semana pasada se produjeron 15 millones de nuevos casos de COVID-19 en todo el mundo, el mayor número de casos notificados en una sola semana. Una cifra que la agencia de la ONU calificó “a la baja”.
Tedros Adhanom Ghebreyesu, director de la Organización, destacó en rueda de prensa que el incremento de infecciones por coronavirus lo provocó mayoritariamente la variante ómicron de la enfermedad, que está desbancando con rapidez en todos los países a la variante delta.
Pese a este aumento de contagios, el número de muertes semanales notificadas se mantiene estable desde octubre con una media de 48.000 muertes a la semana.
Aunque aparentemente ómicron provoca una infección menos grave que la variante delta, Tedros advirtió sobre la peligrosidad del virus, especialmente para las personas no vacunadas.
“Casi 50.000 muertes a la semana son 50.000 muertes de más. Aprender a vivir con este virus no significa que podamos, o debamos, aceptar este número de muertes. No debemos permitir que este virus tenga vía libre ni ondear una bandera blanca, especialmente cuando tantas personas en todo el mundo siguen sin vacunarse”, especificó.
Con relación a la desigualdad mundial de inmunizaciones resaltó que más del 85% de personas en África todavía no han recibido una sola dosis de la vacuna, por lo que denunció que “no se podrá acabar con la fase aguda de la pandemia si no se cierra esta brecha”.
Pese a los avances del mecanismo COVAX*, que en los próximos días llegará a los 1000 millones de vacunas suministradas, 90 países todavía no han conseguido alcanzar el objetivo previsto por la Organización para 2021 de vacunar al 40% de su población, y 36 de ellos han inoculado a menos del 10% de su población.
El virus va en camino de convertirse en endémico, pero aún no lo es
Ante la pregunta de si durante la próxima primavera se podría pasar a una situación endémica de la enfermedad, la doctora Maria Van Kerkove, la epidemióloga que lidera la respuesta de la Organización, respondió que el virus “está en camino de convertirse en endémico”, pero que dependerá de múltiples factores y de nosotros y recordó que todavía estamos en medio de la pandemia.
“Con los niveles de transmisión que vemos ahora, con la intensidad de la propagación que vemos, con el nivel de impacto que estos casos están teniendo en nuestros servicios médicos esenciales, en las tasas de hospitalización que están aumentando en varios países (…) el gran volumen de casos está realmente poniendo una gran carga en nuestros sistemas de salud. Así que el impacto que estamos viendo es realmente muy sustancial”, afirmó.
Respecto a la evolución del virus y las más que posibles próximas variantes destacó un escenario de imprevisibilidad
“No tenemos la misma previsibilidad que tenemos con la gripe, donde tenemos un patrón estacional típico. Puede que lleguemos a eso con el COVID-19, pero aún no lo hemos conseguido. Así que somos cautos a la hora de hacer predicciones muy firmes sobre lo que puede ocurrir porque cada país está afrontando esta pandemia de forma diferente en cuanto a su estrategia, en cuanto a la aplicación de sus medidas de control, en cuanto a su ajuste de esas medidas de control y lo que necesitamos es una renovación colectiva”, destacó.
Minsa toma acciones por riesgo de importación de casos de variante ómicron (Foto: Minsa).
La nueva oleada no será suave para América
En clave regional, la directora general de la Organización Panamericana de la Salud indicó que la variante ómicron ya se encuentra en 42 países y territorios de todas las subregiones del continente con una transmisión comunitaria generalizada en alguno de ellos.
Carissa Etienne confirmó que ómicron va camino de convertirse en la cepa dominante en nuestra región y que ha provocado un aumento de las reinfecciones, incluso entre quienes poseen todas las pautas de vacunación.
“Esta nueva oleada de infecciones no será ‘suave’ para nuestros sistemas sanitarios, ya que la variante ómicron ya está poniendo a prueba a nuestro personal sanitario y limitando la atención a otras enfermedades. En los Estados insulares más pequeños, algunos hospitales ya estaban sobrecargados por los casos de la variante delta, y ahora más hospitales se enfrentan a la perspectiva de verse desbordados por los casos”, alertó.
En la última semana, las infecciones por COVID-19 en América casi se han duplicado, pasando de 3,4 millones el 1 de enero a 6,1 millones el 8 de enero.
El mayor número de nuevos casos se produjo en los Estados Unidos, mientras que Belice y Panamá registran la mayor incidencia de coronavirus en Centroamérica.
Ecuador, Perú y Brasil también experimentaron un aumento significativo de nuevos casos, en Brasil crecieron las hospitalizaciones y en Argentina y Paraguay, las infecciones experimentaron un ascenso de casi un 300% durante la última semana.
El Gobierno decidió ese martes designar a Gino José Carlos Ávila Herrera como presidente Ejecutivo del Seguro Social de Salud – EsSalud, en reemplazo de Mario Carhuapoma Yance, quien pasará a desempeñar el cargo de consejero en el Consejo Directivo del Seguro Social de Salud – EsSalud vigente desde el 7 de agosto del 2021.
“Disponer que el señor Mario Carhuapoma Yance deje de desempeñar el cargo de Presidente Ejecutivo del Seguro Social de Salud – EsSalud manteniéndose únicamente como representante del Estado ante el Consejo Directivo del mismo”, señala el texto de la resolución suprema publicada de la edición extraordinaria del diario oficial El Peruano.
En cuanto al nombramiento del nuevo titular de EsSsalud señala: “Designar al señor Gino José Carlos Dávila Herrera como miembro ante el Consejo Directivo del Seguro Social de Salud – EsSalud en representación del Estado, quien desempeñará el cargo de Presidente Ejecutivo del Seguro Social de Salud – EsSalud”.
Otras decisiones
“Aceptar la renuncia formulada por el señor Bernardo Elvis Ostos Jara, como miembro ante el Consejo Directivo del Seguro Social de Salud – EsSalud en representación del Estado, dándosele las gracias por los servicios prestados”.
“Aceptar la renuncia formulada por el señor José Fernando Reyes Llanos, como miembro ante el Consejo Directivo del Seguro Social de Salud – EsSalud en representación del Estado, dándosele las gracias por los servicios prestados”.
“Designar al señor Augusto Magno Tarazona Fernández como miembro ante el Consejo Directivo del Seguro Social de Salud – EsSalud en representación del Estado”. .
¿Por qué Carhuapoma Yance continúa en EsSalud?
Por un tecnicismo de la actual legislación, el Gobierno se ve imposibilitado de separar de la institución a Carhuapoma Yance.
A la luz el texto publicado en los considerandos de la resolución suprema, Carhuapoma Yance fue designado (Resolución Suprema N° 019-2021-TR), como representante del Estado ante el Consejo Directivo del Seguro Social de Salud – EsSalud con fecha 7 de agosto del 2021, y por esa condición ocupó el cargo de Presidente Ejecutivo.
La Ley N° 27056, Ley de Creación del Seguro Social de Salud, aprobado mediante Decreto Supremo N° 002-99-TR, establece que: “El Consejo Directivo está integrado por nueve miembros que se denominan Consejeros: … Tres representantes del Estado, uno de los cuales lo presidirá (…)”;
Conforme se desprende del citado artículo cualquiera de los tres (3) representantes del Estado ante el Consejo Directivo, puede ejercer la Presidencia Ejecutiva del Seguro Social de Salud – EsSalud.
El artículo 10 del citado Reglamento, en cuanto a la vigencia del mandato de los miembros del Consejo Directivo, señala que: “El mandato de los miembros del Consejo Directivo, es de dos años contados a partir de la fecha de su respectiva designación (…)”;
Si bien Carhuapoma Yance no tiene a su cargo la presidencia Ejecutiva, pero si se mantiene vigente su designación como miembro del Consejo Directivo, cargo que de acuerdo al Reglamento, tiene una vigencia de dos años.
Esta sería la explicación por la cual el señor Mario Carhuapoma Yance que dejó de desempeñar el cargo de Presidente Ejecutivo del Consejo Directivo del Seguro Social de Salud – EsSalud, se mantiene en la institución aunque únicamente como representante del Estado ante el referido consejo directivo.
El nuevo presidente
Es un personaje no ajeno a la institución, Dávila Herrera estuvo encargado de la Gerencia de Operaciones Territoriales, en la Gerencia Central de Operaciones del Seguro Social de Salud, desde el último 8 de julio.
También se ha desempeñado como Gerente de la Red Desconcentrada III, en la Gerencia de Red Desconcentrada Rebagliati; jefe de la Oficina de Administración, en la Red Asistencial Rebagliati, entre otros cargos.
La tenencia de los hijos menores de edad en el caso de padres separados podría ser compartida, según establece un proyecto de ley (1120/2021-CR) presentado en el Congreso con el propósito de evitar la ruptura de la relación paterno – filial.
La iniciativa garantiza y modifica mediante un reforma parcial del Código de Niños y Adolescentes, los artículos referidos a la Tenencia, Régimen de Visitas y Pensión de Alimentos, en busca de eliminar una serie de obstáculos que se presentan en contra de miles de niños que sufren al no pasar tiempo de calidad con ambos padres.
Esta propuesta del legislador Alejandro Aguinaga es resultado de las denuncias formuladas por la Asociación Tenencia Compartida Perú que representa a miles de padres y madres separados que sufren, al igual que sus menores hijos, una serie de obstáculos para vincularse de la mejor manera con ambos progenitores.
La nueva propuesta señala que los padres, de común acuerdo y tomando en cuenta el parecer del niño, niña o adolescente, determinarán la forma de llevar esta tenencia compartida, pudiendo formalizarla a través de una conciliación extrajudicial.
El proyecto de ley relata algunos testimonios compartidos en la Asociación Tenencia Compartida Perú por Padres y Madres que actualmente pasan la difícil situación de no ver a sus hijos. Veamos:
«Soy un padre de familia de 37 años separado desde más de 3 años, padre de 3 hermosos niños, vengo luchando casi tres años para poder ver a mis pequeños, la mamá no me permite ni siquiera hablar con ellos por teléfono las veces que fui a buscarlos solo recibí maltratos, más de un año vengo peleando por un régimen que hasta el día de hoy sigo esperando respuesta, solo me permitirían ver al parecer 4 veces al mes a mis hijos tiempo q no me parece justo ya que padre y madre deberíamos tener los mismos derechos de poder ayudar en el crecimiento de los menores … Solo pedimos igualdad para criar a nuestros hijos».
«Soy un papá de 34 años, tengo un hijo de 5 años próximo a cumplir 6 el próximo 4 de enero, y será el segundo cumpleaños que no la pasare con él ni podre darle un abrazo, entregarle sus regalos y pasar tiempo de calidad con él. Todo empezó desde la pandemia antes de eso se cumplía el acta de conciliación que tengo con la mamá, iba me lo llevaba lo dejaba a la hora establecida y todo bien; pero, en pandemia todo cambió, pude ver a mi hijo físicamente después de 6 meses de rogarle a la madre, a pesar de tener infinidad de pruebas moleculares que daban negativas estaba prohibido, lo entendí por e/tema de la pandemia, cuando lo pude ver al fin, la mama le había dicho a mi hijo que ni me abrace, mi hijo se desesperaba porque estaba manipulado por la madre, pero por lo menos podía verlo 2 HORAS a la semana en el estacionamiento del edificio donde vivía la mama con mi hijo y los abuelos de este. El verdadero calvario empieza cuando le pido cambiar la fecha de visita de sábado para domingo porque tenía que trabajar, ella se niega a pesar de que a mí me correspondía visita el domingo peor ella había hecho todo para que yo vaya el sábado, bueno le dije que se me hacía imposible ver a mi hijo el sábado que iba ir domingo, resulta que la señora se fue de viaje el día sábado temprano con su pareja y sus amigos a algún club porque así lo manifestaron los vigilantes del edificio donde vivían, y no tuve respuesta alguna de mi hijo, llame por teléfono como siempre a su casa, no al celular de la señora, y me contestaban los abuelos faltándome el respeto, tirándome el teléfono y ocultando la verdadera situación que era que mi hijo no estaba en la casa y mentían diciéndome que él bebe no quería hablar conmigo; es ahí donde decido realizar una constatación policial el domingo 13 de diciembre del 2020 donde se constata que no había nadie en la casa donde vivían ellos y que los vigilantes manifiestan que el sábado habían salido ellos dos y hasta esa hora aproximadamente las 4 de la tarde no habían regresado. A partir de ahí la señora me ha negado ver a mi hijo, me denuncio por violencia psicológica frente a ella y mi hijo tildándome de acosador, cuando yo nunca llamo a su celular sino al teléfono fijo donde vivía mi hijo, se mudó primero con sus padres y no me lo comunicó y luego se mudó con su pareja actual y hasta la fecha no tengo novedad de la residencia de mi hijo.
Yo soy un padre que cumple con mi hijo, a pesar de no verlo le deposito la mensualidad acordada en la conciliación todos los meses, llevo 2 navidades sin estar con él, dos cumpleaños sin siquiera que me salude, y no me dejan tener contacto alguno con él, no puedo entender como le aceptaron la denuncia de violencia, a pesar de que hay un documento policial que dice que no tuve contacto con mi hijo, ¿cómo puedo tener violencia psicológica con mi hijo al que no veo?, y las veces que lo veía estaba la mamá a lado viendo todo lo que hacíamos. Hoy en base a esa denuncia FALSA, yo no puedo tener contacto con mi hijo ni siquiera preguntar por él, no sé dónde vive, no sé donde estudia, no sé qué es de la vida de mi hijo, estoy atado de pies y manos para poder salvaguardar y ejercer mi derecho de padre».
«Soy mujer, fui madre a los 18 años de una niña, a la que no negué tener un padre, a pesar de que me abandono todo el embarazo y recién se hizo cargo a los 10 días de nacida, desde entonces siempre compartimos a la niña en todas las áreas. Siempre fui una madre presente, amorosa, dedicada, a pesar de mi corta edad, mi falta de experiencia, mi condición socioeconómica, a pesar de trabajar varios años en turnos nocturnos, rotativos y también estudiar a la vez para darle un mejor futuro a mi hija. Dos semanas antes de comenzar la pandemia hicimos una nueva acta de conciliación donde se especificaba el monto para alimentos a diferencia de la anterior acta pero marzo, abril solo depositó la mitad, el 23 de mayo del 2020 se llevó a mi hija por 2 semanas, hasta la fecha no me la quiere regresar y han ejercido él, su pareja y toda su familia una fuerte y gran alienación.
A la luz de la declaraciones del ministro de Justicia, Aníbal Torres, el Gobierno habría decidido mantener en la Procuraduría General del Estado al abogado Daniel Soria, a pesar de ocupar el cargo sin cumplir el requisito de haber ejercido dos años como abogado litigante a nombre de su institución.
El ministro Torres Vásquez informó que ante las denuncias hechas públicas contra el procurador, su despacho decidió derivar el caso a la Contraloría General para el análisis respectivo. A la vez que negó que en algún momento haya solicitado la destitución del procurador general del Estado, Daniel Soria,.
«Yo nunca pronuncié la expresión destitución del procurador, la revisión de su expediente sí, porque se presentaron denuncias en medios y redes sobre ese hecho», sostuvo en conferencia de prensa.
El penalista Guillermo Olivera Díaz a partir de la fecha estará a cargo de la defensa legal de Vladimir Cerrón Rojas en el caso relacionado al Recurso de Casación interpuesto por la Fiscalía Superior Especializado en delito de Corrupción de Funcionarios de Junín y en el que el presidente de Perú Libre tiene una sentencia de 4 años de prisión suspendida, confirmada en segunda instancia.
Olivera Díaz fue presentado en conferencia de prensa realizada en el frontis del Congreso de la República por miembros de la bancada perulibrista encabezados por Guido Bellido y de inmediato anunció la presentación de un escrito dirigido al presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la República, César San Martín, en el que solicita, pese a haber sido declarado inadmisible la Casación, se señale la vista de la causa “en la fecha que su carga procesal lo permita”.
«Hago esta solicitud en ejercicio de mi derecho que prevé la Constitución Política en su artículo 2. Si la Sala me negó ser casacionista por excesivo rigorismo procesal penal no podrá negar mi derecho de petición constitucional pues esta causa por su trascendencia nacional no debe ventilarse en privado, tras bambalinas, debe verse en forma pública», señala el documento presentado por Vladimir Cerrón con la firma de su defensor.
En la conferencia de prensa, el jurista hizo alusión a la práctica abogadil para ilustrar el tema de la casación. ”Es que, quien ha sido denegado en su recurso de casación, cuando este ha sido declarado inadmisible o improcedente no tendría derecho alguno en lo que sigue del proceso de casación. Eso es lo que queremos revertir”.
“Como quiera que no podríamos hacer ningún pedido ante el juez supremo César Sanmartín ni a su Sala, es que, yo me estoy valiendo no del trámite de casación sino haciendo un derecho de petición que se encuentra previsto en el artículo 2 de la Constitución que es la petición ante cualquier autoridad y que tiene concordancia con el artículo 139 de la Constitución que dice claris verbi en forma contundente y apodíctico: nadie puede ser privado de la defensa en cualquier estadio del proceso».
Sostuvo: «Nos encontramos en el estadio en el que se declaró inadmisible la casación, en el estadio en el que el fiscal superior planteó casación, la misma que puede ser declarada admitida y procedente para ver el fondo del asunto. Entonces, como quiera que mi patrocinado no puede ser privado de la defensa en cualquier estado del proceso por mandato constitucional, la Sala Penal Permanente prevaricaría si nos deniega el pedido de vista de la causa, prevaricaría si nos deniega el pedido de uso de la palabra para Vladimir Cerrón por 30 minutos, y prevaricaría igual, en este caso en partida triple, si deniega el uso de la palaba a Guillermo Olivera Díaz”.
“Una Corte Suprema, agregó, tiene que aplicar la Constitución en primer lugar y no el articulado del Código Procesal Penal que está bajo la férula constitucional. Rige primero la Constitución y luego cualquier otra norma procesal que es de menor jerarquía».
Tres puntos
Durante el desarrollo de la conferencia de prensa, Guillermo Olivera Díaz dejó sentado tres aspectos poco usuales en abogados y políticos que intervienen en actividades con presencia de periodistas:
Por decisión propia, no recibirá remuneración alguna por ejercer la defensa legal de Vladimir Cerrón Rojas. “La cuantía de ms honorarios es 0 soles, es decir, estoy trabajando ad honorem, gratuitamente en defensa de la causa pública, en defensa del país, como lo hice en el año 2000 por el caso Kouri donde recibí como pago un cuarto de pollo a la brasa en un establecimiento de San Borja”, refirió.
No asumirá el patrocinio legal del líder perulibrista en caso el expediente pasa a la justicia constitucional y/o a la justicia supranacional. “Guillermo Olivera Díaz no intervendrá por nada en el mundo, bajo ninguna forma”, expresó.
No es responsable del texto distribuido por la Oficina de Comunicaciones de la Bancada de Perú Libre que aseguró que el tema de la conferencia de prensa era “la prescripción del proceso de negoción incompatible en contra de. Vladimir Cerrón”. “Impertinente e impropia porque no se puede hablar de que los procesos penales no prescriben”. Fue un dislate (dicho o hecho que no tiene razón ni sentido). Veamos el desarrollo de la conferencia de prensa:
La presidente del Congreso, Maricarmen Alva se pronunció en contra de la designación en PERUPETRO de Daniel Salaverry Villa, a quien cuestionó “por no contar con el perfil y la experiencia requerida para el cargo”, sin tomar en cuenta que el nuevo funcionario tiene como antecedente haber ejercido la presidencia del Legislativo antes de ser candidato presidencial en las últimas elecciones generales.
“Se trata de una lamentable decisión del Poder Ejecutivo, por la que incluso la Contraloría va a hacer una investigación al respecto”, comento la titular del Congreso que además agregó: “Espero que el presidente (Castillo) sea consciente del error que ha cometido y retroceda en este caso. La verdad es que ya estamos cansados de que estén nombrando funcionarios sin el perfil debido y sin la experiencia que se requiera para ese cargo”, refirió.
Ministros sin talla
Alva Prieto cuestionó que varios ministros de Estado “no han dado la talla” para el cargo, y que se espera cambios en diversos sectores, los mismos que fueron anunciados por el propio mandatario durante sus reuniones con líderes políticos.
“Creo que (los cambios) es un pedido general. Lo he escuchado de distintos líderes políticos, de organizaciones sociales y de la ciudadanía (…) No han dado la talla, no han tenido el perfil idóneo y no se ve el trabajo ni soluciones”, señaló.
Espera promulgación de leyes
El Congreso de la República no está en pugna con el Poder Ejecutivo, por que confía quE cumpla con promulgar las autógrafas de ley aprobadas por el Pleno.
“Hemos aprobado más de 45 proyectos de ley, publicados son 19. Los restantes están pendientes de promulgar. Todas las leyes son en beneficio del ciudadano”, afirmó.
El Trigésimo Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Justicia de Lima condenó al periodista de investigación Christopher Acosta a dos años de prisión suspendida por el delito contra el honor y difamación agravada, tras considerar que 35 de 55 enunciados en la publicación del libro “Plata como cancha”, resultaban agraviantes contra el líder de Alianza para el Progreso, César Acuña Peralta.
La misma pena dictada por el juez Jesús Raúl Vega fue impuesta a Jerónimo Pimentel, en su calidad de director de la editorial Penguin Random House, bajo cuyo sello se publicó el mencionado libro.
La sentencia del juez Jesús Raúl Vega señala que la pena queda suspendida por un año, sujeta a reglas de conducta.
El Tribunal impuso además una reparación civil de 400 mil soles, a ser pagada de manera solidaria con la editorial Penguin Random House como tercero civilmente responsable.
Previo a la lectura de sentencia, la defensa de Acuña Peralta solicitó que la audiencia no sea transmitida por Justicia TV, el canal del Poder Judicial, asegurando que este tipo de procedimientos son de carácter reservado y que además no fueron notificados de ello.
El líder de Alianza Para el Progreso (APP) y excandidato presidencial no estuvo presente durante la audiencia.
La relatora judicial dio lectura a los diferentes argumentos de la defensa de Acuña, quien observó un total de 55 frases de libro de Acosta, por considerar que dañan su honor.
El juez Jesús Raúl Vega condenó a Acosta y Pimentel por el delito contra el honor y difamación agravada, tras considerar que 35 de estos 55 enunciados resultaban agraviantes contra el líder de APP. Asimismo, ambos procesados fueron absueltos por las frases restantes.
Tanto Acosta como Pimentel anunciaron que apelarán dicha sentencia en una segunda instancia.
La defensa
Renato Pereyra, abogado del periodista Christopher Acosta, consideró una “estocada mortal” contra el periodismo de investigación, la condena de dos años de prisión suspendida contra su defendido por la publicación del libro ‘Plata como cancha’.
“Esta sentencia le ha producido al periodismo de investigación una estocada mortal porque le está exigiendo un estándar imposible de cumplir, no solo acá sino en el mundo”, expresó el letrado.
“Lo que el juez ha dicho es que si uno cita una fuente, y la identifica y no altera lo que la fuente ha dicho, además lo que tiene que hacer es una comprobación de la absoluta veracidad de lo que esa fuente ha manifestado”, precisó Pereira.
Agregó “ […] Con ese criterio por ejemplo, la próxima vez que das una entrevista a alguien le vas a tener que preguntar qué cosa va a decir y si imputa algo a alguien, no vas a poder entrevistarlo porque tienes el riesgo que, como no lo has corroborado, eres responsable por lo que el entrevistado está diciendo”.
Defensoría
Antes de conocerse la sentencia, la Defensoría del Pueblo condenó el empleo de la justicia penal con el fin de limitar a todas aquellas personas que ejercen sus libertades de expresión e información. [1]. En reiteradas ocasiones se ha puesto en relieve la situación de las y los periodistas que, a consecuencia del ejercicio de su profesión, son sometidas/os a procesos penales a fin de silenciarlas/os.
Aseguró que durante el trámite de la querella, se ha advertido que la información que obra en el mencionado libro estaría basada en fuentes públicas y verificables, de afirmaciones hechas por el propio querellante; por ello, la Defensoría del Pueblo ha solicitado al Poder Judicial que cumpla con respetar los estándaresque protegen la libertad de expresión.
Precisó que en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha resaltado la especial protección que gozan los discursos o informaciones sobre funcionarios y personajes públicos, de ahí que exista un menor margen para la imposición de restricciones, las que deben ser necesarias y razonables.
“Dada la naturaleza de la libertad de expresión, una eventual condena deberá no solo estar debidamente motivada, sino también será indispensable, además, que esta observe los criterios desarrollados a nivel interamericano y que exista un estricto juicio de proporcionalidad que demuestre que ella resulta inevitable y razonable”, añadió.
La Defensoría del Pueblo, agregó, reitera que es incompatible con el sistema constitucional y democrático el empleo de mecanismos de persecución penal para reprimir la libre difusión de ideas, máxime cuando estas versan sobre asuntos de relevancia pública. La propia Corte Interamericana ha precisado que no es convencionalmente procedente recurrir al derecho penal para proteger el honor de un funcionario o personaje público.
