Sucedió en la Comisión de Fiscalización donde el titular de la Sunedu denunció la captura de la institución por parte del Minedu
Sunedu. La reforma de la educación superior en el Perú ha entrado en una fase de alta turbulencia y paradojas políticas. Lo que comenzó como una contraofensiva legal y técnica por parte de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) frente al Poder Ejecutivo, terminó convirtiéndose en un búmeran político en el propio Palacio Legislativo.
El superintendente Vicente Paul Espinoza Santillán acudió a la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso con una denuncia vehemente: un presunto intento del Ministerio de Educación (Minedu) por capturar el organismo regulador. Sin embargo, el libreto dio un vuelco radical cuando la Comisión, lejos de acoger la denuncia, arrinconó al funcionario recordándole que su tiempo en el cargo ya había caducado.
La denuncia original: El «caballo de Troya» del Minedu
En su exposición Espinoza Santillán desnudó las intenciones detrás de la Resolución Ministerial N.° 338-2026 del Minedu, una norma que —según el análisis de la superintendencia— introduce ilegalmente la figura de los «periodos complementarios» para los miembros de su Consejo Directivo.
Para la SUNEDU, el problema vulnera de forma flagrante el principio de jerarquía normativa consagrado en la Constitución. El artículo 17 de la Ley Universitaria (Ley N.° 30220) determina taxativamente que los consejeros ejercen su función por un periodo institucional inamovible de tres años. Al pretender modificar estas reglas mediante una resolución de menor rango, a decir de la Sunedu, el Minedu abría una rendija peligrosa para remover de facto o alterar la conformación del órgano máximo de la entidad según las conveniencias políticas del gobierno de turno.
Detrás de este asedio se esconde la enorme presión socioeducativa y electoral de aproximadamente 60 universidades públicas creadas por ley que se encuentran en el limbo, impedidas de convocar a exámenes de admisión por no cumplir con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC). Al actuar como un filtro riguroso frente a estos proyectos inviables —muchos de ellos impulsados por caudillos regionales sin presupuesto ni infraestructura— la SUNEDU se había convertido en el enemigo técnico del poder político.
El giro en el Congreso: «Nadie es indispensable»
No obstante, la narrativa argumentativa del superintendente, aunque jurídicamente sólida, chocó contra el muro de la realidad política del Parlamento. Al término de su discurso, el congresista Jorge Marticorena Mendoza (Perú Bicentenario) tomó la palabra. No solo cuestionó la legitimidad de la actual gestión, a la que acusó de ser un continuismo del exsuperintendente Manuel Castillo —a quien calificó como «uno de los peores superintendentes»—, sino que desbarató el ataque apuntando al talón de Aquiles de Espinoza: su mandato venció en febrero último.
“En aras de su unidad y la tranquilidad, usted ya cumplió su periodo, que fue en febrero”, le espetó Marticorena de manera directa, desbaratando cualquier intención de prórroga.
El legislador fue enfático al señalar que pretender quedarse tres años más bajo supuestas argucias legales sentaría un precedente nefasto para la institucionalidad del país: “Por ahí, por argucias, pretenden hacer la idea de tener 3 años más. En todo caso, el presidente Balcázar también se debe quedar 5 años más o un rector se puede quedar 5 años más. La institucionalidad se respeta en el marco de las normas”.
El golpe de gracia de Marticorena resonó en la sala al apelar al clamor de renovación: “Yo creo que hoy día el país exige eso [su renuncia]. Nadie es indispensable. Somos necesarios, pero nadie es indispensable por esa razón, señor presidente”. Con estas palabras, el titular de la SUNEDU, que había entrado al Congreso en calidad de denunciante, terminó la sesión políticamente conminado a dejar el cargo.
El fuego cruzado: Interrogatorios y precisiones técnicas
El cuestionamiento no quedó ahí. El congresista Jorge Luis Flores Ancachi (Bancada APP) se sumó al asedio formulando un pliego de preguntas concretas que pusieron en tela de juicio la interpretación de Espinoza Santillán. Ancachi recordó que Espinoza ingresó en diciembre de 2025 mediante la R.M. 551-2025-MINEDU únicamente para reemplazar al renunciante Andrés Filiberto Ramos Salas.
“El punto central es claro: usted no fue designado para iniciar un nuevo periodo completo, sino para completar el periodo pendiente del representante anterior… No se puede convertir una designación temporal de reemplazo en una permanencia extendida en el cargo”, fustigó Flores Ancachi, exigiéndole mostrar la norma expresa que avalara su reinicio de conteo a cero.
Por su parte, el congresista Carlos Javier Zeballos Madariaga (Bancada Bloque Democrático Popular) aportó un matiz técnico al debate, aclarando que se estaba confundiendo la naturaleza de la autonomía: “Si bien la universidad tiene autonomía institucional y constitucional, la autonomía que le da a SUNEDU es legal, técnica y administrativa, no es institucional (Artículo 12 de la Ley Universitaria). No podemos decir que tienen la misma autonomía que goza una universidad”.
La defensa de la Superintendencia: «Duela a quien le duela, es autónoma»
Pese al acorralamiento, los defensores de la SUNEDU no se quedaron callados. Alex Paredes (Bancada Socialistas) salió al frente de manera tajante: “Están respondiendo a defender esa SUNEDU independiente, autónoma; duela a quien le duela es autónoma… El que no esté de acuerdo, presente pues su proyecto de ley… y si no respeta la Constitución, váyase del país pues”. Asimismo, lamentaron que la ministra María Esther Cuadros resultara involucrada y lanzaron un duro desafío: “Ojalá que los titiriteros del Ministerio de Educación tengan los cojones suficientes para dar la cara”.
A su turno, Vicente Paul Espinoza Santillán ejerció su propia defensa legal y constitucional. Rechazó ser un «superintendente encargado» argumentando que fue legítimamente elegido por el Consejo Directivo bajo el amparo del artículo 20 de la Ley Universitaria.
Para responder a Flores Ancachi y desacreditar la resolución del Minedu, Espinoza citó el informe 852-2026 de la jefa de asesoría jurídica del Minedu (señora Zanini). Explicó que dicho informe pretende inventar «periodos complementarios» usando de ejemplo a Indecopi o Promperú, cuyas leyes sí contemplan textualmente esa figura; algo que la Ley Universitaria no hace.
“Yo soy docente universitario de derecho constitucional y siempre les digo a mis alumnos: lo exonero del curso al que me diga dónde está la Asamblea Constituyente en la Constitución. No existe, pues. ¿Dónde dice en la Ley Universitaria y sus modificatorias que existen periodos complementarios? No existe”, sentenció el superintendente, aferrándose al artículo 17.2 que fija periodos de 3 años para los miembros del Consejo.
Finalmente, Espinoza invocó la sentencia 397-2022 del Tribunal Constitucional para ratificar que la SUNEDU es un ente autónomo y concluyó: “Estamos aquí en la Comisión de Fiscalización para defender los fueros institucionales de la SUNEDU. No vamos a permitir injerencia política”.
El impacto editorial: La peligrosa desinstitucionalización
El escenario que se abre a partir de este quiebre es sombrío para la calidad educativa. Desde la perspectiva editorial de Agendapais, el entrampamiento actual de la SUNEDU revela un sándwich político perfecto: por un lado, un Ejecutivo (Minedu) que intenta capturar el Consejo Directivo mediante resoluciones cuestionables; por el otro, un Legislativo que exige la salida inmediata de la cabeza del organismo regulador.
Si Espinoza Santillán se ve obligado a dar un paso al costado en medio de este fuego cruzado, el riesgo de un retroceso histórico es inminente. La vacancia o el debilitamiento de la directiva actual de la SUNEDU facilitará el camino para que los sectores interesados capturen la institución con un único fin: flexibilizar los estándares de las CBC y otorgar licencias «exprés» o de emergencia a ese bloque de 60 universidades públicas inviables creadas por demagogia electoral.
La defensa de la educación superior no pasa por la defensa de un nombre o un apellido en el cargo, sino por el respeto irrestricto a los plazos legales y a las vallas técnicas. Lo ocurrido en la Comisión de Fiscalización demuestra que, en el Perú de hoy, la delgada línea que separa la fiscalización de la zancadilla política se ha vuelto casi invisible, dejando la calidad universitaria a merced de quienes ven en las aulas solo una fábrica de votos.
