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Elecciones 2026: Según resultados oficiales ONPE Keiko Fujimori aventajó por 49,641 a Roberto Sánchez

 

Candidata de Fuerza Popular alcanzó 9’223,396 votos (50.135 %) y el de JP 9’173,755 votos (49.865 %).

Elecciones 2026. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyó este lunes 29 de junio, Día de San Pedro y San Pablo, el conteo oficial de las actas de la segunda vuelta presidencial, tras un intenso proceso que culminó con la contabilización del 100% de las 92,766 actas electorales a nivel nacional y en el extranjero. Los resultados finales otorgan la victoria a Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, quien superó a su contendor, Roberto Sánchez de Juntos por el Perú, por un margen de 49,641 votos.

Resultados Oficiales al 100%

De acuerdo con el reporte consolidado, los porcentajes finales de votación válida son los siguientes:

Candidato Organización Política Votos Porcentaje
Keiko Fujimori Fuerza Popular 9’223,396 50.135%
Roberto Sánchez Juntos por el Perú 9’173,755 49.865%

 

La diferencia de 49,641 votos representa una ventaja estrecha del 0.277% a favor de la lideresa de Fuerza Popular, consolidándola como la ganadora de la contienda electoral presidencial 2026. 

Resultados oficiales ONPE AL 100 POR CIENTO (Fuente: ONPE).

Resultados oficiales ONPE AL 100 POR CIENTO (Fuente: ONPE).

Tras conocerse los resultados al 100% ONPE,  Keiko Fujimori sostuvo un encuentro con periodistas en la puerta de su domicilio, en el que señaló que “las puertas al diálogo van a estar siempre abiertas hacia Roberto Sánchez”, quien anticipó que no reconoce el resultado electoral que da el triunfo a la lideresa fujimorista.

Proceso de conteo y transparencia

El organismo electoral informó que, para alcanzar el cien por ciento de las actas procesadas, fue necesario esperar la resolución de las actas observadas por parte de los Jurados Electorales Especiales (JEE). Dichas actas fueron derivadas a estas instancias debido a inconsistencias materiales, errores en la sumatoria o falta de firmas, siguiendo estrictamente la normativa electoral vigente.

La labor de procesamiento se realizó en los 125 centros de cómputo de las ODPE distribuidos en todo el territorio nacional, además de la ODPE específica para los votos de peruanos en el extranjero. Para garantizar la transparencia, la ONPE mantuvo habilitados espacios reservados para observadores internacionales, nacionales y personeros de las organizaciones políticas, quienes pudieron fiscalizar el trabajo las 24 horas del día. 

Fujimori junto a sus partidarios (Foto: Facebook).
Fujimori junto a sus partidarios (Foto: Facebook).

Conclusión de la jornada

Tras la culminación de esta etapa, la ciudadanía puede verificar el detalle de los resultados —desglosados por región, provincia y distrito— a través del portal oficial: https://resultadosegundavuelta.onpe.gob.pe/main/presidenciales.

El organismo electoral ya había completado el 100% del cómputo para las elecciones congresales y representantes ante el Parlamento Andino el pasado sábado 13 de junio. Con este nuevo hito, la ONPE cierra la etapa de procesamiento de actas correspondiente a la segunda vuelta presidencial, poniendo a disposición de los actores políticos y la ciudadanía toda la información procesada desde el mismo domingo 7 de junio.

El escrutinio final marca un punto de inflexión en el proceso democrático, permitiendo que las autoridades competentes continúen con las etapas siguientes del cronograma electoral, conforme a lo establecido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La transparencia del proceso, reafirmada por la presencia constante de veedores y el despliegue técnico de los 126 centros de cómputo, ha sido el eje central de este despliegue nacional e internacional durante las últimas semanas de incertidumbre electoral.

Minería ilegal en Madre de Dios: otro golpe contra este flagelo por parte de las Fuerzas del Orden y la Fiscalía

 

La persistencia de este delito plantea interrogantes fundamentales sobre su economía y control

Minería ilegal. En una operación conjunta liderada por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, se asestó un nuevo golpe a la minería ilegal en el sector Isla Córdova, Madre de Dios. El operativo permitió la incautación y posterior destrucción de bienes valorizados en S/ 1 492 020, reafirmando el compromiso estatal contra este flagelo que devasta el patrimonio ambiental peruano.

Detalle de lo incautado

La interdicción resultó en la destrucción de maquinaria pesada y logística esencial para la actividad ilícita:

  • Maquinaria: 2 pozas, 1 motor, 2 motores sumergidos, 5 tolvas, 2 bombas de succión y 4 bombas hidráulicas.
  • Insumos y Logística: 250 cilindros metálicos, 700 galones de gasolina, 1200 galones de petróleo.
  • Materiales: 800 metros de tubo PVC, 350 metros de tubo metálico, 900 metros de cable acerado, 3500 metros de cuerda y 80 metros de manguera de succión.
  • Un nuevo golpe a la minería ilegal en el sector Isla Córdova, Madre de Dios (Foto; Mindef )
    Un nuevo golpe a la minería ilegal en el sector Isla Córdova, Madre de Dios (Foto; Mindef )

Análisis: La problemática de la minería ilegal

La persistencia de estos operativos plantea interrogantes críticas sobre la magnitud y operatividad de este delito:

Dimensión económica

  • Impacto financiero: Aunque las incautaciones reflejan el valor de los equipos, el flujo económico real de la minería informal es difícil de cuantificar con precisión debido a su naturaleza clandestina.
  • Niveles de control: El porcentaje de control estatal sigue siendo un desafío, limitado por la vastedad de la Amazonía y la sofisticación logística de los grupos criminales.

Modus Operandi y Comercialización

  • Operatividad: La minería en Madre de Dios utiliza dragas y bombas de succión para extraer oro de los lechos fluviales, causando daños irreparables a los ecosistemas y vertiendo mercurio en los ríos.
  • Ruta de salida: Los recursos extraídos (especialmente el oro) se introducen frecuentemente en el mercado legal mediante la comercialización en centros de acopio informales, ocultando su origen ilícito a través de documentación falsa o mezclándolo con minería formal de pequeña escala antes de su exportación o refinamiento.
  • La interdicción resultó en la destrucción de maquinaria pesada y logística esencial para la actividad ilícita (Foto: Mindef).
    La interdicción resultó en la destrucción de maquinaria pesada y logística esencial para la actividad ilícita (Foto: Mindef).

Análisis del fenómeno: Magnitud y Operativa

La persistencia de este delito plantea interrogantes fundamentales sobre su economía y control:

  • Volumen económico: Se estima que la minería ilegal mueve miles de millones de soles anualmente, constituyendo una de las economías ilícitas más grandes y destructivas del país. Pese a los constantes operativos, se calcula que solo una fracción menor logra ser efectivamente controlada o erradicada por el Estado.
  • Modus Operandi: Esta actividad opera mediante una compleja cadena de suministro que ingresa combustibles y maquinaria pesada a zonas remotas de la Amazonía. La salida del oro extraído utiliza rutas informales, mezclándose frecuentemente con la producción de mineros formalizados o a través de redes de contrabando que evaden los controles fiscales.

El costo ambiental y humano: La devastación de Madre de Dios

Este operativo es un paso firme contra una actividad que no solo vulnera la ley, sino que devasta nuestro patrimonio natural (Foto: Mindef)
Este operativo es un paso firme contra una actividad que no solo vulnera la ley, sino que devasta nuestro patrimonio natural (Foto: Mindef)

}El impacto de la minería ilegal trasciende lo económico; es una herida abierta en la biodiversidad. El daño real en Madre de Dios es alarmante:

  • Deforestación masiva: Se estima que la minería ilegal ha devastado más de 100 000 hectáreas de bosque amazónico en la región.
  • Pérdida de suelos agrícolas: Miles de hectáreas de suelos anteriormente aptos para el cultivo y la agroforestería han quedado totalmente inutilizadas. La remoción de la capa orgánica del suelo y la contaminación por mercurio impiden cualquier posibilidad de recuperación natural o productiva a corto y mediano plazo.
  • Contaminación por mercurio: La salud de las comunidades locales y la integridad de la cuenca hidrográfica enfrentan una crisis severa debido al uso indiscriminado de mercurio, un veneno que persiste en el ecosistema, afectando irreversiblemente la cadena alimenticia de la zona.

https://agendapais.com/?s=Miner%C3%ADa+ilegal

Línea 2 del Metro: Lima implementa la nueva Tarjeta Interoperable de Transporte (TIT)

A partir del 8 de julio, será obligatorio el uso de este dispositivo digital, que llega para reemplazar el obsoleto sistema de pago fragmentado

Línea 2 del Metro. Lima da un giro definitivo hacia la modernización de su transporte masivo: a partir del 8 de julio, la Línea 2 del Metro dejará atrás los sistemas de pago fragmentados y obsoletos para implementar, de manera obligatoria, la nueva Tarjeta Interoperable de Transporte (TIT).

Este dispositivo, cuya venta inicia este miércoles 1 de julio, marca el fin de los métodos de validación dispersos y consolida el primer paso hacia una red de transporte verdaderamente integrada, según anunció la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

.Los usuarios podrán adquirir sus tarjetas en el horario de atención de 6:00 a. m. a 11:00 p. m. (Foto: Atu)
.Los usuarios podrán adquirir sus tarjetas en el horario de atención de 6:00 a. m. a 11:00 p. m. (Foto: Atu)

Detalles de adquisición

Los usuarios podrán adquirir sus tarjetas en el horario de atención de 6:00 a. m. a 11:00 p. m.

  • Puntos de venta: Boleterías y máquinas expendedoras de las estaciones Evitamiento, Óvalo Santa Anita, Colectora Industrial, Hermilio Valdizán y Mercado Santa Anita.
  • Costo: S/ 7.50.

Beneficiarios con acceso gratuito

El personal de la Policía Nacional del Perú, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios y las personas con discapacidad (acreditadas con el carné amarillo del Conadis) podrán obtener o actualizar la vigencia de sus tarjetas de forma gratuita en las boleterías autorizadas.

.El uso de la tarjeta en las puertas de control (entrada y salida) es fundamental para el registro de flujo, aunque, por el momento, no implica un cobro de tarifa, por lo que no es necesario realizar recargas.(Foto: ATU).
.El uso de la tarjeta en las puertas de control (entrada y salida) es fundamental para el registro de flujo, aunque, por el momento, no implica un cobro de tarifa, por lo que no es necesario realizar recargas.(Foto: ATU).

 

Funcionamiento y ventajas tecnológicas

  • Validación: El uso de la tarjeta en las puertas de control (entrada y salida) es fundamental para el registro de flujo, aunque, por el momento, no implica un cobro de tarifa, por lo que no es necesario realizar recargas.
  • Diseño y seguridad: Existen tarjetas diferenciadas según el tipo de usuario: público general, estudiantes, policías, bomberos y personas con discapacidad.
  • Tecnología: Incorporan mecanismos de seguridad avanzados, claves encriptadas contra fraudes y una memoria interna capaz de almacenar datos de validaciones, recargas y perfiles específicos de usuario.

Impacto del servicio

La Línea 2 conectará a 10 distritos directamente y a 3 indirectamente, con un recorrido subterráneo de aproximadamente 35 kilómetros desde Ate hasta el Callao (incluyendo el ramal de la Línea 4). Se estima que esta infraestructura reducirá el tiempo de viaje de más de dos horas a aproximadamente 45 minutos, transformando la movilidad urbana en la capital.

El rol estratégico de la tarjeta física

Más allá de ser un simple medio de pago, las Tarjetas Interoperables de Transporte (TIT) funcionan como la llave de acceso al sistema inteligente de gestión de la Línea 2.

Estas tarjetas están fabricadas con tecnología de comunicación de campo cercano (NFC) de alta seguridad, encapsulada en policarbonato resistente para soportar el uso intensivo diario. Su propósito principal es garantizar la trazabilidad del usuario dentro del sistema, permitiendo que la ATU recopile datos precisos sobre los patrones de movilidad y horas punta, información vital para optimizar la frecuencia de los trenes en tiempo real.

.El uso obligatorio de la nueva Tarjeta Interoperable de Transporte (TIT), dejando atrás los métodos de validación antiguos y fragmentados (Foto: ATU).
El uso obligatorio de la nueva Tarjeta Interoperable de Transporte (TIT), dejando atrás los métodos de validación antiguos y fragmentados (Foto: ATU).

¿Por qué este sistema no se ha implementado plenamente de forma virtual, mediante aplicaciones móviles o códigos QR.?

Aunque la tecnología móvil es una tendencia global, la implementación digital total en el sistema de transporte limeño enfrenta desafíos significativos de ciberseguridad y equidad. La tarjeta física permite una validación mucho más rápida que el escaneo de un celular, evitando cuellos de botella en los torniquetes, donde cada segundo es crítico.

Asimismo, el uso de tarjetas físicas asegura la inclusión digital, garantizando que el acceso al transporte no dependa de tener un teléfono inteligente de gama alta, conexión a internet constante o batería cargada.

No obstante, la transición hacia una billetera digital integrada es el paso lógico a mediano plazo. La implementación digital se encuentra en una etapa de «maduración tecnológica» porque requiere, primero, estandarizar la interoperabilidad con otros sistemas de transporte, como el Metropolitano y los Corredores Complementarios.

La tarjeta física actúa, en esta fase, como un estándar unificado que permite a las autoridades asegurar una base operativa estable antes de migrar hacia sistemas biométricos o móviles más complejos. La prioridad actual es consolidar un sistema robusto, infalible y equitativo que siente las bases para un ecosistema de transporte verdaderamente moderno y digitalizado en el futuro cercano de nuestra metrópoli.

Claudia Sheinbaum: normalización de relaciones con Perú pasa por definir el tema del salvoconducto de Betssy Chávez

El espejismo del rompimiento: La sutil diplomacia que busca reconectar a México y Perú

Claudia Sheinbaum. La diplomacia, a menudo confundida con un ejercicio de cortesía, es en realidad un tablero de ajedrez donde el pragmatismo termina imponiéndose sobre la retórica. En los últimos días, una declaración desde Palacio Nacional en Ciudad de México ha comenzado a desmantelar la narrativa del inmovilismo que ha caracterizado la relación entre México y Perú tras la ruptura de noviembre de 2025.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha enviado una señal tan clara como calculada: México no está dispuesto a sacrificar la relación bilateral —un pilar estratégico, económico y consular— en el altar de la disputa ideológica.

El salvoconducto como llave de paso

Para entender este giro, hay que mirar más allá de la polarización. Sheinbaum ha sido enfática: mantener una postura crítica sobre la situación del expresidente Pedro Castillo no es, bajo su óptica, un impedimento para la coexistencia diplomática. Sin embargo, en el centro de este laberinto reside un componente práctico ineludible: la situación de Betssy Chávez,  la asilada política que aún permanece en la Embajada (bajo custodia brasileña tras el retiro del personal mexicano).

El salvoconducto, un instrumento administrativo que hoy opera como un símbolo de soberanía para unos y de justicia para otros, se ha convertido en el nodo crítico de la crisis.

La presidente mexicana ha dejado entrever que, para transitar hacia la normalización, este punto debe ser desatascado. Es, en esencia, una invitación a la diplomacia de «puertas abiertas», donde el conflicto no desaparece, pero se gestiona.

 

Puede ser una imagen de una o varias personas, multitud y texto que dice "LERESPETA LA MÉXICO LE RESPETA"

La pragmática electoral en Lima

La respuesta de los sectores políticos en Perú, particularmente de las voces que aspiran a la conducción del Estado en el próximo periodo, ha sido receptiva.

La candidata que recientemente abogó por un acercamiento con México, invocando lazos de amistad superiores a las discrepancias, comprende algo que el Ejecutivo actual parece haber postergado: la ruptura ha dejado a ambos países en un aislamiento contraproducente en foros como la Alianza del Pacífico.

El rompimiento de relaciones —una decisión que en su momento fue planteada desde Lima— ha demostrado ser un costo político y económico que, tras meses de desgaste, parece haber llegado a su fecha de caducidad.

Hacia el fin del desencuentro

La narrativa de la ruptura, que sirvió para marcar distancia ideológica y reafirmar posturas internas en ambos gobiernos, ha perdido su utilidad operativa. Hoy, el ciudadano de a pie, los empresarios y los sectores consulares exigen una normalización que facilite el tránsito y la cooperación.

México ha tendido el puente. La interrogante que queda en el aire no es si existe la posibilidad de restablecer relaciones, sino qué tan rápido podrá la clase política peruana gestionar el «trámite» del salvoconducto para dejar atrás una etapa de confrontación que, con el paso del tiempo, se ha revelado como un lastre para los intereses nacionales de ambos pueblos.

Al final, la diplomacia real no es la que busca la afinidad ideológica perfecta, sino la que sabe cuándo el costo del conflicto supera, por mucho, el beneficio de la distancia. El restablecimiento de las relaciones entre México y Perú ya no es una cuestión de «si», sino de «cuándo» y «cómo».

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Declaraciones textuales de la presidente CLAUDIA SHEINBAUM PARDO:

PREGUNTA: Y precisamente hablando de gobiernos de derecha en América Latina, hace unos días entrevistaron a la candidata de derecha en Perú. Ella dijo que “buscaría un acercamiento con México, porque hay lazos de amistad que deben priorizarse más allá de las posturas”.

PRESIDENTA DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO: Qué bueno, me parece muy bien.

Todavía no se resuelve completamente en Perú la decisión de quién va a gobernar, está… Bueno, y en Colombia también fue una votación muy cerrada, y en Perú también así, está muy cerrada.

Pero qué bueno, de la candidata, que hable de fortalecer la relación con México.

Y nosotros siempre… Porque es importante, lo vamos a defender siempre: todavía hay en la Embajada —que ya no es Embajada en México, porque está en este momento resguardada por Brasil— una persona del gobierno del presidente Castillo que está pidiendo asilo en México y que todavía no tiene el salvoconducto. Entonces, es muy importante para nosotros que se dé este salvoconducto.

Y también nosotros tenemos una posición respecto a la libertad del presidente Castillo, pero eso no impide que podamos… Porque nunca pensamos nosotros en romper las relaciones, fue el gobierno de Perú que lo planteó de esta manera.

Y siempre buscamos la mejor relación con todos los pueblos del mundo.

El 22 de junio último, en declaraciones a la prensa, Keiko Fujimori dejó abiertas las puertas para la reanudación de las relaciones peruano-mexicanas

 

Roberto Sánchez anuncia Acción de Amparo y nuevas jornadas de lucha por «justicia electoral»

El líder de Juntos por el Perú (JP) encabezó una movilización masiva en el Centro de Lima

Roberto Sánchez. Tras liderar una concurrida marcha por las calles del centro histórico de Lima este sábado, Roberto Sánchez, líder de Juntos por el Perú (JP), anunció que su agrupación presentará una Acción de Amparo ante el Poder Judicial. Esta medida busca salvaguardar los derechos constitucionales a la participación política y garantizar la transparencia del proceso electoral actual.

Roberto Sánchez ofrece discurso tras marcha por las calles de Lima (Foto: Facebook).
Roberto Sánchez ofrece discurso tras marcha por las calles de Lima (Foto: Facebook).

Resistencia democrática frente a la «voluntad totalitaria»

Durante su discurso ante los manifestantes, Sánchez calificó las recientes actuaciones de las autoridades electorales como una afectación grave a la legalidad. Según el dirigente, los cambios en las reglas de juego y las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) han vulnerado el debido proceso.

«Acudiremos a todas las instancias para buscar justicia. Vamos a presentar un amparo porque se han afectado derechos constitucionales a la legalidad y a un proceso transparente del cual tenemos muchas dudas», afirmó Sánchez ante una multitud que se concentró tras la movilización.

El líder de JP adelantó que esta acción judicial es solo el inicio de lo que denominó «jornadas democráticas de lucha». Asimismo, confirmó que elevarán sus reclamos ante instancias internacionales, argumentando que el sistema de justicia nacional ha sido presuntamente cooptado por fuerzas que, a su juicio, buscan alterar la voluntad popular expresada en las urnas.

Puede ser una imagen de una o varias personas y multitud

La movilización: un despliegue de alcance nacional

La protesta, que inició pasada las 4:00 p. m. en la cuadra cuatro de la avenida Paseo Colón —sede del partido—, contó con una importante delegación de bases regionales, incluyendo representantes de Ica, Apurímac y Cajamarca. Bajo consignas como «El pueblo unido jamás será vencido» y exigencias de transparencia, los manifestantes marcharon pacíficamente bajo la vigilancia de la Policía Nacional del Perú (PNP).

La actividad contó con el respaldo de cuadros clave de la organización, como Ana Li Márquez y Brígida Curo, candidatas a la vicepresidencia, el secretario general Ernesto Zunini y el exfiscal José Domingo Pérez, quienes acompañaron a Sánchez en su recorrido.

 

Puede ser una imagen de una o varias personas, multitud y texto

Conclusiones del discurso de Roberto Sánchez

A continuación, se resumen ocho puntos clave expresados por el dirigente durante su alocución:

  1. Presentación de acciones legales: El partido recurrirá formalmente al Poder Judicial mediante una Acción de Amparo para defender los derechos a la participación política y la legalidad electoral.
  2. Inicio de una resistencia democrática: Se convoca a la ciudadanía a mantenerse atenta y organizada para futuras «jornadas democráticas de lucha» en todo el territorio nacional.
  3. Denuncia de manipulación: Sánchez acusó al sistema electoral de cambiar las reglas del juego de forma antidemocrática, cuestionando la transparencia de los procesos actuales.
  4. Búsqueda de justicia internacional: Ante la desconfianza en las instancias nacionales, el líder de JP anunció que llevarán su reclamo ante instancias supranacionales.
  5. Rechazo al autoritarismo: Calificó a las fuerzas opositoras como un «pacto mafioso» y una «fuerza totalitaria» que, según él, ha tomado el sistema de justicia.
  6. Defensa de la voluntad popular: Reafirmó que su movimiento no abandonará la lucha hasta que se reconozca la verdadera voluntad del pueblo, la cual considera que ha sido torcida mediante irregularidades.
  7. Denuncia de persecución política: Sánchez denunció ser víctima de constantes ataques y denuncias judiciales, calificando estas acciones como una forma de persecución política contra los líderes del pueblo.
  8. Exigencia de justicia por los fallecidos: Vinculó la actual coyuntura con la necesidad de justicia por los ciudadanos fallecidos durante las protestas sociales previas, rechazando la impunidad para los responsables.
  1. Respaldo absoluto a Pedro Castillo: Reafirmó su lealtad política hacia el expresidente Pedro Castillo, denunciando su vacancia y detención como ilegales y exigiendo permanentemente su libertad.
  2. Convocatoria a un frente patriótico: Exhortó a todas las fuerzas democráticas, sociales y patrióticas del país a constituir un gran frente de resistencia democrática para recuperar la democracia y la institucionalidad.

INABIF y el desafío pendiente: superar la sombra de una labor marcada por metas inconclusas

La administración visitó en Tacna los centros «Rosa Coda de Martorell» y «Los Cabitos» y el  CAR «Santo Domingo Savio»

INABIF. La reciente jornada de evaluación de las políticas de protección social en Tacna ha puesto de manifiesto que la eficacia operativa del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif) no puede seguir dependiendo de una gestión de mínimos.

Si bien las acciones de supervisión y coordinación interinstitucional son necesarias para el mantenimiento operativo, estas resultan insuficientes si no se traducen en un compromiso institucional profundo para superar los cuellos de botella que históricamente han limitado el alcance del sistema en el interior del país.

El Inabif ante su propia complejidad

El Inabif, como organismo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, tiene la compleja responsabilidad de ejecutar servicios dirigidos a niñas, niños, adolescentes y familias en situación de desprotección familiar, riesgo social o abandono. Sus funciones, divididas entre la prevención (a través de los CEDIF) y la protección especial (mediante los CAR), representan una línea de defensa crítica frente a la vulneración de derechos.

Sin embargo, el sistema de protección peruano ha operado durante demasiado tiempo bajo una lógica de cumplimiento formal. Si bien el despliegue técnico busca fortalecer la dinámica familiar y proveer entornos de acogida, la gestión en regiones se ha estancado en una zona de confort donde la administración de lo existente parece primar sobre la innovación. La verdadera prueba para la institución no es mantener los servicios, sino superar las brechas de cobertura y calidad que el propio Estado ha identificado pero no ha logrado cerrar.

El Inabif, como organismo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, tiene la compleja responsabilidad de ejecutar servicios dirigidos a niñas, niños, adolescentes y familias en situación de desprotección familiar (Foto: INABIF).
El Inabif, como organismo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, tiene la compleja responsabilidad de ejecutar servicios dirigidos a niñas, niños, adolescentes y familias en situación de desprotección familiar (Foto: INABIF).

 

El contexto de cierre de gestión

Este balance se vuelve más relevante ante la proximidad del 28 de julio, fecha que marca el fin del actual periodo de gobierno. A pocos días del relevo administrativo, la gestión saliente enfrenta la presión de dejar resultados concretos, pero también la sombra de una labor marcada por metas inconclusas. La visita a los centros «Rosa Coda de Martorell» y «Los Cabitos», así como al CAR «Santo Domingo Savio», debe entenderse como un esfuerzo por asegurar la operatividad, pero es inevitable cuestionar por qué, a estas alturas del ciclo gubernamental, la persistencia de carencias estructurales sigue siendo el denominador común.

La articulación con la Región Policial Tacna, si bien es un paso lógico en la gestión de riesgos, llega en un momento donde la transición de mando obliga a preguntarse si estos protocolos serán sostenibles o si serán archivados con el cambio de autoridades. La gran interrogante que se abre para el sistema de protección es qué sucederá después del 28 de julio. Existe una expectativa genuina sobre si la nueva administración tendrá la voluntad política de auditar el desempeño de los equipos multidisciplinarios y la calidad real del acogimiento, o si simplemente se continuará con la inercia de la gestión anterior.

Hacia la superación de metas: Un balance necesario

El Inabif debe transitar hacia un enfoque que cuestione su propia eficiencia. Superar sus metas implica reconocer que el éxito no radica en ampliar la red, sino en la capacidad de transformar realidades. En esta etapa final, el esfuerzo desplegado por la directora ejecutiva del Inabif, Melina Locatelli Alfaro, en Tacna, ha buscado aterrizar esta necesidad de articulación interinstitucional, intentando imprimir dinamismo a las unidades de atención y a las relaciones con actores clave como la Policía Nacional.

Este trabajo de supervisión y coordinación técnica liderado por Locatelli Alfaro constituye un intento de optimizar los recursos actuales antes del cambio de mando.

La agenda incluyó además, conjuntamente con la jefa de la Unidad de Servicios de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (USPNNA), Suzette Noriega Cortez, una visita al Centro de Acogida Residencial (CAR) Santo Domingo Savio, donde Melina Locatelli verificó las condiciones de atención que reciben las personas acogidas y sostuvo encuentros con el equipo técnico y el personal de atención permanente para conocer de cerca los principales retos y necesidades del servicio.

El compromiso real con la niñez exige pasar de la gestión de procesos a resultados medibles (Foto: inabif).
El compromiso real con la niñez exige pasar de la gestión de procesos a resultados medibles (Foto: inabif).

“Cuando las instituciones suman esfuerzos, las oportunidades de protección y desarrollo para niñas, niños y adolescentes se multiplican. Nuestro compromiso es seguir fortaleciendo el trabajo conjunto para llegar de manera oportuna a las familias y comunidades que requieren apoyo”, sostuvo la directora ejecutiva.

Melina Locatelli Alfaro sostuvo que “con estas acciones, el Inabif reafirma su compromiso de seguir impulsando servicios de calidad en todo el país, fortaleciendo la prevención, la protección y el acompañamiento familiar como pilares fundamentales para garantizar el bienestar y el desarrollo integral de la niñez y adolescencia”.

Sin embargo, el reconocimiento autocrítico de cuánto falta recorrer debe ser el punto de partida para la próxima gestión. El compromiso real con la niñez exige pasar de la gestión de procesos a resultados medibles.

Mientras la gestión de la protección social se limite a sostener lo que ya se hace, las metas de bienestar integral seguirán siendo una aspiración. La ciudadanía espera que la próxima administración no se limite a una continuidad burocrática, sino que inicie una reforma que permita, finalmente, empezar a erradicar la vulnerabilidad, transformando el esfuerzo institucional presente en un legado de eficiencia real.

Juntos por el Perú convoca hoy a movilización por la «defensa del voto» en el Centro de Lima

La Municipalidad de Lima dispuso restricción vehicular en respuesta a manifestación que será encabezada por  Roberto Sánchez

Juntos por el Perú. En medio de un clima de alta tensión política tras la proclamación y entrega de credenciales a 130 diputados elegidos para el Congreso de la República, el partido Juntos por el Perú  convocó para las 4:00 de la tarde de hoy  sábado 27 de junio a una movilización en el Centro de Lima.

La marcha, encabezada por su líder y candidato presidencial, Roberto Sánchez Palomino, busca expresar su rechazo a los resultados electorales y exigir lo que consideran una justicia electoral transparente. El punto de concentración es el frontis del local de campaña de JP ubicado en Paseo Colón 422, en el Centro Histórico de Lima.

Comvocatoria de Juntos por el Perú (Facebook).
Comvocatoria de Juntos por el Perú (Facebook).

Las razones de la protesta

La movilización responde a la negativa de Juntos por el Perú de reconocer los resultados oficiales que dan una estrecha ventaja a Keiko Fujimori (Fuerza Popular). Sánchez Palomino ha denunciado presuntas irregularidades en el proceso electoral, centrándose especialmente en la votación de peruanos en el extranjero.

Según el líder de la agrupación, la modificación de reglas electorales —que incluyó la eliminación de la obligatoriedad de digitalización de actas y dudas sobre la cadena de custodia en las valijas diplomáticas— habría viciado la voluntad popular. Por ello, el partido ha presentado recursos de nulidad y ha llamado a una «resistencia patriótica» para exigir transparencia ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ente que tiene previsto entregar las credenciales a la fórmula ganadora el próximo 15 de julio.

Restricción vehicular en el Centro Histórico

Como respuesta al anuncio de esta y otras movilizaciones, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ha dispuesto una restricción vehicular temporal en el Centro Histórico de Lima desde las 00:00 horas de este sábado.

La medida, oficializada en la Resolución de Subgerencia n.º 002704-2026-GMU-SER, comprende el perímetro delimitado por las avenidas Tacna, Garcilaso de la Vega, 9 de Diciembre y Miguel Grau, así como los jirones Paruro y Amazonas y el contorno del río Rímac. La comuna liderada por Renzo Reggiardo argumentó que la decisión busca resguardar el «orden público, el patrimonio cultural y la transitabilidad», recordando que el Centro Histórico es una zona declarada «intangible» para concentraciones políticas.

Alcalde Lima, Renzo Reggiardo (Foto: Municipalidad de Lima).
Alcalde Lima, Renzo Reggiardo (Foto: Municipalidad de Lima).

Un escenario de confrontación política

La confluencia de este llamado a la protesta con las medidas de control municipal ha generado diversas interpretaciones en el espectro político. Mientras el oficialismo municipal sostiene que se trata de una medida técnica para proteger la ciudad, sectores de la oposición y simpatizantes de Juntos por el Perú cuestionan la medida, calificándola como una táctica de contención y hostigamiento al derecho a la protesta ciudadana.

Incluso el alcalde Renzo Reggiardo, en declaraciones a la prensa, acusó a Juntos por el Perú y al candidato Roberto Sánchez de ser responsables de haber tomado esta decisión. Sostuvo que “Los grandes responsables de esto son los propios organizadores de la marcha porque insisten en ir al centro de la ciudad cuando hay una intangibilidad, que es un marco legal que a nosotros nos respalda para declarar ilegal a aquellos que hagan marchas políticas en el centro de la ciudad”.

Restricción vehicular (Fuente: Municipalidad de Lima).
Restricción vehicular (Fuente: Municipalidad de Lima).

“Vamos a tener que tomar medidas un poco drásticas, reitero, son incomodas, pero yo le pido a la población las disculpas del caso por las incomodidades que genere, pero no es de responsabilidad de la municipalidad; es de aquellos que insisten, que insisten en incumplir la ley”, señalo al tiempo de argumentar que “no se puede promover a la violencia a  situaciones que traigan  descontrol en la ciudad”.

 

 

Fernando Rospigliosi: Las falacias detrás del discurso de despedida

El titular del Legislativo intenta convencer al país de que lo vivido no fue una crisis de gobernabilidad, sino una gesta heroica

Fernando Rospigliosi. El discurso de cierre del Congreso 2021-2026 no fue un ejercicio de historia política, sino una pieza de arquitectura retórica diseñada para blanquear una gestión marcada por el desgaste. Al analizar sus palabras, queda claro que el presidente del Congreso no buscaba hacer un balance, sino imponer un relato.

Texto central del discurso: “Debo decir con franqueza lo que muchos saben, el Perú estuvo en más de una ocasión al borde del abismo institucional, no caímos en él. y no caímos precisamente porque existió un Congreso que con todas sus limitaciones y con toda su heterogeneidad mantuvo en pie el orden constitucional. Eso no es un logro menor, es quizás el logro más importante de este Congreso. Cuando en diciembre de dos mil veintidós intentaron disolver ilegalmente el Parlamento mediante un golpe este hemiciclo resistió porque la institución parlamentaria tiene una fortaleza que trasciende a quienes lo componen, la legitimidad del voto ciudadano”.

Rospigliosi intenta convencer al país de que lo vivido no fue una crisis de gobernabilidad, sino una gesta heroica (Foto: Congreso de la República).
Rospigliosi intenta convencer al país de que lo vivido no fue una crisis de gobernabilidad, sino una gesta heroica (Foto: Congreso de la República).
  1. La Falacia de la «Generalización Apresurada» (El Congreso como salvador)

Rospigliosi toma el evento específico del 7 de diciembre de 2022 (el fallido golpe de Pedro Castillo) y lo utiliza para validar los cinco años completos de gestión.

  • La falacia: «Como resistimos ese día, todo lo que hicimos en cinco años fue proteger la democracia».
  • El análisis: La resistencia a un golpe no exime al Parlamento de su responsabilidad en la erosión de los contrapesos democráticos (la captura de instituciones, el debilitamiento de la reforma universitaria, etc.). Es una falacia que intenta que un evento justifique años de mediocridad.
  1. La Falacia de «Falsa Causa» (Post hoc ergo propter hoc)

El discurso sugiere que, debido a que el Congreso se mantuvo, el país no cayó en el abismo.

  • La falacia: «El país no cayó al abismo porque nosotros nos mantuvimos».
  • El análisis: Ignora deliberadamente que el comportamiento del Congreso —con sus amenazas constantes de vacancia y su agenda de confrontación— fue, en gran medida, un factor determinante para que el país estuviera al borde del abismo desde el inicio. El «salvador» es, en realidad, uno de los principales causantes de la crisis que dice haber evitado.
Terminoel periodo legislativo del último quinquenio (Foto: Congreso de la República).
Terminoel periodo legislativo del último quinquenio (Foto: Congreso de la República).
  1. La Falacia de la «Apelación a la legitimidad» (Ignoratio elenchi)

Rospigliosi recurre constantemente a la «legitimidad del voto ciudadano» para blindar al hemiciclo de cualquier crítica.

  • La falacia: «Nuestras acciones son correctas porque fuimos elegidos democráticamente».
  • El análisis: La legitimidad de origen no otorga legitimidad de ejercicio. Un Congreso con desaprobación récord en todas las encuestas no puede escudarse en el voto popular para ignorar el rechazo masivo de quienes le otorgaron ese voto.
  1. La Falacia de la «Falsa Dicotomía»

En su discurso, el Perú solo tenía dos opciones: o el Congreso unicameral (tal como ellos lo manejaron) o el «abismo institucional».

  • La falacia: «O nosotros (con nuestros errores y fricciones) o la catástrofe total».
  • El análisis: Esta narrativa anula la posibilidad de una gestión parlamentaria diferente, más técnica, menos personalista y más enfocada en la gobernabilidad en lugar de la lucha de poder. Es un chantaje emocional: «Si nos critican a nosotros, están llamando al caos».
  1. La «Autocrítica de conveniencia» (Falacia de Distracción)

Al admitir que «no todo fue bien» y hablar de «errores menores», Rospigliosi usa una técnica de distracción.

  • La falacia: «Reconozco que hubo errores (mencionados vagamente), por lo tanto, soy una persona autocrítica y todo lo que he dicho antes es verdad».
  • El análisis: Es un reconocimiento cosmético para ganar autoridad moral. Al aceptar fallos menores, intenta que el público olvide las críticas mayores (falta de transparencia, intereses de grupo, clientelismo).

Conclusión: El legado de la retórica El discurso de Rospigliosi es una pieza de gaslighting político. Intenta convencer al país de que lo vivido no fue una crisis de gobernabilidad, sino una gesta heroica. Sin embargo, al despojar el mensaje de su retórica, solo queda una realidad innegable: un Congreso que confundió su supervivencia con la estabilidad del Perú.

La otra cara de la moneda

Más allá de la narrativa de «salvadores de la democracia», es imperativo mirar lo que el presidente del Congreso pone sobre la mesa como su hoja de servicios. No obstante, que quede claro: presentar una lista de leyes aprobadas no equivale automáticamente a un ejercicio de buena gestión.

Si bien el Congreso de Rospigliosi reivindica  ocho hitos como su «legado», el lector debe preguntarse: ¿fueron estas acciones el resultado de una visión de país coherente, o fueron parches impuestos por la urgencia de la supervivencia política? A continuación, desglosamos los puntos principales de la gestión saliente, donde la eficiencia legislativa a veces se confunde con la prisa por dejar huella antes de la transición bicameral.

La resistencia a un golpe no exime al Parlamento de su responsabilidad en la erosión de los contrapesos democráticos (Foto: Congreso de la República).
La resistencia a un golpe no exime al Parlamento de su responsabilidad en la erosión de los contrapesos democráticos (Foto: Congreso de la República).

Balance Institucional: Los 8 hitos de la gestión 2021-2026

  1. Restauración de la Bicameralidad: Tras 33 años de unicameralismo, este Congreso impulsó y aprobó la reforma constitucional más importante desde 1993. Se establece un Senado revisor con funciones diferenciadas, garantizando una doble deliberación en la creación de leyes.
  2. Defensa del Orden Constitucional: El Legislativo se posiciona como el muro de contención que evitó el colapso del sistema democrático, específicamente durante el intento de disolución ilegal del Parlamento en diciembre de 2022, manteniendo la vigencia de la representación popular.
  3. Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana: Se aprobaron normas directas para potenciar la operatividad de la Policía Nacional, brindándoles herramientas legales para enfrentar al crimen organizado, el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.
  4. Reforma del Sistema Electoral: Con el objetivo de combatir la fragmentación partidaria, se elevaron las vallas y se endurecieron las reglas para las organizaciones políticas, buscando una arquitectura de representación más sólida y menos dispersa.
  5. Atención a Brechas Históricas: Se priorizaron iniciativas de inversión en infraestructura, salud y acceso a servicios básicos para las zonas más vulnerables del país, entendiendo que el cierre de estas desigualdades es una deuda pendiente del Estado.
  6. Modernización de la Infraestructura Patrimonial: Se ejecutó un plan de restauración integral del Palacio Legislativo. Esto incluyó la recuperación del hemiciclo principal, la restitución de la fachada a su diseño original y la puesta en valor del hemiciclo Raúl Porras Barrenchea, entregando un espacio renovado para la próxima gestión.
  7. Sostenibilidad y Técnica Legislativa: A pesar de las fricciones inherentes a la heterogeneidad del hemiciclo, se destaca el esfuerzo por mantener el funcionamiento de la unidad ejecutora y la oficialía mayor, claves para la transición hacia el nuevo Congreso bicameral.
  8. Reconocimiento a la Continuidad Institucional: Se realizó un homenaje a la labor de los presidentes de mesa directiva y a los parlamentarios fallecidos, subrayando que la fortaleza de la institución reside en su capacidad de trascender a las figuras individuales y a las crisis coyunturales.

Corresponderá ahora a la historia y a la ciudadanía evaluar si estas reformas —especialmente la bicameralidad y los cambios electorales— servirán realmente para cerrar las brechas que aquejan al Perú, o si son simplemente los cimientos de un nuevo edificio sobre terreno inestable.

Congreso equipara sueldo de magistrados de la JNJ con los del Poder Judicial: ¿Premio por sacar de la judicatura a magistrados incómodos?

 

En el último año, la JNJ retiró de sus cargos a Delia Espinoza, José Domingo Pérez y Richard Concepción Carhuancho

Congreso. Quedó listo para ser discutido y sometido a segunda votación el proyecto de ley que propone homologar los ingresos de los miembros titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) con los de los jueces supremos de la Corte Suprema de Justicia de la República, y autoriza además la actualización de la escala remunerativa para los servidores de la JNJ sujetos al Decreto Legislativo 728.

De aprobarse la norma en segunda votación, la remuneración mensual de un magistrado de la JNJ, que no es “poca cosa”, pasará de 35,017 soles a 42,717 soles. Vea el cuadro:

Remuneracviones en la JNJ
Remuneracviones en la JNJ

[Cuadro remunerativo]

El debate de la propuesta legal —sustentada en los proyectos de ley 13363/2025-JNJ y 13506/2025-CR, que obtuvo 68 votos a favor, 19 en contra y 10 abstenciones— no tuvo nada de particular, salvo que los principales beneficiados son los miembros de la Junta Nacional de Justicia, institución que en el último año retiró de la judicatura, en algunos casos de manera provisional y en otros definitiva, a jueces y fiscales que por su trabajo resultaban incómodos al sistema político.

El argumento esgrimido en el Pleno por la Comisión de Presupuesto para dar luz verde a la nivelación salarial fue técnico, pulcro y ensayado: «corregir la falta de equidad remunerativa» respecto al Poder Judicial y actualizar las planillas de los trabajadores.

Sin embargo, al observar las intervenciones parlamentarias, lo que más estremece no es lo que se dijo, sino el silencio ensordecedor sobre el trasfondo de esta medida. Ni un solo congresista —incluyendo a los principales defensores de la norma— hizo mención a la realidad indubitable de que este beneficio económico llega después de que la JNJ ejecutara una sistemática labor de limpieza en el sistema de justicia.

Alejandro Soto sustenta proyecto que equipara sueldo de magistrados de la JNJ con los del Poder Judicial (Foto: Congreso Perú).
Alejandro Soto sustenta proyecto que equipara sueldo de magistrados de la JNJ con los del Poder Judicial (Foto: Congreso Perú).

El guion parlamentario: La coartada de la «equidad»

En el debate, el presidente de la Comisión de Presupuesto y otros ponentes se limitaron a esgrimir la necesidad administrativa. Se habló de dignificar la función del consejero y de cerrar la brecha salarial, como si la JNJ fuera una institución que opera en un vacío político.

La coreografía es precisa: nadie cuestionó, nadie recordó y nadie vinculó el incremento con los procesos disciplinarios que desmantelaron a la judicatura incómoda. Se presentó el proyecto como una mejora de gestión, ocultando bajo el lenguaje burocrático lo que, en la práctica, agendapais percibe como una factura pagada por servicios prestados al poder político.

La memoria que el Congreso quiere borrar

El país no olvida. Esta nivelación salarial ocurre al cierre de una gestión parlamentaria marcada por el uso del aparato estatal para someter a quienes osaron investigar las estructuras del poder. La JNJ, bajo una justificación técnica, fue el brazo ejecutor para la separación de magistrados que incomodaban a los intereses del régimen, tales como:

  • Delia Espinoza (Fiscal Suprema): Fue destituida por la JNJ el 23 de enero de 2026. Esta acción, seguida de su inhabilitación por parte del Congreso, fue interpretada como un golpe directo a la cúpula de la Fiscalía que investigaba casos de alta sensibilidad política.
  • Richard Concepción Carhuancho (Juez): Recibió una suspensión preventiva de seis meses por parte de la JNJ en junio de 2026. El argumento oficial fue una supuesta afectación a la imagen del Poder Judicial por su participación en eventos, pero el timing —justo antes de este dictamen presupuestal— resulta altamente sospechoso.
  • José Domingo Pérez (Fiscal): Ha enfrentado un hostigamiento disciplinario sostenido por parte de la JNJ. Aunque sus procesos han sido diversos, el patrón de actuación de la Junta ha sido constante, calificándose estas acciones por parte del propio magistrado como intentos de condicionar y cercar su labor investigativa contra estructuras de poder.

«Esta no es una percepción aislada; es una secuencia de hechos. La destitución de Delia Espinoza en enero de 2026, seguida de la suspensión preventiva de Richard Concepción Carhuancho en junio de este mismo año y el constante cerco disciplinario contra José Domingo Pérez, marcan una hoja de ruta clara. La JNJ no ha actuado en el vacío: ha despejado el tablero judicial justo antes de que el Congreso procediera a cerrar el círculo con este ‘beneficio’ presupuestal. Es la ejecución de una política de remoción que ahora, finalmente, ha sido recompensada.»

Magistrado Acción de la JNJ Fecha
Delia Espinoza Destitución 23 enero 2026
R. Concepción Carhuancho Suspensión Preventiva junio 2026
José Domingo Pérez Procesos Disciplinarios (Sostenido)

Conclusión: La justicia con precio

¿Cómo llamar a este movimiento si no es un «premio a la destitución»? La omisión en el discurso parlamentario parecería confirmar la transacción: el Congreso asegura el bienestar económico de los miembros de la JNJ, mientras la JNJ garantiza la salida de los jueces y fiscales que representan un peligro para los inquilinos del poder.

Delia Espinoza, una de las magistradas destituidas por la JNJ (Foto: Fiscalia de la Nación).
Delia Espinoza, una de las magistradas destituidas por la JNJ (Foto: Fiscalia de la Nación).

Hoy, la JNJ ha ganado la primera batalla de un aumento, pero ha perdido su última reserva de moralidad. Flavio Cruz, Alex Paredes, Germán Tacuri, entre otros integrantes de las comisiones, no mencionaron durante el debate los nombres de los magistrados purgados, porque hacerlo habría sido admitir que no estaban votando una reforma administrativa, sino liquidando el precio de una oculta alianza que, en reiteradas ocasiones, el candidato presidencial Roberto Sánchez llamó el “pacto parlamentario”.

El Congreso ha pagado la cuenta. Ahora, el país deberá preguntarse cuánto nos costará, en términos de libertades y Estado de Derecho, el haber institucionalizado esta complicidad.

Venezuela en emergencia: Sismos de magnitud superior a 7 sacuden la tierra de Simón Bolívar

Hay decenas de edificios destruidos y el reporte oficial habla de 164 fallecidos Y 971 heridos

Venezuela en emergencia.  La tierra de Bolívar atraviesa horas de angustia tras ser sacudida este miércoles por dos terremotos de gran magnitud que han dejado un rastro de destrucción en la región central del país. El evento, que provocó el colapso de edificios, fallas en los servicios básicos y una crisis humanitaria, ha llevado al Gobierno a declarar el estado de emergencia nacional.

El Sistema de Metro de Caracas dejó de funcionar hasta nuevo aviso. Tampoco está operativo el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

El evento sísmico

La tarde de este miércoles, el centro del país fue impactado por dos movimientos telúricos consecutivos de gran escala. Según reportes técnicos, el primer sismo registró una magnitud de 7,2, seguido apenas 39 segundos después por un segundo evento de magnitud 7,5. El epicentro del potente sismo fue localizado inicialmente en Morón, estado Carabobo. Durante la madrugada de este jueves 25 de junio, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) informó sobre la ocurrencia de al menos 10 réplicas con magnitudes entre 2,4 y 4,5, afectando principalmente a los estados La Guaira y Miranda.

Edificio colapsado por el terremoto en Venezuela (Foto: Twitter).
Edificio colapsado por el terremoto en Venezuela (Foto: Twitter).

Balance de víctimas y daños

Aunque las cifras son preliminares y podrían aumentar, el segundo balance oficial ofrecido por la vicepresidenta Delcy Rodríguez confirma la muerte de al menos 164 personas y 971 heridos. Es importante señalar que este balance inicial aún no integra la totalidad de los daños en el estado La Guaira, identificado como la zona más afectada por el fenómeno natural.

  • Estado La Guaira: Se reportan decenas de edificios colapsados y una situación crítica debido a las réplicas registradas en la zona.
  • Caracas (Municipio Chacao): En la urbanización Los Palos Grandes, el alcalde Gustavo Duque informó sobre al menos 11 fallecidos y 270 personas atendidas.

En ciudades clave del centro del país, cientos de ciudadanos han pasado la noche a la intemperie en plazas, calles y vehículos por temor a nuevos derrumbes. Las labores de rescate se mantienen ininterrumpidas para localizar a personas que podrían estar atrapadas entre los escombros de las edificaciones colapsadas y vehículos tapiados.

Respuesta institucional y Estado de Emergencia

La presidenta (E) de la República, Delcy Rodríguez Gómez, activó el Estado Mayor de Contingencia para canalizar la respuesta ante la catástrofe. Esta instancia cuenta con la integración de los vicepresidentes sectoriales Diosdado Cabello, Juan José Ramírez, Héctor Rodríguez y Calixto Ortega. Asimismo, se designó al Mayor General Juan Ernesto Sulbarán Quintero como autoridad única para la gestión de esta emergencia.

La mandataria instó a la población a evacuar de forma inmediata las viviendas que presenten daños graves en su infraestructura, priorizando la salvaguarda de vidas humanas antes de proceder con las labores de recuperación de servicios públicos y viviendas afectadas. En este contexto, la presidenta (E) agradeció la solidaridad y los ofrecimientos de apoyo recibidos por parte de numerosos gobiernos internacionales, incluyendo Estados Unidos, México, Colombia, Brasil, el Reino Unido y diversos organismos multilaterales como la ONU.

Medidas de apoyo y conectividad

Como parte de las medidas para facilitar la comunicación y reducir la ansiedad colectiva, la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) informó que los servicios de internet, telefonía y televisión serán gratuitos durante las próximas 48 horas.

Mientras tanto, el ambiente en las principales ciudades sigue marcado por el temor, con miles de familias esperando noticias de sus seres queridos y ayuda humanitaria en espacios públicos, bajo la supervisión de los equipos de emergencia desplegados en todo el territorio nacional.

La Cruz Roja Venezolana está presente en las tareas de rescate. “Estamos brindando apoyo en la búsqueda y acompañamiento a las personas impactadas por la emergencia”, se lee en su cuenta de Twitter.

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Keiko Fujimori sobre juicio a militares y policías por delitos de función en el fuero castrense: “Lo importante es recuperar el orden”

Adelanta que a partir del 28 de julio lo que se verá son “las acciones y decisiones” para recuperar el orden

Keiko Fujimori: “[…] No conozco todos los detalles del dictamen que ha sido aprobado el día de ayer, me imagino que esto va a pasar al Poder Ejecutivo, tiene la opción también de observarlo. Pero si es que ha habido una votación mayoritaria, es porque hay la voluntad de diferentes partidos políticos para implementar un sistema de esta naturaleza. Acá lo importante es que nuestro país necesita recuperar el orden, y una parte fundamental para devolverle la paz y la tranquilidad a los peruanos es darle un respaldo fuerte a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas. Y yo me imagino que ese es el gran espíritu de esta norma”.

Palabras de la candidata presidencial, Keiko Fujimori, ante la reciente aprobación del proyecto de ley que faculta el juzgamiento de policías y militares en el fuero castrense por delitos de función, lo cual ha generado preocupaciones de diversos analistas que advirtieron que la medida —aprobada en segunda votación por la mayoría del Congreso— podría facilitar la impunidad ante posibles abusos en un eventual gobierno suyo.

En conferencia de prensa, la candidata enfatizó su respeto por las instituciones y la democracia, aunque evitó precisar si su bancada parlamentaria en funciones, o la que vendrá desde el próximo 28 de julio, revisará la norma, sugiriendo que el Poder Ejecutivo aún mantiene la potestad de observarla.

Más allá de las declaraciones, el respaldo incondicional a la Policía y a las Fuerzas Armadas planteado por Fujimori Higuchi deja abierta una interrogante crucial: ¿en qué punto la búsqueda del «orden» colisiona con el derecho a la justicia de los ciudadanos? Si la prioridad es que el efectivo se sienta respaldado bajo el fuero castrense, la sociedad queda a la expectativa de saber si el sistema de justicia será capaz de contener los posibles excesos cuando la línea entre el deber y el abuso se desdibuje.

 

Keiko Fujimori sobre juzgamiento de militares y policías en el fuero castrense: “Lo importante es recuperar el orden” (Foto: Facebook).
Keiko Fujimori sobre juzgamiento de militares y policías en el fuero castrense: “Lo importante es recuperar el orden” (Foto: Facebook).

Advertencia

En sus declaraciones, Keiko Fujimori Higuchi reconoció que el país, luego de las elecciones en primera y segunda vuelta, ha quedado fragmentado y, por eso, expresó: “las opiniones de Roberto Sánchez y del partido con el cual hemos competido (Juntos por el Perú) serán importantes también para empezar este proceso de volver a unirnos como peruanos”.

En seguida agrega: “Pero más allá de los discursos, a partir del 28 de julio, lo que ustedes van a poder ver son las acciones y son las decisiones que se van a tomar de cara no solamente para recuperar el orden, para enfrentar a la delincuencia, sino también para llevar progreso y para hacer que las obras se abran”.

“Esta postergación de parte del Estado, esta incapacidad que hemos visto en los últimos años, va a ser cambiada, y eso es lo que ustedes van a poder ver”, sentenció.

A decir de la candidata, su partido, Fuerza Popular, ha tenido un mayor respaldo en regiones y en zonas donde antes eran adversas: “Luis Galarreta mencionó hace algunos días atrás, por ejemplo, el respaldo en Cusco, en Puno, en Arequipa, ha aumentado”.

“Pero somos conscientes de que el Perú está dividido, que prácticamente son mitades, y entendemos estas votaciones. Lo que muchas de las personas reclaman, sobre todo, es que nuevamente el Estado vuelva a funcionar y es ahí donde nosotros nos vamos a enfocarnos en las zonas donde nos han respaldado, pero sobre todo en las zonas donde todavía hay desconfianza con nuestro grupo político”, señaló.

Gabinete con experiencia

Aunque no mencionó ningún nombre, la candidata Fujimori Higuchi habló del perfil de lo que sería su primer Gabinete, de confirmarse las cifras oficiales de una victoria suya en segunda vuelta: “La convocatoria para un futuro gabinete va a ser una convocatoria amplia, una convocatoria abierta, plural, pero sobre todo con experiencia que nos garanticen, principalmente, que cada una de estas propuestas que hemos hecho el equipo técnico y yo, pues ahora se conviertan en realidad”.

Keiko Fujimori junto a dirigentes de Fuerza Popular (Foto: Facebook).
Keiko Fujimori junto a dirigentes de Fuerza Popular (Foto: Facebook).

Actas electorales

Durante la conferencia de prensa, Keiko Fujimori presentó las actas firmadas por sus personeros en cada mesa de sufragio y señaló que FP logró recuperar 82,514 actas, lo que calificó de un «récord histórico».

“El 89 % de las actas las tenemos acá y eso es gracias al trabajo voluntario de todos ellos. Ha sido una demostración cívica extraordinaria”, expresó. Agregó que ello también fue posible debido a una modificación normativa impulsada de manera multipartidaria desde el Congreso, la cual permitió que las cédulas de votación se mantuvieran intactas.

“Gracias al gran equipo de personeros, liderado por Luis Dyer, por el enorme papel que desempeñaron en esta campaña. Ustedes fueron los guerreros que defendieron cada voto de los peruanos con convicción y entrega. ¡Gracias de corazón!”, concluyó.

Lesa humanidad y las visiones contrapuestas de como gestionar el pasado y administrar justicia aprobadas en el Congreso

En agendapais con asistencia de la IA exponemos los dos polos opuestos que ponen a la justicia en una encrucijada

Lesa humanidad. El Congreso de la República protagonizó este martes uno de los debates técnicos más intensos de los últimos años tras la aprobación en primera votación del Proyecto de Ley 14337/2025-CR. Lejos de ser un trámite técnico, el debate ha dejado al descubierto dos polos opuestos sobre cómo el Estado debe gestionar su pasado y administrar justicia.

El choque de dos visiones

Por un lado, los defensores de la norma (promotores del fujimorismo, entre otros) sostienen que el sistema judicial peruano ha funcionado bajo una «nebulosa» que ha permitido la persecución política. Por otro, la oposición (bancadas de izquierda y centro) alerta que el proyecto es un mecanismo orquestado para desmantelar la justicia transicional y garantizar la impunidad.

Los defensores de la norma (promotores del fujimorismo, entre otros) sostienen que el sistema judicial peruano ha funcionado bajo una "nebulosa" que ha permitido la persecución política. (Foto: Congreso de la República).
Llos defensores de la norma (promotores del fujimorismo, entre otros) sostienen que el sistema judicial peruano ha funcionado bajo una «nebulosa» que ha permitido la persecución política. (Foto: Congreso de la República).

Cuestionario del debate: El contraste de posturas

A continuación, presentamos los puntos de fricción técnica y política, contrastando los argumentos de los principales protagonistas de este debate parlamentario.

Punto de debate Visión de los promotores (Ej. Rospigliosi, Alegría, Cavero, Aguinaga) Visión de la oposición (Ej. Luque, Pablo, Bazán, Bellido)
1. Necesidad de la norma Es una adecuación necesaria para cumplir con el Estatuto de Roma y exhortaciones del TC. Es una «afrenta a la ciudadanía» y una ley «pro crimen» para reescribir la historia.
2. El «vínculo» penal Sin tipificación expresa en el Código Penal, se ha ejercido justicia «analógica» y «política». El sistema ya funciona; el proyecto lo que hace es introducir barreras para anular juicios.
3. Ataque sistemático Debe probarse una línea de conducta masiva contra grupos por raza, religión o cultura. Es una «distorsión» del derecho internacional; el proyecto exige requisitos inexistentes.
4. Cadena de mando No hubo «política de gobierno» en la lucha contra el terrorismo. El proyecto exime a los mandos al exigir pruebas documentales (órdenes escritas) imposibles de hallar.
5. Justicia común vs. L.H. La lesa humanidad debe reservarse solo para crímenes gravísimos según estándares mundiales. Degradan crímenes atroces a «delitos comunes» para activar la prescripción y liberaciones.
6. Seguridad jurídica «La justicia se fortalece al crear un marco normativo sin arbitrariedad» (Cavero). «La democracia se fortalece cuando se honra la memoria de las víctimas» (Pablo).
7. Casos actuales Se corregirá la persecución injusta a militares y policías. Se busca que los procesos actuales y sentencias sean revisados y anulados.
8. Rol del Tribunal Se cumple la sentencia del TC que exhorta a precisar los elementos constitutivos.

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Se manipula la interpretación del TC para excluir delitos como esterilizaciones forzadas.

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9. El fin de la impunidad «Lo que estamos haciendo es tipificarlo (…) eso es principio de legalidad» (Muñante). Es una «desfachatez y qué asquerosa la forma de hacer política» (Bazán).
10. Objetivo de fondo «Quitar la discrecionalidad que durante muchísimos años ha sido la norma» (Alegría). Crear una «dictadura perfecta donde los verdugos del pueblo tienen impunidad» (Quito).

La voz de los protagonistas

La postura de la defensa: El congresista Fernando Rospigliosi, autor del proyecto, fue enfático en señalar que el uso del criterio de lesa humanidad ha sido una herramienta para perseguir a quienes «derrotaron al terrorismo». En esa línea, el congresista Alejandro Aguinaga denunció que el sistema actual ha permitido que «muchos grupos» se enriquezcan mediante la persecución judicial, postura respaldada por el presidente de la Comisión de Constitución, Arturo Alegría, quien recalcó que la ley solo busca «quitar la discrecionalidad» judicial.

La postura de la oposición: Desde la vereda contraria, la congresista Ruth Luque presentó una cuestión previa advirtiendo que el proyecto «distorsiona» la definición de ataque generalizado de la Corte Penal Internacional. A su turno, la congresista Flor Pablo advirtió que con esta norma, más de 600 procesos en curso se verán seriamente afectados, mientras que Sigrid Bazán calificó la iniciativa como una «asquerosa forma de hacer política» que busca borrar la existencia misma de los delitos.

Conclusiones: El impacto de una reforma en disputa

  1. Reconfiguración de la legalidad penal: El proyecto marca un cambio de paradigma en el derecho penal peruano al desplazar la aplicación de estándares internacionales (Estatuto de Roma) hacia una interpretación restrictiva dictada exclusivamente por el legislador nacional.
  2. El umbral probatorio como muro de contención: La exigencia de requisitos como la existencia de un «plan de operaciones» documentado traslada una carga de la prueba hacia la fiscalía que, en contextos de violencia histórica, resulta en la práctica un estándar casi imposible de acreditar, favoreciendo la impunidad.
  3. Tensión entre Poderes y Justicia Transicional: El debate refleja una confrontación abierta entre el Congreso y el sistema judicial, donde el Legislativo busca limitar la autonomía de jueces y fiscales al restringir los conceptos técnicos bajo los cuales se juzgan los crímenes atroces.
  4. Riesgo de prescripción de casos emblemáticos: La reclasificación de delitos de lesa humanidad a «delitos comunes» no es una mera formalidad técnica; activa de manera inmediata los plazos de prescripción, lo que pone en peligro inminente cientos de casos en trámite y sentencias previas.
  5. Divergencia sobre la memoria histórica: Mientras los promotores consideran que la ley es un acto de justicia para militares y policías que combatieron el terrorismo, la oposición sostiene que es una herramienta para reescribir la historia y negar la sistematicidad de las violaciones a los derechos humanos.
  6. Un precedente para la seguridad jurídica: La adopción de esta ley plantea una interrogante fundamental para el futuro del Estado de Derecho en el Perú: ¿es la «seguridad jurídica» un principio para proteger al ciudadano de la arbitrariedad, o puede ser utilizada como una barrera burocrática para evitar la rendición de cuentas por graves violaciones a los derechos humanos?.

Roberto Sánchez desconoce legitimidad de Keiko Fujimori ante supuesto «fraude en desarrollo»

Acompañado de dirigentes de JP convocó a nuevas jornadas de protestas a nivel nacional para este sábado 27

Roberto Sánchez. En una conferencia de prensa que marca un punto de inflexión en la post-jornada electoral, el candidato presidencial por Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, anunció que su agrupación no reconocerá un eventual gobierno de Keiko Fujimori, líderesa de Fuerza Popular.

El aspirante presidencial basó su negativa en lo que calificó como un «fraude en desarrollo» durante la segunda vuelta electoral.

 El pronunciamiento y sus puntos clave

  • Denuncia de irregularidades: Sánchez Palomino sostiene que el proceso electoral ha sido viciado, enfocando sus críticas en el traslado y manejo de las actas de votación provenientes del exterior. Según su equipo legal, estos cambios administrativos afectaron la cadena de custodia y favorecieron indebidamente a la candidatura de Fuerza Popular.
  • Acciones de resistencia: El candidato ha convocado a una «Jornada Nacional de Lucha Democrática y Patriótica» para este sábado 27 de junio. La movilización tiene como objetivo central presionar a las autoridades electorales (ONPE y JNE) para una revisión exhaustiva de los votos cuestionados.
  • Internacionalización del conflicto: Sánchez adelantó que llevará su denuncia ante instancias supranacionales, argumentando la vulneración de derechos políticos y humanos dentro del sistema democrático peruano.
  • Deslegitimación: Con este anuncio, Juntos por el Perú busca establecer una narrativa de «ilegitimidad de origen» frente a los resultados que otorgan una estrecha ventaja a Fujimori, preparando el terreno para una oposición que trasciende el ámbito parlamentario y se instala en la calle.

A la par con el pronunciamiento, Roberto Sánchez hizo público el contenido de un documento sobre las elecciones en el extranjero.

Según el documento, la Resolución Jefatural N° 000090-2026-JN/ONPE, es ilegal al eliminar la obligatoriedad de escanear y digitalizar las actas electorales de las oficinas consulares, vulnerando la seguridad jurídica del voto en el extranjero.

Puntos clave:

  • Solicitud de Nulidad: Se exige al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declarar la nulidad de la votación del 7 de junio en el extranjero, argumentando que la falta de digitalización y el traslado sin valija diplomática facilitaron una posible alteración de los resultados.
  • Denuncia de Fraude: Se califica el conteo de estos votos por parte de la ONPE como un «beneficio fraudulento» a favor de Fuerza Popular.
  • Advertencia de Resistencia: El grupo advierte que, si el JNE convalida dicho proceso, no reconocerán el gobierno resultante y se declararán en «lucha política y social de resistencia popular y patriótica», bajo el marco legal nacional e internacional.

Ejercicio hipotético: Reacción de la autoridad electoral y de la candidatura de Fuerza Popular

  1. La reacción de la autoridad electoral (JNE y ONPE)

Ante un pedido de nulidad basado en el argumento de «ilegalidad normativa» por la eliminación del escaneo y digitalización de actas, la autoridad electoral probablemente actuaría de la siguiente manera:

  • Aplicación estricta de la legalidad: El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se centraría en el principio de preclusión (las etapas electorales se cierran y no se pueden retrotraer). Si el cambio normativo (Resolución Jefatural N° 000090-2026) se publicó antes de la votación, el JNE argumentará que las organizaciones políticas tuvieron el plazo legal para impugnar dicha resolución en su momento.
  • Valoración de pruebas: El JNE solicitaría al recurrente evidencia fáctica y no solo presunciones. Argumentará que la falta de digitalización no constituye, per se, una causal de nulidad de toda la elección, a menos que se demuestre con actas físicas que hubo una alteración masiva o una imposibilidad real de verificar los resultados.
  • Respuesta a la ONPE: La ONPE defendería su resolución argumentando razones operativas, de seguridad logística o de eficiencia técnica en el extranjero, sosteniendo que el traslado físico de las actas garantiza la cadena de custodia, independientemente de la digitalización.
  • Audiencias Públicas: El JNE citaría a audiencias para escuchar los descargos. Es muy probable que desestime el pedido de nulidad alegando que el sistema electoral peruano tiene mecanismos de transparencia (personeros, observadores, fiscalizadores) que ya validaron el proceso en las mesas de sufragio.
  1. La reacción de Fuerza Popular (o la candidatura aludida)

Es previsible que la organización política cuya victoria está siendo cuestionada adopte una postura de defensa de la institucionalidad y legitimidad del proceso:

  • Defensa del «Voto Ciudadano»: Argumentarían que el resultado es el reflejo de la voluntad popular expresada en las urnas y que los intentos de anular votos son una «maniobra desesperada» para desconocer la derrota.
  • Desestimación de la «Narrativa del Fraude»: Calificarán la denuncia como una estrategia política para desestabilizar el país, acusando a la parte contraria de no aceptar las reglas del juego democrático ni los resultados oficiales.
  • Exigencia de respeto a la autoridad: Instarían al JNE a resolver con celeridad para evitar que el país caiga en un vacío de poder. Podrían señalar que sus personeros estuvieron presentes en el extranjero y que las actas fueron firmadas de conformidad, haciendo imposible alegar fraude después de haber participado activamente en el proceso.
  • Contraste de legitimidad: Apelarían a los observadores internacionales (como la OEA o la Unión Europea) para que avalen que, a pesar de los cambios técnicos, la elección cumplió con los estándares democráticos mínimos, buscando aislar políticamente la amenaza de «resistencia» del sector contrario.

Nota: Este análisis se mantiene dentro de los márgenes institucionales del sistema electoral peruano, donde las resoluciones del Pleno del JNE tienen carácter definitivo e inapelable en materia electoral, cerrando la vía administrativa para proceder a la proclamación de resultados.

 

Impunidad: Congreso deja listo para promulgación u observación ley que desplaza a la justicia ordinaria en casos de fuerzas del orden

La norma aprobada en medio de un intenso debate, prioriza al fuero militar-policial sobre la justicia ordinaria, incluso en procesos en curso

Impunidad. En una sesión que quedará marcada por la polarización, el Congreso de la República, con 52 votos a favor, aprobó en segunda votación una iniciativa que promete alterar profundamente el equilibrio de poderes y el acceso a la justicia en el Perú: la «Ley que modifica el Código Penal Militar Policial y el Nuevo Código Procesal Penal».

Bajo la bandera de la lucha contra la criminalidad, el legislativo ha diseñado un marco que, en la práctica, otorga prioridad al fuero militar-policial sobre la justicia ordinaria, incluso en procesos en curso.

La redefinición del «Delito de Función»

La norma aprobada redefine el alcance del «delito de función». Ahora, cualquier conducta ilícita cometida por militares o policías durante estados de emergencia será, por definición, competencia del sistema militar-policial.

La crítica central, resonada en el pleno por diversos sectores, es que esta disposición crea un «paraguas» protector. Acciones que vulneren derechos fundamentales —como las ocurridas en contextos de protesta social— corren el riesgo de ser desplazadas de los juzgados civiles a los fueros especializados, donde la independencia judicial ha sido cuestionada históricamente.

La norma prioriza al fuero militar-policial sobre la justicia ordinaria, incluso en procesos en curso. (Foto: Mininter).
La norma prioriza al fuero militar-policial sobre la justicia ordinaria, incluso en procesos en curso. (Foto: Mininter).

El mecanismo del rchivo definitivo

Quizás el punto más controvertido del texto es su Disposición Complementaria Final.

La ley no solo mira hacia adelante; ordena a los jueces de la justicia ordinaria archivar, en un plazo de 30 días hábiles, cualquier investigación o proceso en trámite que coincida con el fuero militar.

Lo que es aún más alarmante para el sistema de justicia es la potestad de dejar sin efecto sentencias condenatorias que no hayan alcanzado la calidad de «cosa juzgada», anular antecedentes y liberar a los procesados de cualquier obligación de reparación civil. ¿Estamos ante una amnistía encubierta bajo el pretexto de una precisión normativa?

Voces en conflicto

Mientras que sectores del Congreso —incluyendo defensores de la disciplina institucional— argumentan que la justicia ordinaria ha sido «penetrada» y que la lentitud del sistema común perjudica la operatividad policial, la oposición es contundente: el Estado tiene el monopolio de la fuerza, pero este no puede ser un cheque en blanco. La preocupación de la ciudadanía es válida: ¿Quién garantiza que un tribunal militar-policial juzgará con la debida imparcialidad a sus propios miembros cuando la vida de un civil está en juego?.

El turno del Ejecutivo

Con la pelota en la cancha del Poder Ejecutivo, el país observa a la expectativa. El gobierno tiene 15 días para decidir si promulga esta norma o la observa.

La decisión no es menor: implica definir si el Perú apuesta por fortalecer la justicia especializada en detrimento de la justicia ciudadana, o si, ante la evidencia, se opta por preservar el estándar de derechos humanos que el país ha jurado proteger ante la comunidad internacional.

En Agenda País, seguiremos monitoreando la evolución de esta norma que, más allá de la técnica legislativa, toca la fibra más sensible de nuestra democracia: el derecho de todo ciudadano a un juicio justo, imparcial y transparente.

La norma aprobada redefine el alcance del "delito de función". (Foto: Mininter).
La norma aprobada redefine el alcance del «delito de función». (Foto: Mininter).

El quiebre en el Hemiciclo: denuncias de «mañoserías» y autoritarismo

La votación no fue el final del conflicto; fue el detonante de una crisis de formas que dejó al descubierto una profunda fractura en el Congreso. Inmediatamente después de aprobada la norma, la oposición denunció una maniobra administrativa coordinada para impedir el derecho a la reconsideración.

La parlamentaria Flor Pablo dejó constancia en actas de una práctica inaceptable: «Mesa de partes ha sido abandonada de manera arbitraria; si van a ganar, ganen con los votos, pero no con este tipo de artimañas». Esta denuncia fue secundada por otros legisladores, quienes vieron en el vacío de personal administrativo una señal de desprecio hacia los procedimientos parlamentarios.

El debate escaló en intensidad con intervenciones que marcaron la gravedad del momento:

  • Sobre el autoritarismo: La congresista Sigrid Bazán no ocultó su preocupación por el precedente que esto sienta ante la historia: «No queremos que nuestros hijos estudien una historia reescrita por quienes hoy quieren imponer su visión, sino que entiendan la realidad del país que se está discutiendo aquí».
  • La denuncia de la «triquiñuela»: El congresista Edgar Raymundo fue contundente al cuestionar la transparencia del proceso: «No podemos entrar en juegos maquiavélicos. Hay que ser transparentes; si nos ganan, que sea de buena manera, no con triquiñuelas».
  • La advertencia final: En una de las participaciones más directas, el congresista Guido Bellido calificó el proceder de la Mesa Directiva como un acto de cobardía política: «Es inadmisible que se use el aparato administrativo para evitar una reconsideración. Eso es de cobardes; si tienen la mayoría, sométanse al debate, pero no se escondan tras mañoserías».

A pesar de los intentos de otros congresistas, como el parlamentario López, por desviar el foco hacia el respeto a los trabajadores del Parlamento y el apego al reglamento, la sensación que quedó en el ambiente —y que ha quedado registrada en los diarios de sesiones— es que la legitimidad de esta norma no solo está siendo cuestionada por su impacto en la justicia, sino por la opacidad con la que se forzó su aprobación final (que obtuvo 45 votos a favor, 58 en contra y 1 abstención).

Este episodio deja una lección amarga para la ciudadanía: en la recta final de esta gestión, el debate parlamentario ha sido desplazado por la imposición, dejando la mesa servida para un gobierno que, según la oposición, se perfila con un matiz autoritario desde su nacimiento en el Congreso.

 

UNMSM: Rectorado envía a Buenos Aires a docente de Contabilidad para asistir a reunión de decanos de Ciencias Económico Empresariales  

El viaje podría interpretarse como una letra a cambio de apoyo a la gestión rectoral

UNMSM. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos ratificó hoy martes la resolución que autoriza el viaje en comisión de servicios del docente de la Facultad de Ciencias Contables, David Cirilo León Martínez, para participar en la Primera Reunión Plenaria del CONIDECE (Consejo Iberoamericano de Decanas y Decanos de Ciencias Económico Empresariales de Universidades), a realizarse en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.

La cita académica está programada del 23 al 26 de junio de 2026. Los gastos por pasajes y transporte, además de viáticos y asignaciones por comisión de servicio, ascienden a un importe total de S/ 6,528.00 (S/ 2,400.00 en pasajes y S/ 4,128.00 en viáticos), los cuales serán cubiertos con recursos directamente recaudados por la Facultad de Ciencias Contables.

La autorización del viaje lleva la firma, en primer orden, del decano de la Facultad de Ciencias Contables, Dr. Adrián Flores Konja, y es ratificada por la rectora Jeri Gloria Ramón Ruffner de Vega. Vea la Resolución:

UNMSM, Logotipo.
UNMSM, Logotipo.

Contexto político-electoral y la «estrategia de control»

Esta autorización de viaje se produce en un escenario de alta tensión interna, en medio de denuncias que señalan a la actual gestión rectoral —cuyo mandato concluye el próximo 26 de julio— de buscar una fórmula indirecta para prorrogar su periodo por seis meses.

Según diversas fuentes, esta maniobra contaría con el respaldo estratégico del decano de la Facultad de Ciencias Contables, quien es identificado como uno de los principales aliados de la administración central.

Este movimiento se inscribe en una táctica mayor observada en la última sesión de la Asamblea Universitaria (AU). En dicha sesión, la rectora Jerí Ramón, mediante un bloque de 61 votos, logró imponer la continuidad de 36 asambleístas estudiantiles cuyo mandato legal había expirado el 17 de junio.

Para los críticos, esta maniobra no busca la defensa del cogobierno, sino asegurar el «rodillo» necesario para que la AU —controlada por el oficialismo— valide, mediante la Tercera Disposición Complementaria de la Ley 32418, un rectorado transitorio que desplace a las decanas con derecho legítimo de prelación (Psicología y Odontología) para favorecer la «entronización» por seis meses del decano de Ciencias Contables, Adrián Flores Konja.

El debate en la Asamblea: Legalidad frente a imposición

La última sesión de la Asamblea Universitaria, AU, estuvo marcada por el rechazo de sectores que, como el decano de Derecho, José Palomino Manchego, y la decana de Sociales, Dra. Carlota Casalino, advirtieron sobre la nulidad de los actos asambleístas por un vicio de origen en la representatividad. El Dr. José Alberto Retamozo Linares sintetizó este punto al señalar que «los errores materiales no generan derecho».

Sin embargo, el oficialismo, respaldado por la Oficina de Asesoría Legal, impuso su lectura administrativa sobre el principio de legalidad. El punto de máxima tensión lo protagonizó el presidente de la FUMS, estudiante José Castillo, quien denunció abiertamente que la extensión del mandato estudiantil es una «trama para instrumentalizar la asamblea» y facilitar la prórroga de la actual gestión, acusación ante la cual la rectora Ramón Ruffner optó por el silencio.

Mientras el conflicto legal escala, el viaje del docente León Martínez a Buenos Aires en representación de la Facultad de Ciencias Contables —facultad clave en esta estructura de alianzas— es visto por la oposición como una pieza más del complejo ajedrez político que define el futuro inmediato de la «Decana de América».

Centro Cultural de la UNMSM (Foto: San Marcos).
Centro Cultural de la UNMSM (Foto: San Marcos).

La «economía de favores»: ¿Gestión académica o blindaje político?

El reciente viaje autorizado al docente David Cirilo León Martínez, financiado con fondos de Ciencias Contables, Facultad de donde procede la rectora Jerí Ramón, no es un hecho aislado para la comunidad sanmarquina, sino que alimenta una percepción de malestar que recorre los pasillos de la ciudad universitaria.

Un veterano docente, quien solicitó mantener su identidad bajo reserva por temor a represalias, sintetizó ante agendapais.com lo que muchos consideran un sistema de intercambio sistemático: “Estos viajes, generalmente, son una letra a cambio de favores. Yo te apoyo con viajes u otra prebenda y tú apoyas a mi gestión. Tu me das y yo te doy. Así de sencillo funciona en San Marcos”, comentó el catedrático.

Esta lógica de «intercambio» cobra especial relevancia al analizar la estructura de la actual administración. Para los críticos del oficialismo, la fluidez con la que se autorizan estas comisiones de servicio —especialmente en facultades cuyos decanos son piezas clave en el engranaje de la Asamblea Universitaria— no responde exclusivamente a una agenda de intercambio académico internacional, sino a la consolidación de un sistema de lealtades.

En este tablero, la «comisión de servicios» deja de ser un instrumento de formación para convertirse en una moneda de cambio dentro de la estructura de poder. Mientras la gestión rectoral busca asegurar los votos necesarios para sus pretensiones de permanencia tras el 26 de julio, el uso de los recursos directamente recaudados por facultades aliadas se percibe, en palabras de la fuente consultada, como el combustible que mantiene operativa esta maquinaria de apoyo incondicional.

A su retorno, el profesor León Martínez deberá rendir cuenta documentada y presentar un informe de los resultados obtenidos, en un plazo máximo de quince días. Por su parte, la jefatura del Centro de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria, dejada temporalmente por el docente, será asumida por el vicedecano Dr. Víctor Ricardo Masuda Toyofuku.