Lo que suceda en los próximos seis meses aclarará si la toma fue o no una acción  planificada de laboratorio

UNMSM. A las 20:12 horas del miércoles 27 de mayo, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos volvió formalmente a manos de sus autoridades. Tras 16 días de una tensa ocupación que paralizó las actividades de la cuatricentenaria «Decana de América», los estudiantes que mantenían tomada la Ciudad Universitaria procedieron a la entrega del campus. La devolución fue el resultado directo de un acta firmada un día antes en una mesa de diálogo donde participaron la máxima autoridad de la universidad y representantes de la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) y la Defensoría del Pueblo.

Sin embargo, el fin de la medida de fuerza no ha disipado la polvareda; al contrario, ha abierto un debate profundo sobre el verdadero impacto de la protesta. En las transmisiones en vivo difundidas en las redes sociales de la Federación, los jóvenes protagonistas del cierre aparecen en una celebración con lanzamiento de cohetes y avellanedas, en medio de vivas y gritos de alegría, horas antes de la entrega del campus.

Cabe aquí una pregunta inevitable: ¿Consiguió realmente la toma de la Ciudad Universitaria su objetivo principal de los tres propuestos (los otros dos Elecciones presenciales y Reducción de la valla electoral) de evitar la postulación a la reelección de la rectora Jerí Ramón, cuando esa decisión jamás estuvo en manos de la autonomía universitaria sino en las del Congreso de la República?

Para destrabar este complejo entuerto político y académico, es necesario analizar el escenario desde dos perspectivas radicalmente opuestas que hoy dividen a la opinión pública y a la propia comunidad sanmarquina.

1. La mirada de la «mala señal»: Ineficacia y alto costo institucional

Quienes critican severamente la ocupación se apoyan en una lógica estrictamente pragmática y legal. Desde esta orilla, la acción de fuerza es vista como una muestra de radicalismo ineficaz y contraproducente, basándose hasta en tres argumentos centrales:

• El verdadero campo de batalla estaba afuera: La reelección de rectores se encuentra explícitamente prohibida por la Ley Universitaria. Para que la actual rectora pueda postular a un nuevo periodo, se requiere de manera obligatoria una modificatoria legislativa que solo puede cocinarse en los pasillos del Congreso de la República. Por ende, clausurar las puertas del campus en Lima no tenía la más mínima capacidad de alterar la agenda ni las leyes del Parlamento nacional. El objetivo principal de la protesta era, desde su origen, inviable mediante una toma.
• El perjuicio directo a la comunidad: La paralización durante más de dos semanas no solo truncó el calendario académico de miles de estudiantes que ajenos al conflicto deseaban continuar con sus clases, sino que congeló los trámites administrativos y, paradójicamente, suspendió el propio proceso electoral interno diseñado para elegir a las nuevas autoridades (rector, vicerrectores y jefes académicos).
• Una desconexión con la realidad: Bajo esta lectura, las sonrisas y las poses de victoria exhibidas durante la entrega del campus denotan una desconexión política. El detonante de la crisis —el indiscutible interés de la rectora en la reelección y el juego político externo— permaneció intacto mientras las aulas estaban cerradas.
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2. La postura del «Ejemplo de Lucha»: Resistencia ante el hecho consumado

En la otra acera se ubican quienes defienden la toma no como un mero trámite legal, sino como un acto de legítima resistencia política y simbólica, consustancial a la historia crítica de San Marcos. “Después de dos semanas de lucha, de exigir una mesa de diálogo y conquistar acuerdos mínimos, hoy el movimiento estudiantil vuelve a demostrar que la organización y la firmeza del pueblo estudiantil arrancan victorias”, reza uno de los textos publicados por los estudiantes en sus redes sociales.  Significa que los argumentos de los jóvenes que hoy dan vivas a la “Federación de Estudiantes de San Marcos”, apuntan a objetivos que van más allá del frío cálculo legal:

• Frenar la cancha inclinada: Si bien el Congreso es el que legisla, en la política universitaria las autoridades suelen pavimentar el terreno interno para viabilizar sus proyectos de permanencia. Para la dirigencia estudiantil, permitir que el cronograma electoral avanzara bajo las reglas de juego y el arbitraje de la actual gestión equivalía a aceptar una derrota por adelantado. La toma fue el mecanismo para patear un tablero que consideraban defectuoso.
• La Mesa de Diálogo como reconocimiento de poder: Desde esta perspectiva, la entrega de la sede no fue una capitulación. Obligar a las autoridades universitarias a sentarse a negociar bajo la supervisión de un ente neutral y ajeno al claustro como la Defensoría del Pueblo representa un logro político significativo en un contexto de evidente asimetría de poder.
• Visibilizar la crisis: Para el movimiento estudiantil, la toma de la Ciudad Universitaria es siempre la última ratio (el último recurso); una campana de alerta necesaria para que la opinión pública nacional y el Gobierno pongan los ojos sobre las tensiones institucionales que, de otro modo, se tramitarían bajo un manto de silenciosa burocracia.
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El verdadero entuerto: ¿Abrazo de felicitación o reprimenda por ingenuidad?

Es aquí donde el análisis debe dar un salto cualitativo e introducir una variable mucho más astuta y punzante: la sospecha de la instrumentalización. En el ajedrez del poder universitario, las pasiones juveniles suelen ser el motor perfecto para diseños ajenos.

Entonces, ¿qué merecen realmente los jóvenes que encabezaron la toma? ¿Un abrazo de felicitación por su coraje o una reprimenda por haberse puesto, sin saberlo, al servicio de un plan superior?

Si planteamos que el resultado real de la protesta terminó siendo funcional a la propia estrategia de la gestión, el panorama cambia de color. Al forzar la suspensión de las elecciones generales debido a la acción de fuerza, se generó el escenario ideal para el vacío de poder y la consecuente necesidad de un interinato. Si esta extensión del mandato o transición recae en figuras nítidamente afines a la actual administración, como el profesor Flores Konja, el control de la universidad permanece exactamente en las mismas manos.

Bajo la óptica de la reprimenda, la paradoja es total: el plan original de los estudiantes era debilitar y frenar la continuidad de la gestión; sin embargo, al paralizar las elecciones, le regalaron a la administración el argumento perfecto de la «fuerza mayor». Con ello, la gestión gana un tiempo precioso y una extensión indirecta de su poder por seis meses, el plazo exacto que el Congreso  (el que se va el 26 de julio o el que entra para un nuevo periodo) podría necesitar para terminar de cocinar la ansiada ley de reelección. Los manifestantes, lejos de la pasión y la celebración, deberían reflexionar sobre el papel que les tocó desempeñar en este laberinto sanmarquino.

Frente a esto, la autodefensa estudiantil sostendrá que la prórroga mediante un interinato es un «mal menor» o un costo colateral necesario. Argumentarán que era preferible congelar el proceso antes que legitimar unas elecciones express con un Comité Electoral cuestionado. Para ellos, el acta firmada con la Defensoría del Pueblo no es una carta en blanco, sino un blindaje para que estos seis meses se conviertan en una transición fiscalizada y no en un periodo de poder absoluto.

El veredicto del tiempo

En la alta política, las intenciones de los actores importan menos que los resultados tangibles que dejan sus acciones. La pregunta que queda flotando sobre los muros de la cuatricentenaria universidad plantea una situación extremadamente compleja, enredada y difícil de resolve:  ¿De quién fue, finalmente, la victoria estratégica? ¿De los estudiantes que demostraron capacidad de resistencia y forzaron una mesa de negociación en la que participó la propia rectora o de los estrategas de la gestión que, gracias al desorden de la toma, consiguieron prolongar su permanencia indirecta sin la necesidad de desgastarse en las urnas?

Si el devenir de los próximos seis meses demuestra que este tiempo solo sirvió para consolidar el continuismo y esperar el salvavidas del Congreso, la historia sanmarquina difícilmente recordará este episodio como una gesta heroica. Lo registrará, más bien, como una de las jugadas de laboratorio más efectivas y brillantes de la burocracia universitaria.

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